Manu militari

 

Dos grandes focos de incendio que se produjeron entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre en la Reserva Natural de la Defensa La Calera se generaron mientras el Ejército realizaba prácticas militares y pusieron en riesgo urbanizaciones, estaciones de servicio y fábricas de las localidades del gran Córdoba: Malagueño y La Calera, acercándose al límite del ejido municipal de la capital provincial.

Se trata de una práctica habitual de ejercicios de tiro y “actividades de instrucción y adiestramiento y aero-cooperación, con lanzamiento de paracaídas”, según reconoció el Ejército a la edición local del diario Perfil, primer medio que denunció esta semana la presunta causa de los incendios. Una fiscalía provincial investiga los hechos, instruyendo la realización de peritajes en la zona, al tiempo que envió oficios al Tercer Cuerpo con asiento en la provincia. Aunque todavía está pendiente la competencia definitiva, al estar involucrados predios del Ejército, la causa podría trasladarse a la Justicia federal.

En ese marco, el periodista Andy Ferreyra recabó las quejas de cuarteles de bomberos voluntarios, que habían anticipado el peligro de desarrollar las prácticas a los mandos militares a cargo, debido a que Córdoba se encuentra en plena temporada seca de incendios. El Cohete constató estas denuncias con efectivos que combatieron las llamas y adjudicaron los incendios a la negligencia en las prácticas militares. “Fuimos a evaluar el lugar y les dijimos que saquen los blancos de tiro de acá y los lleven a otro lado. Dos días después se incendió todo el sector. Fueron negligentes”, contó un bombero.

El 2 de agosto el fuego obligó a cortar la autopista que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz, interrumpida durante 12 horas. Se evacuaron una estación de servicio y las cabinas de peaje ubicadas en el sector. La zona se encuentra minada de barrios cerrados, por lo que la zozobra de los vecinos se viralizó en las redes (anti)sociales. Las estimaciones señalan que se quemaron alrededor de 5.000 hectáreas de un predio por 12.000 hectáreas que tiene esa área de preservación.  “El personal de las Fuerzas Armadas no colabora en adecuar sus prácticas a las medidas de seguridad por los riesgos ambientales que tenemos. No modifican ningún tipo de conducta. Están jugando a la guerra y estas son las consecuencias”, lamentó con amargura el bombero.

El incendio llegó a sitiar el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos La Perla, salvado in extremis por un cuartel de bomberos voluntarios de Malagueño.

 

 

Hasta hace cuatro años, un equipo ambiental de la ONG El Cuenco se ocupaba de realizar el mantenimiento de las “picadas”, aperturas dentro del bosque que cumplen la función de corta fuegos, en el marco de un proyecto de recuperación de la cuenca hídrica que rodea Córdoba Capital, financiada por una fundación de la empresa Coca Cola. Pero en 2020 la firma resolvió abandonar el proyecto. Como la zona es sitio histórico de prácticas de tiro del Ejército, el Ente Metropolitano Córdoba había delimitado el espacio para hacer los ejercicios en la zona Quebrada de la Cancha, pero el incendio se inició fuera de ese predio, dijeron los bomberos.

La recuperación del bosque nativo en el área quemada llevará entre 80 y 200 años, según calculó Javier Bernasconi, integrante de El Cuenco. Mientras las alertas de riesgo extremo del Plan Provincial Manejo del Fuego no fueron atendidas, cuatro bomberos resultaron con heridas de distinta gravedad cuando el fuego los cercó y debieron atravesar una línea de fuego con un vehículo.

“Por qué no hacen las maniobras militares en época de lluvias, de noviembre a marzo, no se entiende”, dijo el bombero consultado por El Cohete. Uno de los focos se desató durante ejercicios de paracaidismo, a partir de la presunta utilización de un “fumígeno”, bomba de humo arrojada para señalar el terreno a los paracaidistas, mientras corrían fuertes vientos en la zona.

 

 

La fundación española Pau Costa, que realiza capacitación y formación de capacitadores en incendios, ya había advertido a los bomberos cordobeses que los incendios que se vienen en épocas de cambio climático serán explosivos, de mucha violencia, con vientos y condiciones extremas, como los que se suceden en la península ibérica, California, Brasil o Australia.

Los desarrollos urbanísticos sin contemplar las condiciones ambientales forman parte del problema y tienden a agravar el cuadro. “La Reserva está presionada por los countries habilitados en Córdoba Capital, La Calera, Malagueño y Villa Carlos Paz”, resumió Bernasconi.

Frente a este panorama, los fondos del Estado nacional para financiar los cuarteles de bomberos voluntarios rondan los 20 millones de pesos para 2024. Según explicó el jefe de un cuartel, una autobomba cuesta alrededor de 40.000 dólares. “Esos vehículos tienen una vida útil de diez años, pero en general los compramos usados”, apuntó.

Por su parte, el Estado provincial dispone de partidas presupuestarias destinadas al manejo del fuego y la gestión de riesgo de desastres. La legisladora radical Brenda Austin elevó un pedido de informes al gobierno de Martín Llaryora por la subejecución de ese presupuesto: solo el 39,05% del programa de Prevención de Catástrofes, 0% del Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastre, y 32,68% del Fondo de Protección Ambiental Provincial (FOPAP), “en un contexto en el que se afectaron miles de hectáreas y se pusieron en riesgo viviendas y vidas humanas”, denunció.

Repetidas consultas al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Martín Degano, y al vocero de área, para conocer la postura del gobierno de Córdoba sobre lo ocurrido y denuncia de subejecución presupuestaria, no lograron alguna explicación oficial.

Por otro lado, el diputado del Pro Oscar Agost Carreño presentó en el Congreso un pedido de informes al Ministerio de Defensa sobre posibles responsabilidades del Ejército en los incendios. “Es imprescindible que se esclarezcan las causas de estos incendios y si hubo responsabilidades por parte del personal militar”, dijo el diputado, presidente del partido de Macri en Córdoba. “Ante la gravedad de lo sucedido, es necesario esclarecer si hubo negligencia o incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del Ejército”, concluyó.

 

La Perla

El Espacio de la Memoria La Perla aguarda desde 2022 que el Senado trate la media sanción de la Cámara de Diputados la transferencia del predio de La Perla a la provincia de Córdoba.

Cuando Néstor Kirchner cedió en comodato las tres hectáreas y media del predio del ex centro clandestino de detención del Ejército, quedó pendiente el traslado definitivo. Como el gobierno provincial descartó la posibilidad de la compra de la tierra, quedó como una alternativa la transferencia gratuita a través de una ley. “El problema es que al ser los espacios de la memoria de gestión provincial esa tierra debería ser propiedad de Córdoba y no nacional, porque la normativa impide a la provincia invertir más de cierto monto en infraestructura y obras en territorio que no es propio, lo que nos pone en dificultad para el mantenimiento edilicio del lugar y proyectar obras grandes, más allá de pequeñas reparaciones”, explicó Matías Capra, trabajador del sitio.

“Si bien el funcionamiento cotidiano está garantizado por presupuesto provincial, a pesar de que estamos en un conflicto porque no se han cubierto las bajas por jubilaciones o renuncias con cargos renovados, el Espacio requiere obras que no se están realizando. También pedimos a principios de año un cortafuego ante posibles incendios. Ahora, el gobierno se comprometió a realizarlo a través del Ente Metropolitano, cuando todos pudimos ver que el predio tuvo riesgo de quemarse”, agregó Capra.

 

 

 

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