Custodia letal

 

Una soga improvisada de tela alrededor de su cuello lo mantenía suspendido. Atado a una pequeña hendija en el techo de su celda, el torso desnudo de Marcos Portela, de 18 años, apenas se balanceaba. Un cuerpo inmóvil, en soledad, a metros del suelo. Así lo encontró el policía bonaerense Daniel Balmaceda de la comisaría 8 de Moreno en la madrugada del lunes 5 de febrero. Así también lo vieron las tías de Marcos horas más tarde, tras llegar a la dependencia policial junto a la madre del joven, Ana Córdoba. La última vez que Ana había visto a su hijo fue el viernes a la noche, cuando Marcos salió a bailar a un boliche de Moreno con sus amigos. Dos días después, en la madrugada del lunes, el fiscal de turno que llegó al destacamento les permitió ver el cuerpo todavía en el aire.

─Su hijo se ahorcó, señora ─le dijo el funcionario judicial.

─A mi hijo lo mataron ─respondió Ana.

Lo dijo aquella madrugada por primera vez en la comisaría de Las Catonas, pero Ana repetirá esa frase muchas veces. En marchas, en pintadas alrededor de las calles de la estación policial, en su humilde casa de la localidad de José C. Paz, la madre de Marcos defenderá hasta las últimas consecuencias que su hijo jamás se hubiese quitado la vida.

La hipótesis policial del supuesto suicidio de Marcos presenta supuestas irregularidades. Florencia Brandan, una mujer que estuvo detenida en una celda contigua a la de Marcos ─liberada antes de la muerte del joven─ denuncia que le vio marcas de golpes en el cuerpo. “Me dijo que lo habían rociado con un matafuegos”, señaló Florencia a elDiarioAR. Además, la joven, quien tampoco debió ser apresada en ese destacamento porque sólo es para masculinos, pone en duda la versión del suicidio. “No sé cómo hizo para llegar hasta el techo y hacer un nudo. Era complicado”, dice Florencia, quien también relató ante este medio agresiones contra ella dentro de la dependencia. La comisaría no estaba habilitada para alojar detenidos.

 

 

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías bonaerenses. Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ─elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad─, no estaban habilitadas para alojar detenidos.

Sólo entre 2022 y 2023, señala la CPM, hubo 20 ahorcamientos de detenidos que fueron informados como suicidios por los mismos efectivos bonaerenses de esas dependencias, además de otros ocho supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas por las autoridades judiciales y policiales. Asimismo, de esas 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, comisarías que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril de 2024, según el último registro de la CPM, había 659 personas detenidas en 99 estaciones policiales clausuradas.

El suicidio por ahorcamiento es la principal causa de muerte en las dependencias policiales, seguido por las descompensaciones médicas de los detenidos. Sin embargo, las investigaciones judiciales en torno a esos fallecimientos bajo custodia estatal demuestran ─en muchos casos─ irregularidades que ponen en duda la hipótesis policial del suicidio. “Muchos fiscales ni siquiera se toman la molestia de respetar procedimientos básicos”, señala una fuente judicial del distrito Moreno-General Rodríguez, departamento con dos detenidos supuestamente ahorcados en 2022 y 2024.

 

 

Nicolás Gómez había sido apresado por una denuncia de violencia de género el 20 de junio de 2022. Cuatro días después apareció colgado en una celda de la comisaría 4 de Moreno. Su familia, desde un primer momento, negó que Nicolás se quitara la vida. La investigación quedó a cargo de la fiscal Luisa Pontecorbo. Silvia Cansino, secretaria de Derechos Humanos de Moreno, afirmó que la investigación en el caso de Gómez “no respetó los protocolos básicos” para muertes en contexto de encierro. Pontecorbo dirigió en un primer momento la investigación por la muerte de Marcos Portela. elDiarioAR intentó en reiteradas ocasiones hablar con la fiscal, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo sucedió con Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno.

El caso de Marcos, aseguró una fuente judicial de esa localidad con conocimiento del expediente, se está investigando “como un suicidio”, apartando de toda responsabilidad a la Policía Bonaerense.

