Sabores amargos

Alrededor del caso Ciccone se tejieron desprolijidades, arbitrariedades, conveniencias que, más allá de la inocencia o culpabilidad de Boudou, tienen la oscura impronta de los códigos de Py.

El poder de esos tribunales congela y quema con un termostato preciso y selectivo.

 

Ciccone, todo lo que está mal

Pareciera que el gobierno de Mauricio Macri apuró —con flojera de papeles mediante— la causa Ciccone, para buscar la imagen del ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou condenado. El fiel ejemplo de esto es el papelón de la audiencia del martes 10 que, tras el rechazo de recusación del juez Pablo Bertuzzi, terminó con la decisión del tribunal de postergar el veredicto, que estaba previsto para el jueves 12 y que ahora no tiene fecha definida.

Más allá de cuál sea el veredicto en la causa —que tiene en el banquillo de los acusados a Boudou, a su amigo y socio José María Núñez Carmona, Alejandro Vanderbroele, el empresario Nicolás Ciccone, el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri— el caso Ciccone deja algunas conclusiones preocupantes.

No es mi propósito discutir la culpabilidad o inocencia de Amado Boudou y del resto de los acusados. En cambio, interesa analizar algunos de los motivos por los cuales el veredicto quedará con un sabor amargo tanto para los imputados como para quienes se animaron a mirar la película completa y no el fragmento que, mayoritariamente, se eligió mostrar y consumir.

Veamos algunos elementos absurdos que hacen crujir la legitimidad del juicio de Ciccone.

El primer elemento que tiñe todo el proceso es la negociación, prácticamente pública, entre uno de los jueces del tribunal, Pablo Bertuzzi, y el gobierno para conseguir su traslado a la Cámara Federal.

A través de los diarios se puede leer cómo el juez busca llegar a ese estratégico tribunal, con el apoyo del oficialismo, cómo es resistido por el juez Irurzun y cómo actores partidarios se colocan a favor o en contra de aquel magistrado, según sus intereses. Para los abogados de Boudou, el caso de Bertuzzi y la mutua dependencia que tienen con el Gobierno genera evidentes sospechas de falta de imparcialidad.

Pero hay más.

Quedó afuera del juicio el ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo Ricardo Echegaray y así nadie pudo explicar por qué pidió la quiebra de Ciccone y por qué después pidió el levantamiento.

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante para acusar a Boudou por lavado de dinero y no pidió condena por ese delito sino por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Esto es decisivo y revela la forma en que se administró el juicio: se permitió en base a una conjetura la participación del Poder Ejecutivo, solamente para que pueda expresar la voz de Cambiemos en el juicio.

No aceptaron hacer un estudio pericial contable, solicitado en julio de 2017 por la anterior defensa de Boudou, Eduardo Durañona, para determinar de manera fehaciente el origen de los fondos de la maniobra investigada. Resulta llamativo que en una causa que investiga cohecho el tribunal no haya permitido hacer el peritaje para conocer la ruta del dinero.

Persisten las dudas y contradicciones sobre la existencia de la famosa reunión entre Boudou y los hermanos Ciccone donde se cocinó todo. Durante este juicio, la primera en Telefé pasó de ser “una reunión” a un “apretón de manos”. Y el supuesto segundo encuentro, según los testimonios, no quedó claro si existió y ni siquiera dónde fue. Según Boudou no existió. Según un escrito de Héctor Ciccone se hizo el 1/9/2010 en el I Central Market de Azucena Villaflor 324. Según Nicolás Ciccone, sucedió en I Fresh Market de Macacha Güemes 340, a 8 cuadras de distancia.

