Una ley audiovisual bonaerense

 

Ante un INCAA en retirada, en un contexto global de crisis y desfinanciamiento, cada provincia se pregunta sobre el destino de su cine. La fuerza colectiva de la militancia cinematográfica, con espacios que confluyen en horizontes en común, empuja proyectos que esperan llenar un dilatado vacío. Por caso, más de 700 firmas acompañan la Carta Abierta del sector audiovisual bonaerense dirigida a los senadores de la capital del país por el tratamiento de la Ley Audiovisual, cuya realidad cuenta con la aprobación en la Cámara de Diputados. A diferencia de otras provincias, y aunque resulte algo sorprendente, Buenos Aires carece históricamente de una ley de cine. 

En ocasión de un reciente encuentro en Pinamar, el director y productor Gustavo Alonso planteó que, mientras que casi todas las provincias tenían su propio logo en la exhibición de sus películas, en Buenos Aires eso no ocurría. La ley se encuentra demorada en la agitada coyuntura de fin de año. Sin mayoría parlamentaria, el sector audiovisual aguarda la decisión política de convertir al cine en una industria más profesionalizada, algo que hace cerca de una década varios trabajadores audiovisuales pusieron en la mesa del debate público. La ley, en principio, establece una serie de políticas públicas que apoyan y fomentan la actividad audiovisual en Buenos Aires y, además, establece un plan de fomento para diferentes líneas, desde el desarrollo y la producción hasta la postproducción. 

 

 

“Eso significa trabajo para nosotros y la traducción es lineal. Nos parece que la dimensión de lo económico es algo central”, explicó Flor Calcagno, realizadora y guionista. En la misma línea, Betiana Burgardt, realizadora audiovisual, docente e investigadora universitaria, cree que la ley daría posibilidad de crecimiento y futuro laboral, además de resguardar el patrimonio y la soberanía audiovisual bonaerense, con la importancia de fundar un Archivo Audiovisual Provincial que preserve, difunda y cuide los archivos regionales. Dice que todo comenzó por 2017, cuando con un grupo de compañeros y compañeras del Movimiento Audiovisual Platense (MAP), festivales, realizadores y productores audiovisuales, el gremio SATSAID y personas vinculadas a la profesión en la región de La Plata, Berisso y Ensenada comenzaron a pensar en la necesidad de una ley. Allí, con el tiempo, se sumaron integrantes de la Red Argentina de Documentalistas (RAD), que fueron un eslabón fundamental para capacitarlos en función de su experiencia con las leyes audiovisuales de Misiones y Córdoba. 

Luego se conformó el Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, cuando en la pandemia se hizo evidente el desamparo de los trabajadores del sector. “A partir de ahí, sectores de toda la provincia participamos en comisiones para armar el proyecto de ley, y este año desde el Cine Regional Organizado retomamos los Pantallazos como una forma de visibilizar nuestras producciones. Eso fue replicado en diferentes puntos del país y desde allí es desde donde estamos tejiendo puentes con otras regiones bonaerenses para que la ley sea posible”, se expresa a este medio Betiana Burgardt, que aguarda que el Senado bonaerense trate con urgencia la ley, “si no, todo se dilata mucho tiempo”.

 

 

“Hacer cine hoy en la Argentina, por fuera de la agenda que marca el Presidente, constituye en sí mismo un acto político —aporta el cineasta Carlos Castro—. Sin fomento, hay que salir a hacer cine con lo que tenemos. En momentos de crisis, afloran nuevas miradas y nuevas perspectivas. Debemos seguir pensando en los modelos de exhibición y en cómo captar la atención de los espectadores, apostando a nuevas narrativas para abordar las temáticas como un gran desafío”. 

 

 

Castro fue uno de los partícipes de la charla “Instrucciones para hacer un audiovisual político”, que, en el marco del Festival de Cine Latinoamericano de La Plata (Fesaalp), permitió cruces y puentes generacionales entre realizadores de La Plata, Berisso y Ensenada. Allí se encontraron referentes de la antigua Escuela de Cine de La Plata y del cine regional en general, de los ‘60 hacia el presente, como Nemesio Juárez, Carlos Vallina, María Marino, Marcelo Gálvez, Camila Flores y Natalia Dagatti. Un eje fue la revisión de los ‘90 en correlación con el presente y varias preguntas sobrevolaron en el aire: ¿Qué se hace frente al no apoyo del Estado? ¿Cómo usar las nuevas tecnologías e insertarse entre las comunidades digitales? ¿De qué modo exhibir un documental y llegar a los espectadores sin depender de la lógica comercial de las salas?