A nivel provincial, este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no hubo ninguna respuesta. A su vez, elDiarioAR consultó con una fuente del mismo ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

 

 

Las muertes bajo custodia estatal que la Justicia bonaerense investiga, afirman distintos peritos forenses y abogados de derechos humanos consultados para este reportaje, no respetan muchas veces los protocolos o procedimientos previstos para esos casos. Ese escenario ─explican los distintos especialistas─ favorece siempre a la versión policial y deja a los familiares de las víctimas a la deriva, cerrando el caso como un suicidio y sin asignar ninguna responsabilidad por falta de cuidado en los oficiales de turno.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En 2022, hubo 1.610 procesos penales iniciados contra efectivos de esa fuerza. De ese total, 606 casos ocurrieron en comisarías.

Asimismo, el informe arroja la cantidad de muertes en contexto de encierro. Ese año hubo 200 fallecimientos en cárceles y comisarías. Doce detenidos de ese total, informó el MPF, murieron en comisarías bonaerenses, mientras que otros nueve lo hicieron en hospitales, tras derivarlos desde diferentes comisarías. Según la CPM, en 2022 hubo 13 ahorcamientos dentro de las estaciones policiales ─la cifra más alta en los últimos diez años─, además de otras ocho muertes por descompensaciones médicas o causas desconocidas. El número total de casos, tanto del organismo público como el de derechos humanos, coincide en 21 muertes.

Los casos de ahorcamientos en comisarías bonaerenses relevados por este medio coinciden en su escena inicial: los arrestos fueron irregulares, las dependencias no estaban habilitadas para alojar personas y no había otros detenidos al momento de su muerte. Es decir, los únicos testigos eran los policías de turno que debían velar por la seguridad de un solo apresado. Otra característica que comparten los fallecidos es el poco tiempo que permanecieron encerrados: apenas algunas horas en dos casos y dos días en un tercero. Ninguno de los tres, además, tenía antecedentes como paciente psiquiátrico o intentos de suicidio. En dos casos, los detenidos usaron sus propias prendas para ─según la versión policial─, quitarse la vida: un buzo y una campera. El tercero, señaló el personal policial que lo encontró, usó un trozo recto de tela de una toalla.

En las tres muertes, la versión policial del suicidio fue la línea de investigación que siguieron los fiscales.

 

 

 

Daiana Abregú

Era una mañana fría aquel domingo 5 de junio de 2022 cuando Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles de Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Había salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Criaba a su hijo de tres años, jugaba al fútbol y planeaba irse a vivir a la ciudad de La Plata. A las 7 de la mañana fue detenida por policías bonaerenses. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en la Comisaría Comunal de Laprida, dependencia que tenía una denuncia por clausura y no tenía permitido alojar personas. Unas horas más tarde, siendo la única detenida del destacamento, la joven fue encontrada muerta por tres oficiales bonaerenses de turno.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas más tarde. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron reanimarla. No les dejaron ver el cuerpo.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnó esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minnesota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de la tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

 

 

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, tras insistencia de la CPM, ordenó una segunda autopsia del cuerpo. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, puntualizaron los peritos en su informe, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio. Pero la Bonaerense intervino a través de abogados y el caso volvió a dar un giro, como puede leerse en esta nota.

 

 

Las muertes bajo custodia estatal desencadenaron 200 investigaciones penales, de las cuales el MPF desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señala Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aun cuando corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explica Infante.

Durante el primer semestre de 2023, el informe del organismo público arrojó que hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro fueron en hospitales, tras derivaciones desde comisarías. Para la CPM, en ese primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

 

Mauricio Castillo

El lunes 17 de abril de 2023, a las dos de la mañana, una ambulancia trasladaba el cuerpo desnudo de Mauricio Castillo, de 42 años, a la morgue judicial de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El cuerpo viajaba en custodia de un policía, integrante de la División Morgue Policial de La Matanza que, a su vez, era escoltado por un patrullero bonaerense.

 

 

Castillo, según la policía, se ahorcó el día anterior en una celda de la comisaría 2 de Lomas del Mirador con su propio buzo. La dependencia no estaba habilitada para alojar detenidos. El oficial que lo encontró declaró en la causa que estaba “semicolgado” y “sin pulso”. En su relato, el policía “intenta reanimarlo” con el cuerpo todavía colgado. Dos detenidos habían sido liberados unas horas antes. Castillo estaba solo en la dependencia.

