Golpes a la salud
El oficialismo porteño volvió a castigar al personal de enfermería de sus hospitales
Dentro y fuera, el oprobio. En las calles, la represión policial se descargaba sobre enfermeras y enfermeros. En la Legislatura porteña, acababa de cerrarse sobre ese colectivo un nuevo acto de discriminación, con previsible impacto sobre el conjunto de la población. El gobierno local de Jorge Macri logró el jueves 28 la aprobación de un proyecto abrazado de apuro para evitar que prospere otro, que proponía resolver una inequidad histórica al incorporar a la enfermería en la regulación del conjunto de las profesiones vinculadas a la salud.
Increíblemente, el sector se encuentra excluido de una nómina de más de veinte, que abarca incluso a quienes se formaron en antropología, sociología, comunicación social o ciencias de la educación. Alrededor de 10.000 enfermeras y enfermeros, primera línea de asistencia en materia sanitaria, no gozan de las condiciones que a los restantes grupos profesionales les asegura desde 2018 la ley 6.035. Entre otros aspectos, la inclusión ofrecería herramientas para limitar el pluriempleo obligado del sector, que padece un agotamiento agravado por la reciente pandemia.
Por exiguo margen, el oficialismo logró frenar la incorporación. La posición no es extraña, porque la misma ley le otorga potestad para adicionar profesiones a ella sin necesidad de aval o debate parlamentarios. Pese a los reclamos, que llegaron a obtener pronunciamiento judicial favorable, nunca lo hizo. Este jueves 28, contó con el imprescindible auxilio de tres votos que contradijeron compromisos previos.
Fuga y misterio
El resultado legislativo final fue posible gracias a repentinos giros en las posiciones y pronunciamientos previos ante los reclamos sectoriales. Una práctica gimnástica que, sin demasiados tapujos ni argumentaciones, se extiende en los recintos del país.
Tres proyectos plantearon inicialmente la reparación hacia enfermeras y enfermeros. Los presentaron Victoria Montenegro, Gabriel Solano y Graciela Ocaña, de obvia diversidad en cuanto a sus pertenencias políticas: Montenegro representa a Unión por la Patria, Solano al Frente de Izquierda y Ocaña llegó en la boleta de Juntos por el Cambio.
En el aspecto resolutivo central, la incorporación de la enfermería a las profesiones de la salud listadas en la ley 6.035, los tres coincidían. Por eso para el jueves 28 se esperaba el tratamiento de un texto unificado. Ya la Defensoría del Pueblo porteña había recomendado la inclusión.
El 4 de septiembre de este año, una decena de integrantes de la Legislatura solicitaron al presidente de la comisión de Salud el tratamiento del tema. Entre las firmas se cuentan las de Lucio Lapeña, Francisco Loupias y Sandra Rey. Otra fue la historia al llegar al momento decisivo. Los dos primeros, que pertenecen al sector radical que responde a Martín Lousteau, se abstuvieron. Rey, del Movimiento de Integración y Desarrollo, apoyó al oficialismo. Si dos de la tríada hubieran respetado su firma de un trimestre atrás, el macrismo no habría podido concretar su triunfo por un voto. Fue 27 a 26, con siete abstenciones.
Reloj de bolsillo
De ese modo, la ley 6.035 sigue excluyendo a enfermeras y enfermeros de los derechos que estipula para el resto de la veintena de profesiones alcanzadas. Entre otras, los regímenes de licencias, cargas horarias, escalafones y promociones.
Por semana, las y los profesionales sí incluidos deben cumplir un mínimo de 30 horas y ser recompensados con “una retribución acorde al nivel de desarrollo alcanzado en la carrera, nivel escalafonario, a la función previamente desempeñada y a la eficiencia en el desempeño de las mismas”.
Una encuesta realizada sobre más de 5.000 personas por la Fundación Friedrich Ebert y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) ofrece algunas estadísticas al respecto: un tercio de la enfermería del Área Metropolitana de Buenos Aires aportó más de 55 horas semanales de labor en el pandémico 2020, que sumó el estrés de la atención de emergencia y la necesidad de preservar a sus familias de contagios, dificultando o suspendido la convivencia.
Más allá de ese aspecto coyuntural, con secuelas que sin embargo permanecen, el informe recoge otros datos. Por ejemplo, los referidos al género, que ilustran la feminización del sector subestimado.
En cuanto a la formación alcanzada, el mismo estudio relevó que más del 80% del sector de enfermería cuenta con títulos terciarios o universitarios. En su proyecto de ley, Montenegro apuntó que –sobre el total– un tercio cuenta con título de grado y la mitad reúne capacidad técnica.
El dato no es menor, porque la supuesta carencia de titulación superior es acaso el principal argumento de quienes se oponen a la inclusión de la enfermería entre las profesiones de la ley 6.035. “El gobierno del ajuste permanente no quiere nivelar para arriba”, escribió por su parte Solano, que proponía un mecanismo para la graduación académica de quienes no contaran con diploma.
Al posicionarse a favor del tratamiento de la inclusión, la propia Defensoría del Pueblo recordó que la carrera académica de Licenciatura en Enfermería –que ofrecen varias universidades– encuadra su formación en las incumbencias laborales que prevé la ley que todavía excluye a quienes la completan. Como todas las carreras universitarias, sus condiciones son acreditadas por el organismo que conforman representantes de las instituciones públicas y privadas, las Cámaras del Congreso y el Ejecutivo nacional.
Lo esencial, invisible
Los tres proyectos de ley originales recogieron antecedentes nacionales o internacionales omitidos por la consideración en que persiste el oficialismo porteño. La pandemia de COVID-19 actualizó registros y estadísticas y, además de revelar las desigualdades entre países centrales y periféricos, detectó que en el nuestro el 70% de las acciones que corresponden a la atención de la salud son competencia de la enfermería.
Ese dato –oficializado por la Organización Mundial de la Salud– fue citado tanto por el proyecto de Ocaña como por el de Montenegro, mientras que Solano enfocó en otro aspecto derivado de la pandemia: cuando el gobierno porteño decidió otorgar un cálculo previsional doble para los y las profesionales que enfrentaron la pandemia, la enfermería quedó fuera del beneficio por no haber ingresado en la ley 6.035. El legislador del FIT calculó, además, que la incorporación de la profesión a las alcanzadas por la normativa permitiría obtener con seis horas diarias de trabajo el nivel salarial que actualmente se logra con el extenuante pluriempleo del doble de carga laboral.
En su proyecto, Montenegro citó un precedente mucho más antiguo que el de la OMS. En junio de 1977, la Organización Internacional del Trabajo reconoció el aporte esencial del personal de enfermería en la atención de la salud e instó al sector público, como empleador y garante de políticas sanitarias, a mejorar sus condiciones de trabajo.
El tercer gobierno macrista de la Capital elige desconocer reclamos, antecedentes y pronunciamientos favorables a uno de los sectores vitales de la atención de la salud en su territorio, tan imprescindible como subestimado. El contorsionismo repentino en algunas bancas aseguró el número. Los palos en las calles, con escenas que contrarían la máxima más conocida del Martín Fierro, hicieron el resto.
--------------------------------— • La Policía de la Ciudad reprimió a enfermeros y enfermeras que se encontraban reclamando por la sanción de la ley que los reconoce como profesionales de la salud. pic.twitter.com/zdlBpj1flP
— Shok Argentina (@shokargentina) November 28, 2024
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí