Milei, año uno

 

El 10 de diciembre de 2023 Javier Milei y Victoria Villarruel asumieron el gobierno argentino. A un año de ese momento, presentamos un informe especial que elaboramos para sistematizar sus políticas, sus consecuencias y qué hicimos para contrarrestarlas.

Sin muchos límites políticos o judiciales, mes a mes el gobierno fue consolidando el fin de un proyecto de país igualitario. Entre los pilares que sostienen sus políticas, encontramos la transferencia de riqueza hacia sectores ricos, las restricciones en el espacio cívico, el disciplinamiento social y la vigilancia sin controles. A pesar de lo que dice la propaganda oficialista, lo principal no fue “achicar” el Estado sino sintonizarlo con un modelo de país en el que es más fácil acumular riqueza y más difícil ejercer derechos.

 

1. Marco regulatorio: un Estado más fuerte que nunca [1]

Javier Milei asumió la presidencia con un programa ambicioso de transformación de las relaciones jurídicas entre las personas y el Estado y entre las personas entre sí. Estos cambios son presentados como “desregulación” o “ajuste” y fundamentados en una suerte de descalabro previo; sin embargo, se trata de un nuevo andamiaje regulatorio funcional a la restricción de los derechos de algunos sectores sociales y la ampliación del poder de otros. La reforma alcanzó a gran parte de la infraestructura legal y fue simultánea al achicamiento de la institucionalidad estatal.

Durante este primer año, el Poder Ejecutivo (PEN) mostró un impulso frenético para materializar reformas normativas y se apalancó en tres herramientas que le permitieron evitar, en gran medida, al Congreso de la Nación: el DNU 70/23, la Ley Bases y las resoluciones ministeriales.

Con el DNU 70/23, el PEN se atribuyó facultades extraordinarias como nunca antes había sucedido. Declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Unilateralmente, derogó o modificó de manera estructural más de 80 leyes con el propósito de concretar un cambio de régimen transformando el rol del Estado en decenas de ámbitos en los que cada día se dirime la vida de millones de personas: las relaciones de trabajo, el alquiler de viviendas, la propiedad de las tierras, la medicina privada, etcétera.

La Ley Bases 27.742 refrendó la declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética y le otorgó al PEN facultades delegadas durante un año. Así, el gobierno consiguió que el Congreso aprobara reformas económicas importantes como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, por sobre todas las cosas, legitimar sus facultades para usar al decreto como herramienta fundamental de gobierno.

Desde entonces, el Presidente Milei reformó a través de decretos de necesidad y urgencia el sistema nacional de inteligencia, el sistema de jubilaciones y pensiones, el sistema de telecomunicaciones e internet. Cambió las reglas de numerosos ámbitos de la vida nacional: en algunos casos retiró al Estado de sus funciones con el argumento de que entorpecía el funcionamiento virtuoso de las relaciones económicas; en otros, lo endureció incrementando sus capacidades de control y vigilancia.

El Presidente Milei no encontró demasiados límites políticos o judiciales a su proyecto de transformación. Con las facultades delegadas consiguió atribuciones extraordinarias que en condiciones normales el PEN tiene prohibidas y con esa demostración de fuerza relegitimó su autoridad y capacidad política. Con ese mecanismo, intervino instituciones, disolvió organismos, desfinanció o eliminó fondos fiduciarios para políticas distributivas como el fondo para los barrios populares, cerró medios públicos y cambió reglas de la administración pública.

La discusión por el uso de estas herramientas se trasladó al Congreso, que tiene facultades para controlar los DNU y los decretos delegados. Hasta el momento, sólo rechazó el decreto que pretendió otorgar una partida millonaria en fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), mientras que el DNU 70/23 fue impugnado por el Senado y no por Diputados. En muchos otros casos, aun cuando es evidente que los decretos no cumplen con los requisitos constitucionales o que exceden las atribuciones concedidas, el gobierno logró imponer sus decisiones.

Otra estrategia usada para evitar el Congreso fue modificar los decretos reglamentarios en lugar de cambiar las leyes. Esto sucedió con el decreto que modificó las reglas para acceder a información de interés público: sin modificar la ley de acceso a la información, restringió sensiblemente su aplicación. En el caso de la ley de inteligencia el decreto modificó el sistema de clasificación de información para hacerlo restrictivo por razones de seguridad nacional. Este tipo de decretos son una atribución del PEN, que no requiere un control parlamentario, pero la Constitución Nacional señala que no pueden “alterar el sentido de las leyes”.

Por último, el gobierno echó mano a las resoluciones ministeriales, sobre todo en materia económica, de salud y de seguridad. Así modificó, por ejemplo: mecanismos de control de las cuotas que cobran las empresas de medicina prepaga, las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta (el “protocolo antipiquetes”), las facultades de uso de la fuerza por parte de funcionarios policiales (el protocolo de uso de armas de fuego), las condiciones para patrullar las redes sociales en busca de “delitos”. Los contenidos de estas normas de bajo rango administrativo le corresponden al Congreso, pero se las etiqueta como si fueran simples protocolos para avanzar asumiendo competencias que en verdad los ministerios no tienen.

El Poder Judicial no puso límites significativos a este uso de facultades legislativas que no le corresponden al PEN.

En el caso de los decretos de necesidad y urgencia el más controvertido fue el maxi DNU 70/23 que sí tuvo algunos fallos en contra. La justicia laboral frenó la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, en casos impulsados por centrales sindicales y algunos sindicatos. La justicia civil limitó algunos de los aumentos desorbitantes causados por la desregulación de la medicina privada en casos individuales. Y la justicia federal de La Plata anuló la derogación de la ley de tierras, en un reclamo de los excombatientes en la guerra de Malvinas. Otras reformas que fueron judicializadas lograron abrir discusiones que pueden ser alentadoras, como por ejemplo el vaciamiento de las políticas contra la violencia de género, la reducción de los fondos para la integración socio urbana, la asistencia alimentaria a comedores y el protocolo antipiquetes.

Más allá de estos casos, la gran mayoría de las causas que se iniciaron para discutir la inconstitucionalidad del DNU 70/23 fue desestimada por razones formales basadas en que no se puede atacar una norma general sin una afectación concreta en un caso en particular. Es decir, que cada persona o grupo que se considera perjudicado tiene que litigar su caso a medida que vaya sufriendo afectaciones concretas a sus derechos como consecuencia de la aplicación del DNU. Hasta el momento, el mensaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que no puede discutir en abstracto que el PEN haya cambiado las reglas de juego por fuera de lo que le permite la Constitución.

La crisis económica y la idea de que el Estado argentino era ineficaz son los argumentos para restringir los derechos de los sectores que tienen menos riqueza acumulada y debilitar el control y la participación social en asuntos públicos. Cuando las reglas sirven para equilibrar relaciones desiguales se las elimina. Cuando se quiere obstaculizar el acceso a derechos se imponen nuevas. Hasta el momento, Javier Milei tuvo pocos obstáculos para esta estrategia política y jurídica de hecho que le permitió evadir al Congreso y al Poder Judicial: decretar una reforma estructural quedó así convalidado como forma de gobierno.

 

Síntesis de los cambios más relevantes

A través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), decretos reglamentarios y delegados y resoluciones ministeriales el poder ejecutivo avanzó en:

Modificar y derogar decenas de leyes

Entre ellas, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento, las leyes de Promoción Industrial y Comercial, la Ley de Tierras, el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y los Códigos Civil y Comercial y Aduanero de la Nación.

 

La reforma del Estado y la reorganización de la administración pública

• Modificaciones por DNU de la Ley de Ministerios para achicar la administración.
• Intervenciones a varias instituciones: Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Agencia Federal de Inteligencia, Administración Nacional de Aviación Civil, obras sociales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, educ.ar, Télam, Radio Nacional, Contenidos Públicos, Defensoría del Público, entre otras.
• Disolución de organismos y fondos: Inadi (Decreto 696/2024), fondos fiduciarios, Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Decreto 1020/2024).
• Reforma del régimen de empleo público. Administración Pública Nacional. Contrataciones de personal. Decreto 866/2024.
• Declaración y ejecución de emergencias energéticas, ferroviarias, entre otras. Emergencia pública en materia ferroviaria. Disposiciones. Decreto DNU 525/2024.
• Trámites para iniciar privatizaciones: por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Poder Ejecutivo Nacional. Aerolíneas Argentinas S.A. Declárase sujeta a privatización. Decreto 873/2024.
• Habilitación para vender inmuebles del Estado (sitios de memoria entre ellos). Agencia de Administración de Bienes del Estado. Enajenación de inmuebles del Estado Nacional. Decreto 950/2024.
• Poder Ejecutivo Nacional. Leyes 18.398 y 19.349. Modificación. Decreto 724/2024.

 

Reformas de desregulación económica

• Deuda Pública. Disposiciones. Decreto DNU 56/2023.
• Reformas del comercio exterior y promoción de modificaciones del Código Aduanero.

 

Reformas al sistema de protección de derechos sociales y laborales

• Asignaciones familiares. Movilidad. Modificación Ley 27.160. Decreto DNU 194/2024.
• Movilidad jubilatoria. Ley 24.241. Modificación Decreto DNU 274/2024.
• Ley de Solidaridad social y Reactivación productiva. Ley 27.541 Prórroga. Decreto 134/2024.
• Fondo Solidario de Redistribución. Modificación Leyes 23.660, 26.682 y Decreto 576/1993 Unificación de los montos de aportes. Decreto DNU 600/2024.
• Seguridad Social. Bono extraordinario previsional. Decreto 783/2024.
• Veto. Proyecto de Ley registrado como 27.757. Veto Decreto 879/2024.
• Veto. Proyecto de Ley registrado como 27.756. Decreto 782/2024.
• Poder Ejecutivo Nacional. Disposiciones. Modificación Ley 24.241 y Decretos 331/2022 y 280/2024. Decreto DNU 846/2024.
• Pensiones. Modificación Decreto 432/1997. Decreto 843/2024.
• Servicio Público. Vías navegables de jurisdicción nacional. Disposiciones. Decreto DNU 699/2024.

