El lazo corredizo

Deuda, fuga y desindustralización

 

Reiteradamente muchos argentinos miran hacia atrás y se preguntan —parafraseando a Mario Vargas Llosa— cuándo se jodió la Argentina (el escritor, en su pregunta original, se refiere al Perú). Para la vertiente anti-popular fue con el advenimiento del peronismo en 1945, interpretación que no compartimos.

La Segunda Guerra Mundial había dejado a la Argentina como uno de los pocos países acreedores y a Gran Bretaña como su principal deudor. Perón —como estratega— entendió, reflexionó y actuó acorde a esas circunstancias. Un país acreedor puede tomar decisiones independientes y la decisión de Perón fue desarrollarnos industrialmente con los trabajadores participando de los avances. En la economía mundial semicerrada de posguerra, los primeros gobiernos peronistas profundizaron el proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que en forma inorgánica se venía desarrollando, promoviendo el crecimiento de un fuerte mercado interno, con distribución progresiva del ingreso y nuevos derechos sociales. 

El proceso industrializador se mantuvo hasta 1976 a pesar del golpe militar de 1955 y los retrocesos en derechos políticos, sociales y salariales. El gobierno de Frondizi —con sus pro y sus contra— sentó las bases de un duradero desarrollo industrial. La maduración de muchas inversiones iniciadas en ese período beneficiaron a los gobiernos de Illia y a las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse hasta el retorno de Perón en 1973. Fueron gobiernos anti-peronistas pero no anti-industria. 

 

 

Los cambios en la estructura económica

A fines de los '60, la creciente combatividad obrera por el retorno de Perón se potenció con la aparición de organizaciones armadas peronistas (principalmente Montoneros desde 1970), además de una trotskista (ERP/PRT), ambas en el marco de la marea revolucionaria latinoamericana de esos años. Ello hizo concluir a las clases dominantes que para terminar con la capacidad popular de erosionar sus ganancias o su misma existencia, la única manera era una estrategia doble: a nivel militar, eliminar todas las organizaciones guerrilleras y a nivel económico, desmantelar la industria que hizo crecer al sindicalismo peronista. En el ámbito internacional, la CGT ha sido —y junto a las CTA aún es— una formidable organización centralizada. Horacio Rovelli, citando a María Seoane, recuerda las premonitorias declaraciones en 1969 de Elbio Cohelo, entonces presidente de la UIA. Ante la pregunta acerca de por qué no se animaban a ser un país industrial, Cohelo respondió: “Porque los trabajadores son muchos, tienen un alto nivel de consciencia de que son trabajadores y de su importancia en la producción, nos pueden dar la batalla y nos pueden ganar”. La eliminación física de 30.000 militantes políticos, incluyendo muchos trabajadores y dirigentes sindicales, y la desaparición de los derechos laborales fue complementada en el plano económico con el aborto de la inconclusa ISI, con la reducción acelerada de los aranceles de importación, la apertura de la cuenta capital, el acceso al dólar y el atraso cambiario que produjo la “tablita” de devaluación programada de Martínez de Hoz. Esa política de apertura y especulación financiera llevó a la primera etapa del cierre de industrias y reducción de la cantidad de obreros industriales y al endeudamiento acelerado que permitió la fuga de divisas que continúa hasta el presente. Esta deriva fue profundizada durante los gobiernos de Menem, De la Rúa, Macri y Milei. Contrapuesta a esta tendencia retrógrada se dio una fuerte reversión durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con importante reducción de la deuda externa y el pago total al FMI. Hubo intentos fallidos de Raúl Alfonsín y Alberto Fernández. Hicieron lo que pudieron en sus circunstancias y limitaciones. No nos ensañemos con ellos, el enemigo es otro. El lazo corredizo de la deuda externa se fue ciñendo a partir de la última dictadura y, a pesar de la reversión kirchnerista y los intentos de Alfonsín y Fernández, vuelve a restringir nuestras posibilidades de desarrollo. 

