Periferias turbulentas

 

En una destacada línea de investigación conducida durante las últimas dos décadas [1], Roberto Russell ha adaptado el concepto de John S. Galbraith de “fronteras turbulentas” [2] para referirse a la dinámica que caracteriza a América Latina y su relación con la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos. Para ello, el académico argentino ha empleado la noción de “periferia turbulenta”, entendida como situaciones y procesos en desarrollo en nuestra región que activan los intereses de seguridad de Washington. Esta noción comprende desde amenazas transnacionales como el terrorismo y el crimen organizado, hasta la resistencia al centro por parte de gobiernos que definen su acción política en clave de oposición a los Estados Unidos.

Como se afirma en un trabajo reciente: “Los hechos y procesos que determinan que una periferia sea percibida como turbulenta por la metrópoli varían según las épocas como también las políticas para hacerle frente. En la Guerra Fría, por ejemplo, la turbulencia se asociaba en Washington al peligro del avance del comunismo o de fuerzas de izquierda en América Latina. Hoy las turbulencias provienen esencialmente de amenazas más difusas y transnacionales (…) o son provenientes de espacios gobernados por fuerzas que se oponen al centro. Las formas elegidas para responder a las turbulencias también mudan siguiendo el compás que impone el centro”.

En este contexto, cabe señalar que los factores que determinan que una periferia se torne turbulenta son multicausales e incluyen aspectos propios de la periferia (endógenos) y otros del centro (exógenos). En este artículo nos interesan especialmente los segundos, es decir, aquellos factores metropolitanos relacionados con dinámicas específicas de los Estados Unidos, cuyas externalidades impactan negativamente en la periferia latinoamericana. Por ejemplo, Estados Unidos contribuye a la turbulencia de la periferia latinoamericana cuando: a) deporta masivamente a sus países de origen a centroamericanos miembros de pandillas que acceden con enorme facilidad al mercado de armas estadounidense; o b) consume como ningún otro país del mundo la droga que se produce en América del Sur y, por lo tanto, contribuye con su fenomenal demanda a la escalada de violencia periférica. Suficientemente conocida es la situación de México y Colombia, dominada por los grandes cárteles, pero es también relevante mencionar el caso de Ecuador –sobre el que volveremos–, en donde las incautaciones de cocaína y las tasas de homicidio se quintuplicaron entre 2019 y 2022.

Con relación al narcotráfico, corresponde mencionar algunos de los hallazgos del Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). Entre las cuestiones más relevantes, cabe mencionar que Estados Unidos continúa siendo el mercado consumidor de cocaína más importante del planeta, con 8,4 millones de personas que reconocen haber consumido esa droga durante el último año [3]. Esto tiene un efecto directo en la producción creciente de cocaína en la región y en la espiralización de la violencia. En el plano comercial, la producción de Colombia concentraba en 2020 más del 60% del cultivo mundial de coca. Le siguen Perú y, en menor medida, Bolivia, con el 26% y el 13% del cultivo, respectivamente. En paralelo, el abaratamiento de la cocaína en el mercado mundial ha provocado una escalada de la violencia en los Estados que forman parte de la cadena de suministro, principalmente en Ecuador y en los países del Caribe.

 

 

 

Cultura armamentista en los Estados Unidos

La turbulencia periférica latinoamericana tiene en el mercado de armas estadounidense un elemento que la acicatea tanto como el consumo de cocaína en aquel país. Los datos de acceso a armas que enumeraremos son espeluznantes, pero antes conviene hacer mención a algunos elementos de orden político-cultural.

En los Estados Unidos rige la Segunda Enmienda a la Constitución (Enmienda II), aprobada en diciembre de 1791, que protege el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Como resultado de ello, Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y disponer de armamento. Se producen anualmente 14 millones de armas de fuego (contra los 3 millones que se manufacturaban en 2001, lo que exhibe el impacto que ha tenido la relajación normativa del periodo 2004-2005 durante el segundo mandato de George W. Bush). Para tomar una dimensión de estas cifras, en 2024 circulan 380 millones de armas de fuego (en un país con 333 millones de habitantes, esto representa alrededor de 115 armas cada 100 habitantes, proporción similar a la de teléfonos celulares y mayor a la de automóviles). O expresado con otro dato impactante: mientras en los últimos 20 años la población creció un 18%, el número de armas producidas se disparó un 400%.