 

Reformas de desregulación de las telecomunicaciones y servicios TIC

• Télam Sociedad del Estado. Dispónese transformación. Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal. Decreto 548/2024. Intervenciones. Sociedades del Estado. Disposiciones. Decreto 117/2024.
• Argentina Digital. Disposiciones. Modificación Ley 27.078. Decreto DNU 302/2024.

 

Reformas de seguridad, inteligencia y defensa

• Zona militar. Declaración. Decreto DNU 350/2024.
• Sistema de inteligencia nacional. Disposiciones Decreto DNU 614/2024. Sistema de inteligencia nacional, Adecuación de la estructura orgánica y funcional Decreto 615/2024. Sistema de inteligencia nacional. Asignación de fondos. Decreto DNU 656/2024.
• Unidad de Información Financiera Ley 25.246. Modificación Decreto 891/2024.
• Poder Ejecutivo Nacional. Reconocimiento y Protección al Refugiado. Modificación Ley 26.165 DNU 942/2024. Poder Ejecutivo Nacional. Ley 26.165. Modificación Decreto 819/2024.
• Ministerio de Seguridad. Fuerzas policiales y de seguridad federales. Adecuación delitos en ambientes cibernéticos. Resolución 428/2024.
• Derecho de Acceso a la Información Pública. Reglamentación de la Ley 27.275. Modificación del decreto 206/2017. Decreto Reglamentario 780/2024.

 

Reformas al sistema de salud

• Obras sociales. Decretos 576/1993 y 1993/2011. Modificación: Decreto 171/2024.
• Derogación de la Ley 27.113 que declaraba de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública y que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Artículo 264 del DNU 70/2023.
• Poder Ejecutivo. Modifícase la Reglamentación de la Ley 17.565. Decreto 1024/2024.

 

 

2. Espacio cívico: ejercer derechos democráticos es hoy más peligroso [2]

Organizarse, participar, demandar, manifestar en las calles, expresar opiniones, son todas prácticas básicas de la democracia, tan importantes como votar, y están protegidas por nuestra Constitución y por diferentes leyes. Llamamos espacio cívico al entorno para el ejercicio de estos derechos, que puede ser más o menos propicio. En la Argentina desde diciembre de 2023 es más difícil ejercerlos sin correr riesgos de distinto tipo. Esto genera miedo y busca desincentivar la participación de la sociedad en la discusión de los asuntos públicos.

 

Restricciones a las manifestaciones públicas

Apenas asumido, el gobierno de Milei, a través del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, decidió considerar como un delito a casi todas las formas de protesta más frecuentes en el país. Lo hizo sin modificar el Código Penal, apenas con una decisión administrativa: la resolución 943/23. Se incluyó allí un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que restringe el ejercicio de los derechos de reunión y expresión. A partir de esta decisión administrativa, el gobierno considera que cualquier manifestación pública que disminuya la circulación de vehículos constituye un delito en flagrancia, y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan sin orden judicial a quienes se manifiestan. También habilita a la policía a recabar información sobre las personas y organizaciones que se manifiesten con el fin de perseguirlas penalmente. Este Protocolo funcionó durante todo 2024 como una justificación para que, en cualquier situación, las policías actúen de manera violenta y arbitraria. A partir de estas nuevas reglas, la actitud policial en las calles durante los operativos es de hostigamiento constante.

 

Represión y criminalización de manifestantes

Desde diciembre de 2023 la política del gobierno nacional es reprimir y dispersar manifestaciones públicas. En estos episodios se reiteraron el uso abusivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, malos tratos y vejaciones a las y los detenidos, y su posterior judicialización. Las represiones más violentas se dieron frente al Congreso Nacional, en especial cuando se sancionó la denominada “Ley Bases” el 12 de junio. Durante septiembre hubo hechos de violencia policial y uso indiscriminado de gases lacrimógenos contra jubilados, jubiladas, niñas y niños. También fueron gaseados diputados y representantes sindicales.

Hasta septiembre de 2024 se contabilizaban al menos 723 personas que sufrieron heridas de distinta gravedad por la represión policial. 50 eran trabajadores de prensa.

 

 

La represión fue acompañada de detenciones de manifestantes, casi siempre arbitrarias, realizadas por los efectivos policiales al momento de dispersar las protestas. Desde diciembre de 2023 al menos 104 personas fueron detenidas en operativos policiales contra manifestaciones públicas en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Algunas personas fueron detenidas por resistirse al avance policial que buscaba desalojarlas de espacios públicos. Pero la mayor parte fue simplemente detenida al azar. Incluso hubo casos de personas detenidas que ni siquiera estaban participando de las manifestaciones, sino transitando por zonas cercanas.

La criminalización contra manifestantes el 12 de junio fue especialmente grave. Ese día fueron detenidas 33 personas. La fiscalía las acusó de delitos gravísimos, como sedición e intento de golpe de Estado, y fueron trasladadas a prisiones federales, como si se tratara de presos de máxima peligrosidad. Las imputaciones de la fiscalía fueron completamente determinadas por una serie de mensajes públicos emitidos por el gobierno nacional durante los hechos de represión. A través de sus redes sociales, el Presidente de la nación, varios funcionarios y sus milicias digitales caracterizaron a quienes se manifestaban como “terroristas” e instalaron la idea de que la protesta tenía por objetivo producir un golpe de Estado. El fiscal pidió imputarlas respondiendo a esta narrativa del gobierno. La justicia demoró varios días e incluso semanas en corroborar que no existían pruebas para sostener la hipótesis de la fiscalía. Las personas fueron recuperando su libertad en etapas. La última fue liberada el 8 de septiembre, es decir, pasó 85 días detenido por manifestarse.

 

Persecución a organizaciones sociales

El gobierno nacional inició una persecución contra los movimientos sociales que en los últimos años cumplieron diversos roles de intermediación entre el Estado y los sectores más pobres de la población, como la distribución de alimentos y la gestión de planes sociales y cooperativas. También se convirtieron en un actor político relevante al organizar y expresar en las calles las demandas de estos sectores.

La persecución se desarrolla en dos frentes. Por un lado, a través de decisiones administrativas que restringen la protesta y multan a las organizaciones que convoquen, difundan o participen de manifestaciones. El Ministerio de Seguridad comenzó a implementar una medida insólita: intentar cargar a las organizaciones con los costos de los desmedidos operativos policiales. El Estado se desentiende así de una de sus funciones clave (proteger a las y los manifestantes y garantizar el ejercicio de sus derechos), pero además deja en claro que concibe a las manifestaciones como situaciones irregulares o desmanes por los que deben pagar quienes las organizan.

El otro frente es la apertura de causas judiciales contra movimientos sociales, bajo la excusa de supuestas situaciones de coacción a personas para participar de protestas, o por malversación de recursos estatales. En el marco de estas causas, iniciadas por denuncias anónimas fomentadas por el gobierno, los fiscales solicitaron y en general los jueces habilitaron medidas de prueba muy invasivas, como allanamientos a sedes de organizaciones y comedores barriales, secuestro de celulares y computadoras, etc. La información guardada en esos celulares y computadoras es inmediatamente filtrada a la prensa, que despliega operaciones de estigmatización de organizaciones, referentes y militantes, publicando sus datos personales.

El gobierno también estigmatiza y hostiga a organizaciones sindicales. En el caso de las y los trabajadores de la educación y de la línea aérea estatal, propuso declarar sus actividades como “servicios esenciales” para limitar o eliminar el derecho a huelga. También declaró que Aerolíneas Argentinas se encuentra ahora “sujeta a privatización”, como respuesta a un conflicto por reclamos salariales de sus trabajadores. Otra modalidad de protesta como el bloqueo de empresas fue objeto de un protocolo específico aprobado por el Ministerio de Seguridad (Resolución 901/2024) que, sin mediar reforma penal alguna, convierte a esta práctica en un delito y faculta a las fuerzas de seguridad a intervenir sin orden judicial para hacer cesar el bloqueo, identificar a quienes llevan adelante la acción y hacer la denuncia ante la justicia.

 

Qué hicimos frente al ataque a la protesta social

• En diciembre de 2023, presentamos un amparo colectivo contra el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. Durante seis meses el Poder Judicial evitó dar una respuesta, trasladando la responsabilidad de un juzgado a otro. En junio, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 aceptó la causa y en agosto le pidió al Estado que presente el informe previsto en la Ley de amparo. En septiembre contestamos los argumentos con los que el gobierno defendió el protocolo. En noviembre el juez invitó a todas las organizaciones sociales, sindicales y demás interesados a presentarse en la acción colectiva.
• Junto a otras organizaciones visibilizamos la situación ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En enero tres relatorías de la ONU presentaron una nota al gobierno señalando los graves problemas del Protocolo. La CIDH hizo numerosos recordatorios acerca de los estándares interamericanos que establecen que “el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. En julio el gobierno debió explicar su política contra las manifestaciones en una audiencia ante la CIDH, en la que reiteró que considera a los manifestantes como “golpistas”.
• Presentamos dos denuncias penales en la justicia federal para que se investigue la actuación de las fuerzas de seguridad. En las represiones del 31 de enero, 1 y 2 de febrero, acompañamos a SiPreBA y Argra, en su reclamo judicial por la violencia policial desatada sobre periodistas y fotorreporteros. Y el 12 de junio presentamos otra representando a Gabriel Famulari y Juan Ignacio Spinetto (detenidos de manera arbitraria), Stella Maris Chevallier (jubilada gaseada por Prefectura) y Mariano Dalaison (fotógrafo baleado por Gendarmería).

 

Vigilancia masiva en el entorno digital

El gobierno tomó diversas decisiones para incrementar las capacidades de vigilancia y al mismo tiempo disminuir los controles. Así, habilitó atribuciones inconstitucionales a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia para vigilar e intervenir en el entorno digital. El objetivo declarado es prevenir o perseguir a quienes delinquen, pero en la medida en que la protesta social es considerada un delito por el gobierno, está claro que estas capacidades aumentadas de vigilancia se orientan también a disciplinar el disenso político.

