Doble vara en Bahía Blanca

 

Catorce días después de ampliar los procesamientos sobre una docena de militares retirados, el juez federal Walter López da Silva fue recusado por la fiscalía de Bahía Blanca por paralizar la investigación sobre dos civiles acusados de participar en los delitos de lesa humanidad abordados en la causa. Ocurrió el viernes 13, cuando El Cohete cerraba su edición. Fue una quincena de novedades, en un expediente en letargo.

Los dos acusados sin uniforme son el empresario periodístico Vicente Massot y el abogado Hugo Sierra, que durante la dictadura era uno de los secretarios en el Juzgado Federal encabezado en Bahía Blanca por Guillermo Madueño. Pese a la insistencia del fiscal Miguel Palazzani y el auxiliar Pablo Fermento, López da Silva mantiene sus situaciones sin definición desde abril.

La investigación en que se involucra a Massot y Sierra es singular en el país: se los acusa de aportar, desde distintos roles, a la persecución contra decenas de docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) que fueron secuestrados e interrogados bajo la pantalla de una causa judicial formal por “infiltración marxista” en los claustros. De ese modo, las acciones clandestinas se encubrieron en las fojas de un expediente que enfocaba sus acusaciones en el tenor de los libros publicados o las clases dictadas.

La particular modalidad de represión fue advertida mientras ocurría. ANCla, la Agencia de Noticias Clandestina que dirigía Rodolfo Walsh, dedicó a su cobertura varios cables al promediar 1976. “Terror en Bahía Blanca”, fue el título con que en uno de sus envíos resumió el escenario de la ciudad, que el diagrama represivo consideraba ejemplificador hacia el conjunto de los focos académicos del país.

 

El gusto de la sal

Reclamada por el diario La Nueva Provincia y diagramada por el V Cuerpo de Ejército, la persecución contra docentes de la UNS surgió de un encadenado de operaciones surgido de lo que, se sospecha, fue una acción de inteligencia.

A las 9 de la noche del 29 de junio de 1976, la madre de una estudiante del Colegio Nacional bahiense denunció a la Policía Federal la conversación que su hija había oído: uno de sus compañeros ofreció a otros dos pagos por entregas secretas de paquetes. Los supuso relacionados con drogas.

Con inusitada premura, horas después se realizaron inspecciones en los hogares de dos de los tres adolescentes involucrados en el relato. El tercer domicilio no fue requisado. El padre del otro estudiante involucrado era Neil Lorenzo Blázquez, designado segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército meses más tarde. Su propio hijo adjudicó a una broma mal comprendida el diálogo con sus compañeros.

El chiste sería bien aprovechado por los adultos de uniforme. En el departamento de Sergio Custodio no encontraron nada ligado al comercio de estupefacientes. Dos pericias diferentes mostraron que los cigarrillos incautados eran de tabaco e industriales y que una bolsa de polvo blanco contenía cloruro de sodio.

 

 

Otra fue la historia cuando revisaron la biblioteca de la madre de Custodio, Stella Maris Ramírez: secuestraron material de estudio de la carrera de Asistencia Social, al que consideraron —en la jerga represiva de la época— subversivo.

A partir de entonces, el camino se simplificó, en rápida posta de eslabones. Los apuntes llevaron a la imprenta que los copiaba. En sus máquinas se imprimían también textos de la carrera de Economía de la UNS. Sobra decir que fue catalogado como herramienta de subversión. Ese departamento venía de una experiencia académica innovadora. Como otros de la UNS, durante la primavera de 1973 había tenido una conducción acorde. Pero en su caso agregó la implementación de un plan de estudios que había sido gestado en 1972 y aún hoy se recuerda por su singularidad. Jóvenes como Bruno Susani, Miguel Teubal, Oscar Braun, Héctor Pistonesi, Ernesto Bilder, José Luis Coraggio y Carlos Fidel participaron de su puesta en marcha.

Los secuestros comenzaron de inmediato, sólo frustrados en las ocasiones en que los perseguidos consiguieron escapar. Con Sierra como secretario interviniente, el Juzgado Federal de Madueño abrió la causa formal que serviría de pantalla. Luego la desglosó en una segunda, porque la represión se extendió a Humanidades. También resultaron secuestrados docentes de otras unidades académicas, cuando sus nombres fueron aportados por colegas delatores. Todo con la eficaz estigmatización de La Nueva Provincia, voz monopólica del sudoeste bonaerense. Uno de sus directivos de entonces, el único superviviente hoy, era Vicente Massot.

 

Tres A, Tres Armas

En agosto, el matutino promocionó las “sorprendentes revelaciones” que sobre la UNS volcó una conferencia de prensa protagonizada por el general Adel Vilas y el subcomisario Félix Alais. Ambos expusieron sobre la “penetración ideológica” en el ámbito universitario. Para el diario, Alais brindó “una exposición clara”, a la que no le faltaron organigramas y puntero. Sus páginas habían reclamado la persecución sobre los claustros, y la justificarían después.

