Entre el merengue y el lodo

 

En 1934, Enrique Santos Discépolo escribió su tango Cambalache, que en una de sus estrofas reza: “Vivimos revolcaos en un merengue (…) Y en un mismo lodo todos manoseados”. En ese enchastre se encuentran hoy los militares y los policías, empujados a esa ciénaga por los decretos 1.107/2024 (del 18 de diciembre) y 1.112/2024 (del 19 de diciembre) suscriptos por el Presidente Javier Milei. A través de la vieja técnica de anunciar mil veces lo que van a hacer, para que cuando suceda nadie se sorprenda, el gobierno avanza consistentemente en la desprofesionalización militar, es decir, en la deliberada conversión de los militares en combatientes del crimen.

De este modo, la administración libertaria ofrece a la embajada de los Estados Unidos y al Comando Sur el obsequio de Navidad que estaban esperando en Washington y en Miami, bajo la presunción –tal como Milei le anticipó el miércoles a The Wall Street Journal– de que Donald Trump ayudará a cerrar un acuerdo con el FMI. Como en tantas otras cuestiones, Milei materializa las promesas incumplidas de Macri. En este caso, corporiza lo que hemos denominado la doctrina Oris de Roa, en referencia al ex embajador de Macri en los Estados Unidos, quien afirmó: “Estados Unidos tiene hacia nosotros un interés político, y nosotros tenemos hacia ellos un interés económico. A Estados Unidos le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (…) El desafío está en poder trabajar con ellos dándoles satisfacciones a los intereses que ellos tienen con respecto a nosotros, y al mismo tiempo (…) que eso se traduzca en una actitud más bien positiva con respecto a nuestra agenda económica”.

 

Los nuevos decretos

El gobierno envió al Congreso, a principios de agosto, un proyecto de ley que busca modificar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, con la excusa de luchar contra el “terrorismo” y habilitar a los militares a realizar patrullajes y control de vehículos y personas. Más allá de que estas labores de policiamiento callejero nada tengan que ver con destrezas antiterroristas, la intención final del gobierno es recurrir a los militares para volcarlos a la lucha contra el narcotráfico y fortalecer los dispositivos de control social. La falta de consenso y el rechazo de diversos sectores políticos al proyecto, que incluyó en la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados a los ex ministros Horacio Jaunarena y Agustín Rossi, y al presidente y a la vicepresidenta de dicha comisión, Ricardo López Murphy y Agustina Propato, no impidió que el gobierno continúe insistiendo con sacar los militares a la calle.

En este marco, se inscriben los recientes decretos 1.107/2024 y 1.112/2024. El primero de ellos, publicado el pasado miércoles, bordea la transgresión de lo fijado por la Ley de Seguridad Interior respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. En este sentido, define en su artículo 1º a los “objetos de valor estratégico” (OVE) de manera ambigua y deja en manos del Poder Ejecutivo la determinación de qué instalaciones serían alcanzadas por esta definición, mientras que el artículo 3º autoriza a convocar a las Fuerzas Armadas o a los Cuerpos Policiales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para “proteger” esos objetivos, contraviniendo lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional y por el decreto 457/2021 (Directiva de Política de Defensa Nacional 2021). La laxitud de la definición de los OVE queda a las claras en la nueva norma, cuando se estipula que debe llamarse de esa manera a “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional”. Si el gobierno aplicara la doctrina Adorni –que define como terrorista todo lo que camina, desde dirigentes sindicales a manifestantes estudiantiles–, tendrá carta blanca para que cualquier cosa sea definida como un OVE y, por lo tanto, para militarizar sin límites la seguridad pública.

 

Una vez más el gobierno avanzó en una reforma de fondo por decreto, que evita el Congreso y las discusiones políticas. El decreto 1107/2024 modifica las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. Se trata de un nuevo intento por redefinir el rol de las FFAA en seguridad interior.

— CELS (@CELS_Argentina) December 19, 2024

 

Frente al desaguisado policializante que supone el decreto 1.107 de Milei, conviene recordar la precisión del decreto 457/2021 –DPDN 2021, impulsada por Agustín Rossi– que sostenía: “El Ministerio de Defensa podrá ordenar el establecimiento de un dispositivo de defensa militar para proteger uno o varios objetos de valor estratégicos. Esto supone el despliegue de una capacidad eminentemente militar para prevenir y conjurar un eventual ataque contra un objeto de valor estratégico, a partir de la disposición de la correspondiente ‘Alerta Temprana Estratégica’ o bien como resultado de la necesidad de contar con un dispositivo de defensa militar ante un evento de naturaleza estratégica (…). Este tipo de despliegue deberá ser entendido en el marco de una operación de carácter no permanente, de naturaleza esencialmente militar y no consistente en tareas clásicas de seguridad como las de custodia que realizan las Fuerzas de Seguridad, conforme el artículo 31 de la Ley 23.554”.