En términos comparados, la situación en los Estados Unidos está fuera de toda proporción: más que duplica al país que le sigue con mayor índice de posesión de armas (Yemen, con 53 armas cada 100 habitantes, nación atravesada por una guerra civil desde 2014 cuando se produjo el golpe de Estado contra el Presidente Al-Hadi). Tal vez sea este universo de datos el que explique, desde un punto de vista que incorpora la dimensión cultural, una situación sorprendente ocurrida durante el último debate presidencial entre la Vicepresidenta Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump. En un momento de la contienda, Harris –acusada por Trump de procurar confiscar a los norteamericanos las armas de fuego– sorprendió a los espectadores afirmando que “Tim Walz –en referencia a su compañero de fórmula– y yo somos propietarios de armas (…) No vamos a quitarle las armas a nadie”. Y afirmó que poseía un arma “posiblemente por la misma razón que muchas otras personas: por seguridad personal”, recordando que en su desarrollo profesional se cuenta el antecedente de haber sido “fiscal de carrera”.

 

 

 

México: la primera periferia

Los datos disponibles también son elocuentes respecto de las razones internas de los Estados Unidos que fuerzan la “turbulencia periférica” en México. En 2023 se contabilizaban 77.800 puntos de venta legales de armas de fuego. En el paraíso mundial del fast food, eso supone un número mayor a la suma de los locales de McDonald's, Burger King, Subway y Wendy’s de la extensa geografía norteamericana. Contra la extrema liberalización estadounidense en la materia, en México impera una lógica restrictiva: solamente existen dos centros para adquirir armas de forma legal, ambos administrados por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). El resultado de la amplia desregulación del mercado de armas estadounidense, sumado a la enorme demanda de México en un contexto dominado por el narcotráfico y la violencia, redunda en una situación de muy dificultosa contención. Al sur del río Bravo circulan ilegalmente 17 millones de armas, lo que ha facilitado la transformación de pequeñas redes criminales en “grandes ejércitos”.

La información descriptiva del caso mexicano resulta esclarecedora: el 70% de las armas encontradas en escenas del crimen fueron producidas en Estados Unidos –principalmente en Texas y Arizona, y en menor medida en California– antes de ser traficadas ilegalmente a México. Como consecuencia de ello, México ha experimentado un aumento exponencial de la violencia medida a través de la tasa de homicidios, que pasó a ser una de las más altas del mundo (en 2023, sin embargo, se ha reducido a la todavía impactante cifra de 24 cada 100.000 habitantes, posiblemente debido a la decisión del Presidente López Obrador de crear una fuerza intermedia, la Guardia Nacional, que junto a otras políticas públicas desmilitarizadoras –sociales, educativas, etc.– contribuyó a disminuir esa exorbitante ratio). No obstante, los datos de violencia siguen siendo durísimos: desde el inicio de la “guerra contra las drogas” (Felipe Calderón, 2006-2012) se ha alcanzado la cifra récord de casi 100.000 desaparecidos.

Finalmente, un dato desestigmatizante: contra la información que anida en las redes sociales, generalmente proclive a poner la lupa sobre los extranjeros de origen latino –coincidente con la mirada de Trump, que para justificar que protagonizará la mayor deportación de la historia afirmó que los inmigrantes se están comiendo a las mascotas en la ciudad de Springfield (Ohio)–, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha sido concluyente en relación a la facilitación directa o indirecta de armas de fuego hacia el mercado ilegal mexicano. Fueron hombres blancos (84%) y ciudadanos estadounidenses (95%) los responsables de este tráfico durante el periodo 2017-2021.

 

Ecuador: la segunda periferia

Un lugar emblemático de agudización de la turbulencia periférica en los siete últimos años ha sido Ecuador. El auge prolongado de la demanda de cocaína por parte del centro del poder mundial ha llevado a una escalada de la violencia y a una espiralización de los homicidios en este país de la segunda periferia estadounidense.

Fue la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien en enero de este año trajo a colación el caso ecuatoriano al defender la militarización de la seguridad pública en el Congreso: “Las hipótesis de conflicto que están en Argentina hoy las estamos viendo en otros países (…) Ecuador en 2017 tenía una tasa de 5 homicidios cada 100.000 habitantes (…) en los últimos años se desmadró, hoy tiene 40 homicidios cada 100.000”. Este incremento exponencial de casi 800% obliga a remontarse a los inicios del gobierno de Rafael Correa, quien gobernó durante tres mandatos entre 2007 y 2017, cuando el índice de delitos tocó su mínimo histórico en las últimas dos décadas. Correa asumió la presidencia con 18 homicidios cada 100.000 habitantes y, al cabo de 10 años, entregó el poder a su sucesor, Lenin Moreno, con el número mencionado por Bullrich: 5 cada 100.000. Desde entonces, la tasa se incrementó a 21 homicidios al finalizar el mandato de Moreno en 2021; y 45 homicidios al concluir el gobierno de Guillermo Lasso en 2023, quien además firmó un decreto que levantó la prohibición de portar armas de fuego impuesta a los civiles desde hacía 12 años.