 

 

La de La Nueva Provincia no fue la única cobertura de la puesta en escena. En tono diametralmente opuesto, de denuncia, ANCla apuntó que la persecución a los profesores incluyó “torpemente entre ellos a reconocidos liberales que no tuvieron dificultades para desmentir los cargos”.

Anticipando al concepto que Walsh expondría en su Carta Abierta un semestre más tarde, cuando mostró la continuidad de la Triple A y la dictadura, la Agencia destacó la celebración de Vilas a la figura del nazi rumano Remus Tetu. Rector interventor de la UNS en 1975, Tetu operó como uno de los jefes de la Triple A en la zona. Desde esos roles había regado los claustros de asesinatos, amenazas, cesantías, expulsiones y cierres de carreras. El 5 de octubre de 1976 declaró como testigo ante Madueño y Sierra, aportando nombres de decenas de docentes a ser perseguidos. Entre ellos, el de la columnista de El Cohete Mónica Peralta Ramos.

La cosmovisión de Tetu no anclaba en el eje peronismo-antiperonismo: a tono con sus orígenes —en su juventud había participado de la dictadura rumana aliada al nazismo— trazaba la antinomia en clave global: comunismo-anticomunismo. Eso explica que haya incluido en sus señalamientos a un amplio arco ideológico, acusando de aliados del marxismo a ex funcionarios de las dictaduras de José Félix Uriburu y Pedro Eugenio Aramburu.

No todos los nombres aportados por el autodenominado sociólogo fueron tomados por la tríada militar, judicial y comunicacional que ejecutó la persecución sobre el cuerpo académico bahiense. Sí fue sindicado como partícipe de la conspiración marxista Gustavo Malek, rector de la UNS y ministro de Educación en la dictadura anterior.

 

De civil

Como secretario judicial, Sierra participó en 36 interrogatorios a docentes perseguidos. Varios de ellos detectaron en las actas datos que nunca brindaron o abiertas falsedades, como la inexistente lectura de derechos o asistencia de abogados defensores. En algunos casos, el secretario interrogó a prisioneros que acababan de ser torturados. El hermano de uno de los docentes perseguidos refirió que visitó el Juzgado para consultar la situación. Fue atendido por Sierra.

—¿Desde cuándo acá tenemos que atender comunistas? —fue la respuesta.

Entrevistado en 2007 por el periodista Diego Martínez, que denunció el rol de Madueño en la cacería de profesores cuando era juez del Tribunal Oral Federal 5, Sierra reconoció que el proceso contra los docentes de la UNS había sido “totalmente injusto”.

En el caso de Massot, las publicaciones de La Nueva Provincia son elocuentes y se multiplican por centenares. La fiscalía detectó 237 artículos sobre lo que denominaba “lucha contra la subversión”, a la que en 177 oportunidades agregó verbos alusivos a aniquilar, erradicar y matar, entre otros.

Una treintena de esos artículos apuntaron a estigmatizar a los docentes perseguidos, felicitar la visión del general Vilas y congratularse por haber denunciado antes que nadie a las cátedras. El 12 de agosto de 1976, La Nueva Provincia escribió:

“Este diario –no se trata de reivindicar méritos– denunció la infiltración años atrás, cuando a todos les parecía que cazaba brujas y se empeñaba en ver fantasmas, con la hoz y el martillo, caminando por los claustros. La estrategia guerrillera era evidente. No obstante, nadie quería penetrarla. Ahora, un soldado viene a descorrer el velo que cubría tanta complicidad, viene a decirle a nuestra ciudad la verdad, por dura que parezca. Caen, hechos pedazos, muchos figurones; otros van presos merced a sus simpatías comunistas”.

Para la fiscalía, la conducta del diario se corresponde con la acción psicológica necesaria para perpetrar el genocidio y encuadra dentro de los discursos de odio tipificados una década antes, en 1966, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

 

Ser y parecer

Con los partícipes militares procesados, el juez López da Silva sostuvo su negativa a citar a indagatoria a los civiles Sierra y Massot. El miércoles 11 dedicó sólo ocho párrafos a repetir que no encontraba sospecha suficiente, aunque ambos ya fueron indagados por su participación en el plan criminal en otras causas que se siguen en la jurisdicción. La fiscalía observó que eso representaría un retroceso imposible, porque se ignoran aportes específicos que fueron valorados como sospecha suficiente en el marco general.

Además, existe un reparo técnico. El juez había delegado la investigación en los fiscales, cuyo trabajo obstruyó al negarse a los requerimientos de indagatorias. El 27 de marzo, ante un reclamo de fiscalía, la Cámara Federal de Apelaciones le recordó que no podía negarse a los pedidos sin tomar una decisión: reasumir la investigación, concluir la instrucción o sobreseer y archivar las actuaciones.

López da Silva optó por lo primero, pero desde entonces el expediente no arrojó novedades. Por eso el viernes 13 los fiscales lo recusaron, aludiendo temor de parcialidad. En su escrito, citaron jurisprudencia que ordena que un juez debe ser y parecer objetivo e imparcial.

 

 

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