El Ministerio de Seguridad publicó un protocolo de “ciberpatrullaje” (Resolución 428/24) que otorga amplias facultades a las fuerzas policiales para realizar tareas de monitoreo en fuentes abiertas (páginas de internet, plataformas, redes sociales). Con la excusa de prevenir delitos, se permite a la policía observar cualquier tipo de actividad en fuentes abiertas, lo cual genera de por sí un efecto disuasivo que limita la libertad de expresión en el entorno digital. Pero además esta práctica está autorizada para prevenir “cualquier delito del que se pueda tener noticia en el ciberespacio”, con lo que existe un riesgo cierto de que estas tareas de monitoreo de redes y plataformas se orienten a producir información y eventualmente criminalizar expresiones de disidencia política.

El “ciberpatrullaje” y el uso de herramientas automatizadas para predicción de delitos y perfilado de personas son otros aspectos preocupantes que surgen de la resolución 710/24 del Ministerio de Seguridad que creó una “Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad”. El carácter difuso de las tareas y atribuciones de esta unidad no hace más que aumentar la preocupación y el riesgo de que sea utilizada con fines que vulneran la privacidad y la libertad de expresión. En el mismo sentido, se creó en el ámbito de la nueva SIDE una Agencia Federal de Ciberseguridad, que fue autorizada a interceptar comunicaciones privadas –conversaciones telefónicas, correos electrónicos y chats– y a recolectar, adquirir y procesar “toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional” alojada en bases o bancos de datos privados o archivos digitales privados. En ningún momento especifica con qué criterios se establece que algo es relevante.

 

Qué hicimos contra el avance de la vigilancia masiva online

• Realizamos un pedido de información a la ministra de Seguridad de la Nación sobre el funcionamiento de la unidad de ciberpatrullaje e inteligencia artificial, junto con Amnistía Argentina, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), Democracia en Red, Access Now, Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). La respuesta insuficiente que recibimos dejó en claro que no existen definiciones claras sobre qué herramientas se utilizarán, cómo y con qué controles.
• En la acción contra el DNU 614/2024 que modificó el sistema de inteligencia enfatizamos que la Agencia Federal de Ciberseguridad creada por ese decreto tiene atribuciones inconstitucionales que darían lugar a prácticas ilegales de vigilancia e inteligencia, por lo que le solicitamos al Poder Judicial que declare la nulidad del decreto.

 

Hostigar para vaciar la conversación

El ejercicio de la libertad de opinión y expresión también se hizo más arduo en la Argentina desde diciembre de 2023.

Las y los trabajadores de prensa son blanco de agresiones verbales permanentes por parte del Presidente de la Nación, con una intensidad y frecuencia nunca vista en las últimas décadas en nuestro país. A lo largo de este primer año todas las asociaciones profesionales de los medios de comunicación se pronunciaron para denunciar este tipo de agravios, que no hicieron más que continuar.

Manifestarse a través del discurso no se ha hecho una actividad hostil únicamente para las y los periodistas: cualquier persona con una cuenta en redes sociales que opine sobre algún tema relevante para el oficialismo es potencialmente receptora de ataques concertados en las redes sociales. En muchos casos, la violencia trasciende el ámbito digital e incluye amenazas, acoso en los domicilios y otras formas de amedrentamiento.

Esta práctica no se inauguró este año sino que integra el repertorio del activismo de la ultraderecha a nivel global y no es independiente del funcionamiento algorítmico de algunas redes sociales, pero su articulación con dependencias del Poder Ejecutivo permitió que se estabilice como el modo predominante de comunicación del oficialismo. Así, tanto la comunicación presidencial como sus activistas transforman a las redes sociales en un espacio difícil de habitar.

La autocensura por el temor a los ataques digitales se volvió habitual. Este escenario represivo para la libre expresión afecta el debate público y en consecuencia la participación y la posibilidad de organizarse para cuestionar medidas de gobierno.

En septiembre, el gobierno, a través de un decreto restringió el ejercicio del derecho a la información pública, estableciendo restricciones y obstáculos. Esta decisión introdujo dificultades y límites para quienes buscan conocer detalles de los actos de gobierno, como por ejemplo acceder a datos precisos sobre cómo se organiza y financia la comunicación pública.

En paralelo, como parte de su programa de achicamiento de ciertos sectores del Estado, el gobierno cerró el servicio informativo de la agencia Télam, que realizaba un aporte clave para el acceso a información federal de interés público y degradó la gestión de los medios de comunicación públicos. En tiempos de una alta concentración económica y geográfica de la propiedad de los medios de comunicación, la decisión de fragilizar el ámbito de la comunicación pública no hace más que empeorar las condiciones para el ejercicio del derecho a acceder a información plural y diversa.

 

Qué hicimos contra los ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información

• Construimos una propuesta de formación para activistas que incluye un componente relacionado con la comunicación, a modo de aporte a la movilización y organización social en este escenario restrictivo.
• Junto con un grupo amplio de organizaciones informamos a la CIDH de las regresiones en materia de derecho a la comunicación y libertad de expresión.
• En una audiencia ante la CIDH sobre el derecho a la protesta incluimos la represión policial especialmente dirigida a las y los trabajadores de prensa.
• Reclamos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación que se deje sin efecto el decreto reglamentario de la ley de acceso a la información.

 

 

3. Derechos: para cada necesidad hay un mercado [3]

El “retiro” del Estado es una metáfora que no sirve para todas las acciones del gobierno de Javier Milei en este año largo. Estuvo proactivo y presente para hacer propuestas de desregulación, de beneficios impositivos para los sectores más ricos –como reducir la cantidad de personas que pagan bienes personales–, para brindar ventajas económicas a empresas de distintos rubros como la medicina y la explotación minera, para privilegiar la primarización productiva. Mientras tanto, el ajuste del gasto que hizo durante el primer trimestre del año fue, en sus propios términos, “el más grande de la historia de la humanidad” e impactó sobre todo en las y los jubilados, trabajadores formales e informales, docentes, sector público. El Estado estuvo presente para derogar las leyes de alquileres, de abastecimiento, de góndolas, para flexibilizar las importaciones, para reponer el impuesto a las ganancias para la clase media.

El primer gobierno liberal libertario implementó un plan regido por el DNU 70/23, la Ley Bases y normativas específicas para retirar regulaciones que obstaculizaban la lógica del mercado. La explicación es que el país estaba sumido en una maraña de regulaciones que entorpecían al sector privado y alimentaban la burocracia estatal. Sin embargo, esa idea de simplificar la vida retirando trabas normativas tuvo otro objetivo político concreto: desregular para quitar protección jurídica. La consecuencia de este tipo de desregulación es la desprotección de sectores amplios de la población, que cuando pretenden reclamar por derechos no tienen ya un marco legal para hacerlo.

El ajuste tiene distintas caras. Una importante es que propone el fin de un proyecto de país igualitario. El recorte de gastos implicó no solo cumplir con el objetivo declarado de “arreglar la macroeconomía” sino que fue acompañado por leyes y desregulaciones que generaron: 1) mejores condiciones de acumulación para algunos sectores de la economía y 2) un Estado más chico y orientado a proteger el modelo de negocios.

Este programa de mercantilización y desregulación jurídica aumentó la desigualdad con una fenomenal transferencia de riqueza desde los sectores medios y empobrecidos hacia los sectores ricos y concentrados.

Hoy hay un 52,9% de pobreza, según el INDEC, es decir 5,3 millones de nuevos pobres y 2,9 millones de indigentes nuevos. El ajuste tiene efectos visibles y cotidianos en el monto de las jubilaciones, en los sueldos docentes, en la caída de los programas sociales, en el aumento o la falta de cobertura en medicamentos, en los 14 millones de libros no comprados para estudiantes de primaria y secundaria de todo el país, en la reducción del presupuesto universitario, en la capacidad de compra de quienes trabajan en la informalidad y en la calidad de vida de quienes viven de su trabajo. El retiro territorial del Estado se materializa en el cierre de ventanillas de atención estatal, como los Centros de Desarrollo Territorial, los Centros de Acceso a la Justicia, las delegaciones del programa Acercar Derechos, y en la baja calidad de otros servicios debido a la falta de personal, como sucedió con la reducción de la atención en la línea 144 o del Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente. También en la paralización de las obras públicas de integración socio urbana de las villas y asentamientos de todo el país. Otra cara del ajuste es que si los ingresos no alcanzan y aumentan servicios como la medicina o la educación privada, las familias los suspenden y se incrementa la demanda para un sistema público ya ajustado.

La desregulación y la desprotección se ven en la porción de comida. Un millón de niños y niñas se van a dormir sin comer, según Unicef. El 65% de las familias hizo recortes en su alimentación. El gobierno dejó en pie sólo las políticas de transferencia de ingresos directa a las personas, que por sí solas no mitigan los efectos de la recesión en el mundo laboral y no alcanzan para rebatir los efectos de la falta de apoyo del Estado a las organizaciones sociales que hacen trabajo comunitario. La estigmatización de las organizaciones, la resistencia a enviar alimentos a los comedores, además de mostrar un deseo de ruptura de la organización social, contribuyen al hambre. Es el espacio comunitario el que garantiza que se pueda completar la ración de comida.

Cuando presentó el presupuesto público nacional para 2025, el Presidente Javier Milei dio una definición institucional: “Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley”. Es decir, economía y seguridad para proteger la propiedad privada. Todo lo que está por fuera queda omitido o presentado como gasto: la salud, el derecho a la vivienda, al ambiente sano, a la educación, a la igualdad y un largo etcétera.

 

Salud

El primer año del gobierno de La Libertad Avanza estuvo marcado por un proceso de desregulación, recorte de servicios y retroceso en la cobertura de salud. En otras palabras, se redujeron la capacidad reguladora del Estado y la protección en el ámbito de la salud, el acceso y la calidad de los servicios sanitarios. Las consecuencias son mayor desigualdad y precarización.

Desregulación y encarecimiento del sistema privado de salud. La desregulación de los precios de la medicina prepaga llevó a un aumento de las cuotas de alrededor del 118% en el primer trimestre de 2024, muy por arriba de la inflación. Esto generó una migración hacia el sistema público, saturándolo aún más, y la suspensión de la cobertura para muchas personas, particularmente para las personas con discapacidad y que tienen enfermedades crónicas o graves.