Lo que ni Bullrich ni los analistas internacionales con mayor presencia mediática advierten, sí lo pone en discusión un think tank con sede en Washington DC: el Center for Economic and Policy Research. En un informe elaborado por los investigadores Mark Weisbrot, Jake Johnston y Lara Merling, se puede observar la incidencia que detentan las capacidades del Estado en materia de inversión social, educativa y de regulación económico-financiera. Durante la presidencia de Correa (2007-2017), se destacan los siguientes índices:

• Crecimiento del PBI per cápita del 1,5%.
• Reducción del 38% de la tasa de pobreza y de un 47% de la pobreza extrema.
• Disminución de la desigualdad (del 0,55 al 0,47 según coeficiente de Gini).
• Duplicación del gasto social (del 4,3% al 8,6%).
• Aumento del gasto educativo del 0,7% al 2,1%.
• Incremento de la inversión pública del 4% al 15%.

En efecto, resulta evidente la correlación entre un Estado presente, las políticas públicas implementadas y los resultados alcanzados en materia de seguridad, con el piso histórico de 2017 en el índice de homicidios, referido pero no explicado por la ministra Bullrich en su visita al Congreso de principios de año.

 

¿Y por casa cómo andamos?

Por supuesto, a contramano de toda la evidencia empírica, la “occidentalización dogmática” que orienta al Presidente Milei y a la ministra Bullrich no les permite otra cosa más que poner la mirada en la sociedad norteamericana y replicar acríticamente todo lo que allí sucede. En consecuencia, mientras Milei afirma sin ningún apego al rigor científico que “aquellos Estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos”, Bullrich envía un proyecto con ese mismo espíritu al Congreso con la convicción de “promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”. Asimismo, se afirma desde el gobierno que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) “continuará eliminando procedimientos innecesarios y costosos para facilitar la legítima tenencia de armas”.

Todos los que trabajan seriamente los datos llegan a una conclusión diferente a la de Milei y Bullrich. Como afirma la experta Alejandra Otamendi, investigadora del Conicet: “Según los estudios que hay sobre el tema, a mayor cantidad de armas en la sociedad civil, mayor cantidad de muertes, tanto por homicidios como por femicidios, suicidios y accidentes con armas de fuego”. Por su parte, un trabajo publicado por investigadores del Boston Children’s Hospital y la Universidad de Harvard daba cuenta de que los asaltos con armas de fuego eran casi 7 veces más comunes en los estados norteamericanos con niveles más altos de posesión de armas y acceso a las mismas. En el caso de la Argentina, Tobías Schleider, especialista en seguridad de la Universidad Nacional del Sur, señala que “el argumento de que las armas sirven como instrumento de defensa es falaz (…) la existencia de armas en el hogar aumenta en más de 12 veces la probabilidad de que uno de sus habitantes resulte herido”. Asimismo, según el mismo investigador, en los países “en donde hay controles de armas estrictos, la violencia disminuye. Japón, Corea del Sur y Canadá, por ejemplo, tienen tasas de delitos violentos bajísimas”.

La Argentina es parte –junto a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay– de la tercera y más lejana periferia de los Estados Unidos dentro del continente. A pesar del interés geopolítico de Washington por la incidencia en ella de la República Popular China –en lo que Russell denomina una “periferia penetrada”–, lo cierto es que en materia de amenazas transnacionales (narcotráfico, terrorismo, migraciones), los Estados Unidos tienen aquí un menor interés por dos motivos esenciales: i) la mayor lejanía geográfica; y ii) el menor nivel de amenazas a la seguridad del centro. Tal situación otorga a los países de esta tercera periferia un mayor margen de maniobra y autonomía frente a los Estados Unidos. La estrategia internacional de Lula resulta un buen ejemplo en este sentido. Sin embargo, las políticas externa, de defensa y de seguridad de Javier Milei carecen de toda sofisticación para advertir esta ventaja. En consecuencia, el gobierno argentino continuará desplegando esfuerzos ímprobos por congraciarse con los sectores más conservadores de Washington y, por lo tanto, correrá el riesgo de convertirse en una “periferia turbulenta”. Las iniciativas en materia de militarización de la seguridad pública y de desregulación del mercado de armas se orientan en esa dirección. Por el bien de todos los argentinos, esperemos que el Congreso de la Nación y la sociedad pongan un freno a estos desvaríos.

 

 

 

 

* El autor es profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).

 

 

[1] Russell, Roberto y Fabián Calle. 2022. “Periferias turbulentas y penetradas: su papel en la expansión de los intereses de seguridad de Estados Unidos en América Latina”. CEBRI-Revista, Año 1, Número 1 (Jan-Mar): 167-189.

[2] Galbraith, John S. 1960. “The ‘Turbulent Frontier’ as a Factor in British Expansion”. Comparative Studies in Society and History. An International Quarterly, vol. 2, nº 2: 150-68.

[3] Esto implica, en términos de prevalencia de consumo, un 2,5% de la población, sólo por detrás del 4,2% de Australia (que cuenta con 26 millones de habitantes y un millón de consumidores de cocaína).

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí