Camino al desierto
Por una Argentina sin bosques y sin agua
Agua que no has de tener
Hace un par de días, en una entrevista en La Nación+, el ministro Luis Caputo anunció el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, conocido como ENOHSA.
El ministro de Economía, durante la entrevista, aseguró que el organismo “es un antro de corrupción”. Ignorando los alcances y funciones del organismo. En la misma entrevista, afirmó que “el organismo se creó en 1995 para hacer una obra o dos, pero después le encontraron la vuelta”.
Estas afirmaciones son gravísimas y deberían presentarse las denuncias correspondientes ante la Justicia, ya que quien alega la comisión de delitos es funcionario público. Pero además, evidencian un desconocimiento absoluto. El ENOHSA no fue creado para hacer “una o dos obras”. El ENOHSA es un organismo descentralizado del Estado nacional dotado de personería jurídica y autarquía administrativa, creado en 1995 por la Ley 24.583. Este organismo, donde trabajan prestigiosos sanitaristas, se ocupa de planificar, ejecutar y administrar obras de agua y saneamiento en todo el país. Además, financia obras de infraestructura a las provincias, municipios, empresas prestadoras del servicio de agua y saneamiento y entes reguladores para mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento cloacal. Es el organismo nacional que tiene a su cargo las políticas de agua y saneamiento en todo el país.
La Ley N.º 24583 también creó el Consejo Federal de Saneamiento integrado por funcionarios nacionales y funcionarios provinciales, otorgando carácter federal a las decisiones de los programas para el desarrollo de obras de agua potable y cloacas.
Federico Sturzenegger aseguró ante empresarios que “la obra pública no vuelve más”. En este caso, están cumpliendo con sus palabras, al desmantelar al organismo que proyecta y financia la infraestructura de agua y saneamiento en las provincias.
En la Argentina, siete millones de habitantes no acceden al agua potable y 20 millones no acceden a la cloaca. Esta profunda desigualdad territorial no solo condiciona la reproducción de la vida, sino que constituye una enorme injusticia de género.
Cuando no se accede al agua potable, la mortalidad infantil se multiplica, la esperanza de vida se reduce drásticamente y las mujeres tienen que destinar el doble de tiempo a las tareas de cuidado no remuneradas.
Garantizar el acceso al agua potable en igualdad de condiciones al conjunto de nuestra población debería ser una prioridad máxima. Esta medida, además, se da en paralelo a la decisión de privatizar AySA, la empresa estatal que se ocupa de prestar el servicio de agua y cloaca en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana.
El primer paso hacia la privatización fue dado con la aprobación de la Ley N.º 27.742, ley Bases, que en su art. 7 declaró que AYSA S. A. se encuentra sujeta a privatización. El segundo paso consistió en eliminar los subsidios a la tarifa al usuario que realizaba el Estado nacional para que de esta forma la empresa sea rentable para los futuros compradores. Esto llevó a que en algunos casos el aumento de la tarifa al usuario por el servicio público de agua y saneamiento llegara a un 1500% desde enero de este año a octubre.
En nuestro país, la evolución del saneamiento básico (infraestructura de agua potable y desagües cloacales) siempre ha dependido del devenir de los procesos políticos. Las epidemias de cólera, viruela, escarlatina y fiebre amarilla, que tuvieron lugar en 1867-1871, constituyeron enormes desafíos para el sanitarismo argentino. Así surgieron los primeros proyectos de saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires llevados a cabo por John Coghlan, primero, y el ingeniero Bateman, después, entre 1869-1880. Durante un siglo, entre 1880 y 1980, la empresa nacional Obras Sanitarias de la Nación tuvo a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las principales ciudades de nuestro territorio.
Entre 1947 y 1951, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el programa de obras de infraestructura ubicó a la Argentina como líder en la región en materia sanitaria. De la mano de la última dictadura cívico-militar llegaron el desfinanciamiento y el desguace del sistema sanitario, proceso que terminó de consolidarse en la década del ‘90 con la privatización del sector. Este proceso fue transversal en nuestra región, ya que la inversión en infraestructura en América Latina tuvo una fuerte caída desde el final de la década de 1980, en coincidencia con la privatización del sector, cuando se invertía más del 4% del PIB.
En nuestro país, todos los días, millones de mujeres, niñas y niños pierden oportunidades por falta de acceso al agua potable. Por eso, sin duda, tenemos que revisar las políticas y el funcionamiento de los organismos estatales, pero si la única respuesta es cerrar el ENOHSA y privatizar AySA, lo único que se logrará es profundizar la brecha de desigualdad.
Crónica de la desprotección de los bosques nativos
En el año 2007 se sancionó la Ley N.º 26331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. En su artículo 31 se crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos y se establece que este fondo estará integrado por las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas, que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional.
