La unidad antiterrorista de Casal

El jefe interino del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal, acaba de crear la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), anunciada en diciembre. Con un lenguaje que abona la preocupación de quienes ya advirtieron que la iniciativa podía convertirse en una herramienta de persecución a todo tipo de disidencia política y/o de espionaje económico, el texto señala que la SAIT tendrá atributos para reunir a las agencias del Estado en una mesa, incluidas espías y fuerzas de seguridad, para "abordar de manera integral el extremismo violento, entendido como conducto hacia el terrorismo internacional, ya que ambos fenómenos delictivos socavan la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos".

Casal está a cargo del MPF interinamente desde la salida de Alejandra Gils. La resolución salió el viernes 13 de julio, a cinco días del aniversario del atentado a la AMIA. Y cuando todo hace pensar que Casal está de salida, empujado por la posibilidad cada vez más cercana del ingreso de Inés Weinberg de Roca, candidata del Ejecutivo a jefa del MPF, impugnada por los organismos de derechos humanos, con cita el 31 de julio en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Pero entonces, ¿por qué un interino deja montado este armado? Las respuestas son multidimensionales. Una de las lecturas posibles es que está preparando un espacio de salida. La resolución señala que la SAIT va a depender de la Procuraduría Penal ante la Corte de Justicia de la Nación, cargo del que es titular. A cargo del área quedará, según parece, su mano derecha, Juan Manuel Olima Espel, actual secretario de coordinación institucional del MPF, a quien Casal le encargó el proyecto apenas asumió. Olima Espel es amigo del ahora ex presidente de la AMIA, Ariel Cohen Sabban, caído en desgracia por las denuncias por acoso. En agosto del año pasado participó de un intercambio con la Corte de Israel. Estos datos pueden dar cuenta, así, de otra lectura: la preocupación por la agenda de seguridad y defensa de Israel y Estados Unidos.

 

 

El texto

La resolución tiene seis páginas, mucha palabra, mucha cita a resoluciones de la ONU y pocos puntos centrales. Dice que la Secretaría va a cooperar con instituciones del Estado y extranjeras y va a preparar protocolos de actuación para fiscales. Los protocolos se harán para que los fiscales sepan cómo actuar ante un presunto atentado (en un país con un último acto del género hace 25 años). Para elaborar los protocolos, van a configurar un espacio de trabajo con agencias del Estado. Y ese es un problema. Como se verá, detrás de las palabras técnicas, eso parece la apertura de un espacio para agentes de inteligencia y de seguridad, es decir: la AFI de un lado y el ministerio de Patricia Bullrich, del otro. Dicho en boca de una de las personas que investiga la causa AMIA, eso parece una trasferencia de poder para las fuerzas de inteligencia y de seguridad.

En el comienzo, Casal recoge el diagnóstico de Olima Espel y dice que está de acuerdo. "El hecho de que ataques terroristas continúen perpetrándose en distintos lugares del mundo demuestra que en este momento es importante incrementar el trabajo a fin de conocer y estar en condiciones de afrontar las nuevas amenazas y modalidades operativas por parte de individuos y grupos terroristas que se vienen observando a nivel mundial", dice. Entre esas nuevas amenazas y modalidades, Olima Espel señaló un espectro tan amplio que deja a todo el universo en zona de peligro: utilización generalizada y efectiva de la tecnología de la información, especialmente Internet con fines de propaganda, glorificación, incitación, radicalización, reclutamiento, entrenamiento, financiación y comunicación; la estrecha vinculación de terroristas con la delincuencia organizada transnacional; el crecimiento de actores solitarios y de ataques perpetrados contra los llamados “objetivos no protegidos"; la necesidad de resguardar la infraestructura crítica; el fenómeno global de los “combatientes terroristas extranjeros”, dice. O "la creciente preocupación de que individuos o grupos terroristas adquieran precursores y otros materiales aptos para la fabricación de armas de destrucción masiva; y la utilización de nuevos métodos de financiación del terrorismo (como el uso de dinero electrónico, criptomonedas o sistemas informales de remesas)".

En otro punto, todas esas amenazas comienzan a ser colocadas en un protocolo de actuación. Entre otros puntos, la Secretaría tendrá las siguientes tareas: 1. asesoramiento estratégico y técnico al Procurador; 2. Elaborar en coordinación con los respectivos órganos del Estado, un protocolo de actuación para los fiscales para casos de ataques terroristas. 3. Proyectar y promover el desarrollo de políticas públicas e iniciativas legislativas. 4. Gestionar convenios de cooperación institucional y acuerdos con otras entidades del sistema nacional incluyendo el ámbito académico, entidades del sector privado, de la sociedad civil y asociaciones de víctimas del terrorismo y el extremismo violento, como así también con otros ministerios públicos. 5. Oficiar de enlace institucional en materia de terrorismo y extremismo violento ante los órganos competentes del Estado; 6. Estudiar y analizar los factores económicos y canales de financiamiento que sostienen a personas y grupos terroristas y los aspectos específicos de su problemática; en especial, las posibles herramientas para la incautación, decomiso y congelamiento, en su caso, de los bienes utilizados para perpetrar o financiar atentados.

Y sigue. Como se ve, el campo es enorme. El programa no sólo habilita a perseguir conexiones locales de mapuches chilenos acusados de terroristas. También habilita a espiar negocios. Una persona que trabajó en la causa AMIA recuerda que bajo la excusa del financiamiento al terrorismo internacional, durante años se investigó a empresas de origen iraní en Argentina.

La AMIA es otro eje presente en el texto de distintas maneras. Vía Olima Espel. Pero también vía Casal. El procurador interino dice dos cosas: que la Secretaría funcionará en la Procuraduría Penal ante la Corte "en atención a la especialidad de la materia y a la circunstancia de que dicha área ha intervenido en las causas relativas a los atentados terroristas sufridos en territorio de la República, ya sea representando a este Ministerio Público en el proceso de jurisdicción originaria que tiene por objeto el atentado a la Embajada de Israel, o bien en la última etapa recursiva de las causas vinculadas al ataque a la sede de la AMIA". Y también señala que la Secretaría colaborará con la Unidad AMIA "en razón de los numerosos puntos de contacto objetivos y subjetivos existentes entre ambos", un dato que en realidad aparece como otra de las lecturas posibles de esta nueva unidad que así va a terminar de licuar lo que queda de la Unidad AMIA.

Pero la pregunta que sigue pendiente es: ¿por qué ahora? ¿Por qué un interino? ¿Para hacerse un espacio? ¿Para tener algo que mostrar ante un nuevo aniversario de la AMIA? ¿Para mostrar alineamientos afuera?

En diciembre del año pasado, cuando Casal anunció el proyecto, la diputada Miryam Bregman le respondió por Twitter. Dijo que detrás de esa iniciativa se escondía la intención de crear herramientas jurídicas para avanzar contra sectores sociales que protestan contra el gobierno, como las comunidades mapuches del sur. "Una vez más, usan la causa AMIA para una criminalización de la protesta y para avanzar en el control social. La impunidad se termina con la apertura de los archivos del Estado —dijo—, no con la falsa preocupación del procurador Casal ordenando una unidad antiterrorista".

 

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