Tsunami social en Corrientes

 

A siete meses de la desaparición forzada de Loan Danilo Peña, no sólo no hay respuesta institucional sobre el destino del niño de cinco años, sino que además el caso dejó expuesto y vulnerable al grupo de cinco niñxs de El naranjal, quienes compartieron los momentos previos al aparente secuestro. Estos testigos son fundamentales para el esclarecimiento del caso, prueba contra 16 de los procesados y, ante todo, personas especialmente protegidas por el derecho internacional que la Argentina hizo propio.

Como un huracán, el desarrollo del conflicto alcanzó a toda la familia de Loan, cuya genealogía está desmenuzada en algunos de los documentos oficiales del expediente y ventilada por la prensa sin pudor. Además, lxs hijxs de lxs imputadxs quedaron dentro del primer anillo de los círculos concéntricos de la crisis social profunda, que tiene su epicentro en la causa que lleva adelante la Justicia federal de Goya.

Lxs niñxs de El naranjal aportan prueba para el procesamiento con prisión preventiva de Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, de acuerdo con el fallo del 4 de diciembre de Cristina Pozzer Penzo, jueza federal de Goya. En el mismo legajo, el 11 de octubre, dictó el procesamiento de diez personas por distintos delitos que, en suma, pudieron haber viciado el testimonio de dos de esos niñxs. Esa decisión pudo haber dejado habilitada la puerta a futuros pedidos de nulidad de esa prueba, conjeturó una fuente con acceso a todo el expediente.

Madres guerreras, espacio de base autoconvocado por la aparición con vida de Loan, organizó y participó de una concentración realizada en Goya la última semana, al cumplirse siete meses de la desaparición del niño. La reflexión pública de estas mujeres da cuenta de la crítica profunda y respetuosa que sostienen con María Noguera y José Peña, padres de la víctima, que dejaron de marchar por las calles reclamando justicia. Desde las primeras horas del 13 de junio de 2024, importantes sectores se movilizaron tras la consigna “Loan, hijo del pueblo”, que sostiene la demanda de base en medio de la incertidumbre y el desgaste.

En 2014, en cinco horas, la Policía local y la Justicia federal de Corrientes resolvieron con éxito el secuestro extorsivo de la nieta de un empresario local. Recuperaron sana y salva a una beba de dos años y los autores materiales cumplen sentencia condenatoria firme.

Diez años después, el mismo Estado, con los mismos actores en el gobierno, lleva 230 días sin nada claro ni para la familia inmediata de la víctima ni para el conjunto de la sociedad. 

Al parecer, el paso del tiempo se percibe totalmente diferente según el lugar social y político que se ocupe y cada día que pasa se aleja la posibilidad de recuperar sano y salvo a Loan.

Para el poder ya se lanzó la cuenta regresiva para la elección a gobernador de este año, que no tiene fecha, pero que seguramente se despegará de las nacionales de octubre. 

 

 

El jueves 16 de enero, el gobernador Gustavo Valdés, de la alianza que gobierna Corrientes desde el 2003, inauguró junto a su hermano los carnavales de este año. Imagen impensada el 29 de junio pasado, cuando cometió un traspié del que parecía no tener retorno: en redes sociales, se aventuró a considerar casi resuelto el caso Loan horas después de una declaración de Laudelina Peña (una de las procesadas con prisión preventiva), maniobra de trasnoche realizada en acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, a través del abogado José Codazzi, para instalar la versión del accidente fatal.

 

 

Sin vacaciones

Pozzi Ponzer, como jueza de turno durante la feria judicial para este legajo, la primera semana de enero, resolvió citar a declarar como testigos al senador provincial Diego Martín Pellegrini y a Codazzi, informó Sonia López, defensora de uno de los procesados que requirió la medida. Según Laudelina Peña, Pellegrini le ofreció dinero y bienes a cambio de sostener en sede judicial la versión del accidente automovilístico incriminando a la pareja Caillava-Pérez. Para ello contó con la participación de Codazzi, ex funcionario público que actuó como defensor de Laudelina en la primera etapa de la investigación y la trasladó en su vehículo desde la localidad 9 de Julio a Corrientes capital para declarar ante un fiscal provincial en horas de la madrugada el sábado 29 de junio. Codazzi operó ante Laudelina y su esposo, también procesado, a través del ex comisario Walter Maciel, el único procesado que no participó del almuerzo en el paraje El Algarrobal.