La extraña coincidencia de las elecciones legislativas de octubre de 2017 con el comienzo del juicio. Los jueces habilitaron la feria judicial para fijar la fecha de inicio del juicio cuando todavía se estaban realizando medidas. Después de eso, hubo tres semanas de receso porque uno de los jueces ya tenía pedidas sus vacaciones. Según la defensa de Núñez Carmona, con esto se vio una clara intención del tribunal para que el comienzo del juicio oral de Ciccone coincida con la campaña de octubre del año pasado y así quedarse con la foto. Lo cual efectivamente sucedió dado que el juicio arrancó el 3 de octubre. Llamativamente, los acusadores llegaron a desistir de algunos testigos para acelerar los tiempos.

Como describimos solo con algunos ejemplos, este juicio estuvo plagado de irregularidades, lo que permite vislumbrar lo tiempistas que son los magistrados de Comodoro Py y lo poco que les importa si su arbitrariedad se come a algunos de los integrantes del sistema.

La abogada Graciana Peñafort escribió en El Cohete a La Luna que “cuando no hay garantías, el riesgo es para todos. Nadie está a salvo de la arbitrariedad, porque ella es caprichosa por definición”. Y es cierto. Me gustaría responderle a Peñafort que yo creo que, en todo caso, el sistema, cuando el contexto cambia, se carga solo a un par de perejiles para cambiar el maquillaje. Y todo sin costo.

Ya lo dijo el gran Rodolfo Walsh: “El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

No hay que dejarse cegar por los reflejos del caso Ciccone. En sus entrañas se alojan los genes de esta justicia tan alejada de la sociedad civil.

 

Caputo, el poderoso de turno mimado

El gobierno de Mauricio Macri necesita que la Corte Suprema banque el ajuste y por eso intenta seducir a los Supremos en tiempos de crisis y recesión.

Se podría decir que entre Ricardo Lorenzetti y Macri hay un acuerdo de subsistencia y que Comodoro Py es una parte central en esta relación. De ahí las negociaciones causa por causa que se tejen y destejen constantemente.

El supuesto pedido del Gobierno al Poder Judicial de bancar el ajuste se vincula, por ejemplo, con todas las causas que le cerraron de forma express en Comodoro Py al presidente del Banco Central, Luis Caputo.

También con el interés de la Casa Rosada sobre lo que pasa o no pasa con las causas previsionales.

Es llamativa la coincidencia de la aceleración de algunos sobreseimientos, con el desafío de Caputo de desarmar la bomba de las LEBACs y realizar los pasos necesarios para cumplir con el acuerdo con el FMI.

En la nota En cinco días, la Justicia le dio tres buenas noticias al ministro Luis Caputo, publicada en Clarín el 29 de junio, el colega Lucio Fernández Moores hace una descripción de cómo Comodoro Py elige no investigar al ahora presidente del Banco Central.

El juez Luis Rodríguez sobreseyó a Caputo en una acusación de presunto delito en la compra de dólares a futuro al final del gobierno de Cristina Kirchner y su posterior venta luego de haber asumido Macri. El fiscal Carlos Stornelli no apeló.

También el juez Daniel Rafecas archivó otra denuncia por presunta responsabilidad penal en la corrida cambiaria de las últimas semanas. Y la Cámara de Casación, con los votos de Mahiques —ex ministro de María Eugenia Vidal— y Hornos, a favor, y Figueroa en disidencia, confirmó la desestimación de otra acusación por no haberle entregado a una víctima de la dictadura unos bonos licitados en 2003.

En el año 2016 la justicia exhibió una cara diametralmente opuesta frente al affaire dólar futuro. Más allá de culpables o inocentes, es evidente que en algunos momentos los hechos derivados de la política económica son judiciales y en otros no.

De acuerdo con el recuento de Clarín, Caputo tiene al menos media docena más de denuncias en su contra, la mayoría presentadas por el kirchnerista Rodolfo Tailhade.

Hay dos que parecieran avanzar y quizás tenga que ver con que los investigadores no forman parte del juego Gobierno-Corte Suprema-Familia de Comodoro Py.

Una es aquella que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado acerca del presunto doble rol que jugó Caputo con otros funcionarios en el acuerdo con los fondos buitre en enero de 2016.

