El cascabel a los gatos

 

Pocas veces la iniciativa que busca imponer mayores impuestos a los multimillonarios ocupó tanto espacio mediático y debates públicos como en los últimos días. De ser una utopía para una parte de la sociedad civil internacional, se transformó en tema de máxima actualidad en la última reunión ministerial del G20 (Grupo de los 20) en Río de Janeiro a fines de julio. Y será punto de agenda en la próxima cumbre de alto nivel a realizarse en noviembre próximo, nuevamente en Brasil, país que ocupa la presidencia de ese grupo.

El sitio oficial Brasil 2024 del G20 (Grupo de las 20 naciones y regiones más desarrolladas del planeta) menciona la aprobación “de un documento sobre cooperación para la tributación internacional” y explica que “Brasil impulsa, por primera vez en el G20, la adopción de medidas a fin de intensificar la cooperación para la justicia tributaria, lo cual incluye [también] la tributación a los multimillonarios”. Según Fernando Haddad, ministro de Hacienda brasilero, un impuesto global del 2% a los superricos permitiría recaudar anualmente un mínimo de 250.000 millones de dólares.

 

 

En declaraciones de prensa el último lunes de julio, Haddad recordó que la reunión de los ministros de Finanzas y los presidentes de los Bancos Centrales del G20 realizada en Río de Janeiro aprobó por aclamación una Declaración Ministerial sobre Cooperación Tributaria Internacional. Ese evento se clausuró con aplausos para la declaración que, entre otras consideraciones, contempla uno en especial: la propuesta brasileña de comenzar a definir la tributación internacional de los individuos superricos.

Para Haddad, los desafíos que el mundo enfrentará de forma más grave en el futuro próximo, entre ellos la cuestión de la desigualdad y del hambre, así como la del clima, “exigirán soluciones innovadoras”. Por esa razón, subraya el ministro brasileño, “estamos intentando anticiparnos, empezando a elaborar desde ya instrumentos de financiamiento que puedan ser útiles cuando las necesidades aparezcan, cuando haya una emergencia”.

 

 

Un principio de justicia social

Uno de los expertos más militantes a favor de este nuevo sistema tributario internacional es el economista francés Gabriel Zucman, a quienes diversas fuentes le asignan la co-paternidad de la propuesta en marcha.

En un reciente artículo publicado por el medio alemán Deutsche Welle, Zucman se refiere a un grupo relativamente reducido “de unos 3.000 multimillonarios que hasta ahora pagan impuestos inferiores al promedio, en comparación con sus posibilidades: aproximadamente solo un 0,3 por ciento de sus fortunas”. El economista francés asegura que, si se considera la totalidad de la carga tributaria, cada uno de estos superricos llega a pagar un máximo de un 20 por ciento de sus ganancias. En cambio, una persona de clase media en Alemania o en Francia paga más del doble. Y argumenta que "esta es una injusticia fundamental: los más ricos, que podrían aportar más, tienen la menor carga tributaria efectiva”.

Su propuesta de un impuesto mínimo individual de un 2% sobre la renta de las fortunas de los multimillonarios garantizaría que no paguen menos y sean equiparados porcentualmente a sus choferes o sus empleadas domésticas, o con el resto de la población. “A nadie puede parecerle bien que los multimillonarios paguen menos que los otros”, concluye Zucman.

 

 

La sociedad civil reacciona positivamente

Tan pronto como se conoció la resolución de Río de Janeiro, Susana Ruiz, responsable de Política Fiscal de la Organización No Gubernamental (ONG) Oxfam Internacional, reconoció que "se trata de un avance global importante: por primera vez en la historia, las mayores economías del mundo han acordado cooperar para gravar a los ultrarricos. Por fin, a los más ricos se les está diciendo que no pueden manipular el sistema impositivo ni evitar pagar su parte justa”.

Ruiz señala que durante mucho tiempo Oxfam ha venido sosteniendo que los gobiernos son cómplices de esta realidad. Y recuerda que “las enormes fortunas otorgan a los ultrarricos del mundo una influencia y un poder descomunales, que ejercen para proteger, acumular y aumentar el tamaño de su riqueza, socavando la democracia y aumentando la desigualdad”.  

 

 

Según Oxfam, durante el siguiente paso, la Cumbre del G20 de noviembre de este año, será importante acordar un nuevo estándar global que grave a los ultrarricos con una tasa lo suficientemente alta como para cerrar la brecha entre ellos y el resto de la población mundial.  

Un elemento metodológico crucial en la propuesta de amplios actores de la sociedad civil internacional: es imprescindible que el liderazgo de la reflexión y las decisiones lo asuman las Naciones Unidas y que se establezca un proceso verdaderamente democrático para fijar normas globales sobre el nuevo tipo de tributación. Argumentan que no sería apropiado ni suficiente confiar esta tarea a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne a las naciones más ricas del mundo.