Por su parte, el segundo de los decretos de Milei –el 1.112/2024, publicado el jueves– modifica la reglamentación de la Ley de Defensa, oportunamente sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner y la gestión de Nilda Garré a través del decreto 727/2006. El de Milei violenta no sólo las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, sino también la Resolución 3.314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En efecto, el artículo 11 del decreto autoriza a las Fuerzas Armadas a proteger y brindar seguridad durante “las actividades de adiestramiento operacional u otras tareas a los fines del servicio”, “durante el desplazamiento o en los lugares donde se realicen esas actividades” para repeler cualquier tipo de agresión y “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia”. Esto excede lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 24.059 de Seguridad interior, 184 del Código Procesal Penal y 4º de la Ley 23.554 de Defensa Nacional.

También el artículo 1º de este decreto autoriza a las Fuerzas Armadas a planificar y ejecutar operaciones militares “contra organismos paraestatales extranjeros, organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales, o cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. En los considerandos, la norma sostiene que la “Organización de Naciones Unidas (ONU) [a través de la Resolución 3314/1974] contempla que para considerarse agredido por un Estado no se requiere que el accionar ofensivo provenga exclusivamente de las fuerzas armadas del Estado agresor”. Esta afirmación es falsa, en tanto que el artículo 3º de dicha resolución internacional entiende por agresión a:

“a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado; y

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados”.

 

Ministerio hot y Fuerzas convulsionadas

El ministro Luis Petri, pionero entre los “radicales con peluca” –aunque todavía no expulsado del centenario partido como sus correligionarios Mariano Campero, Luis Picat y Mariano Arjol– encabezó una gestión hot en términos de intrigas palaciegas y denuncias de corrupción. Días antes de su asunción como ministro, en diciembre de 2023, se dejó trascender que el coronel (VGM) Daniel Esteban sería el nuevo viceministro de Defensa (secretario de Estrategia y Asuntos Militares). Sin embargo, el mileísmo pronto detectó que los jefes de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (pasados, presentes y futuros), que son tenientes generales, almirantes y brigadieres generales, no son afectos a recibir órdenes de un coronel.

Como consecuencia de este veloz aprendizaje de las jinetas castrenses, el gobierno sacó de la galera negacionista de la Vicepresidenta Victoria Villarruel al teniente general (retirado) Claudio Pasqualini, yerno del represor Athos Renés y ex jefe de Estado Mayor General del Ejército entre 2018 y 2020. Pasqualini contaba con un antecedente valioso en el “mundo motosierra” de Milei: había sido el responsable de una parálisis operativa sin precedentes en la historia del Ejército. En 2019, durante su último año como jefe de la fuerza, implementó una poda del 60% en los fondos destinados al “adiestramiento operacional en campaña”, récord en materia de menesterosidad operativa. El pasado fin de semana se conoció el final de la travesía de Pasqualini como funcionario político en el Ministerio de Defensa. Según la crónica de Mariano de Vedia en La Nación: “La renuncia se conoce en medio de un creciente malestar en las Fuerzas Armadas”.

 

 

Mientras tanto, el subjefe del Ejército, general de brigada Carlos Carugno, ratificó la denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue si en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601 de la Dirección de Aviación de Ejército se cometieron actos de corrupción. Días antes había sido eyectado el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Fernando Mengo, por supuesto uso para fines particulares de los aviones de la Fuerza y “por presuntos hechos de acoso y/o abuso hacia mujeres integrantes de esa arma”. A estas denuncias, se suma el escándalo por el alquiler de la Base Militar de Aeroparque para vuelos VIP de empresas privadas.

Todo este lodazal está generando malestar entre los oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes sostienen que se está dañando la imagen de las instituciones castrenses y que el gobierno de Milei “no aplica la misma vara para el mundo de la política”. Básicamente, los uniformados refieren a una sucesión de hechos que han ocurrido en el IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas. En efecto, el anterior director, el ex subsecretario de Salud de Mendoza, Oscar Sagás, quintuplicó la deuda y designó asesores con sueldos superiores a los cuatro millones de pesos. Sagás fue reemplazado, sin auditoría de por medio, por el también mendocino Roberto Fiochi, quien no ha prescindido aún de esos asesores, pero sí se hizo el tiempo para solicitar un préstamo al Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas (IAF) para “lograr una sustancial mejora en la atención”, dinero que será “descontado mensualmente de los cargos que el IAF retiene a los beneficiarios de retiros y pensiones y transfiere al IOSFA”.

Por otra parte, y en el marco de la finalización de un curso de paracaidismo durante el mes de junio, se les arrojó cal viva a 35 efectivos en el Regimiento 14 de esta especialidad del Tercer Cuerpo del Ejército. Si bien el Ministerio de Defensa sancionó a un oficial jefe, dos oficiales subalternos, seis suboficiales y dos soldados voluntarios, el coronel a cargo de la unidad, Pablo De Palo, fue ascendido a general de brigada. Por otra parte, en un hecho lamentable, el suboficial Sebastián Romero murió ahogado el 28 de noviembre durante un ejercicio en el Río Paraná, cuando se cayó del bote en el que se desplazaba junto a siete compañeros durante un ejercicio militar.