 

Recorte en acceso a medicamentos. La cobertura del PAMI para medicamentos se restringió y dejó a miles de personas que dependen de su jubilación, desprotegidas. La eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) implicó la renuncia a una política sanitaria nacional y el fin del apoyo financiero a la producción de medicamentos esenciales. Los precios de los medicamentos subieron drásticamente, lo que afectó la continuidad de tratamientos. La venta de medicamentos recetados cayó un 16% en comparación con el año anterior.

Impacto en la población más vulnerable. La suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) dejó sin tratamientos a pacientes con enfermedades graves, incluidas las oncológicas, que dependían del sistema público. Esto provocó la interrupción de tratamientos con, en algunos casos, resultados fatales. A este cuadro se sumó la judicialización del acceso a tratamientos, lo que consume recursos humanos y económicos.

Salud sexual y reproductiva. El Estado paralizó la distribución de insumos esenciales a las provincias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Los procesos de licitación de medicamentos esenciales como el misoprostol y la mifepristona están frenados desde el inicio de la gestión. Las provincias vienen de recibir el año anterior 150.000 tratamientos, frente a ninguno en 2024. También falta la provisión de métodos anticonceptivos, lo que afecta el derecho a la planificación familiar. El Estado nacional dejó librada a la capacidad de las provincias la adquisición y distribución de insumos, sin ocuparse de traspasar recursos o de algún tipo de transición en las políticas que no exponga la vida o la salud de niñas, adolescentes y personas con capacidad gestante.

 

Alimentos

La política del gobierno respecto del acceso a los alimentos puede ordenarse en tres movimientos. Por un lado, en relación a la producción, dejó de apoyar a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (AFCI), que produce alimentos para el mercado interno. Por ejemplo, este sector genera la mayor parte de la yerba y de las hortalizas que consumimos de manera cotidiana. Por otro lado, eliminó una serie de regulaciones orientadas a proteger a las y los consumidores. Finalmente, abandonó gran parte de la asistencia alimentaria que prestaba a espacios comunitarios, que cumplen una función central para que quienes peor están puedan comer todos los días.

Agricultura familiar campesina indígena. El gobierno desarmó al menos veinte políticas orientadas a la agricultura familiar campesina indígena. Algunas históricas, como el Pro Huerta, que desde 1990 proveía insumos y capacitación para huertas familiares y comunitarias. También despidió a 900 trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).

Protección de consumidores. El gobierno eliminó mecanismos que buscaban garantizar un marco mínimo de protección a las y los consumidores y ampliar la oferta: la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, el observatorio de precios, entre otras. Por otro lado, la inflación empezó a desacelerarse en los últimos meses, pero los precios de los alimentos aumentaron por encima de los ingresos de referencia pautados por el gobierno: de acuerdo a un informe realizado por el CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA), en julio de 2024 un salario mínimo alcanzaba para comprar 118 porciones menos de guiso que siete meses atrás. El cese de los programas que promovían los mercados de cercanía y las ferias también perjudicó a las redes de producción local y la accesibilidad de alimentos a precios justos.

Apoyo al consumo popular. Se reforzaron algunas transferencias directas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, pero el apoyo ha sido insuficiente para contrarrestar la pérdida de ingresos reales de muchas familias, generada por la recesión económica. Se redujeron los apoyos a comedores y merenderos comunitarios, lo que afectó el acceso a la alimentación para los sectores más vulnerabilizados.

 

Cuidados

Las políticas de sostenibilidad de la vida fueron reducidas de forma drástica. De las 49 políticas de cuidado que relevamos en el CELS a través de La cocina de los cuidados, solo siete continúan vigentes, mientras que 24 fueron desmanteladas y 18 están en peligro. El gobierno redujo la inversión en infraestructura de cuidado (como la construcción de espacios para primera infancia y para adultos mayores) y en programas de asistencia, lo que dejó desprotegidas a muchas familias y comunidades que dependían de estos servicios.

 

 

 

Impacto de género. Con la licuación de los servicios que brindaba el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el desconocimiento de la violencia de género como fenómeno y problema social, la cobertura de programas como el Acompañar cayó un 98% y su presupuesto, un 82% respecto del primer semestre del año anterior. La línea 144 se redujo y por lo tanto su capacidad de respuesta es menor. En el proyecto de ley de presupuesto para 2025 no hay ninguna partida presupuestaria con ese fin.

Las mujeres y personas LGBTIQ+ asumieron una mayor carga de trabajo no remunerado en el cuidado de sus familias, lo que incrementa las barreras para acceder al empleo formal y a redes de apoyo. El 59% cuenta con menos tiempo propio para destinar al cuidado de las infancias, personas mayores y personas con discapacidad que necesitan cuidados.

Descuido de la niñez y la primera infancia. Los programas como el Plan Nacional de Primera Infancia y el Plan Mil Días quedaron desfinanciados o paralizados, lo que afectó la entrega de alimentos y otros recursos esenciales. Las familias denunciaron más dificultades para acceder a espacios de cuidado y atención temprana, lo que impacta negativamente en la nutrición y el desarrollo de los niños y las niñas.

Personas mayores y con discapacidad. El Estado redujo su apoyo al acceso a medicamentos y cuidados para personas mayores. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cerró delegaciones, lo que afectó su capacidad para brindar apoyo efectivo a personas con discapacidad. Además, las restricciones presupuestarias generaron mayores costos para acceder a terapias y personal de cuidados.

 

Alquileres

El decreto 70/23 derogó la ley de alquileres, eliminó las pocas regulaciones que existían en el Código Civil y Comercial y no propuso una política alternativa para responder a la falta de viviendas –de hecho, no construyó ni una y tampoco transfirió fondos a las provincias para que pudieran hacerlo. De esta manera, el mercado de alquileres quedó casi totalmente desregulado, en lo que podemos considerar casi un experimento anarco capitalista: hoy se puede firmar un contrato de alquiler por cualquier plazo, en cualquier moneda y con actualizaciones definidas con cualquier criterio.

Este cambio generó un empeoramiento de las condiciones para las familias inquilinas: los contratos tienen menor duración y los incrementos son más frecuentes. El 62% de los hogares inquilinos del AMBA declara ingresos por debajo de la línea de pobreza, y casi el 40% destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, lo que contribuye a su precarización económica.

 

Qué hicimos para contrarrestar el empeoramiento de la calidad de vida

• Presentamos una medida cautelar en representación de las personas que viven en barrios populares y que demandan que se reinicien los trabajos de infraestructura de servicios, desarrollo de equipamiento comunitario y mejoramientos habitacionales interrumpidos en diciembre. La justicia federal de Pehuajó le ordenó al Estado nacional reactivar las obras que eran financiadas por el FISU y garantizar presupuesto.
• Ante medidas que pauperizan la calidad de vida iniciamos acciones legales. Presentamos un pedido de inconstitucionalidad del DNU 70/23 que hoy espera resolución en la CSJN. En febrero, presentamos un amparo por la falta de alimentos en comedores comunitarios. En mayo, una investigación periodística reveló que había toneladas de alimentos en galpones sin ser entregados, mientras tanto la justicia decidió darle trámite a la acción colectiva. En julio, una medida cautelar obligó al Estado a entregar comida. El gobierno apeló. A finales de noviembre, el Poder Judicial ordenó que tienen que entregar comida a los comedores comunitarios que la reclaman.
• En la atención en salud, presentamos siete amparos por el aumento de cuotas de medicina prepaga, iniciamos tres causas por la interrupción o suspensión de tratamientos y medicación. Todas las causas menos una tuvieron respuesta favorable del Poder Judicial. Iniciamos un amparo colectivo en la CABA para prevenir la propagación del dengue: a partir de la acción se formó una mesa de diálogo con las autoridades. Posteriormente el gobierno porteño inició un plan de vacunación y la colocación de mosquiteros en hospitales y centros de salud. Presentamos acciones por la situación del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte y para detener la subasta del Centro de Salud Mental N° 1, ubicado en un lote del gobierno nacional.

 

 

4. Extractivismo: en los territorios indígenas la transición energética injusta ya comenzó [4]

La crisis climática y la discusión internacional sobre el cambio de paradigma energético están dando lugar a una transición injusta que, entendida casi exclusivamente como una oportunidad de negocios para algunas empresas, profundiza las desigualdades e intensifica los conflictos socioambientales en los países relegados al rol de exportadores de materias primas.

La Argentina se inserta en este debate global como un lugar codiciado por sus recursos y, al mismo tiempo, urgido por la crisis económica. El consenso es que hay que explotar toda nuestra riqueza natural lo más rápido posible. Transitar esto con un gobierno libertario es la tormenta perfecta: todas las decisiones del Estado van a favorecer a los intereses corporativos, dejando de lado las salvaguardas ambientales y de derechos humanos que tienen que aplicarse. Estas sólo se consideran como obstáculos que deben desactivarse, a pesar de que la crisis climática ya está empeorando de manera muy concreta la vida de millones de personas en todo el mundo.

Eso fue lo que sucedió este primer año de Javier Milei: el gobierno nacional operó para dejar el terreno listo para que las industrias extractivas generen fuertes impactos en los territorios en los que se instalan, garantizándoles que puedan hacerlo sin rendir cuentas y sin cumplir normas vigentes. Mandó también un mensaje claro a los principales afectados por estas medidas, es decir, las comunidades (principalmente indígenas) que viven en esas zonas: en caso de conflictos, todo el peso del aparato de seguridad del Estado estará al servicio de resolverlos a favor de las empresas.

Desde la campaña electoral del año pasado los ahora funcionarios del gobierno vienen desplegando un discurso racista contra los pueblos indígenas, de un nacionalismo rancio y poco creíble, fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Este discurso niega el carácter pluricultural y plurinacional de nuestro país, y promueve un regreso al modelo asimilacionista: los pueblos indígenas deben renunciar a sus particularidades y a sus derechos para “fundirse” en una supuesta identidad argentina. El 11 de noviembre la Argentina fue el único país en votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de un proyecto de resolución que busca fortalecer el marco normativo internacional de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El gobierno retoma y alimenta una narrativa que da vuelta las cosas: las víctimas históricas de un genocidio cuyas consecuencias persisten hoy en día son presentadas como simuladores, vagos o extranjeros cuyos derechos se consideran “privilegios”, por lo que deben ser desarticulados, mientas que las personas más privilegiadas de la sociedad (empresarios, terratenientes, políticos con intereses económicos) se presentan como víctimas que necesitan la protección del Estado contra las comunidades indígenas “usurpadoras”. Con la convergencia entre este racismo y el extremismo de mercado, la transición energética y el extractivismo aparecen como procesos que perpetúan despojos territoriales o producen nuevos.