Pero, en la madrugada fresca del Conurbano bonaerense, las versiones no importan. La única preocupación del oficial de la División Morgue Policial era entregar el cuerpo a la morgue. Para eso lo llamaron. Buscar y dejar un cuerpo “semicolgado”.

Algo, sin embargo, ocurrió. La cuneta en medio de la calzada mal iluminada, la ambulancia que no frenó a tiempo, un bache que hizo supuestamente golpear la nuca de Castillo contra los fierros fríos de la camilla. El hecho, en el acta policial, será relatado de esa forma por el oficial. Incluso la herida provocada por el supuesto golpe: “Un pequeño fluido rojo en la cabeza”, dijo en su declaración. Todo, además, será tomado hasta ahora tal cual lo contó el oficial: cuneta-golpe en la cabeza-sangre.

 

 

El oficial, en su declaración, tiene una testigo. Alguien que no presenció el hecho, pero sí lo escuchó de parte suya. Pero la testigo de “oído” del golpe en la cabeza del fallecido Castillo es una policía bonaerense en actividad, según confirmó a este medio con los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) consultados. También lo ratificaron fuentes oficiales a elDiarioAR.

La primera autopsia se hizo en la morgue de Lomas de Zamora, un día después de la muerte de Castillo. Los resultados, señala el abogado de la familia, Gabriel González Craham, fueron “muy escuetos” y no describieron con exactitud algunos exámenes realizados. “El informe exigía inferir muchas cosas y no llega a ninguna conclusión”, explicó el abogado. Además “no se tomaron muestras de la herida en la cabeza”, dando por hecho que ocurrió luego de la muerte de Castillo. Con este escenario, el abogado solicitó una nueva autopsia con un perito de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. La misma se hizo el 9 de junio de 2023 en la Asesoría Pericial de La Plata, donde sí se puso el foco en analizar el golpe en la cabeza, a fin de comprobar si la herida fue causada antes o después de la muerte de Castillo.

 

 

Esos resultados se confirmaron el mes pasado. El peritaje señaló que la herida, efectivamente, ocurrió en la ambulancia. “Tenemos dudas de que esté bien realizado y queremos poner un perito de parte para que analice los resultados”, señala Craham. Rodrigo Pomares, abogado de la CPM, explica que, aunque las pericias forenses apunten a un suicidio, las irregularidades en torno al caso son muchas. “No se descarta una hipótesis sólo por confirmar otra. El caso debe investigarse de forma integral. Y allí vemos muchos errores”, puntualiza Pomares.

Entre las medidas que impulsó en su momento la fiscal del caso, Karina Licalzi, se encontraba el pedido del celular de la víctima a fin de construir un “perfil psicológico” de Castillo. “Siempre quieren buscar que la víctima es un suicida en potencia”, retoma el letrado Craham.

Castillo había salido de su casa en Lomas del Mirador a comprar facturas para su familia por la mañana y fue detenido por la policía en un confuso episodio, en el que se lo acusó de un supuesto robo que nunca se comprobó. Por la tarde ese día, sin embargo, ya estaba muerto.

 

 

Tensiones en las investigaciones judiciales

“Cuando hay intervención tanto de la Subsecretaría de Derechos Humanos como de organismos que trabajan la temática hay una posibilidad mucho más certera de que la causa tome impulso”, explicó Ignacio Álvarez, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. “Hay un déficit institucional muy evidente con respecto a las investigaciones por muertes en contexto de encierro”, destacó Álvarez, quien participó desde la Subsecretaría en los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo.

Entre las falencias judiciales en las investigaciones por ahorcamientos, el funcionario destaca la “poca profundidad” con que se abordan. “Hay casos que se investigan parcialmente, dejando un escenario propenso para la versión policial”, detalló. Álvarez prefiere no particularizar los casos, pero señala que hay patrones “muy claros” que conducen, muchas veces, a la impunidad de los policías imputados.

