Los hijos de la extorsión

 

La democracia limitada que diseña el actual gobierno tiene sus consecuencias. De alguna manera fueron sugeridas en mi nota anterior. Intento desarrollarlas a partir de un eje central de la metodología con que se ejerce esta democracia frágil institucionalmente, limitada en su centralidad conceptual, pero esencialmente extorsiva respecto de todos los actores del amplio espectro de responsables de los diferentes estamentos institucionales del país: legisladores, gobernadores, intendentes, jueces y ministros en sus respectivos niveles funcionales.

Esa modalidad de ejercer el poder le ha otorgado al gobierno nacional algunos éxitos provisorios, y también le dio la posibilidad de obtener reformas estructurales para el diseño de otro país diferente al conocido, más allá de sus facultades constitucionales (hubieran requerido una reforma de esa norma básica). 

La extorsión funciona claramente a partir de la toma de decisiones ilegales o en el límite de la legalidad, siempre ilegítimas, a menudo inconstitucionales, con las características propias de un sistema autoritario que coloca al agraviado, ofendido en sus derechos o facultades, en el límite de su capacidad de respuesta al ataque recibido de una autoridad superior y a sus represalias en caso de defensa de sus autonomías, derechos y obligaciones institucionales.

El carácter extorsivo está definido por el exabrupto, la desproporción de las medidas, la disrupción con todo lo conocido y tolerado en una convivencia democrática, la eliminación de derechos obtenidos y reconocidos por la práctica institucional, con graves consecuencias para la continuidad del funcionamiento normal de la vida social y económica. 

Ante la extorsión, el funcionario tiene pocas opciones:

1) Resiste a todo lo que rompa la legalidad manifiesta y se atiene a las consecuencias, intentando su acceso a la Justicia, con las limitaciones que ello implica, y asume todo tipo de represalias.

2) negocia con las autoridades nacionales formas de moderar su avance sobre los derechos propios, para lo cual inicia un camino incierto en el que juegan todo tipo de intercambios, inclusive cercanos a la inmoralidad conceptual o efectiva, es decir, declinando dignidad funcional y aceptando beneficios en carácter de contraprestaciones necesarias para su ámbito de responsabilidades. En el límite, beneficios personales.

3) Ante el avance irrefrenable y desmedido de la extorsión, algunos gobiernos provinciales o funcionarios diversos han aceptado la humillación institucional y la quita de derechos, pasándose al oficialismo de una u otra manera. En general, con algunos beneficios, no muchos, para sus pueblos o para los propios funcionarios.

El resultado de esas respuestas a la modalidad extorsiva del gobierno viene aparejado con dos circunstancias bastante claras:

a) Contra lo que se predicaba respecto de la casta, el enaltecimiento de esta clase por la vía de importantes grados de corrupción. Entiéndase que cuando hablamos de corrupción no estamos aludiendo a pagos por izquierda o cosas de ese tipo: estamos mencionando lo que implica sujetarse a aceptar lo que no corresponde por la presión que ejerce el poder y negociar al respecto. En esos casos siempre se ceden derechos, en general, de los pueblos, y facultades institucionales: ¿qué mayor corrupción que esas manchas a la institucionalidad democrática? Esta situación difícilmente es comprobable y sólo se aprecia por vías indirectas que la población, la política y los medios detentan rápidamente y denuncian, aunque sepan las dificultades de agregar las pruebas correspondientes. Salvo casos muy excepcionales. Pueden ocurrir también casos de corrupción explícita. En ambos casos, la institucional y la explícita, queda claro para la sociedad la existencia misma de la corrupción.

b) La otra consecuencia, tan grave o más aún para el país, es la inseguridad jurídica que deriva de obtener normativas en los límites de la legalidad, últimamente en la ilegitimidad manifiesta, en la inconstitucionalidad planteada y en la legalidad teñida de sospechas importantes de corrupción. En este último caso, en el contexto de lo expresado en mi nota anterior ya mencionada, respecto del comportamiento de la Justicia federal, o en la ausencia de su actividad como tal.

Ya se han escuchado voces, como la de Myriam Bregman, alegando nulidad de la Ley Bases por este tema. Esa nulidad solo podría prosperar luego de un largo proceso judicial, y aun así salir airosa la normativa denunciada. Lo que no se puede impedir, dada la calidad y característica de dicha normativa, es la inseguridad jurídica como consecuencia de cualquier planteo judicial al respecto.

Los últimos hechos de público conocimiento que afectan la llamada ley ómnibus son un claro indicio de una consecuencia no prevista de la modalidad extorsiva.

Es más, ya se aprecian otras circunstancias de inseguridad en la retracción de determinadas inversiones de magnitud que regula la denominada Ley Bases, no sólo en las sospechas ya mencionadas, sino también, y especialmente, en el exceso injustificable de beneficios que otorga a determinadas inversiones, contrarias a los intereses del país emisor. 

Esos excesos, sumados a las características disruptivas del gobierno argentino, apreciadas en el ámbito global, predicen una cautela importante de los capitales, que si de algo saben mucho es de huir de situaciones conflictivas o de inseguridad importante. Ya existen algunos ejemplos, sin necesidad de recurrir a los últimos hechos públicos, en las áreas de recursos naturales.

La extorsión y sus consecuencias no son sólo una modalidad de un gobierno disruptivo, como analizan con detalles exhaustivos algunos especialistas que hacen gala de sus hallazgos en la descripción de un gobierno tan particular. Ese método y procedimiento responde a la voluntad de reestructurar el país para hacerlo pasible de ser una colonia-enclave de la que se puedan sustraer —con importantes beneficios y libres de trabas molestas— los recursos naturales que en abundancia posee, en este especial momento de la demanda del norte global.

Para lo cual la pobreza de las mayorías, la injusticia social y otros daños al conjunto de la sociedad son temas menores, anestesia de la población mediante; y, como expresa con claridad Serrano Mansilla, en tanto la sociedad y su clase política metabolizan el experimento.

 

 

 

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