Pellegrini también es abogado. Después de un período como diputado, en 2021 fue elegido senador provincial por el espacio del gobernador Valdés, una alianza entre el radicalismo y Forja. Tanto Pellegrini como Codazzi expresan relación política directa con el jefe del Ejecutivo, cuyo mandato finaliza este año.

Los fiscales de la causa demoraron en más de una ocasión esta decisión, que la jueza finalmente habilitó. El gesto es significativo, ya que la mayor presión judicial se ejerció hasta el momento sobre el círculo estrecho de la familia y su entorno más cercano. En ese sentido, el eslabón más débil parece ser Laudelina, tía del niño desaparecido, y, en consecuencia, su hija mayor, Macarena, quien al no estar involucrada en la causa soporta la carga pública de las supuestas acciones de su madre y asumió responsabilidades con sus hermanitxs menores.

 

 

“La Justicia federal debe investigar la posible implicancia de redes de trata y narcotráfico en la desaparición del niño, y por qué funcionarios del gobierno y la Justicia provincial quisieron desviar la investigación”, precisó López. En extenso diálogo para esta nota, la abogada aportó numerosos elementos para una interpretación más amplia de lo que parece estar en juego en este conflicto, que incluye el expediente penal, pero que lo excede en mucho. 

 

 

Experiencia social

“En 2014 secuestraron con fines extorsivos a la nieta de un empresario del juego de Corrientes, un hombre del poder. Bloquearon todas las salidas y en horas lo resolvieron. En cambio, eso no pasó con Loan, que es un hijo del pueblo. Ese sesgo de clase lo entendimos todxs rápidamente acá, por eso se llenaron las calles, surgieron grupos autoconvocados por todos lados, marchas y concentraciones constantes. Llegó gente solidaria de todo el país, aun cuando no sabían muy bien cómo aportar en un caso de este tipo”, relató Sonia. Ella es nacida y criada en la provincia, con participación en la política partidaria y electoral, integrante de la filial local de la Liga Argentina de los Derechos Humanos. Por ello participó como una más en el reclamo de aparición con vida de Loan desde el primer día. 

Recién a fin de año se sumó al expediente federal como defensora de Nicolás Gabriel Soria, conocido como El Americano, uno de los diez procesados en octubre junto al grupo de profesionales y técnicos identificados con la Fundación Lucio Dupuy.

En general, la concentración del poder y de la agenda política nacional, sumadas a nuestros propios prejuicios y dogmatismo, dificultan una reflexión de base amplia sobre cómo el conflicto “Loan” expresa la respuesta de los Poderes Judiciales en su fase neoliberal, tanto en su paradigma ideológico centrado en la víctima (por sobre el interés de lo público), como en su articulación estructural con la trama de poder local. De allí la necesidad de desmenuzar escritos judiciales, así como de analizar la articulación de actores dentro y fuera de los expedientes, apartándonos del esquema moralizante “de buenos y malos” que, además, se ensaña casi siempre con los más vulnerables.

Este ejercicio tratamos de hacerlo con las causas que involucran al pueblo mapuche-tehuelche en la Patagonia. Desde esas lecturas sociales (no jurídicas), esta experiencia parece ofrecer variantes de aplicación del derecho penal de autor y de medidas tendientes a desmovilizar y sofocar el reclamo de memoria, verdad y justicia. También es una oportunidad para profundizar sobre el derrotero particular del andamiaje del Poder Judicial federal en Corrientes —tan lejos de los focos puestos en Comodoro Py—, así como sobre el linaje correntino del Ministerio Público Fiscal local, a cargo de César Sotelo desde hace 20 años.

 

 

Rayuela

Un legajo judicial, como todo conflicto, puede leerse desde distintas piezas, al modo de Rayuela, aquella novela de Julio Cortázar. En esa idea, cada imputado es una pieza desde la que abordar la trama central. La Fiscalía y la jueza, en cambio, sí tienen la obligación de no olvidarse del centro. De lo conocido, el centro hasta el momento está puesto en un reducido grupo de personas autosuficientes, sin conexión de terceros, donde el máximo exponente del poder es el comisario de un pueblo de 3.000 habitantes. 