La charla no fue un hecho aislado: en mesas redondas, festivales y debates de diversa índole se analiza un presente crítico, sin fórmulas ni programas únicos de acción. Lo que hace tiempo consensuaron todos los sectores, más allá de sus diferencias, es la creación de una industria audiovisual con identidad bonaerense, “eficiente, de calidad y competitiva”, según la letra chica del proyecto de ley. Allí confluyen directores, productores, técnicos, guionistas, actores, actrices, sindicatos, foros, festivales, universidades, docentes y estudiantes, que representan el vasto y diverso territorio provincial. 

 

 

Entre los firmantes de la Carta Abierta presentada en el Senado se encuentran, a su vez, varias instituciones, festivales provinciales, productoras independientes, universidades y organizaciones del audiovisual nacional y bonaerense, como, entre otros, la RAD (Red Argentina de Documentalistas), Facultad de Artes UNLP, SIPREBO (Sindicato de Prensa Bonaerense), DOCA (Documentalistas de Argentina), ARAER (Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos), ADN (Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina), Cámara de Productoras Audiovisuales de Mar del Plata, UNICEN - Facultad de Arte (Tandil), UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda), Licenciatura en Producción Audiovisual (UNTREF), AsAECA (Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual), Cine Regional Organizado (La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio), Colectiva Audiovisual Feminista (La Plata), ACCOR (Asociación de Cineastas de Córdoba), APDCA (Asociación de productores y directores de Cine y Artes Audiovisuales), Productora de la Tierra (Misiones) y Wayruro Comunicación Popular (Jujuy).

“El sector audiovisual ha dado una muestra de convocarse espontáneamente desde hace años para impulsar esta normativa —comenta Igor Galuk, integrante del MAP—. En la actualidad, la industria audiovisual es una de las más importantes en aportar riqueza y generar empleo de calidad a nivel global, pero además, es valioso destacar que las sociedades y culturas encuentran en el arte y la comunicación audiovisual un modo clave para visibilizarse, reconocerse y construirse en el mundo contemporáneo”. 

En la Argentina, unas quince provincias cuentan con sus propias leyes de fomento audiovisual, entre ellas Mendoza, Córdoba, Jujuy y Misiones. Según estadísticas oficiales, eso ha generado un aumento en la producción y exportación de contenidos audiovisuales de calidad, con la generación de fuentes de trabajo genuinas, directa e indirectamente, en todos los eslabones de la producción: desde el expertise técnico hasta oportunidades de alojamiento, gastronomía y turismo. Además, dichos marcos legales provinciales han promovido también las inversiones nacionales y extranjeras, a través de co-producciones con otras provincias e incluso con países limítrofes. 

En la Carta Abierta presentada en el Senado, se explica que las leyes audiovisuales provinciales son la herramienta que permite a las comunidades regionales narrar sus propias historias, “construir sus propios relatos sociales y culturales, que en definitiva constituyen la más deseada libertad de expresión y la soberanía e identidad de los pueblos”. Lo que arrancó en 2017 a circular en charlas y conversatorios en distintas universidades y festivales provinciales, reuniones, congresos y foros, y que se fue enriqueciendo con expresiones de diversos colectivos y organizaciones, está a un paso de convertirse en realidad, si es que el Congreso bonaerense lo permite. 

“Este presente agravó aún más las problemáticas históricas que el sector viene padeciendo, como la permanente migración de talentos formados en universidades públicas de nuestro territorio hacia Capital Federal. Además, se dio el cierre y achicamiento de los canales regionales, con las dificultades en el acceso a capacitaciones y especializaciones de nuevas herramientas y tecnologías. Es por todo eso que la provincia necesita un marco legal que regule la actividad, promueva la industria audiovisual y garantice el derecho a la cultura y el trabajo”, remarca Flor Calcagno.

“Si años atrás esta ley era necesaria, con los tiempos que corren, hoy nos resulta imprescindible. En el último año, los trabajadores de la cultura y del sector audiovisual nacional se vieron fuertemente afectados por la creciente desocupación”, acota la actriz y realizadora documental Adriana Sosa. La falta de inversiones e incentivos en la materia, el constante vaciamiento del INCAA, del Fondo Nacional de las Artes y otros fondos públicos nacionales atentaron duramente contra la producción, distribución y comercialización del cine nacional y los contenidos audiovisuales. “Por si fuera poco, se impidió el normal funcionamiento de los festivales provinciales, que son las grandes pantallas que ofrecen contenidos a nuestras comunidades —analiza Sosa—. Todo esto profundiza la crisis del sector y propone un futuro incierto para generaciones de estudiantes, docentes y graduados en materia audiovisual”.

 

 

 

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