Ausencias e impunidad

 

Un sabor amargo. Así fue la sensación de muchos de los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan apenas se enteraron que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso la elevación a juicio oral de la causa por la tragedia. “Es un avance pero nos faltan las responsabilidades políticas”, soltó Valeria Carreras, una de las abogadas querellantes, sobre la decisión primigenia de la jueza Marta Yáñez. La noticia cae a poco de cumplirse siete años del hundimiento de la nave con 44 tripulantes a bordo, cuando desapareció a más de 900 metros de profundidad frente a las costas del Golfo San Jorge, en el Atlántico Sur.

Justamente, esa pericia submarina en el lugar de la tragedia, algo que las querellas consideran clave, todavía no se pudo realizar. Otra ausencia de peso es la pericia técnico- informática. El fallo marca que “las únicas potencias que contaban con expertos en la materia eran Países Bajos, Portugal, Estados Unidos, Egipto e India”, y dice que se presentaron “obstáculos” que impidieron avanzar. En 2020 la Cámara había reclamado una pericia sobre el material audiovisual producido por la empresa Ocean Infinity, a cargo de la búsqueda y hallazgo del submarino ARA San Juan, como también una pericia técnica de submarinistas o ingenieros navales. En el contexto actual del “no hay plata” de Javier Milei, parece una utopía.

Lo que rescatan los familiares es que la Justicia argentina consideró que la investigación no está completa, por lo cual no descartó profundizar la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri –el submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 y “apareció” un año después, en una extraña y sospechosa combinación– en la compleja trama de negligencia, encubrimiento y espionaje. Los ecos de la memoria dolorosa en una de las tragedias colectivas más impactantes de la historia argentina, para alguien curioso en el tema, se despliegan en los capítulos de la serie ARA San Juan: el submarino que desapareció, en Netflix. “Si nos estaban mintiendo desde el día uno, ¿qué podíamos esperar para lo que vendría?”, dice en la serie documental Isabel Polo, hermana de uno de los tripulantes, presagiando el pantano judicial en el que entró la pesquisa desde el minuto cero, con maniobras siniestras como escuchas ilegales a las víctimas.

 

 

Habrá, por lo pronto, cuatro marinos en el banquillo. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó el último jueves que un tribunal oral juzgue al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, el de máximo cargo operativo en la Armada; al capitán de navío Claudio Villamide, que conducía la Fuerza de Submarinos; al capitán de navío Héctor Alonso y, por último, al capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Todos ellos están procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte”.

“No nos alcanza –dijo en un comunicado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y también querellante en la causa–. Estamos lejos aún en nuestra búsqueda de verdad”. Tagliapietra remarcó la ausencia de las pericias fundamentales para llegar hasta la cumbre de los responsables políticos: “Nos sentimos mal, sentimos que nos usan, manipulan y mienten, unos y otros sin importar demasiado el signo político. Nos falta justicia, nos falta el develamiento completo de la verdad”.

Todo comenzó cuando el ARA San Juan, solo y perdido, de 65 metros de largo y siete de ancho, con 2.264 toneladas en inmersión y 44 tripulantes a bordo, un submarino de ataque capaz de lanzar hasta 24 torpedos, desapareció frente a las costas del golfo San Jorge, en el Atlántico Sur. “Perdió el plano”, según se dijo en lenguaje naval. Una marea feroz irrumpió en la quietud de la noche. Y la nave no estaba completamente cerrada.

¿Había entrado agua en la zona de baterías? ¿Cómo había sido posible? ¿Cuál fue el punto exacto en el que se dio el paso en falso?

Incógnitas y dudas se expandieron en una investigación judicial plagada de sospechas, ineficacia y asombrosa lentitud. Las fundamentales: qué pasó con el submarino, si se pudo haber evitado la tragedia y cómo determinar la cadena de responsabilidades. La causa por la desaparición del ARA San Juan, en efecto, derivó en dos investigaciones: una sobre el hundimiento y las responsabilidades políticas que hubo detrás; otra, sobre el espionaje ilegal que hizo el gobierno de Mauricio Macri sobre el grupo de familiares que reclamaba Justicia. Hasta el momento, el espionaje y las responsabilidades políticas quedaron en la nada: fueron protegidas por la corporación judicial.

 

 

La causa madre se abrió en Caleta Olivia, una ciudad de la Patagonia, donde la jueza imputó por estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio a seis jefes de la Armada por el hundimiento del submarino –entre ellos, Hugo Correa y Claudio Villamide, los últimos que hablaron con el comandante de la nave–. De esos seis, dos fueron sobreseídos. Según precisa la resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el juicio oral llegará con un proceso inconcluso: se reconoce que la investigación no está completada y todavía se analizan las responsabilidades del ex Presidente Macri, de su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y del ex jefe de la Armada, Marcelo Srur.

La mayoría de los familiares cree que la jueza Marta Yáñez, desde un principio, no demostró la menor energía en la conducción del expediente. Por ejemplo, tardó dos meses en allanar las oficinas de la Armada, cuando las querellas reclamaron que lo primero que había que hacer era secuestrar la documentación sobre el submarino. Pidieron varias veces su recusación, aunque fue reafirmada en el cargo por la Justicia.

¿Estaba la tripulación preparada para las vicisitudes del submarino? ¿La nave estaba en condiciones para semejante ejercicio naval? ¿Qué había pasado con un accidente previo que develó graves deficiencias? “Era una nave costosa”, enfatiza el historiador de submarinos Ricardo Burzaco, y de su razonamiento se desprende que un país que actualmente tiene a más de la mitad de la población en la pobreza difícilmente pueda hacerse cargo de tal máquina de guerra.

La elevación a juicio se sustenta en una hipótesis: que el submarino, por diversas razones, no se hallaba en condiciones para navegar. Con las palabras ciertamente encriptadas del lenguaje judicial, en el expediente se dice que hubo un “incumplimiento imprudente que habría quebrado el deber de cuidado a cargo de los imputados en virtud del cargo o posición de mando que detentaban como oficiales superiores de la Armada Argentina, lo que habría llevado a un deficiente estado en el alistamiento del material por ausencia de mantenimiento regular y del adiestramiento del personal; conducta (acción por omisión culposa) que guardaría suficiente nexo causal con el hundimiento por implosión”.

“No se ahogaron ni experimentaron dolor”, había dicho, en un informe seco y final, el vocero de la Armada Enrique Balbi al momento de comunicar el fatal desenlace. Fue lapidario: dijo que en el hundimiento del submarino se había registrado “un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión”. Desde aquel suceso, un vacío emocional envuelve a los familiares, que nunca tuvieron respeto y contención de las autoridades políticas.

“El gobierno de Macri fue desaprensivo y desinteresado en el drama de los tripulantes y sus familias”, responde la abogada Carreras. Y agrega, respecto al contexto del juicio: “Quienes defienden a esa gente son los que defienden represores y a los que participaron del escándalo de visitas de diputados a los genocidas”.

Carreras se permite una última reflexión que orbita el expediente. “Fue tan grave lo que sucedió con el submarino que se temían consecuencias políticas y judiciales. Por ese motivo hubo espionaje durante un año sobre las mujeres del ARA San Juan, y hubo protección en Comodoro Py al dictar sobreseimientos, justificando el espionaje en la peligrosidad de mis representadas”.

Macri, se sabe, siempre jugó de local con sus amigos en Comodoro.

 

 

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