El kirchnerismo se inició con un cambio drástico de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, pero no buscó o no pudo armar una Corte imparcial, no pudo remover los jueces de Comodoro Py y nunca pudo derogar las leyes de entidades financieras y de inversiones extranjeras de la última dictadura, pesados grillos de dependencia. Los jueces del lawfare reemplazaron a los golpes militares. No fue la única limitación. El retorno de la inflación, la manipulación del INDEC y la poca comprensión de sus consecuencias mantuvo elevada la dolarización de los ahorros, contribuyendo a la fuga de divisas que desde 1978 nunca cesó. 

 

 

Los cambios en la estructura social 

Hay una clara relación entre los cambios bajo la dictadura complementados por la triple M (Menem, Macri y Milei) y el poder menguante de los gobiernos populares. La secuencia es cambios económicos que determinan cambios en la composición de las clases trabajadoras que influyen sobre los cambios en la conciencia política de las nuevas clases populares. Esas modificaciones promovidas por los grandes grupos económicos locales y sus aliados externos han prevalecido sobre los aciertos de los gobiernos populares y se han alimentado de nuestros errores, evitables e inevitables. 

Si hasta 1976 la estructura social de las clases trabajadoras y populares estaba caracterizada por la presencia mayoritaria de obreros industriales organizados con alta formalidad en los trabajos como su columna vertebral y 5% de pobreza, al momento actual, el sector popular está representado por una mitad de trabajadores formales y otra mitad informales, con un 52% de la población pobre. Dentro del sector informal actual, el 85% son cuenta propia de subsistencia y asalariados informales e intermitentes en pequeñas empresas de bajísima productividad y remuneración. El cambio dentro del sector formal es la menguante participación de obreros industriales y de servicios manuales y la creciente participación de trabajadores de servicios con conciencia de clase media, aunque cada vez lo sean menos. Extrañamente, la desocupación, que llegó al 21,5% en 2002, no llega al 8% en la última medición.

La conciencia social está condicionada (no determinada) por el entorno laboral. El trabajador formal era políticamente peronista porque el colectivo social en que se desenvolvía diariamente —la fábrica, los establecimientos educativos, de salud, y otros colectivos laborales— formaban conciencia en las luchas por un salario digno y la obtención y mantenimiento de conquistas sociales. 

Nada de ello es comparable con la experiencia cotidiana de los repartidores de delivery, los vendedores ambulantes de empanadas, chipá, torta frita, cargadores de celulares, pañuelos de papel y de los miles de oficios de poca productividad y baja remuneración que caracterizan al sector popular actual. Estos trabajadores poco saben y nunca han experimentado los derechos que tienen los formales. Con deficiente educación primaria y secundaria incompleta, no perciben al Estado como una necesidad para organizar la vida social con capacidad para ayudar a resolver sus problemas y los de la comunidad. 

 

 

Dilemas de los gobiernos kirchneristas

¿Podían solucionarse entre 2003 y 2015 las regresiones económicas y sociales alimentadas desde 1976? Se avanzó fuertemente en la recuperación del trabajo formal. Se mejoraron los salarios reales y avanzaron las prestaciones sociales. Pero el apoyo político siempre dependió de la mejora permanente de la situación económica de las mayorías, no de la conciencia de los trabajadores de la necesidad de apoyar esa alternativa política cuando la situación económica no era tan propicia. Perón no perdió apoyo popular cuando en los años ‘50 tuvo que apelar a una política económica ortodoxa para reducir la inflación de los años de sequía. Por el contrario, cuando Cristina se enfrentó a la pérdida acelerada de reservas en 2011, esperó apenas una semana tras su reelección con el 54% de los votos para imponer el llamado “cepo”, que le permitió dilatar la devaluación hasta que asumió Kicillof como ministro de Economía a fines de 2013. En esos años perdió el apoyo de amplios sectores de trabajadores de clase media. El escindido Massa obtuvo en 2013 el 44 % de los votos en la provincia, preanuncio de la derrota de Scioli en 2015, sin llegar a impedir la reducción de reservas del BCRA a niveles críticos —pasaron de 52.145 millones de dólares a fin de 2010 a 25.563 millones a fin de 2015— ni controlar la inflación.