Esta denuncia la hizo el abogado Eduardo Barcesat en febrero de 2016 y sigilosamente la justicia avanza sobre los presuntos vínculos de estos funcionarios con los bancos extranjeros que intervinieron en la operación, a cambio de una jugosa comisión.

La otra es la que cuenta Emilia Delfino en Perfil, según la cual Caputo es denunciado por el fiscal general de Tucumán por supuestos desmontes ilegales realizados por una empresa en la que el funcionario es accionista.

Más allá de estas excepciones, la suerte judicial de Caputo está casi escrita: el Poder Judicial no investiga al Poder Económico.

 

Sumisas y apartadas

La revolución feminista tiene mucha tela para cortar en Comodoro Py. El machismo no solo se da en que casi no hay juezas ni fiscales mujeres, sino en cómo los patriarcales magistrados privilegian el maltrato y desprecio hacia el trabajo de sus colegas del sexo opuesto por sobre lo que dice la ley.

Un ejemplo claro es el caso de la fiscal Paloma Ochoa. El juez de Casación Juan Carlos Gemignani, que en julio de 2016 ordenó detener a la empleada María Amelia Expucci porque cuestionó su orden de hacer un inventario de televisores y computadoras enviados por el Ministerio de Planificación, encabeza una larga recusación en contra de la fiscal.

Los motivos: ella lo investigó por privación ilegítima de la libertad agravada y pidió su indagatoria por el escándalo de la detención de su empleada. Lo insólito, o mejor dicho preocupante, son sus fundamentos.

Gemignani recusó a Ochoa justo pocos días después de que ella pidiera su indagatoria. Según el magistrado, la fiscal tiene riesgo de parcialidad porque el 19 de octubre de 2016, durante el paro de mujeres organizado por Ni Una Menos, “condujo un escrache” en su contra y pegó un cartel con el dibujo emblema de esa marcha en su despacho.

Además de lo absurdo de sus argumentos, el magistrado no aportó pruebas que acrediten esto. No hubo un solo testigo que presenciara y declarara algo así. Gemignani solo presentó un artículo periodístico y una declaración testimonial de su secretaria, sobrina de la mejor amiga de su mujer, que manifestó haber visto pegado el cartel en la puerta. La fiscal Paloma Ochoa contó, en cambio, que ese día participó simbólicamente en Comodoro Py del reclamo de las mujeres, que se llevó a cabo en todo el país, sin escrachar a nadie.

A pesar de que en las instancias anteriores la sostuvieron en la causa, el 27 de junio pasado los camaradas de Gemignani en Casación, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi (ambos investigados por la fiscal Ochoa en dos causas diferentes), con disidencia de Hornos, le dieron lugar al pedido de apartamiento de la fiscal. Una vez más los argumentos de los magistrados fueron ridículos, o mejor dicho, inentendibles:

“Considero que las particularidades del mismo, habilitan hacer excepción a la limitación dispuesta en el artículo 71 toda vez que las quejas vinculadas con la posible afectación de las garantías del debido proceso y defensa del juicio a partir de la alegada pérdida de objetividad de la representante del Ministerio Público Fiscal podrían generar un agravio de tardía o imposible reparación ulterior, susceptible de configurar una cuestión federal”.

Así la recusación pasó de forma, al menos críptica, a manos de la Cámara Federal, que debe resolver si la fiscal Paloma Ochoa sigue investigando al juez Gemignani o no. Además, por estos días los camaristas Llorens y Bruglia deberían resolver la cuestión de fondo en este asunto que está desde febrero en sus manos. Esto es, si Geminiani privó o no de la libertad a su empleada abusando de su poder de juez de la Casación.

Pero, además de la cuestión de género, el caso Ochoa es una muestra más del modo en que se expulsan a fiscales incómodos de los expedientes.

La “excepción” que hizo la Cámara de Casación en el caso de la nombrada es otra puerta más que permite la sustitución de fiscales de acuerdo a los intereses ocasionales del momento.

 

Publicado en el newsletter Dos Justicias, de América 24

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