El grupo de siete procesados por la retención del niño no tendría un autor intelectual, ni el secuestro, un autor material, según el larguísimo texto del procesamiento del grupo del almuerzo en el campo de la abuela Catalina Peña. Caillava-Pérez es dupla fuerte en la opinión pública, pero menos importante que Laudelina en el expediente. Benítez es el último en tener vínculo directo con Loan, pero nada consta sobre el o la autora material del secuestro del niño. Los hechos más claros y precisos son los que se le atribuyen al ex comisario Maciel, máximo responsable de la búsqueda del niño en la primera etapa, la clave.

“Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi sustrajeron a Loan de la órbita de cuidado de su padre, y Caillava y Pérez lo ocultaron”, aseguró la jueza.

Por eso resulta llamativo y sugerente el peso que tiene en este expediente el primer procesamiento que dictó esta jueza, en octubre, sobre el grupo de diez voluntarios que alojaron a dos primas de Loan, Macarena y Camila, y algunxs de los niñxs de El naranjal, supuestamente para asistirlos y acompañarlos en medio de las condiciones traumáticas que vivían constantemente sin presencia estatal seria. 

 

 

Sonia López asegura que no se había dictado ninguna medida cautelar de resguardo para lxs cinco niñxs que declararon en cámara Gessell como testigos de la recorrida en El naranjal, en donde vieron a Loan por última vez. Así es que el grupo de diez que se vinculó con algunxs de esxs niñxs no habría violentado ninguna medida judicial dispuesta en ese sentido, en principio.

Dos abogadas, un psicólogo, dos trabajadoras sociales, familiares y asistentes de esos profesionales y técnicos fueron identificados ante el gobierno municipal y buena parte de la sociedad como integrantes de la Fundación Dupuy. En cambio, Nicolás Soria se referenció con una participación en el pasado con la ONG Our Rescue, dedicada a la lucha contra la explotación infantil y la trata de personas.

El municipio local aportó dinero para alojar al grupo y a las jóvenes correntinas en un hotel ubicado frente a la comisaría local. “Las acciones desplegadas por el grupo investigado e imputado de diez personas acrecentarían la intensidad y coordinación de las maniobras desplegadas para entorpecer el curso de la investigación principal (…). El grupo de personas que arribaron para ayudar y dar contención a los menores resulta de difícil comprensión (...) que estaba conformado por tres abogados, un licenciado en criminalística, un chofer y de las profesiones que podrían guardar relación con el fin buscado, un sólo psicólogo, pero sin matrícula para ejercer en la provincia de Corrientes, una operadora en violencia de género y finalmente una psicóloga social. En definitiva, ninguno con experiencia en abordaje de la niñez en la situación post-traumática en que estaban ante la pérdida, extravío o desaparición de un menor donde serían testigos de ese hecho”. La jueza asegura que “ninguno tenía autorización judicial y menos aún, en relación con menores en procesos judiciales con un extremo estado de vulnerabilidad por los padecimientos; desde la desaparición de Loan los expusieron a mantener contacto con extraños, terceros en un ámbito fuera de su vida habitual, habiendo recibido fondos del gobierno municipal en principio”. En este punto, si no existía una medida cautelar prohibitoria, alcanzaba con la autorización de sus familiares a cargo para poder hablar con lxs pequeñxs.

Nueve recuperaron la libertad, excepto Soria, procesado por varios cargos. Cumple prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N.º 2 de Marcos Paz. 

En el discurrir de la argumentación, la jueza aporta otros dos elementos: que el grupo aportara y/o coordinara con la estrategia jurídica de Fernando Burlando, ex abogado querellante desvinculado de la causa, así como que actuara como correa de transmisión con la prensa. De todo, parece alarmante que no se pueda “descartar que los testimonios de los menores hayan sido condicionados por los adultos investigados. (...) Todos aquellos contactos sucedieron previamente al 5 de agosto —cuando se tomaron las testimoniales en Sala Gesell de los menores—”. No se necesita ser abogadx para entender que se anticipan pedidos de nulidad.

En definitiva, los procesó como coautores penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de los menores identificados con reserva de identidad en la causa, entre otros cargos que en el caso de Soria acumularon seis, de los diez pedidos por la Fiscalía.

No estamos todxs. Falta Loan.

 

 

 

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