Oda a las privatizaciones

 

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, envió un proyecto de reforma municipal al Concejo Deliberate que fue aprobado por mayoría el martes pasado, en una sesión a puertas cerradas. En su primer artículo, establece el “principio de subsidiaridad y municipio gerente”, que sólo “intervendrá cuando su fin de bien público no pueda ser alcanzado por el accionar privado”. De esa manera, el gobierno PRO de Martínez concesiona el uso y la explotación del natatorio municipal; la recolección de residuos; mantenimiento de la terminal de ómnibus y hasta el cementerio municipal.  El proyecto se afirma en la ley Bases de Milei y en la ley 23.696; esta última fue la que permitió las privatizaciones que llevó adelante Carlos Menem.

El proyecto tiene su resistencia. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), vieron que la intención de Martínez era la privatización de servicios y así lo manifestaba el intendente ante la señal de cable local: “Vamos a incluir la tercerización de muchas áreas, porque creemos que el privado lo puede hacer con más eficiencia”. Desde el gremio, junto a movimientos sociales, juntaron firmas, y plantearon ante el Concejo Deliberante que se realizara una audiencia pública, que debía tener prioridad antes de que el despacho de mayoría fuera aprobado. Pero ese pedido fue desestimado por el bloque de concejales del PRO, que denunció penalmente la presentación, argumentando que existían firmas que no eran reales.

Desde ATE respondieron. Su secretario general, Walter Aire, en diálogo con El Cohete a la Luna, explica que, por un lado, recurrieron a la denuncia penal. Por otro lado, interpusieron una medida cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo, que todavía no se expidió sobre la cuestión de fondo sobre el pedido de audiencia pública. Por lo cual, si sale la medida cautelar, posiblemente se revea el destino del tratamiento que tuvo el despacho de mayoría que fue aprobado.  Aire agrega que tienen “identificados qué grupos económicos estarían participando de las sociedades anónimas, pero que claramente todavía no se han presentado oficialmente” y asegura que todo se trata “de negocios que Martínez pretende concretar con amigos”.

En el proyecto privatizador, donde el rol que Martínez le pretende dar al Estado municipal es de “subsidiario”, nada mejor que tener como defensa, en sus considerandos, la invocación de una institución como la Iglesia. Afirma el proyecto: “Que la subsidiaridad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia, presente desde la primera gran encíclica social: ‘No es justo que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado; lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad, hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. No obstante, los que gobiernen deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros’” (Rerum novarum, 57).

 

 

En el proyecto también se señala que “se inaugura, entonces, el tiempo del municipio gerente, el tiempo del gerenciamiento local, donde deberá planificarse, organizarse y ejecutarse, adaptándose a las exigencias y urgencias de nuestros días”. Para Walter Aire, “implementan el término de un Estado ‘subsidiario’, un Estado ‘gerente’, porque ya lo han implementado con el transporte público de pasajeros, que es el más caro de todo el país, pero con el subsidio más alto que tiene la municipalidad”. Cree que la iniciativa del mandatario del PRO responde “a los negocios puntualmente referidos al área de servicios y a grupos empresarios identificados con la gestión de Martínez y con un club deportivo de la ciudad de Pergamino”.

Javier Martínez fue presidente del Club Douglas Haig. Fue el hombre de negocios Daniel Angelici quien lo apuntaló para que sea intendente en 2015. Fue reelecto en 2019 y en las últimas elecciones de 2023, donde se impuso primero en las PASO, en las que compitió con dos candidatos bullrichistas y ganó con la lista larretista. Luego se impuso en las generales por amplio margen. Son 20 las bancas en el Concejo Deliberante de Pergamino, de las cuales 11 están ocupadas por el bloque mayoritario de Juntos por el Cambio que responden al intendente. Unión por la Patria-Frente Renovador tiene cuatro concejales, y existe otro bloque también del Frente Renovador, que tiene dos bancas. Por último, está el bloque de La Libertad Avanza, que tiene tres integrantes. 

 

 

“Su principal axioma dice que lo que pueda cubrir el privado debe ser cubierto y el Estado debe dejar hacer al privado; solamente actuar cuando el privado no quiera intervenir”, expresa el concejal de Pergamino de Unión por la Patria Álvaro Reynoso, en diálogo con El Cohete a la Luna. “Durante dos sesiones logramos que no tuvieran quorum, junto a los concejales de La Libertad Avanza quienes, si bien estaban de acuerdo con las privatizaciones, estaban en contra de darle facultades al intendente para que pudiera avanzar sin pedir permiso al Concejo Deliberante”, agrega.  El artículo 22 autoriza de forma “amplia” que el intendente pueda “realizar todo tipo de erogaciones patrimoniales, imposición de cargos, financiación pública y/o privada, a realizar compensaciones y adecuaciones presupuestarias”.

 

El proyecto privatizador de Martínez fue aprobado por mayoría de sus 11 concejales. El concejal de Reynoso sostiene que lo peor fue “que negaron la solicitud de una audiencia pública con 2.000 firmas de los vecinos. El oficialismo desestimó el pedido y realizó una denuncia penal contra esas firmas, culpando a los vecinos, para luego desestimar por decreto ese pedido cuando sesionaron, de espaldas al público, impidiendo el ingreso de la gente. Algo inédito e infame”. En el proyecto aprobado, que da rienda suelta a las privatizaciones, dejaron por escrito sin temor al ridículo, citando al himno municipal, que con la medida se alcanzará el anhelo que expresa su letra: “Un bello futuro auguran tus hombres. Que trabajan duro por embellecer. A tu altivo rostro de tez provinciana. Y al vientre fecundo que te vio nacer”.

 

 

Javier Martínez y su bloque de concejales de Juntos por el Cambio están ubicados más a la derecha que los libertarios. Su proyecto privatizador los coloca como discípulos perfectos de aquella frase pronunciada por Roberto Dromi, ex ministro de Obras y Servicios Públicos, quien al anunciar el primer mandamiento del decálogo menemista dijo: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Con Martínez, el Estado pierde su rol fundamental y se transforma en “subsidiario gerenciador” de todo lo que hará con lo público —que serán negocios— el sector privado.

 

 

 

 

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