La represión es el límite

El primer signo del impacto del paro general del lunes 25 fue posible leerlo en la cara del flamante ministro de la producción, Dante Sica, cuando reconoció oficialmente que el piso a discutir para la recomposición salarial no era ya del 15 sino que se ubicaba en el 25%. El gobierno, golpeado como estaba, intentaba retomar la iniciativa, impotente sin embargo ante el derrumbe de la bolsa tras otro miércoles negro, una nueva escalada del dólar que sigue trepando todos los días, con la inflación desbocada y una fuga de divisas que se mueve en niveles históricos nunca antes alcanzados, trató de mostrar autoridad frente a los suyos golpeando sobre los trabajadores organizados.

La respuesta tardó apenas 24 horas. Volaron telegramas de 354 despidos en la agencia oficial de noticias Telam. Plagada de mentiras y contradicciones, la explicación oficial en boca del ministro Hernán Lombardi se presenta como una renovación y modernización de la agencia estatal de noticias y publicidad pero sólo se descubren discriminación, disciplinamiento y ajuste. La estrategia, un clásico 1) dividir a los trabajadores entre réprobos y elegidos. 2) Una minoría a la nueva agencia. 3) Más de 350 a la calle y el resto en el limbo, aferrándose a la ilusión de que el cartero no golpee a su puerta trayendo el telegrama de despido.

Los sindicatos del rubro decretaron de inmediato el paro y diversos sectores solidarios marcharon en forma conjunta en apoyo a la huelga. En este estado de cosas se desenvuelven los primeros días posteriores al despido masivo, que sigue abierto y amenazante. La respuesta sindical tiene consenso ampliamente mayoritario y los trabajadores rechazan la lógica troglodita del ministro Hernán Lombardi; es de esperar que el gobierno enfrente una resistencia muy fuerte y prolongada. Teniendo en cuenta el apoyo movilizado de los trabajadores de la Televisión Pública y de Radio Nacional, envueltos en la misma lógica de liquidación de los medios públicos, el arranque es promisorio. Hay una sensibilidad muy especial en las capas medias de la sociedad cuando se ataca tan masivamente a trabajadores de prensa. El Sipreba, en un comunicado, asegura que “más de 2.000 personas, entre trabajadores de la agencia y representantes de sindicatos de la CGT, la Corriente Federal y las tres CTA se manifestaron frente al CCK y cortaron la avenida Alem durante tres horas en una convocatoria conjunta entre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y el Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN)”. En esa perspectiva aseguran que su reclamo no será aislado por el gobierno. Si el gerente de Telam, Rodolfo Pousá, pone la misma pasión en cumplir esta parte del acuerdo con el FMI, que apunta al desmantelamiento del Estado, que ponía cuando entrevistaba a los jerarcas de la dictadura en tiempos del Mundial 78, la dimensión real de la pelea será del tamaño de la Patria. Es increíble como aquellos jóvenes personeros con micrófono humanizaban a las bestias, y más insólito que hoy sigan al servicio de los mismos destinos.

En el sur de la Patria los empleados públicos chubutenses siguen el acampe pacífico, y tras recibir el acompañamiento solidario de la mesa nacional de CTERA, cuando se hallaban en plena reunión de la negociación paritaria, fueron atacados brutalmente por la guardia de infantería de la policía provincial. La reunión se suspendió y el atribulado funcionario que la encabezaba salió a repudiar la represión de su gobierno. Cuando estas cosas suceden en tiempo real, la autoridad política se transforma en una mueca sin contenido. ¿Cuánta vida le quedará al gobierno provincial? El triunfo de los trabajadores está al alcance de la mano. Las últimas ofertas patronales se acercan a lo pedido por las asambleas.

El ajuste del FMI, ¿contemplará como hace un cuarto de siglo la inviabilidad de las provincias y la seguidilla de gobernadores que no pueden terminar sus mandatos? La represión a los maestros y profesores en Chubut, sumada la persecución en Corrientes durante la jornada del paro nacional del 25J para frenar la adhesión a la medida de fuerza, obtuvieron como respuesta a un paro nacional con movilización en Capital Federal el próximo martes 3 de julio. “La represión es el límite”, fue la respuesta sindical en boca de Sonia Alesso de CTERA y Roberto Baradel de SUTEBA. Mientras las reacciones sean acordes a la fuerza que se aplica, la tensión social seguirá en aumento. Estamos ante un gobierno que responde siempre de la misma manera, la única lógica que conoce es la brutalidad policial.

La nota de violencia implícita con motivo del paro del lunes la dio la empresa propiedad de don Alfredo Coto, que no ahorró presiones sobre trabajadores de la empresa que adhirieron al paro. Pese a esta intimidación, las sucursales del conurbano y del interior no abrieron sus puertas, según informaron los propios delegados. Este es un modelo de empresarios fascistas que creen que cuando la crisis se profundiza deben actuar por mano propia para proteger sus “negocios”. Es necesario recordar que el 30 de agosto de 2016 la ANMAC realizó una inspección en la sede del supermercado Coto de la calle Paysandú al 1800. Se halló gracias a una denuncia anónima un verdadero arsenal integrado por 226 granadas escondidas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antimotines y hasta un silenciador de armas. Parte del arsenal encontrado en la sede de Coto tenían el logo de la Policía Federal Argentina. La investigación fue llevada adelante por el fiscal federal Jorge Di Lello y fueron llamados a indagatoria por el juez Sebastián Ramos el histórico Alfredo Coto y su hijo Germán, quienes aún deben explicar ante la justicia de dónde salió y qué destino esperaba el material encontrado.

Las tragedias de 1989 y 2001 son históricamente demasiado recientes como para olvidarlas. Las olas de saqueos que tuvieron lugar producto del hambre reinante, dan lugar a este tipo de políticas de los antiguos cómplices del terrorismo de Estado. La política de Memoria Verdad y Justicia que llevaron adelante los organismos de derechos humanos es un gran antídoto frente a desbordes autoritarios de empresarios inescrupulosos dispuestos a cualquier cosa. Cuando el Estado se retira de su rol central de proteger a los más débiles se abre el campo orégano a estos sectores patronales que jamás lamentaron las dictaduras y que han gozado de la impunidad suficiente como para realizar este tipo de operaciones. Afortunadamente el 14 y 18 de diciembre últimos quedó demostrado que ni la amenaza ni la intimidación ni la represión son un camino posible para ellos.

Si el sindicalismo en su conjunto toma conciencia del impacto del paro general sobre la estrategia oficial, el futuro inmediato mostrará una agenda de acción continuada que permita frenar la hemorragia financiera terminal que está sufriendo la Argentina. Este nivel de fuga de divisas y de endeudamiento multiplicado por los 18 meses que restan de gestión macrista exigen encontrar con urgencia una respuesta que los detenga. No habrá 2019 para nadie si no se detiene el saqueo de bolsillos populares y tesoros de las arcas públicas.

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