Los problemas de planeamiento, adiestramiento y disciplina en las Fuerzas Armadas también quedaron en evidencia a principios de septiembre, cuando en la cuenta de X del Ejército Argentino se publicaron fotos de un ejercicio militar que tenía como hipótesis de conflicto a Chile, algo que contraviene los lineamientos políticos de todos los gobiernos argentinos desde el retorno de la democracia en 1983. Entre las imágenes del posteo se destaca la de un oficial exponiendo delante de un mapa de campaña que da cuenta de una eventual invasión desde el oeste a través de la cordillera, a la altura de Neuquén.

Adicionalmente, las gestiones del secretario de Asuntos Internacionales, Juan Erardo Battaleme, responsable de tramitar los asuntos anglo-norteamericanos en el Ministerio de Defensa, agilizaron el nombramiento de un comisario político estadounidense, Gustavo Víctor Santiago, en el Comando Conjunto de Ciberdefensa de la Argentina, con pleno acceso a las redes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.

También, nobleza obliga, cabe señalar que llegó el primero de los aviones estadounidenses F-16 adquiridos a Dinamarca. Según el ministro Petri, en una suerte de lapsus gorilum con reminiscencias de un lejano 16 de junio de hace 70 años, los aviones “tienen la capacidad de llegar a Buenos Aires en 12 minutos”. Eso sí, lo que resulta imposible de saber es qué capacidad de defensa aérea directa ofrecen para proteger al país de eventuales amenazas en el Atlántico Sur –que cuenta con una base militar británica desplegada en Malvinas– o qué autonomía de vuelo tienen sobre dichos mares. Posiblemente, estas preguntas no tengan demasiado sentido para una gestión ministerial que concibe al Reino Unido como un aliado, que cree que con saludos a la Casa de Windsor algún día se resolverá lo que sus funcionarios denominan –en palabras de Lord Battaleme– una “situación territorial irresuelta” o que no se ha formulado ningún tipo de planteo respecto de la imposibilidad actual de reabastecimiento en vuelo de los F-16 con los Hércules C-130 de la Fuerza Aérea.

En este contexto, es importante señalar que se desconoce el presupuesto de defensa para el año próximo, al no haber sido aprobado el proyecto de ley anual en el Congreso, que contemplaba para 2025 –en la inconmovible lógica motosierra que orienta a la gestión de Milei– la suspensión del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF), herramienta fundamental diseñada por el peronismo que ya no estaba siendo ejecutada durante el año en curso. En este marco, hasta los medios que expresan simpatía por el gobierno actual no pueden ocultar que, por más anuncios rimbombantes que se realicen sobre adquisición de modernos sistemas de armas, sin FONDEF no hay trazabilidad posible en la recuperación de capacidades militares.

Por ejemplo, el medio especializado Zona Militar daba cuenta esta semana de que “el proyecto TAM (Tanque Argentino Mediano) 2C-A2, considerado una pieza clave en la modernización de capacidades del arma blindada del Ejército Argentino, enfrenta dificultades financieras y logísticas que vienen ralentizado su ejecución”. Algo de similar tenor informaba el mismo website respecto del deterioro en materia de alistamiento y sostenimiento operacional de la Fuerza Aérea: “Conforme a los datos revelados en la Síntesis Ejecutiva correspondiente al tercer trimestre del 2024, la Fuerza Aérea Argentina acumuló 21.678 horas de vuelo al 30 de septiembre, cifra que representa un descenso en la actividad para el mismo período del 2023”.

Sorprendentes logros de un gobierno que manifestaba el pasado 2 de abril su “firme convicción de fortalecer nuestro compromiso con la defensa de nuestra soberanía y el reconocimiento pleno a quienes la protegen”. Desde luego, un compromiso que no supone efectivizar las cuotas restantes de jerarquización y equiparación salarial con las fuerzas de seguridad fijadas por el gobierno anterior. Al 1º de diciembre de este año, los datos de esta asimetría son los que se muestran a continuación. Cabe aclarar que, con la Policía Federal, la diferencia es aún mayor.

 

 

Reflexión final

Como hemos señalado en repetidas ocasiones, el enésimo intento de Milei y Petri de involucrar a los militares en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico –cristalizado en esta oportunidad a través de los decretos 1.107/2024 y 1.112/2024– conlleva, a su vez, la desatención de las verdaderas cuestiones que debieran orientar la profesionalización militar. Militarizar la seguridad pública implica menospreciar las enseñanzas estratégico-nacionales, estratégico-operacionales y tácticas del conflicto del Atlántico Sur (1982), materializadas en el célebre Informe Rattenbach. En Malvinas quedó claro el resultado esperable con Fuerzas Armadas politizadas y adiestradas para misiones de naturaleza no militar. Policialización y desprofesionalización son el anverso y el reverso de una misma moneda.

Retomando a Discépolo, se podría decir que en la Argentina de hoy el hombre de armas, a la luz de la reciente normativa aprobada, “da lo mismo que [sea] cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón “. Al menos eso se deduce de la mirada impuesta por Milei y por Petri, quienes no saben distinguir entre un militar y un policía de proximidad.

 

 

 

* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Ex director nacional de Planeamiento y Estrategia (Ministerio de Defensa).
** Sergio Eissa es doctor en Ciencia Política (UNSAM). Ex director nacional de Formación (Ministerio de Defensa).

 

 

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