 

Mecanismos de excepción para garantizar inversiones

Durante los primeros meses del año, el Congreso nacional fue escenario de la discusión de la Ley Bases. Sus primeras versiones, en cuya redacción estuvieron implicados los equipos jurídicos de grandes corporaciones, incluían modificaciones radicales a leyes de protección del ambiente, en especial a glaciares y bosques, zonas protegidas que son codiciadas por el extractivismo. La movilización de actores políticos y de la sociedad civil consiguió frenar los cambios más graves, aunque la ley aprobada otorgó facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para eliminar y/o desfinanciar programas y políticas orientadas a la protección de los bosques nativos.

El punto más relevante de la Ley Bases es la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios excepcionales en materia impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años a empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. Crea un marco legal específico que coloca a los beneficios otorgados a las empresas por encima de cualquier legislación y/o medida de política pública, nacional, provincial o municipal, presente y futura. De esta manera, por ejemplo, en caso de escasez de agua, la prioridad en el acceso a este recurso la tendrán las empresas por sobre las necesidades de abastecimiento interno. Tampoco podrían ser afectadas por decisiones orientadas a la protección de derechos humanos o del ambiente. Los derechos de las comunidades y las salvaguardas ambientales podrán ser desconocidos sin temor a dar lugar a reclamos de parte de las autoridades políticas. Se creó así un régimen de excepción blindado ante cualquier eventualidad: climática, política, social.

Los debates en la Cámara de Senadores de la Nación no tuvieron que ver con estos aspectos, de hecho, no hubo consulta o invitación a organizaciones ambientales, territoriales, campesinas o indígenas. Algunos legisladores plantearon que se estaban afectando las facultades de las provincias respecto a los recursos naturales, pero el debate no tuvo mayores consecuencias y las provincias, en su mayoría, ya se comprometieron con el RIGI.

Los sectores que pueden ser beneficiados son la industria forestal, de infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Varios de estos sectores productivos protagonizan los conflictos territoriales más agudos en distintas provincias. Los términos del RIGI omiten por completo esta conflictividad y no establecen ninguna protección a las y los afectados directos.

Hay también un “brazo armado” diseñado para hacer cumplir el régimen de excepción y la suspensión de derechos, en caso de que se intensifiquen los conflictos. Es la “Unidad de Seguridad Productiva”, creada por el Ministerio de Seguridad de la Nación (Resolución 499/2024), que en principio implica a las fuerzas de seguridad federales, pero que a través de una resolución posterior (893/2024) invita a las provincias a sumarse a un “Comando Unificado de Seguridad Productiva”. Estas resoluciones adelantan un posicionamiento del gobierno ante potenciales conflictos que involucren a empresas de determinados sectores de la economía que, según el propio gobierno, “requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías”. La idea de “seguridad productiva” es un eufemismo para esconder la decisión de impedir cualquier protesta o conflicto que pueda implicar algún tipo de obstáculo a las actividades de la minería extractiva, la explotación de hidrocarburos, el turismo o el agronegocio. De esta manera, las fuerzas de seguridad, un recurso público, no se orientan a brindar seguridad a todas y todos, sino que, en sintonía con las otras medidas tomadas contra la protesta social, se anticipa que su rol será abordar las situaciones conflictivas de manera de evitarlas, reprimirlas o disolverlas.

 

Reformulación de la política indígena para garantizar negocios

La política indígena del gobierno, además de verse afectada por la ideología racista y asimilacionista que lo atraviesa, fue reformulada y ya no aspira a ser un instrumento de reparación y ampliación de los derechos de los pueblos originarios. Se alineó con la idea de desconocer cualquier reivindicación territorial indígena y facilitar la expansión extractivista.

Hasta diciembre de 2023 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) era un actor que, en el contradictorio organigrama del Estado nacional, ejercía tibios intentos de promover los derechos indígenas, es decir, de hacer cumplir las leyes y la Constitución Nacional. Hoy es la punta de lanza para desandar los pocos avances que hubo en los últimos años en materia de reconocimiento territorial y proteger los intereses privados sobre las tierras ancestrales reivindicadas por las comunidades indígenas.

Este cambio se materializó en principio en gestos simbólicos, como el hecho de recibir a los integrantes del grupo de terratenientes racistas “Consenso Patagonia” antes de reunirse con cualquier comunidad indígena. Pero luego el INAI comenzó a actuar para debilitar la posición de comunidades indígenas en distintos conflictos territoriales, fundamentalmente en la Patagonia. Lo hizo dando marcha atrás con decisiones administrativas que respaldaban a comunidades en sus reclamos (como en el caso de la comunidad Buenuleo en Río Negro) y ordenando la reapertura de las carpetas de relevamientos que se ya se habían concluido en Mendoza y Neuquén, para dar lugar a reclamos privados. Además, adoptó la política de no enviar representación a las audiencias de los casos que fueron judicializados. El INAI fue transformado en una oficina que recibe y tramita las demandas de empresarios y terratenientes que ambicionan las tierras reivindicadas por los pueblos originarios.

Otro organismo que presentó importantes retrocesos fue la Administración de Parques Nacionales (APN). Además de dinamitar la mesa de diálogo con la comunidad Winkul en Mascardi (Río Negro) y volver a impulsar la acción penal contra sus integrantes, se registran regresiones en políticas públicas históricas como la participación de comunidades indígenas en el comanejo de algunos parques. En Neuquén, autoridades de la APN les comunicaron a las comunidades que pretenden terminar con el comanejo por considerar que se trata de un “privilegio” de los indígenas que afecta “la igualdad ante la ley”. Parques Nacionales protagonizó uno de los episodios más absurdos de la escalada racista del gobierno, cuando la directora de comunicación del organismo circuló una orden interna en la que se prohibía saludar a las comunidades indígenas en ocasión de las festividades de renovación anual (Wiñoy Xipantv, del pueblo mapuche, e Inti Raymi, de los pueblos andinos).

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que había asumido el compromiso internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ejecutar el fallo motorizado por la Asociación de Comunidades Indígenas de Salta Lhaka Honhat, de 2020, a través de una novedosa Unidad Ejecutora del cumplimiento. El Estado argentino había generado condiciones para que las autoridades nacionales y de la provincia de Salta procedieran a delimitar y demarcar el territorio comunitario indígena y garantizar el acceso al agua, como primeros objetivos a cumplir. La SDH eliminó la Unidad Ejecutora y las autoridades de la Cancillería asumieron un rol formal de defensa del Estado ante la Corte IDH. No existe ninguna información sobre quién, cómo y cuándo cumplirá con la sentencia.

 

Luz verde a los poderes provinciales

En los últimos años los gobiernos y poderes judiciales provinciales vienen teniendo un rol central en resistir cualquier avance en el reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, sobre todo si entran en conflicto con intereses económicos. El gobierno nacional, a través del INAI, cumplía un rol en parte compensatorio, como instancia a la que podían acudir las comunidades ante el desconocimiento de sus derechos en las provincias. El cambio del rol del INAI y la sanción del RIGI dieron luz verde a los actores provinciales (ejecutivos y judiciales) para avanzar sobre los territorios y acelerar la instalación de las empresas extractivas.

Mediante una resolución (53/2024) el INAI suspendió el registro de cualquier nueva comunidad indígena e invitó a las provincias a establecer criterios comunes para homogeneizar la inscripción, la adecuación y transferencias de las personerías jurídicas de las comunidades indígenas ya registradas en jurisdicción nacional y/o provincial. Esto indica que el gobierno nacional tiene la intención de delegar completamente en los gobiernos provinciales lo que hasta ahora era una facultad compartida: el registro de las comunidades, una atribución de enorme importancia y requisito para que puedan tramitar cualquier reclamo por vía institucional. El derecho a la personería jurídica de las comunidades indígenas está reconocido en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), y es además una condición que las comunidades deben cumplir para acceder a ciertas políticas públicas. Esta decisión fue tomada sin ninguna consulta previa a las comunidades indígenas y sin prever tampoco dependencias provinciales que garanticen este derecho.

En las provincias con mayores niveles de conflictividad en torno al acceso al territorio se pudo observar durante 2023 y 2024 la utilización de algunas estrategias que tienen como finalidad desnaturalizar los procesos de consulta previa y consentimiento de los pueblos indígenas para la instalación de proyectos extractivos en sus territorios. Esto avanzó a través de la aprobación de procedimientos provinciales de consulta, elaborados sin participación de los pueblos indígenas y que no respetan los estándares internacionales mínimos de derechos de estos pueblos, en lo que hace al respeto de sus tiempos, a la difusión de información y a la representatividad de sus referentes o instancias asamblearias.

Jujuy fue pionera en esta maniobra, con la aprobación del Decreto 7751/2023, que regula los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las actividades mineras en la provincia, y que permite a las empresas obtener sus permisos mineros tras reunirse con una o más comunidades identificadas unilateralmente como afectadas sobre la base del área de influencia definida sólo por la empresa, en total contravención de los mandatos del Convenio 169 de la OIT. Esto permitió a las empresas que explotan litio dividir a algunas comunidades de la cuenca de Salinas Grandes, que hace más de una década resisten la avanzada extractivista. A través de asambleas de dudosa legalidad, y desconociendo el protocolo que las propias comunidades aprobaron en 2015 (el Kachi Yupi), al menos tres empresas mineras consiguieron el consentimiento de comunidades en el último año en esa zona de Jujuy.

Río Negro siguió este ejemplo en 2024, con la elaboración y aprobación en tiempo récord de un protocolo de consulta previa que tampoco contó con participación indígena en su elaboración. Siguiendo los lineamientos de Jujuy, el protocolo restringe la participación en la consulta a las comunidades con personería jurídica (contradiciendo estándares internacionales) y disponiendo que el criterio para definir qué comunidades afectadas deben ser consultadas se decidirá en cada proyecto. La autoridad de aplicación del protocolo es la secretaría de Energía de la provincia. Chubut hizo lo propio con un proyecto de ley para reglamentar la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas enviado a la legislatura el 25 de noviembre de 2024. Elaborado sin participación indígena, el proyecto invoca la normativa internacional en la materia, pero la contradice en su articulado.

