La entrega del collar de perlas

 

Como ocurre hoy en cada sector donde la Argentina logró desempeños tecnológicos e industriales virtuosos, el gobierno de LLA está detonando el sector nuclear. Como collar de perlas codiciado, lo utilizará como ofrenda dilecta para aplacar a las fieras y ostentar sumisión a la Embajada. A través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el topo puede ganar tiempo extranjerizando todo lo extranjerizable del sector nuclear.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), desde febrero de 2014, impulsa la construcción del prototipo CAREM 25 —reactor nuclear de baja potencia para producir electricidad, 100% nacional— que es el rubí en el collar de perlas. Su trayectoria es intrincada, la genealogía del proyecto se remonta a fines de la década de 1970, y hoy se integra a la familia de los pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés). El mercado para este tipo de artefactos no existe, está en conformación, se perfila como una tecnología con alta demanda de países en desarrollo y una pieza importante para mitigar el cambio climático.

Según la evaluación de la Nuclear Energy Agency (agencia de la OCDE) de febrero de 2024, de los 56 proyectos de reactores SMR que se desarrollan en el mundo, el CAREM 25 está entre los cuatro primeros en la línea de largada de una carrera comercial que se inicia alrededor de 2028. El Estado nacional lleva invertidos hasta la fecha en el proyecto del CAREM 25 alrededor de 690 millones de dólares y todavía restan invertir alrededor de 250 millones. El proyecto se encuentra en un 63% de avance general. En términos más específicos, está en un 84% de avance la ingeniería de detalle, y el 78% de componentes electromecánicos están listos para la compra.

Con el RIGI humeando y la Embajada presionando, los libertarios se preguntan qué hacer con el CAREM 25. Veamos los hechos.

 

 

Te lo dije

En mayo de 2022 contamos en El Cohete que el sector nuclear argentino debe enfrentar “formidables obstáculos geopolíticos, factor que suele ocultarse o ignorarse”, pero que además debe “enfrentar fuerzas políticas y económicas locales que históricamente se alinean con las presiones geopolíticas y boicotean las metas del sector. Es decir, enfrentar a la derecha local, que trabaja para la inversión extranjera y la financierización de los procesos de cambio tecnológico”.

Por aquellos días se retrasaba la compra de la cuarta central nuclear de potencia a China (Atucha 3). No por problemas de financiamiento, sino por obediencia de patio trasero. En ese momento, desde la CNEA se hacían gestos ampulosos para que el entonces canciller se dignara a escuchar a la institución que tiene asignada por ley la incumbencia de asesorar al PEN en cuestiones de política nuclear. La intención era modesta: dar el punto de vista de los especialistas de la CNEA sobre algunas de las intenciones de la delegación de Estados Unidos que iba a visitar la Argentina en abril de 2022.

No se escuchó a quienes entendían y la visita fue un papelón, con niveles de injerencia humillantes. En ese momento, la jefa de la delegación de Estados Unidos, Ann Ganzer, funcionaria del Departamento de Estado, le dedicó varias alusiones específicas al desarrollo del prototipo CAREM 25. En una entrevista del diario La Nación (11 de abril de 2022), dijo Ganzer: “Queremos asociarnos con la Argentina para proveer estos reactores al resto de la región. Tal vez el que está diseñando la Argentina o alguno nuestro o de algún otro país”. Para quien entiende de estas cuestiones, la frase produce escalofríos. La diplomacia estadounidense no habla por hablar y tampoco deja cabos sueltos. A esta altura deberíamos haberlo aprendido.

El saldo de claroscuros que deja el período 2019-2023 en el sector nuclear es la ausencia de una política para el sector, aunque con financiamiento razonable de los principales proyectos de la CNEA, pero salarios pésimos para su personal, que la caída de los últimos nueve meses torna irrisorios y dramáticos.

Ya con la LLA en el gobierno, los gerentes de la CNEA dieron a conocer el 27/03 el documento “Situación presupuestaria crítica en CNEA”, que fue tratado en El Cohete. El topo designó en mayo a las nuevas autoridades en la CNEA. Ese mismo mes, el nuevo presidente, Germán Guido Lavalle, sostuvo en una entrevista que se iban a continuar los principales proyectos y anunció que se iba a someter al CAREM 25 a un proceso de revisión integral. También sostuvo que era “bienvenido si hay un socio privado que quiera sumarse a este proyecto” y arrojó al éter millones de dólares verbales para esto o para aquello, que no llegarán.

Paréntesis con pregunta para el presidente de CNEA: cuando hablamos de “un socio privado”, ¿hablamos de un socio nacional o de que lo que venga?

Sigamos. En junio, un episodio fellinesco mostró el nivel de improvisación. El día 6 de ese mes, a través de la Resolución 262, el nuevo presidente de la CNEA formalizó el “Comité de revisión de pares” para avanzar en una revisión integral del CAREM 25. En esa lista de miembros figuraba un doctor en Ingeniería mecánica que publicó un mes más tarde, en el diario Los Andes, un artículo que comienza así: “Para comprender las razones del fracaso del proyecto CAREM debemos retrotraernos al origen y objetivo del mismo”.

Sí, lector/a, leyó bien, un miembro del Comité conformado para evaluar el CAREM 25 publicó que el proyecto es un fracaso. Tratándose de un desarrollo con futuro comercial, estas declaraciones deberían haberse desmentido de manera explícita. Sin embargo, solo se escuchó un tenso silencio.

 

 

¿“Terminada” o “esencialmente terminada”?

