¿La historia se repite?
La nostalgia de ser colonia
Es permanente, en los medios de comunicación, la repetición de los supuestos éxitos del extremismo neoliberal en la “macroeconomía”: el superávit fiscal en contexto de ajuste (-29% del gasto público) y la menor inflación medida con un índice que no toma en cuenta el despiadado impacto de los aumentos de los servicios; la negativa a reconocer la trágica situación económica del país; las consecuencias de la recesión económica; la creciente ola de despidos; el crecimiento de la desocupación; la pobreza y la indigencia y, como contrapartida, el crecimiento de la rentabilidad del gran capital. Esto nos lleva a rememorar algunos hechos de nuestra historia.
Algunos recuerdan sólo las coincidencias económicas y políticas del régimen actual con lo ocurrido durante los gobiernos que aplicaron a rajatabla las recetas del neoliberalismo. Es importante destacar que la primera experiencia neoliberal fue la de la dictadura de Pinochet, luego del sangriento golpe de Estado de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende. Esa dictadura fue respaldada y asesorada económicamente por Milton Friedman y sus alumnos de la Escuela de Chicago.
Le siguió la experiencia de Celestino Rodrigo durante el gobierno de Isabel y luego la dictadura surgida del golpe de Estado de 1976-1983.
A partir del gobierno de Carlos Menem (1989/1998), convertido en prócer por el gobierno actual, se implantó la convertibilidad, se inició una nueva etapa de endeudamiento, de privatizaciones de la mayor parte de las empresas del Estado, de convertibilidad y de pérdida de derechos de la clase trabajadora a través de una nueva legislación que legitimó las medidas de flexibilización laboral.
De esta forma, la clase dominante pudo ir liquidando el Estado social de derecho, creando las bases de un nuevo régimen político neoliberal. Su continuidad durante el gobierno de la Alianza, con Cavallo en el Ministerio de Economía, llevó a la catástrofe económica del 2001 y a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre.
La nostalgia del viejo pasado
Pero el Presidente realiza una constante apología de una etapa muy anterior a los hechos que mencionamos, que habría sido la de mayor prosperidad de nuestro país, convirtiéndolo en una de las principales potencias del mundo, según sus dichos. Haremos una breve referencia a ella.
Al iniciar en 1887 las sesiones del Congreso de la Nación, el entonces Presidente, Miguel Juárez Celman, planteaba las líneas fundamentales de su programa de privatizaciones basado en la entrega a los banqueros ingleses de los ferrocarriles que hiciera construir el Estado nacional: “La venta del Andino (ferrocarril que hiciera construir Roca) ofrece un particular interés, porque corresponde no sólo a una conveniencia económica del momento, sino también a la doctrina que la administración actual profesa (...). Es absurdo fomentar la riqueza por el medio ficticio de la baratura de los transportes, pues en definitiva todo lo paga el pueblo (...). El monopolio del Estado es no sólo ilegítimo, sino menos tolerable que el monopolio particular, por el hecho de no haber recursos contra él. Que desde luego, la explotación de los ferrocarriles no constituye una función del Estado; ella no tiene el carácter de los atributos que le son inherentes y que no pueden desprenderse de la soberanía, tales como la administración de Justicia, la acuñación de moneda, la sanción de las leyes, la defensa nacional y demás que constituyen la esencia del poder público (...). Por lo tanto, lo que conviene a la Nación, según mi juicio, es entregar a la industria privada la construcción y explotación de las obras públicas que por su índole no sean inherentes a la soberanía, reservándose al Gobierno la construcción de aquellas que no puedan ser verificadas por el capital particular; no con el ánimo de mantenerla bajo su administración, sino con el de enajenarlas o contratar su explotación en circunstancias oportunas, a fin de recuperar los capitales invertidos para aplicarlos al fomento de su Banco, a la unificación de su deuda y a la construcción de nuevas obras reproductivas o necesarias para la administración” [1].
Por supuesto que todos los sectores de la oligarquía, en particular la burguesía terrateniente, los aventureros de las finanzas y la banca británica (con un dominio muy semejante al que hoy representa el Fondo Monetario Internacional) aplaudieron el mensaje presidencial.