Desde la sanción de esta norma en el año 2007, el Fondo fue sistemáticamente desfinanciado por todos los gobiernos, asignando partidas cada vez menores, que en términos reales alcanzaron un 95% de caída presupuestaria.
Según el informe “Causas e Impactos de la Deforestación de los Bosques Nativos de Argentina y Propuestas de Desarrollo Alternativas”, publicado por el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la República Argentina se encuentra entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el período 2000-2015. La pérdida de bosques nativos entre 1998 y 2018 fue de alrededor de 6,5 millones de hectáreas y el 43% de esta ocurrió (aproximadamente 2,8 millones de hectáreas) dentro del período de vigencia de la Ley N.º 26.331 (2008 a 2018).
Las causas principales de la deforestación son la expansión de la frontera agropecuaria, los incendios intencionales y la sobreexplotación de los recursos forestales. Basta mencionar que por estos días las quemas intencionales arrasaron más de 43.000 hectáreas en la provincia de Córdoba. No solo un daño ambiental inconmensurable, sino también social y económico. Cientos de familias desplazadas, pérdida de ganado y de cultivos.
Aun cuando la Ley Nacional 26.331 tiene por objetivo el enriquecimiento, la restauración, la conservación y el aprovechamiento sostenible, los ecosistemas de bosques nativos degradados por el fuego o la deforestación no están siendo recuperados.
La provisión de recursos para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos resulta fundamental para que las jurisdicciones locales puedan desarrollar y sostener sistemas de información sobre sus bosques nativos; recomponer los bosques degradados, y brindar asistencia técnica y financiera a pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o campesinas.
Los bosques nativos brindan servicios ambientales que la ley reconoce como la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, la fijación de carbono, la contribución a la diversificación y belleza del paisaje y la defensa de la identidad cultural. Estos servicios ambientales tienen la característica de ser comunitarios, es decir, que su beneficio es para toda la sociedad.
Por otro lado, si bien nuestro país avanza en materia de acuerdos de biodiversidad y mitigación del cambio climático en numerosos encuentros de alcance internacional, esos compromisos no se sustancian en políticas públicas ambientales, como tampoco en presupuestos acordes.
En el proyecto de ley de presupuesto para el año 2025, el Poder Ejecutivo fijó la suma de 117.554.748.535.461 pesos para el total de gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2025. Considerando el 0,3%, se deberían destinar 352.664.245.606 pesos a la integración del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Sin embargo, el proyecto de ley contempla una partida presupuestaria de 9.091 millones de pesos para la integración de dicho Fondo, suma que a todas luces es significativamente muy inferior a lo que corresponde por ley. El monto asignado tan solo representa el 0,0077%. En otras palabras, se incumple la Ley 26.331 y se le asigna 38,8 veces menos de lo que corresponde, apenas un 2,56% de lo que debería recibir según la ley.
Si a la partida del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos le adicionamos la del Programa Nacional de Bosques Nativos, entre ambas obtendremos un monto de 10.000 millones de pesos, que es el mismo importe que se encuentra vigente en el Presupuesto actual. En conjunto, estas dos partidas alcanzan tan solo un 0,00851% del total del Presupuesto. Más allá de la gravedad del congelamiento en estos montos, al 11 de septiembre del 2024, ha sido nula la ejecución de estos montos.
Si faltaba más, el 7 de octubre de 2024, Milei firmó el Decreto N.º 888/2024 disponiendo la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). En la Ley 27.431, se había creado este Fondo Fiduciario para administrar el Fondo de Bosques Nativos.
Milei hizo uso de la facultad que le reconoce la ley Bases (Ley N.º 27.742), en su art. 5, para modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.
Si bien la disolución del Fondo Fiduciario (art. 53 de la Ley N.º 27.431) no implica la derogación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (art. 30 de la Ley N.º 26.331), la ley Bases establece que “si el fondo fiduciario fuera financiado por una asignación específica de aportes o recargos obligatorios creados a tal fin, tanto la asignación como los aportes o recargos obligatorios se considerarán eliminados”.
De esta norma, el Poder Ejecutivo podría interpretar que la asignación legal y obligatoria del 0,3% del presupuesto para los bosques nativos ha sido también eliminada.
El estrangulamiento financiero, además de económico, a la política de enriquecimiento y conservación de bosques nativos se convierte en una política gubernamental explícita en favor de reordenar el territorio para el agronegocio y las actividades agrícolas y ganaderas extensivas. Esto agrava los problemas climáticos e hídricos, incrementando los riesgos frente a olas de calor, incendios y posibles problemas sanitarios.
En lugar del deber ser de la democracia participativa ambiental que establece el Acuerdo de Escazú, estamos viviendo una autocracia de la flexibilización ambiental.
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