Las autopsias para esas muertes, puntualiza el funcionario, suelen ser “muy deficitarias”. “Faltan profesionales capacitados en el Ministerio Público Fiscal para llevar adelante esos exámenes forenses con mayor rigurosidad y que tienen como consecuencia resultados periciales endebles”. El poco uso de la tecnología y la falta de recursos también impactan en las investigaciones. “La rápida descomposición de los cuerpos hace también que todo se dificulte a la hora de pedir otras reautopsias o exámenes”, dijo Álvarez. Para el funcionario, el MPF, muchas veces, tiene una inclinación “a no investigar cómo se debe”.

 

 

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos trabajan en conjunto con el departamento de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad cada vez que investigan una muerte bajo custodia estatal. “Es una articulación positiva, que colabora a la hora de particularizar a los agentes, pero la tensión la tenemos con el Poder Judicial”, aseguró. “También buscamos una reparación para los familiares, que son las otras víctimas de la desidia judicial”.

 

Las familias

Laura Abregú, mamá de Daiana, no entendía por qué muchas personas dejaron de hablarle en Laprida cuando encontraron muerta a su hija. Hasta que se dio cuenta de que Laprida, tras ese hecho, quedó dividida. “Los que defienden a los policías por un lado y los que creemos que mataron a Daiana, por el otro”, afirmó Laura, desde su casa. “Dos años estuve en vilo esperando cada resultado de las autopsias. Que se mató, que la mataron. Que un fiscal pedía una cosa, un perito la otra. Yo sé que ella no se quitaría la vida”, dijo Laura. “Y nadie me va a convencer de lo contrario. Todos los 5 de junio vamos a salir a marchar por mi hija”, aseguró. En la última convocatoria, la policía de Laprida reprimió a la madre y a su familia.

Ricardo Tasori también perdió a su hijo en circunstancias similares. Nahuel Tasori, de 29 años, fue detenido el 27 de junio de 2023 en la comisaría 4 de Tandil. Allí, aseguró su padre, lo “torturaron y golpearon hasta matarlo”. La policía, sin embargo, informó que murió en un hospital de esa localidad por una “sobredosis”. El fiscal del caso de su hijo es el mismo que el de Daiana Abregú: Ignacio Calonje. “Presentamos muchas pruebas de la paliza letal que recibió mi hijo y las ignora todas. Me dejó plantado varias veces y pedí hablar con él”, aseguró Ricardo.

Noelia Donda, pareja de Mauricio Castillo, no puede dejar de pensar en aquella mañana de 2022 en que el padre de su hija salió a comprar facturas y, horas más tarde, apareció ahorcado en la comisaría 2 de Lomas del Mirador. “Mi hija va a crecer sin su papá”, dice Donda. “Mauri nunca hubiera hecho algo así. No nos hubiera dejado en banda”, relata.

 

 

Ana Córdoba todavía espera que Marcos, su hijo de 18 años, entre por la puerta en su pequeña casa de José C. Paz y le haga algún chiste, como solía hacer cada vez que pasaba a visitarla. “Marquitos era un pibe lleno de vida. Era mi compañero. Salió a bailar y me lo devolvieron en una bolsa. Me llamaron de todos los ministerios para darme apoyo, pero nadie me escucha, a él lo asesinaron”, contó Ana.

Mientras se realizaba esta investigación, otras muertes por ahorcamiento ocurrieron en la provincia. El 8 de febrero de 2024, tres días después del caso de Marcos Portela en Moreno, Donato Antonio de Gregorio, de 55 años, fue hallado colgado en la comisaría 1 de Merlo. El 23 de marzo, Jorge Guana, un albañil de 41 años, fue detenido y alojado por un supuesto robo en una comisaría de Bernal Oeste. A las pocas horas, lo encontraron ahorcado en su celda. Su familia niega esa versión. El 22 de junio, según informaron medios locales, un joven de 36 años apareció con un lazo anudado a su cuello en la celda de una dependencia de la localidad de 9 de Julio.

Son muchos. Al menos 88 ─desde 2012─ en la provincia de Buenos Aires. Podrían ser más. Los encuentran tarde. Cuerpos colgados, agazapados en la soledad de su celda, entre las sombras de un último suspiro.

 

 

 

* La investigación se publicó en elDiarioAR y se realizó gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

 

 

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