Además de la restricción y tergiversación del derecho a la consulta, los gobiernos de Jujuy y Río Negro utilizaron estos procedimientos como parte de una estrategia más amplia que consiste en desconocer a las organizaciones políticas que nuclean a las comunidades indígenas (como la Mesa de Salinas Grandes, en Jujuy, o la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro), promoviendo que las empresas o funcionarios establezcan contactos directos con las comunidades y evitando la mediación de las organizaciones políticas. Esto garantiza instancias de negociación mucho más asimétricas, en las que se ponen en juego tácticas para dividir a las comunidades y lograr que un sector brinde consentimiento para las actividades extractivas, en general a cambio de dádivas muy escasas. La situación de pobreza y la falta de alternativas para el desarrollo de estas comunidades tornan estas negociaciones aún más desiguales.

La otra dimensión de la conflictividad territorial es la judicial. Durante 2024 se reactivaron causas que estaban congeladas desde hace años, se revirtieron decisiones judiciales que habían favorecido a distintas comunidades con relación con sus reclamos territoriales, se dictaron y ejecutaron órdenes de desalojo en diversas provincias contra comunidades indígenas y campesinas y se condenó por usurpación a integrantes de dos comunidades mapuche, Winkul Mapu y Quemquemtrew, ambas en Río Negro. Con las señales políticas emanadas del gobierno nacional se consolidaron las tendencias preexistentes en los poderes judiciales y los ministerios públicos (provinciales y federal). Estas tendencias los llevan a ejercer sus funciones en un marco de racismo estructural y de desconocimiento y no aplicación de la Constitución Nacional y de múltiples tratados y convenciones internacionales que la Argentina suscribió.

 

Qué hicimos frente al RIGI y sus impactos en las comunidades indígenas

• Junto a otras organizaciones informamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el vaciamiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas. La CIDH exhortó “al Estado a cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas al adoptar decisiones administrativas y cualquier disposición interna sobre reconocimiento de las personerías jurídicas y titulación de tierras de los pueblos indígenas”.
• En dos ocasiones, más de cien organizaciones le pedimos a las y los senadores que no aprueben el RIGI. También expusimos en la Cámara de Senadores para plantear críticas a la Ley Bases, allí solicitamos la participación de otras organizaciones ambientales, territoriales, sociales, indígenas y campesinas.

 

 

5. Terrorismo e inteligencia: el antiterrorismo moldea al Estado [5]

El antiterrorismo es la matriz de las políticas de seguridad del gobierno y, al mismo tiempo, uno de los principales criterios de lectura del tablero geopolítico.

El Presidente Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios promueven con entusiasmo el estiramiento de la categoría “terrorismo” para referirse a fenómenos tan diversos como las redes de ilegalidad, las demandas de comunidades indígenas o las manifestaciones públicas. Corren los límites y habilitan aplicar la categoría a distintas situaciones, banalizándola.

Las “amenazas terroristas” están presentes de manera constante en la comunicación gubernamental y en los medios afines, generando un clima de urgencia permanente que tiene consecuencias graves sobre las decisiones de gobierno y la sobrecriminalización de determinados grupos: buscan legitimar el uso de la palabra “terrorista” para disciplinar y limitar la conflictividad social y para justificar la necesidad de reformas legales e institucionales que amplían la capacidad del Estado para ejercer violencia y vigilancia sin controles.

Al mismo tiempo, esta sobreactuación impide discutir si hay amenazas terroristas reales en la Argentina. Y qué se debería hacer para evitar escenarios como los de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, cuya investigación fue embarrada por los servicios de inteligencia argentinos y extranjeros.

 

Alineamiento internacional

El gobierno decidió hacer del terrorismo uno de los ejes ordenadores de su política exterior. En espacios multilaterales como la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Argentina abandonó su postura histórica de apoyo a los reclamos de Palestina para, en múltiples votaciones, alinearse acríticamente con Estados Unidos e Israel, símbolos de la “civilización occidental” que manifiesta representar.

A través del binomio civilización-terrorismo, el gobierno inserta a la Argentina en una cruzada moral que, sostiene, afecta directamente al interés y a la soberanía nacional. Según palabras del Presidente Milei en un acto por el aniversario del atentado a la AMIA, “tenemos que ser firmes e intransigentes con el terrorismo, solo existen el bien y el mal. El terrorismo odia la libertad y adora la muerte, nosotros amamos la vida y la libertad”.

Es también la coartada del terrorismo la que permite cuestionar al sistema internacional en sí mismo, al sostener que los espacios creados después de la Segunda Guerra Mundial garantizan “la impunidad de terroristas y dictadores”. Desde mayo hasta noviembre, el gobierno rechazó públicamente varias decisiones de la Corte Penal Internacional y su fiscalía respecto del conflicto por la Franja de Gaza bajo el argumento de que ponen en cuestión el derecho a la legítima defensa de Israel, a contramano de su tradicional apego a las decisiones de este tribunal.

Es esta matriz la que también ordena ahora las relaciones diplomáticas: al mismo tiempo que Milei calificó al Presidente de Colombia Gustavo Petro como “asesino terrorista”, la entonces ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino apoyó la declaración de estado de excepción del Presidente de Ecuador Daniel Noboa por el “intento de golpe de agrupaciones socialistas narco-terroristas”.

Por el lugar central que tiene la agenda de seguridad en la agenda internacional del gobierno, la amenaza global del terrorismo es la excusa para el desarrollo de estrategias regionales que promueven el endurecimiento penal y la militarización de la seguridad interior en diversos foros interamericanos como el Mercosur y la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

 

La narrativa antiterrorista

Los múltiples usos del antiterrorismo se hicieron evidentes en los últimos años con la narrativa antimapuche, inspirada en el modelo de los Carabineros de Chile. Esta línea fue retomada por candidatos de La Libertad Avanza y del PRO durante la campaña electoral. Una vez en el gobierno, sostienen que las comunidades mapuche son una amenaza latente y así justifican decisiones políticas que favorecen intereses corporativos en detrimento de las demandas históricas y nunca resueltas de las comunidades indígenas por acceder a sus territorios.

Desde diciembre de 2023 se activaron otras líneas narrativas. Una de ellas es la de la presencia de células, redes o financistas de organizaciones terroristas islámicas en suelo argentino. En reiteradas ocasiones la prensa mostró grandes operativos policiales y anunció la detención de sospechosos de integrar estas células. Todos esos casos quedaron en la nada por falta de pruebas, pero la escenificación mediática ya se había producido. Otra forma de sostener este tema en agenda es el anuncio de supuestos avances en la investigación de los atentados de la década de 1990. Se trata siempre de dudosa información de inteligencia, en general ya conocida y pocas veces traducida en evidencia judicial que haga avanzar la investigación.

El 12 de junio, en medio de una violenta represión y de decenas de detenciones arbitrarias, la Oficina del Presidente tuiteó que quienes se habían manifestado contra la Ley Bases eran “grupos terroristas atacando el Congreso”. Lo más grave fue que esta línea narrativa fue tomada por el Ministerio Público Fiscal como fundamento para realizar acusaciones por crímenes gravísimos. Las 33 personas detenidas fueron luego liberadas, demostrando que no existía ninguna prueba para sustentar esas acusaciones. La relatora de Reunión y Asociación de la ONU, Gina Romero, presentó en octubre ante la Asamblea de la ONU el informe “Proteger los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación frente a la estigmatización”, en el que se recoge con preocupación la situación de la Argentina. Según la relatora el uso de figuras como “terrorismo” para perseguir penalmente a quienes se manifiestan “tiene graves repercusiones para su vida, su bienestar, su vida familiar y su situación económica”.

La violencia en Rosario es caracterizada como “narcoterrorismo”. Las medidas tomadas a principio de año contra integrantes de las bandas (cabecillas y también eslabones muy bajos de las redes de ilegalidad) incluyeron torturas y endurecimiento de las condiciones de detención y provocaron una respuesta de una violencia inédita, por lo indiscriminada, de parte de las bandas. A partir de entonces el gobierno y muchos medios de comunicación naturalizaron usar la categoría “narcoterrorismo”, originada en Colombia a partir de 1980. El Ministerio de Seguridad buscó instalar la necesidad de militarizar la seguridad interior. Ante el descenso de los homicidios, Rosario desapareció de la agenda mediática, pero las medidas de endurecimiento tomadas y propuestas en ese contexto siguen su curso.

El gobierno también utiliza el antiterrorismo para establecer vínculos forzados entre el contexto actual y las acciones de las organizaciones armadas de la década de 1970. Reivindicar la represión ilegal como respuesta en aquel contexto sirve para legitimar el mensaje de que hoy también se necesita un Estado más duro y sin controles de legalidad.

 

Las narrativas antiterroristas reconfiguran el Estado

Las narrativas estigmatizantes producen efectos muy reales sobre quienes las sufren. Pero la lente del antiterrorismo va más allá, ya que funciona como fundamento para decisiones o propuestas de reformas normativas y de diseño institucional. Las amenazas terroristas son difusas, remotas o inventadas, pero el Estado que emerge de la matriz antiterrorista es muy real y peligroso.

El gobierno optó por reformar el sistema de inteligencia a través de decretos de necesidad y urgencia (614 y 615), sin debate parlamentario. Aumentó el presupuesto para los espías y amplió las capacidades y supuestos de intervención de los servicios de inteligencia (sobre todo en el entorno digital). El secreto vuelve a ser la regla absoluta, en lugar de ser una excepción que se debe fundamentar, con graves riesgos para la privacidad de toda la población, y con potenciales efectos disciplinantes sobre la libertad de expresión.