Hace unos días nos enteramos de que se puso fin a 140 contratos con empresas que trabajan en la obra civil del proyecto. Si se consideran 89 contratos finalizados hace dos meses, fueron despedidos hasta la fecha alrededor de 230 trabajadores de la obra civil, que supera el 90% de avance. Los gremios UOCRA y UECARA declararon huelga por tiempo indeterminado y reclaman la reincorporación del 100% de los trabajadores despedidos.

El presidente de la CNEA respondió el 10 de septiembre con un comunicado donde afirma que “la obra del Reactor Nuclear Modular CAREM continúa y no se ha detenido”. Y agrega que “la baja registrada en diversos contratos se debe al avance y finalización de la obra civil”.

Continúa el comunicado: “La obra civil está esencialmente terminada —dice el Dr. Ing. Germán Guido Lavalle, presidente de la CNEA—. Faltan detalles que se van a ir completando en los próximos años, a medida que avancen los temas de ingeniería y el montaje electromecánico”. Ahora bien, la obra civil no está terminada, está “esencialmente terminada” y los contratos no están finalizados, se están cortando. La obra se cierra y queda en mantenimiento. Esto significa que cuando se quiera retomar habrá que volver a negociar nuevos contratos.

Además está el punto de los componentes electromecánicos. Si no se compran estos componentes, no se puede comenzar con el montaje. Como se dijo, el 78% de los componentes electromecánicos está listo para la compra. Este año se iban a comprar componentes mandatorios para iniciar el montaje; entre otros, generadores de vapor y bombas no calificadas y calificadas, y su compra supone tiempos de provisión muy altos (a veces, hasta dos o tres años). El cronograma se retrasa. Las autoridades de CNEA nos distraen con la obra civil y la ingeniería, y nada dicen de estas cuestiones, que están en el corazón de la severa ralentización del proyecto.

El mismo comunicado de la CNEA nos informa la buena noticia (sin ironía) que surge de la revisión integral: el CAREM 25 no es un fracaso: “La revisión de ingeniería que se realizó muestra que, siendo un proyecto innovador, hay elementos para profundizar y probar —explica Guido Lavalle—. Son componentes nuevos y habrá que testearlos en condiciones de operación al momento de ser incorporados al reactor”.

 

 

Privatización + extranjerización

Los problemas no terminan en la CNEA. En el marco del RIGI, se avanza en la privatización de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), que tiene a su cargo la fabricación del recipiente de presión del CAREM 25. En IMPSA trabajan más de 700 personas y la empresa sostiene un anillo importante de pymes proveedoras. El gobierno anterior impulsó un plan de rescate de esta empresa, a mediados de 2021, por considerarla estratégica para el país. Hoy, el Estado nacional es propietario del 63,7% de las acciones, la provincia de Mendoza del 21,2%, los acreedores del 9,8% y la familia Pescarmona del 5,3%.

Desde el 11/09, la Legislatura de la provincia de Mendoza debate un proyecto de ley que se propone transferir al PEN las acciones de IMPSA que son propiedad de la provincia, que fue estatizada en 2021. A comienzos de junio, la empresa estadounidense ARC Energy, de equipamiento para el sector de hidrocarburos, le manifestó su interés por IMPSA al gobierno nacional y a la provincia de Mendoza. Si el gobierno parece no tener claro lo que se propone malvender, las declaraciones del CEO de ARC Energy muestran que tiene bien claro lo que se propone adquirir: “IMPSA es una empresa con una historia única en el mundo y referente en América Latina, que cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”.

Es decir, no se trata únicamente de privatizar una de las empresas nacionales con mayores capacidades tecnológicas, sino de malvenderla a capitales extranjeros, algo que las economías centrales o las emergentes asiáticas no podrían hacer porque sus propias legislaciones se lo prohíben.

Como ejercicio comparativo alrededor de la mistificada noción de “desregulación”, el huevo de la serpiente del neoliberalismo lumpen que nos toca padecer desde la última dictadura cívico-militar, si se analiza la legislación de Estados Unidos para la inversión extranjera, nos encontramos con una trama muy compleja alrededor de categorías como “tecnologías críticas” o “infraestructuras críticas”, que establece barreras infranqueables a cualquier forma de extranjerización de una empresa que, por ejemplo, “produce, diseña, prueba, fabrica, o desarrolla una o más tecnologías críticas” y que, por lo tanto, vulnera la seguridad nacional.

Las “tecnologías críticas” se relacionan, entre otras categorías, con empresas involucradas con “equipos, piezas y componentes, materiales, software y tecnología nucleares especialmente diseñados y preparados”. Todo el proceso de supervisión está a cargo de un Comité de Inversión Extranjera (CFIUS, por sus siglas en inglés), cuyo titular es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Entre las funciones del CFIUS está la de “mitigar cualquier riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos que surja como resultado de dichas transacciones”.

Corolario: una empresa estadounidense que estuviera fabricando en ese país el recipiente de presión de un reactor SMR como el CAREM 25 no podría ser vendida a capitales extranjeros.

Paralizada la compra de la central de potencia a China, si se paraliza el CAREM 25, entonces la política nuclear argentina se queda sin reactores de potencia en construcción. Es decir, se queda sin grandes proyectos ordenadores del entramado de la industria nuclear, justo en el momento en que la matriz energética global transiciona hacia las energías renovables y limpias, y la energía nuclear asoma como pieza imprescindible de este recambio.

Literalmente, a contramano del mundo.

 

 

 

 

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