La crisis internacional iba a dar por tierra con el exagerado optimismo de Juárez Celman: el aumento de la producción mundial de oro afectó al comercio internacional; el crecimiento de las exportaciones de productos primarios de Estados Unidos a Europa hizo disminuir el precio de los cereales, carnes y cueros en un 35%, mientras que crecían desenfrenadamente los precios de las importaciones. La Argentina no tenía con qué pagar, por ello recurría a lo que se había transformado ya en un clásico del país desde el empréstito de la Baring Brothers: pagar las deudas con nuevas deudas. Pero Gran Bretaña también atravesaba una grave crisis, que se extendió a sus colonias y semicolonias (como nuestro país).
Mientras crecía la especulación con las tierras, incrementada con las que fueran producto del saqueo a los pueblos originarios por obra de la llamada Conquista del Desierto, la especulación con el oro y el dominio del capital financiero, Juárez Celman había iniciado un festival de concesiones a empresas británicas, con la promesa segura de sus ganancias, libres de impuestos. Por supuesto que todo el oro depositado como reservas en el Banco Nacional (antecedentes del actual Banco Central) había sido girado a la Banca de Londres, como garantía de las ganancias del capital británico invertido en el país. ¿Alguna semejanza con lo que ha ocurrido actualmente, sin que se suscitaran reacciones de importancia?
Los discursos de Juárez Celman ignoraban la realidad de lo que estaba ocurriendo y sólo se referían al futuro de progreso y prosperidad que le esperaba a nuestro país a través de las ventajas otorgadas a las inversiones extranjeras. Por su tendencia a imponer sus propias opiniones, sin aceptar crítica alguna de la oposición ni aun de sus propios aliados, fue llamado “el Único” y su gobierno “el Unicato”. A más de un siglo, se replican en la Argentina conductas muy similares de quien se halla a cargo del Ejecutivo.
La catástrofe a la que llevara Juárez Celman a nuestro país desencadenó la Revolución del Parque de 1890, encabezada por Leandro N. Alem, que no triunfó, pero que determinó la expulsión del político cordobés y el ascenso a la presidencia de su Vicepresidente Carlos Pellegrini, un serio exponente de los intereses generales de la oligarquía.
Vivimos bajo un régimen nostálgico, no sólo de los programas económicos de la última dictadura y del menemato, sino de la vieja República oligárquica, agroexportadora, semicolonial y represiva, sin soberanía económica ni derechos sociales.
La propuesta de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos
En la última reunión del Mercosur, Milei fue designado presidente pro tempore del organismo, del que se ha manifestado abiertamente crítico. En tal oportunidad, ha afirmado que fue un error no aceptar las condiciones impuestas por Estados Unidos a través de la Alianza de Libre Comercio para América Latina (ALCA), frustrado por la acción política conjunta de Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Luis Ignacio “Lula” Da Silva en la reunión de Mar del Plata del 2005. Su discurso fue meramente apologético de las virtudes de la libertad de comercio, sin aclarar cuáles habrían sido las ventajas de dicho acuerdo para los miembros del Mercosur.
Se ha dicho en opinión que compartimos que “el problema que subyace a este tipo de acuerdos es justamente la falta de ‘libertad’ a la que someten a los países periféricos y las duras obligaciones a las que los vinculan. Porque los tratados de libre comercio van muchísimo más allá de la esfera comercial”.
“Hay acuerdo generalizado en sostener que los tratados de libre comercio deben cumplir con una serie de características: reducción o eliminación de los aranceles (o barreras para-arancelarias) a la entrada de productos; libertad de competencia; incentivar prestaciones de servicios a las inversiones extranjeras; proteger la propiedad intelectual y determinar un mecanismo consensuado de resolución de controversias. Queda claro que semejante nivel de acuerdo traspasa lo económico para modificar ámbitos jurídicos y, especialmente, políticos. No se trata entonces, como el G20 o la Organización Mundial del Comercio esgrimen, de negociaciones técnicas comerciales que sólo favorecen a los consumidores de los países que suscriben el tratado, sino que también se ponen en juego las relaciones asimétricas de poder. Se trata de negociaciones que incluyen actores diferentes: los representantes estatales, las transnacionales y, en menor medida, los organismos internacionales. Ese es el verdadero triángulo del poder del libre comercio (...). Para que las mercancías entren y salgan, necesitan de un marco regulatorio claro, tratados de protección de inversiones, seguridad jurídica, es decir, modificar la estructura legal de un Estado en función de los intereses comerciales de otro o de una empresa con particular peso en determinada rama de producción. Y si el Estado en cuestión tiene menos poder de negociación que su par o, peor aún, que una empresa, es fácil adivinar hacia cuáles intereses se abrirá ese Estado” [2].