Las consideraciones del decreto 614/24 dicen: “nuestro país fue objeto de ataques terroristas en los años 1992 y 1994 a la Embajada del ESTADO DE ISRAEL y a la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), respectivamente, cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos”. El ejemplo de los dos atentados y su desastrosa investigación es invocado para legitimar una reforma que recrea las condiciones de funcionamiento sin control de los servicios de inteligencia en aquella época. Al mismo tiempo el gobierno asume que su decisión de alinear a la Argentina con Estados Unidos e Israel generará mayores riesgos de ataques del terrorismo internacional, lo que también justificaría la necesidad y urgencia de la reforma.

Para el sistema de seguridad la mirada antiterrorista propone reformas también orientadas a ampliar facultades policiales, debilitar garantías para la ciudadanía frente a la violencia estatal, y promover la intervención de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior para las que no están preparadas, y para las que sobran recursos policiales. La situación en Rosario se utilizó como excusa para presentar un proyecto de ley pomposamente titulado “antimafias”, que en realidad se enfoca sólo en una de las dimensiones de las redes de ilegalidad: su territorialización en barrios pobres. El proyecto propone la creación de “zonas de investigación especial” donde los funcionarios judiciales y policiales tendrán facultades extraordinarias (e inconstitucionales) para allanar domicilios y detener y/o requisar personas. La falta de claridad en torno a qué se entiende por “organización criminal” deja un amplio margen de discrecionalidad. La “organización criminal” deja de ser el resultado de una investigación, algo cuya existencia hay que demostrar, y pasa a ser un argumento a priori para establecer zonas de excepción en las que no rigen las garantías.

A pesar de que los militares no cumplieron ningún rol en la baja de homicidios en Rosario, el gobierno insistió con presentar un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de autorizar la intervención de Fuerzas Armadas en situaciones de “terrorismo”. Terminar con la separación histórica entre seguridad interior y defensa nacional (que entre otras cosas permitió que los militares dejaran de ser actores con peso político como ocurrió durante todo el siglo XX y sigue ocurriendo en otros países de América Latina) es un viejo objetivo del sector político que encabeza Patricia Bullrich. En su gestión anterior ya intentó hacerlo, pero encontró resistencias desde el Ministerio de Defensa. Por eso en esta ocasión se aseguró de colocar a un subordinado a cargo de esa cartera ministerial. El objetivo de la reforma no tiene nada que ver con elaborar políticas más eficaces contra el terrorismo, sino con iniciar el camino para borrar la separación entre seguridad y defensa. El argumento de que esa separación “no está en la Constitución”, utilizado por el gobierno al presentar el proyecto, lo muestra de manera muy clara. Por si eso no bastara, lo que propone la reforma no tiene ningún sentido como política antiterrorista, ya que se trataría de enviar a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de patrullaje y control poblacional cuando suceda algún hecho que dé lugar a una investigación penal que integre en su carátula el agravante por “terrorismo” (art. 41 quinquies del Código Penal). El aporte de las Fuerzas Armadas ante un ataque terrorista sería entonces realizar tareas policiales de baja complejidad para las que ya están formados y entrenados miles de efectivos de las policías y fuerzas intermedias como Gendarmería o Prefectura.

Al cierre de este informe la ley antimafias debía ser tratada por el Senado, luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados a principios de octubre. La reforma a la Ley de Seguridad Interior esperaba su tratamiento. En las audiencias previas recibió críticas de jefes militares retirados.

El argumento del terrorismo presente y pasado se utilizó también para justificar otro objetivo que el sector que encabeza Bullrich persigue desde su gestión anterior: modificar la política argentina hacia las personas que llegan como refugiadas. El criterio de protección de derechos que primaba, y que había sido reconocido internacionalmente, viene siendo reemplazado por otro centrado en la “seguridad nacional”, como si la política de proteger a quienes piden refugio fuera una fuente de amenazas. Dos casos que el gobierno difundió en los medios de comunicación como ligados al “terrorismo” sirvieron para poner en la agenda estas reformas que securitizan derechos. Durante una visita a Paraguay, Bullrich anunció el retiro de la calidad de refugiados a cuatro familiares de Carmen Villalba, una de las fundadoras del grupo armado paraguayo EPP. Los cabecillas de este grupo se encuentran cumpliendo penas de prisión en Paraguay. Sus familiares habían solicitado y obtenido refugio luego de que las Fuerzas Armadas paraguayas iniciaran una persecución, que incluyó el asesinato de dos niñas de once años (de nacionalidad argentina) y la desaparición forzada de otra niña de quince años. Poco tiempo después la policía detuvo a Leonardo Bertulazzi, quien fue integrante de la organización armada italiana Brigadas Rojas en la década de 1970. En 2004 le había sido concedido el estatus de refugiado, pero la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) se la retiró para que pueda ser detenido y deportado a Italia.

Mientras mostraba estos casos en los medios, el gobierno avanzó con reformas. En septiembre modificó por decreto la composición de la Conare, órgano encargado de la gestión de los trámites de refugio. Allí se incorporó un representante del Ministerio de Seguridad. No existe dentro de la Convención de Ginebra ni en la ley argentina nada que habilite al Ministerio de Seguridad a tener un representante en ese órgano y poder sugerir o definir las gestiones que hay que adoptar con relación a las solicitudes de refugio. En octubre otro DNU, el 942/2024, modificó la Ley 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado. Esta reforma crea un mecanismo más excluyente y restrictivo para obtener el estatus de refugiado basándose en razones de persecución al crimen organizado y de amenazas terroristas, lo que representa un riesgo para las personas con necesidades de protección internacional.

En los considerandos del DNU 942/2024 se menciona que “el número de solicitudes de asilo en el territorio argentino de personas provenientes de países del Medio Oriente ha mostrado un incremento significativo en los últimos años” y que el terrorismo es una amenaza global. Otra vez se invocan los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA como justificación. Lo que no se menciona es que no existe ningún registro de personas identificadas como parte de organizaciones terroristas internacionales que hayan logrado estatus de refugiadas en la Argentina.

 

Qué hicimos para resistir el impacto de las narrativas antiterroristas en la reconfiguración el Estado

• Junto con otras organizaciones de la sociedad civil trabajamos para lograr que el Congreso rechace y derogue el DNU 656/2024 que otorgó 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la SIDE.
• Presentamos una acción ante el fuero contencioso administrativo federal para que sea declarado inconstitucional el DNU 614/2024 que reforma la SIDE, ya que habilita al Estado a hacer vigilancia masiva, pone en riesgo el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión. También viola la división de poderes.
• Visibilizamos en el debate público y acercamos información a les legisladores sobre los riesgos del paquete de reformas penales y de seguridad que impulsa el Ministerio de Seguridad, en especial la ley antimafias y la reforma a la Ley de Seguridad Interior.

 

 

6. Memoria: el año en el que el pasado se hizo presente [6]

Hace muchos años que los setenta, la dictadura y la revisión de sus crímenes no tenían la centralidad política que alcanzaron en 2024. Nada de dejar el pasado atrás y dar vuelta la página. Todo lo contrario. La amalgama de derechas que llegó al gobierno con La Libertad Avanza contiene sectores ligados orgánicamente a las fuerzas armadas. Pero, además, las corrientes que integran el gobierno rechazan las políticas de memoria, verdad y justicia: se oponen a los derechos humanos en general, consideran que ese fue un capital político del kirchnerismo que se debe combatir y apuestan a desgastar los acuerdos sostenidos en las últimas décadas.

La sola presencia de Victoria Villarruel –activista del mundo militar ligado a la dictadura– en la fórmula presidencial de 2023 anticipaba un programa revisionista y reivindicatorio de las fuerzas armadas. En el poder, los embates no provinieron solamente de su sector, sino que fueron fundamentados y materializados por el Presidente, la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos. Otros integrantes del espacio político directamente anunciaron la creación de un brazo armado, en una puesta en escena de reminiscencias fascistas.

Todos combinaron el desprecio por el proceso de memoria, verdad y justicia y sus referentes con el ataque a esas políticas. Primero hubo acciones discursivas, símbolos y avales para refundar la memoria oficial de la dictadura y disputar los sentidos sociales de rechazo al terrorismo de Estado. Luego, siguieron el desfinanciamiento, el cierre de líneas de trabajo, los despidos, el vaciamiento institucional e incluso la puesta en venta de sitios de memoria. No es posible escindir el nivel simbólico-discursivo de estos embates. Cada nivel abre camino y facilita el otro, por lo que se trata de un programa de cancelación de la memoria que el gobierno profundiza y percibe como políticamente productivo.

El proyecto revisionista no es unívoco, pero sí se fue tornando consistente y cada vez más intenso. Hay diferencias entre la posición de Villarruel, la de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y lo que expresa el Presidente Javier Milei, por señalar solo a tres de los máximos referentes. Para algunos, el compromiso con esta agenda es una cuestión identitaria y estratégica, y para otros se trata de una línea táctica, condicionada a la disputa y a la acumulación de poder hacia afuera y también dentro de su propio armado.

Otra de las novedades de esta gestión es el militarismo civil, políticos que traccionan a los militares a participar del gobierno en ámbitos como defensa, seguridad e inteligencia. En este esquema, el posicionamiento de cada autoridad respecto de temas ultra sensibles para la oficialidad castrense como la soberanía de las Islas Malvinas, la valoración de lo actuado por los militares en la última dictadura, las referencias a las víctimas de la lucha armada y la situación de los condenados por delitos de lesa humanidad expresan el nivel de afinidad con el mundo militar y son indicios de cómo entienden la misión de las fuerzas armadas de acá en adelante.

 

El programa

En sus discursos, actos, spots, posteos y medidas, el gobierno intenta construir una nueva hegemonía sobre la dictadura. Más allá de las diferencias internas, podemos identificar ideas comunes al conjunto libertario y nacionalista-conservador que gobierna:

• La justificación de la represión ilegal de los setenta como necesaria frente a la supuesta amenaza de un terrorismo local, como manifestación del marxismo internacional.
• La identificación de enemigos internos como “terroristas”, estableciendo una continuidad entre aquellos grupos y quienes resisten al gobierno en el presente.
• La postulación de que existe impunidad simbólica, jurídica y política por las víctimas de la lucha armada.
• La estigmatización de referentes de los derechos humanos como partidistas y corruptos.
• El señalamiento de las políticas de memoria como parciales, doctrinarias o corruptas.
• La impugnación del proceso de justicia como una campaña vengativa, sesgada y vulneratoria de los derechos de los militares acusados o condenados y del prestigio de las fuerzas armadas.
• La reivindicación del programa económico de la dictadura.

