A raíz del aumento del 300% en el impuesto inmobiliario, que surge del nuevo paquete fiscal, se develó que un aeropuerto extranjero en Río Negro no paga ningún tributo, simplemente, porque para los funcionarios “no existe”.
Durante las últimas sesiones del año 2024 ocurrió un hecho en la Legislatura de Río Negro que pasó desapercibido, pero sirvió para desnudar la oscura trama tejida prolijamente entre las grandes corporaciones extranjeras y el gobierno de Alberto Weretilneck.
Después de 13 años de mutismo deliberado, el gobierno de Juntos Somos Río Negro por fin se animó a hacer lo que nunca hizo: hablar públicamente del aeropuerto privado construido por el inglés Joseph Lewis a escasos 1.000 metros del mar, en zona de seguridad de fronteras y a unos 30 kilómetros al sur de la localidad de Sierra Grande.
La confesión involuntaria y hasta ingenua del oficialismo en el debate sobre la llamada Ley de Puertos, que —de hecho— implicaría ceder a las grandes corporaciones inglesas del gas y del petróleo [1] los puertos rionegrinos, demostró la real connivencia con el magnate británico y los nuevos inversionistas del mundo árabe y del Reino Unido.
El aeropuerto de Puerto Lobos está ubicado en el estratégico paralelo 42. Pone en riesgo la integridad territorial argentina desde hace 17 años por la inexistencia de radares o puestos de Gendarmería o de Prefectura Naval para controlar el movimiento aéreo. Más pobre aún es el control que debería ejercer la Policía de Río Negro, a quien los propietarios se dieron el lujo de impedir su ingreso luego de un pedido de informes de los bloques de Vamos con Todos y el Partido Justicialista - NE.
Desde que conocí la existencia de esta pista —de similares características a las del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery— a través de un mensaje anónimo en el año 2007, fueron nulos los resultados a los reclamos para dotar de medidas de control estatal, dado su ubicación a escasas dos horas de vuelo de las Islas Malvinas, donde se encuentra una de las bases de la OTAN más poderosas del mundo.
El aeropuerto posee una pista de 2.200 metros de largo, 30 de ancho y está preparada para el aterrizaje de aviones de gran porte. Cuenta con un hangar con capacidad para albergar varias aeronaves y un exclusivo complejo de cabañas junto al mar que incluyen personal armado de seguridad y hasta un alambrado en la zona de playas que encierra un sito donde habitan lobos marinos y otras especies en vía de extinción.
Pasaron 17 años desde que comenzaron las denuncias de los vecinos y legisladores. Pero en Río Negro reinó la conocida frase “de eso no se habla”. Hasta hace pocos días, en el marco de las sesiones extraordinarias de la Legislatura provincial.
Grande fue la sorpresa cuando —ante mi pregunta— el jefe de bancada del oficialismo dijo al pasar: “Todos los caminos conducen a Roma; acá los caminos, los puertos, los aviones los conducen al pobre Lewis. ¿Qué tenía que ver Lewis en esta? Si Lewis ni siquiera tiene más el aeropuerto, hoy el dueño del aeropuerto es una empresa argentina que se llama Manzil Sociedad Anónima, cuyo titular en el 95% es Ignacio Petrocchi Massuh, y el 5 % del paquete, Daniel Ortiz. Y tributa 129.000 pesos por mes de impuestos inmobiliarios, el más alto de todos los que hay dando vueltas por allí”.[2]
Agregó que el aeropuerto ya no pertenece al “pobre Lewis”, sino a una “empresa argentina”, olvidando aclarar que la supuesta firma de capitales nacionales, no es otra que la misma que mantiene conflictos con comunidades indígenas en la región del Alto Río Chubut, y en cercanías del río Manso y Foyel, o sea, develó un posible pase de manos a espaldas del conocimiento público, desde las empresas de Joseph Lewis hacia sus nuevos dueños: los Emiratos Árabes, a través de sus caras visibles en la Argentina.
De acuerdo a las investigaciones de la periodista Susana Lara, Ignacio Petrochi Massuh es el abogado del grupo Massuh y también operaría como vehículo de los capitales emiratíes en la Argentina. Los inversores propietarios de las tierras en Río Negro son Osama Hussein Saleh Hussein Alahdal y Faris y Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri, entre otros. Operan, entre otras firmas, a través de la supuestamente “nacional” Manzil S. A.
De esta manera, en forma impúdica, el gobierno reconoció que un aeropuerto de las dimensiones nombradas no paga impuestos provinciales. Solo tributan por el campo, con el equivalente a una compra de supermercado de una familia tipo argentina.
A los privilegios del RIGI, ahora pareciera que se suma otro: a partir de los megaproyectos anunciados (oleoducto Vaca Muerta Sur, planta de GNL, hidrógeno verde), esta colosal pista cumplirá una función estratégica por su ubicación cercana a la base de la OTAN en las Islas Malvinas, controlada por los mismos países interesados en llevarse los bienes naturales comunes de los rionegrinos sin pagar un solo peso.
“Pobre Lewis” fue la frase usada por Mauricio Macri en aquella conferencia de prensa en 2017, defendiendo al amigo que desde 1996 impide el paso seguro al Lago Escondido. Ahora, la misma frase en boca de un encumbrado miembro del oficialismo, habla a las claras de que la impunidad y los privilegios siguen vivos en el Río Negro, mientras nuestra soberanía e integridad territorial entran en fase de riesgo letal.
[1] British Petroleum la firma inglesa responsable de la mayor catástrofe ambiental con el derrame de petróleo en el golfo de México hace 14 años; Harbour Energy, denunciada por la explotación de petróleo en la cuenca de Malvinas que se suma con el 15% de las acciones, y Shell, que acaba de anunciar un acuerdo con YPF para la industria del GNL en el golfo San Matías.
[2] Sesión extraordinaria, 17 de diciembre de 2024, Legislatura de Río Negro. Debate sobre Ley de Puertos.
* Dra. Magdalena Odarda. Legisladora de Río Negro. Bloque Vamos con Todos.
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