El 24 de julio, varias organizaciones y redes internacionales le entregaron al gobierno de Brasil una petición con más de 1.5 millones de firmas provenientes del mundo entero solicitando que el G20 defina e imponga impuestos especiales a los multimillonarios. Entre los promotores de la iniciativa se encuentran la misma Oxfam, así como Avaaz, Patriotic Millionaires, TaxMeNow, 350.org, Fight Inequality Alliance y WeMoveEurope.

Días antes, el 11 de julio, una veintena de ex jefes de Estado y de gobierno (varios de ellos de países del G20), envió una carta abierta a los actuales líderes del Grupo para pedirles que apoyen un “nuevo acuerdo global para gravar a los individuos ultrarricos del mundo”. Dicha carta, coordinada por el Club de Madrid y Oxfam, advierte que los ingresos del 1% más rico del mundo aumentó un 45% en cuatro décadas, mientras que los impuestos máximos sobre sus ingresos se redujeron en un tercio.

 

 

Prioridad en la agenda internacional

Una vez más, el tema de la tributación fiscal internacional será parte de la agenda del G20 en su próxima cumbre, el 18 y el 19 de noviembre en Río de Janeiro. Hasta entonces, durante los próximos 90 días se prevé una reflexión a varias puntas y en diferentes espacios, especialmente en el marco de las Naciones Unidas y la sociedad civil internacional.

Alliance Sud (Alianza Sur), la plataforma de las ONG suizas más importantes de la cooperación al desarrollo, anticipa que dicho asunto “será un tema candente este verano [en el continente norte]” y que, en hasta mediados de agosto, “el Comité Ad Hoc encargado de redactar los términos de referencia para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional se esforzará por definir el alcance político y los procedimientos de toma de decisiones” que integrarán ese convenio.

Para Alliance Sud, esta problemática, en apariencia extremadamente técnica, es fundamentalmente política. A corto plazo, los negociadores tendrán que determinar cuánto poder tiene la OCDE, la cual ha dominado la agenda multilateral sobre política fiscal internacional desde los años '70. Si la ONU asume en el futuro el rol de decisión sobre este tema, los Estados del Norte —que siguen dominando la política económica global a pesar del ascenso de China— perderían la supremacía en que ahora tienen en este rubro.

Es por eso que la Unión Europea, Estados Unidos y los principales beneficiarios del sistema fiscal internacional bajo los auspicios de la OCDE, es decir, los países fiscalmente indulgentes con las multinacionales y los grandes centros financieros, se oponen firmemente a una convención fiscal fuerte de la ONU. Cuando las cuestiones tributarias multilaterales se negocian en la ONU, en lugar de la OCDE, las proporciones de mayoría cambian y los países del Sur adquieren un peso determinante.

 

 

Alliance Sud sostiene que la propuesta actualmente en discusión establece un vínculo directo entre el convenio fiscal y la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y, en particular, formula como horizonte el establecimiento de un sistema fiscal internacional inclusivo, justo, transparente, equitativo y eficaz para el desarrollo sostenible.

Para ello deberían lograrse acuerdos y obligaciones de los Estados signatarios en diversos puntos. Entre ellos, la distribución equitativa de los derechos impositivos de las multinacionales; la tributación efectiva de las personas ricas; la garantía para que las medidas fiscales contribuyan a resolver los problemas medioambientales y la transparencia y el intercambio efectivo de información para fines tributarios, así como la prevención y resolución efectiva de conflictos tributarios.

El Foro Independiente de Expertos en Políticas GPF (Global Policy Forum, según sus siglas en inglés) asegura que el impacto que podría tener la nueva Convención sobre Tributación tendría repercusiones como la que produjo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y se muestra optimista porque los miembros de la ONU, así como las organizaciones de la sociedad civil, ya están abordando el proceso con gran determinación.

Subraya, además, que dicha Convención intenta abordar una amplia gama de cuestiones de política fiscal, muchas de las cuales tienen un enorme potencial de ingresos para financiar, entre otros sectores, el desarrollo sostenible y la protección del clima. Los cálculos del GPF son más amplios que los del mismo ministro Haddad, como puede apreciarse por su comentario de que “un sistema internacional de tributación corporativa justo, por sí solo, podría generar 500.000 millones de dólares adicionales al año en ingresos públicos, incluidos 200.000 millones de dólares para los países en desarrollo. En tanto que un impuesto global sobre el patrimonio de los multimillonarios podría generar entre 200 y 250.000 millones de dólares adicionales al año”. Por otra parte, según el GPF la introducción globalmente coordinada de impuestos ambientales progresivos no sólo podría generar ingresos adicionales, sino que también tendría fuertes efectos positivos en la promoción del desarrollo sostenible en todo el mundo”.

El Foro GPF, con secretariados en Nueva York y Bonn, concluye: “El Convenio Fiscal de las Naciones Unidas tiene un potencial considerable para cerrar las brechas que existen con respecto a la financiación del desarrollo sostenible, tanto en el Norte como en el Sur”. Y mira en perspectiva el aporte positivo que ese impuesto a los superricos puede implicar para los sectores menos pudientes de la población mundial: “Los ingresos fiscales [también] permitirían que los gobiernos proporcionen más servicios públicos a fin de implementar sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

 

 

 

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