Estas ideas son el encuadre general del programa de cancelación de las políticas de memoria. Aunque el gobierno invoca la lógica de mercado y el “déficit cero” como las racionalidades supremas de la remodelación del Estado, hay ciertas áreas en las que superpone otra faz político-ideológica. Esto ocurre en el aumento del presupuesto para seguridad, defensa e inteligencia o en la pelea que da por los fondos reservados para la SIDE. Cuando pasa la motosierra ideológica por las políticas de memoria, la comunicación oficial subraya que no se trata solo de la automutilación genérica del Estado, sino de una decisión política dirigida a rectificar anomalías.

 

La memoria como asunto judicial

Otra idea transversal al gobierno es que las facultades de investigación son exclusiva responsabilidad del Poder Judicial y que por lo tanto el Ejecutivo debe desprenderse de esas funciones. Este enfoque niega la obligación del Estado de comprometer a los tres poderes con medidas efectivas que aporten a la verdad, a la búsqueda de las personas desaparecidas y a la consecución de Justicia.

Este es el encuadre para cerrar programas de trabajo e investigación en archivos militares y policiales y una unidad especializada en encontrar personas apropiadas a quienes se les cambió la identidad en dictadura; para bloquear el acceso de la sociedad a archivos de la época y para desconocer la responsabilidad del gobierno en el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Este enfoque supone una noción de investigación puramente penal, que desconoce otros principios como el interés público y el derecho a la verdad, y otras formas de producción de memorias como el trabajo documental, la investigación histórica y la periodística. También pretende desconocer que incluso los procesos penales requieren de las políticas públicas que brindan soporte y han sido condición de posibilidad del proceso de justicia, como garantizar que haya querellas en las jurisdicciones en las que puedan faltar, contar con evidencias producidas en ámbitos estatales no judiciales, el acompañamiento psicojurídico a las víctimas, el trabajo archivístico y el registro audiovisual de los juicios, entre otros. Todas políticas en riesgo.

Para dar un ejemplo de otra época: sin la contribución de testimonios, documentación y conceptualización general realizada por un órgano no judicial como fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el sustento de la acusación del Juicio a las Juntas en 1985 se hubiera visto muy debilitado. No es histórica ni institucionalmente cierta la restricción de las facultades de investigación que pretende postular el gobierno.

El acceso civil a archivos que guardan documentación producida por fuerzas armadas y de seguridad fue considerada una forma de intromisión indebida. Así, el Ministerio de Defensa puso fin al Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, creado en 2010 (Resolución 308). Este equipo había reconstruido información clave a partir del trabajo archivístico y contribuyó a los juicios de lesa humanidad con documentación que permitió conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo, así como identificar personal militar involucrado. El ministro de Defensa calificó al equipo como “un grupo de persecución y macartismo” y cuestionó su legalidad al calificarlo de “parajudicial”. Otro funcionario de Defensa dijo que eran “un grupo de vengadores”. Las y los archivistas fueron despedidos y hubo funcionarios que amenazaron con iniciarles acciones penales. Todo esto a pesar del respaldo explícito que recibió el Equipo de parte de los actores involucrados en el proceso de justicia.

En la misma línea que erige la división de poderes como excusa, el Ministerio de Defensa y el de Seguridad se negaron a responder pedidos de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), el organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que busca a hijos e hijas de personas desaparecidas robados en dictadura. Calificaron las solicitudes como “caprichos políticos de un organismo militante” que amenazan la privacidad de funcionarios públicos como policías y militares, ignorando el principio de máxima divulgación de archivos sobre violaciones de derechos humanos.

Poco después, el gobierno decretó el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI, que se especializaba en la recopilación y análisis de documentación de posibles casos de sustracción de identidad. Para eso reforzó los argumentos que ya había utilizado: alegó que el trabajo de la Unidad se superponía con el del Poder Judicial, cuando, en realidad y como manifiestan los propios magistrados, lo hacía más eficaz y ágil. Mientras tanto, el gobierno confirmaba facultades de investigación a otras agencias no judiciales como la Oficina Anticorrupción.

En la SIDE se clausuró la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada por la Resolución 467/2021. La desclasificación general y el acceso público a la documentación de inteligencia de la época es un reclamo de los organismos de derechos humanos desde el inicio de la democracia, que nunca se ha alcanzado. Hasta se logró la desclasificación de documentación de la CIA y del FBI de Estados Unidos, pero no de la SIDE ni de las estructuras de inteligencia de la Policía Federal Argentina. La Mesa significó un gran avance en el ordenamiento y el inicio de una potencial desclasificación, que quedaron indefinidamente suspendidos.

El gobierno alega que los archivos solo deben ser accesibles mediante requerimientos judiciales específicos y respondidos por las propias fuerzas o agentes. Esta idea busca aparentar que se sostiene la accesibilidad, pero reduce el acceso a un intercambio entre el Poder Judicial y los archivos de las fuerzas, ahora sin expertos civiles. El planteo clausura la apertura a toda la sociedad, a la investigación histórica y al descubrimiento de la verdad. Invierte el principio de publicidad de la documentación estatal, poniendo todo bajo secreto salvo requerimiento judicial.

 

De la memoria al mercado

Durante 2024 se realizaron actos reivindicatorios de la dictadura. El que más trascendió tuvo lugar en el ex campo de concentración y actual Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA. El aval del ministro de Defensa Luis Petri no se demoró: “Son argentinos que cantaron la marcha de la Armada Argentina en el día de la Armada, rodeando un mástil con la bandera argentina”. Así se refirió el ministro al grupo que además de cantar en la Plaza de Armas se refirió al sitio de memoria como “una usurpación” y se sacó fotos junto a uno de los aviones que ejecutaron los vuelos de la muerte. No fue la primera reivindicación de la que el ministro no tomó distancia: en febrero el Regimiento de Monte 30 del Ejército en Apóstoles, Misiones, había realizado un homenaje al ex militar condenado tres veces por crímenes de lesa humanidad, Horacio Losito.

En la dictadura, al menos 814 lugares funcionaron como lugar de detención, tortura y desaparición. Durante la democracia, muchos de estos espacios fueron convertidos en sitios de memoria y en museos. La conversión de espacios concentracionarios en ámbitos de memoria es una tendencia global de la que la Argentina es una referencia, por la riqueza y diversidad de los proyectos de memoria implementados y el marco legal que los encuadra.

Como parte de los embates a estas políticas, el gobierno desfinanció los sitios de memoria y despidió a una gran proporción de las y los trabajadores de los ocho sitios que dependen de la SDH. Las obras de infraestructura proyectadas fueron suspendidas. Esto incluye las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que también son prueba judicial. Mientras avanza el desmonte del trabajo en los sitios y contra la Ley de Sitios de Memoria, el gobierno puso en venta terrenos señalizados por la SDH como centros clandestinos de detención: salieron al mercado La Perla chica, en Córdoba; La Huerta, en Tandil y Puerta 8, en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires, y el Regimiento 9 de Corrientes, un espacio de memoria que depende directamente de la Secretaría.

 

La memoria como límite

Como en toda controversia intensa sobre el pasado, lo que está en discusión son las cuestiones candentes del presente. La defensa social de la memoria implica persistir en abrir preguntas sobre el pasado y demandar el acceso público a los espacios y documentos que pueden trazar respuestas. Implica oponerse a toda idea de que la memoria puede darse por completada, como si se tratara de un inventario que, una vez cerrado, debe dejarse atrás.

Esta defensa social de la memoria es, entonces, mucho más que la defensa de símbolos, políticas públicas y puestos de trabajo. Puede ser la forma de defender la posibilidad misma de la disidencia, de la organización, de la diferencia. El modo de trazar el límite y advertir a quienes pretendan imponer un determinado régimen a través de la fuerza y el horror que serán así recordados y juzgados. Lo que está en juego no es solo el modo en el que relataremos y recordaremos lo que ocurrió en la última dictadura, sino lo que como sociedad consideraremos como aceptable y no aceptable en el futuro.

 

Qué hicimos frente a los embates contra la memoria, la verdad y la justicia

• Continuamos las querellas en juicios de lesa humanidad. Avanzan las condenas y los juicios orales de la causa ESMA, donde se pudo probar el rol fundamental de la inteligencia naval. En las causas de Acindar y Molinos Río de la Plata se investiga la responsabilidad de personal jerárquico de las empresas. Nos preparamos para cuatro nuevos juicios orales que se iniciarán en 2025.
• Junto con otros organismos, promovimos una audiencia ante la CIDH sobre la situación de las políticas de memoria, verdad y justicia. El Estado desplegó su programa y nos acusó de buscar venganza, confirmando lo que fuimos a denunciar. Esta fue una de varias acciones orientadas a concitar la atención regional e internacional, junto con audiencias ante Naciones Unidas.
• Nos acercamos a las marchas por la Noche de los Lápices de La Plata y de Buenos Aires a preguntarles a chicas y chicos a qué le dicen Nunca Más y a qué le dicen Más que Nunca. Difundimos una síntesis del informe de la CONADEP pensada para adolescentes y propusimos una intervención participativa.
• Combinamos la investigación tradicional de archivo con la indagación en fuentes abiertas para identificar las conexiones entre las viejas y las nuevas derechas, mapear los sectores nacionales e internacionales que alimentan el armado que llegó al poder e identificar sus agendas.

 

 

 

 

[1] Esta sección fue elaborada por Paula Litvachky.

[2] Esta sección fue elaborada por Manuel Tufró. El apartado sobre libertad de expresión fue elaborado por Vanina Escales y Ximena Tordini.

[3] Esta sección fue elaborada por Vanina Escales, Luna Miguens, Macarena Sabin Paz y Lucía de la Vega.

[4] Esta sección fue elaborada por Manuel Tufró, Luna Miguens, María José Venancio y Diego Morales.

[5] Esta sección fue elaborada por Manuel Tufró y Juliana Miranda.

[6] Esta sección fue elaborada por Marcela Perelman.

 

 

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