El dilema entre devaluar luego del triunfo de 2011 o poner el “cepo” sólo dilató un problema políticamente muy complejo por el cambio en la composición laboral de la base social de apoyo del peronismo, incluida la disputa con la CGT por el mantenimiento del impuesto progresivo sobre los ingresos para no aumentar el déficit fiscal. Muchos trabajadores sólo apoyaban mientras su condición económica individual mejorase. Cristina no pudo hacer un ajuste —como lo hizo Perón en los ‘50— porque sabía que erosionaba el apoyo que tenía. Los dilemas de bajar la inflación sin provocar un ajuste temporal no tienen solución política fácil, y son manifestaciones del lazo corredizo que se armó en la dictadura y cada vez deja menos espacio para cortarlo. Se hizo muchísimo, pero no alcanzó. 

 

 

Las contradicciones actuales

Los cambios desde los ‘80 en la estructura económica ocurrieron en todo el mundo, no solo en la Argentina, ya que el proceso de globalización provocó la disminución de los trabajadores industriales en Occidente en beneficio de su incremento en Asia Pacífico, en especial China. A ello se sumó, un poco más adelante, el fracaso e implosión del modelo soviético de propiedad estatal de todos los medios de producción, que dejó a los trabajadores mundiales sin el ideal social de la igualdad y a los grandes capitales envalentonados para aplicar medidas socialmente regresivas sin temores políticos. 

Se arguye que las redes de comunicación social que llegan por celulares son responsables del cambio de consciencia de los trabajadores. No negamos que exista una mayor capacidad de penetración en la consciencia por estos medios, pero los “clientes” se adhieren a los mensajes recibidos influidos por los cambios en la estructura ocupacional descripta. Un trabajador aislado de colectivos laborales acepta más fácilmente la visión que lo sitúa como único artífice de su destino, y no son los únicos. 

No es un cambio técnico en la forma de comunicación el que cambia la consciencia social, es el cambio en la estructura de la sociedad el que permite que las nuevas tecnologías de comunicación moldeen su consciencia.  

Finalizando con el momento actual, el veranito de popularidad de Milei por la baja de la inflación no será eterno. El elevado atraso cambiario no genera los dólares necesarios y el blanqueo es un recurso irrepetible que se diluirá en la especulación financiera. La inevitable crisis cambiaria y de repago de la deuda llegará, pero nadie sabe cuándo, y mientras tanto Milei consolida su poder político con la reducción de la tasa de inflación al 2,7% en octubre. Esa tasa anualizada es el 37,7% y sigue estando entre las más altas del mundo. Tanto nos ha acompañado la alta inflación por décadas que muchos no entienden que por el hartazgo con ella Milei es Presidente. Menem pudo continuar con su política de entrega y desindustrialización luego de ser reelecto en 1995 con una desocupación superior al 15% pero una inflación del  1,6% anual.  

Lo único seguro es que la actual política de entrega de soberanía, miseria y pérdida de derechos no se puede revertir con el peronismo dividido, un regalo en bandeja que el movimiento nacional está haciendo a la derecha. Esperemos que la resolución legal de la disputa por la conducción del PJ logre unificar a Cristina y Kicillof en su enfrentamiento al gobierno de Milei. Ello contribuiría a potenciar la militancia, que se encuentra entre confundida y enojada por una división que no aprueba. Si aun juntos es muy difícil, con diferencias internas iríamos a una derrota segura. Sólo a partir de esa unidad se puede discutir y diseñar el todavía pendiente plan para retomar la senda del desarrollo industrial sustentable que logre el desendeudamiento externo y recupere el ingreso de las mayorías. Con unidad y plan, la militancia puede articular la movilización popular. Son condiciones necesarias, aunque no suficientes para derrotar políticamente al gobierno más cipayo de la historia nacional. Concentremos en ello nuestras energías. 

 

 

 

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