Cómo repartir un alfajor

 

El sostenido suspenso por el anunciado veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso para 2024 coincidió con la presentación del Ejecutivo del proyecto de Presupuesto de cara al año próximo, que incluye lo que se destinaría a las universidades nacionales.

Al gobierno no puede objetársele incoherencia en ese punto, porque a la erosión por inflación de la inversión académica en sus primeros diez meses continuaría un recorte feroz que consentiría para 2025 sólo la mitad de lo reclamado por las universidades públicas que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que el sistema de educación superior funcione.

En offside quedó, en cambio, el economista José Luis Espert. Cuando el tema se debatió en la Cámara de Diputados, el presidente de su comisión de Presupuesto y Hacienda sostuvo que para el gobierno “la educación superior es central” pero que la asignación y distribución de sus recursos deberían discutirse cuando el Presidente enviase al recinto la proyección para 2025. Sin embargo, ambos puntos no serían mutuamente excluyentes, porque la ley finalmente aprobada se propuso únicamente recomponer la situación del año en curso, que el propio Espert reconoció. Como ilustró un estudio circulado por el CIN, los salarios de docentes y no docentes crecieron porcentualmente por debajo de los del ámbito privado, el resto del empleo público e incluso del trabajo no registrado.Siempre en términos nominales, porque en valor real sufrieron una baja de un tercio.

 

 

 

Un sector partido al medio

El proyecto oficial de Presupuesto ratifica las dudas en relación a que la educación universitaria sea para el gobierno tan central como Espert proclamó.

A partir de los informes de cada una de sus integrantes, a fines de agosto el CIN acordó solicitar poco más de 7 billones de pesos para el funcionamiento del conjunto del sistema durante 2025, sin contar la inflación ni los aumentos salariales que se registrasen con el caer del almanaque. Como respuesta, el gobierno presupuestó menos de 4 billones.

La última ocasión en que el Congreso aprobó un proyecto oficial de Presupuesto fue con el elevado en septiembre de 2022. Sancionado un bimestre después, asignó a las universidades 752.482 millones de pesos. Desde entonces, el conjunto de la administración pública funciona con prórrogas y la inflación acumula un alza de 655%. Además, se crearon cinco nuevas casas de estudio. Es notorio que los resultados de simples multiplicaciones se ubican más cerca de lo reclamado por el CIN que de la calculadora oficial.

En la afligida contabilidad académica se inscribe también lo ya perdido. El jueves 19, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) circuló un estudio sobre los trazos generales del proyecto de Presupuesto y sus derivaciones. En materia universitaria, el informe estima en 33,2% la pérdida de recursos del sector en 2024 y un 5,2% adicional para el año próximo, de aprobarse la propuesta oficial.

 

La tijera federal

A la poda estimada para las universidades nacionales se añade la calculada para el ámbito científico con el que esas instituciones tienen conexión directa, por la doble dependencia con el CONICET de varios centros de investigación y los programas de financiamiento de la actividad que desarrollan sus docentes. El proyecto de Presupuesto para 2025 contempla que, de aprobarse, no se respetará el mínimo de 0,45% del Producto Bruto Interno fijado por ley para inversión en ciencia, tecnología e innovación.

El CEPA calculó que, permitiéndose esa omisión, el gobierno

• aumentará 4,6% el presupuesto en el rubro respecto a 2024, pero con una baja de 32,1% en relación a 2023,
• los recortes a las partidas de CONICET alcanzarán el 18,3% sobre 2024 y 39,7% en relación a 2023; y
• la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación verá congelado su presupuesto, lo que en términos reales la llevará a contar con 65,8% menos de recursos que en 2023.

La merma de financiamiento en ambos ámbitos tendrá un impacto federal, por la extensión geográfica de los sistemas de educación e investigación y los anclajes territoriales de sus prácticas, que no se encierran sólo en aulas y laboratorios. Como la mayor parte de los presupuestos están destinados a salarios, becas, obras y pagos a proveedores locales, es previsible una retracción de los efectos multiplicadores en empleo y consumo en las ciudades con sede académica o científica.

A ello se agregan los tarifazos en los mal llamados servicios públicos. Como ya contó El Cohete, la diputada y docente Julia Strada había elaborado un proyecto para equiparar a las universidades con usuarios residenciales y entidades de bien público, de modo de limitar el impacto. No logró convencer a sus pares, y las empresas de gas y energía eléctrica continuarán mordiendo porciones cada vez mayores de los recursos institucionales, que dejarán de volcarse en sus comunidades.

 

Porciones de alfajor

Convertida la torta en alfajor, su reparto beneficiaría a la Universidad de Buenos Aires, cuya ubicación y matrícula la convierten en factor determinante para protestas como la que el 23 de abril movilizó a más de un millón de personas. Ese peso específico le permite condicionar más allá de la distribución acordada en el CIN, que en igualdad de votos comparte con sus pares de todo el país.

Aunque no escapa a la retracción de recursos planteada para el sector, el peso relativo de la UBA sobre el total asignado a las universidades creció respecto del Presupuesto que el Congreso aprobó para 2023. Si entonces los recursos proyectados para la UBA representaban un 17,36%, en 2025 su incidencia treparía a 17,8%, aun sin considerar ítems no incluidos en el subtotal que engloba salarios y gastos de funcionamiento.Pese a las diatribas de la Vicepresidenta Victoria Villarruel contra el vicerrectorado de la universidad en que se graduó, la poda de recursos afecta menos a la academia porteña que a las restantes instituciones públicas de educación superior. Siempre resulta difícil dilucidar las internas del elenco gobernante.

De aprobarse el proyecto se consolidaría la tendencia de pérdida de gravitación de las universidades del interior. Dos de cada tres retrocederían en su incidencia sobre el total. En esa situación estarían incluso grandes centros académicos: el de La Plata pasaría de 6,88% a 6,74% y la Universidad Nacional de Córdoba, nacida casi dos siglos antes que el país, caería de 6,75% a 6,57%. Varias de las universidades del Conurbano bonaerense pudieron mantener o incrementar su participación, aunque en porcentajes marginales, gracias al bloque que abroquelan en el CIN.

Por el impacto económico en las plazas locales o las previsibles protestas del sector, ese combo estallaría en manos de gobiernos municipales o provinciales alejados del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde atiende Dios y se sublevan los subsuelos de la Patria. Buscado o fortuito, conformaría un escenario favorable al gobierno de Milei, que no controla ningún Ejecutivo subnacional.

Exceptuando al AMBA, la pérdida de participación sobre el total golpearía también a las universidades del interior de la provincia gobernada por Axel Kicillof: Mar del Plata lograría mantener su porcentual (de 2,17%), pero retrocederían la del Sur con sede en Bahía Blanca y la del Centro, distribuida entre Tandil, Azul, Olavarría y Quequén. En todos esos distritos Milei prevaleció con amplia ventaja sobre Sergio Massa en el balotaje de noviembre pasado. Curiosa manera de agradecer el respaldo.

 

 

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