El Presidente Milei ha cumplido al pie de la letra con esta obsesión por el libre comercio, liberando las importaciones en perjuicio de la economía productiva de nuestro país, también adhiriendo al Convenio con la Unión Europea, aunque no esté de acuerdo algunas de sus normas (las que obligan a adoptar medidas protectorias del medio ambiente, en adhesión a la Agenda 2030); pero no conforme con ello ha llegado a proponer un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América, complementando de esta forma el sometimiento de nuestro país a los intereses geopolíticos y bélicos de dicha potencia. El Presidente no puede ignorar que las economías de la Argentina y de los Estados Unidos no son complementarias, sino competitivas. Tampoco puede desconocer que el Presidente electo Donald Trump ha manifestado en su campaña y en todas sus declaraciones su voluntad de imponer una política proteccionista que gravará con fuertes aranceles las importaciones. Sólo basta con recordar su actitud violenta respecto a sus actuales socios en el tratado de libre comercio: México y Canadá.
El Presidente ve esta propuesta como una suerte de reparación a Estados Unidos por el rechazo del proyecto del ALCA en el 2005, y como una nueva expresión de nostalgia: “Ah, no hay nostalgia más dolorosa que la de las cosas que nunca han sucedido”, al decir del gran poeta portugués Fernando Pessoa.
En el caso de concretarse dicho acuerdo, creemos que el único favorecido sería Estados Unidos, y traería como consecuencia la ruina total de la economía productiva del país.
Las consecuencias de una política anti-industrial
El gobierno y la prensa hegemónica nos dicen que la recesión ha concluido y que habría indicios de una tibia recuperación productiva.
La ola creciente de suspensiones y despidos que afecta al conjunto de la clase trabajadora en todo el país y en particular a los obreros metalúrgicos en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, desmiente estas afirmaciones y constituye uno de los claros ejemplos del daño causado por la política recesiva y anti-industrial del gobierno.
En la ciudad de Villa Constitución, Acindar —dependiente del grupo indio ArcelorMittal— ha suspendido a 700 trabajadores directos de la empresa y a 400 contratados, adelantando la parada que se hallaba prevista para el 23 de diciembre. Los trabajadores afectados sólo percibirán el 75% de sus remuneraciones.
Como ha afirmado el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Villa Constitución, Pablo González, “el parate en la producción tiene que ver con el cambio de política macroeconómica; decidieron que no haya obra pública, se pararon obras y eso trajo la caída de puestos de trabajo, porque la obra privada no tracciona como lo hace el Estado”.
Acindar trabajó durante el 2024 con un 50% de la capacidad instalada, en virtud de tres motivos fundamentales: el cese de la obra pública dispuesto por el gobierno, la reducción de la construcción y del conjunto de la actividad industrial, que cayeron un 19,5% y un 12,4% desde enero hasta septiembre de 2024. La apertura de las importaciones abre un nuevo frente que empeoraría la situación, no sólo por el ingreso del acero de China y Polonia, cuyos precios son considerablemente inferiores a los de las plantas siderúrgicas de nuestro país, sino por la entrada del acero de Brasil, que ha devaluado nuevamente el real.
La Planta de Alambre —cuya producción se destina al agro y a la construcción— es la única que continuará funcionando, pero ha parado hace una semana en virtud de un reclamo salarial y de planteles, demandas que no han sido satisfechas por la empresa, que mantiene una política de confrontación con los trabajadores, sin efectuar reclamos al gobierno por las consecuencias de su política recesiva y la apertura de las importaciones.
La conducta de Acindar replica la actitud del conjunto de las patronales metalúrgicas, que ponen obstáculos para la aprobación de los aumentos salariales, con la complicidad del secretario de Trabajo de la Nación, ex funcionario del grupo Techint, Julio Cordero.
Marx afirma en El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”.
Como conclusión parcial de esta breve nota, podríamos decir que la historia se ha repetido nuevamente en nuestro país. Pero serán las luchas sociales las que determinarán el carácter de este gobierno: si se trató de una farsa o bien de una tragedia con pasos de comedia.
[1] López, Horacio A., “Alem: La revolución traicionada”, Ediciones del CCC, Buenos Aires, 2006.
[2] Larsen, Federico, “La obsesión por el libre comercio”.
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