Trapitos al sol

 

 

Negociados eran los de antes

El enfrentamiento personal de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la gestión anterior, está generando que desde el propio Estado se reconozcan grandes negociados con lo público, los cuales venimos denunciando hace bastante tiempo. El quebranto de la relación tiene sus orígenes en la campaña electoral del año pasado, cuando Larreta apoyó no tan encubiertamente a Lousteau, lo que fue vivenciado como una traición por Jorge. Traición que pareciera continuar, ya que Jorge anticipa un armado opositor a su gestión de Larreta, radicales y peronistas en la ciudad para las próximas elecciones.

El día lunes 22 de julio, Jorge Macri denunció públicamente irregularidades en el proceso licitatorio del Servicio Público de Grúas para Acarreo de Autos y tomó la decisión de anular la licitación.

En sus declaraciones, manifestó: “Una pre-adjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo (...). Hubo 21 años sin licitación y con empresas que extendían los plazos. En julio del año pasado, ganan unas empresas a un valor, para mí, altísimo. Hoy, el acarreo vale 25.000 pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó, tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave. Les dan ocho millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos, antes de que arranquen, ocho millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24.000 por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble de lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.

Jorge Macri mostró sorpresa e indignación frente a la estructura de la concesión de este servicio público, plasmada en los pliegos.

Venimos denunciando hace tiempo que en la Ciudad de Buenos Aires el modelo neoliberal, donde teóricamente el privado traía el capital que era recuperado con la explotación del servicio, ha sido superado. Ahora, en todas sus concesiones, el GCBA es el que pone el capital y los inmuebles (en su caso), y las empresas adjudicatarias obtienen una ganancia descomunal garantizada todos los meses. Un Estado ineficiente o corrupto que elimina todo riesgo empresarial, inversión privada y estímulo de eficiencia, pero asegura rentabilidades exorbitantes.

Este esquema saqueador de lo público no sólo se repite en el servicio público de grúas para el acarreo de autos sino también en las concesiones de la operación del SUBTE, de la EcoBici, de la recolección de residuos, del servicio de alimentación escolar y hospitalaria, por mencionar las más relevantes.

Jorge Macri, para evitar una mayor escalada al conflicto con Larreta, por ahora, decidió apuntar al conflicto sindical con camioneros que están prestando el servicio de recolección de residuos a reglamento “por el mal estado de los camiones de la recolección y el intento del gobierno de CABA de querer estatizar los 300 choferes de grúas”. Desde octubre de 2022, los 300 choferes de grúas pasaron a ser empleados de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) que los absorbió cuando se dio de baja la anterior licitación.

Antes del conflicto sindical-empresarial, Jorge Macri había decidido desarmar este negociado de la gestión anterior con denuncias fuertes que incluso terminaron con una denuncia penal contra Larreta por el mismo abogado que en enero de este año denunció penalmente a Pablo Moyano por decir que “si (Luis “Toto”) Caputo lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo”.

Esta línea es coherente con otras decisiones adoptadas por Jorge Macri que desde que asumió viene desmantelando la estructura de la caja política de Larreta, como analizamos en parte en la nota Terratenientes del microcentro.

Como hechos principales, Jorge suspendió el Plan de Transformación del Microcentro y frenó la venta del predio de Costa Salguero para la construcción de un emprendimiento inmobiliario privado.

El gran negocio inmobiliario que no desmanteló es el nuevo Puerto Madero, denominado Costa Urbana, en la Costanera Sur, al lado de la Reserva. Esta semana se publicó la convocatoria a Audiencia Pública para otorgar el permiso ambiental (Certificado de Aptitud Ambiental) para el emprendimiento. El plazo de inscripción comienza el 7 de agosto y la audiencia se realizará el 4 de septiembre.

 

 

 

El acarreo: una historia sin fin

1. En 1990, Carlos Grosso, por entonces intendente de la Ciudad, privatizó el servicio por diez años.
2. El 10 de noviembre de 2011 se aprobó la Ley 4.003 en la Legislatura porteña, que autorizó la nueva privatización del servicio por diez años. El nuevo esquema regulatorio debía comenzar a implementarse en el plazo de un año. Este plazo fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2013 por la Ley 4.482 y hasta el 31 de diciembre de 2013 por la Ley 4.621.
3. El 5 de diciembre de 2013, la Legislatura aprobó los pliegos para la nueva licitación a través de la sanción de la Ley 4.888, que establecía 120 días para llamar a licitación, más otros 360 para poner el servicio en funcionamiento.
4. El 1 de diciembre de 2016, nuevamente la Legislatura abordó el tema aprobando la Ley 5.728. En este caso, el plazo otorgado para adjudicar la licitación fue de 18 meses.
5. A raíz de obstáculos judiciales (esta ley fue declarada inconstitucional en una causa judicial patrocinada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y caratulada “Desplats, Gustavo María c/GCBA s/Amparo”, Expte. N.º A 2248-2017/0) el 19 noviembre de 2020, la Legislatura aprobó la Ley 6.353 para legalizar la ley dada de baja por la Justicia y otorgó un plazo de 24 meses para la adjudicación.
6. Mientras la nueva licitación dormía, aumentaba el escándalo de la concesión vencida por el canon irrisorio que pagaban las dos concesionarias y el millonario negocio que el gobierno permitía. Por ejemplo, por entonces, las grúas acarreaban 14 vehículos por hora (344 acarreos por día) a un costo de 6.525 pesos que pagaba el dueño del auto. Con estos números, las empresas facturaban 2.244.600 de pesos por día, mientras pagaban mensualmente al GCBA la cifra de 55.000 pesos.

En agosto de 2021, en la Legislatura de la ciudad, se formó el Frente Anti-Grúas, integrado por los bloques del Frente de Todos (FdT), Avanza Libertad, Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Consenso Federal. Esta alianza logró que se convocara a una sesión especial para que tratara esta concesión y la prestación del servicio público.

Unos días antes de la fecha estipulada, Elisa Carrió, en el marco de sus denuncias hacia el interior de Juntos por el Cambio, comunicó a Rodríguez Larreta que si no adoptaba medidas inmediatas con relación al servicio de grúas, habilitaría la sesión especial y votaría junto al Frente Anti-Grúas.

En un trámite exprés de seis horas se avanzó con la solución de un problema de 20 años.

El 16 de agosto de 2022, Larreta firmó el Decreto N.º 284/2022, por el cual dejó sin efecto la continuidad del servicio público de control y sanción del estacionamiento indebido en el micro y macrocentro —conocido como servicio de grúas o acarreo— a cargo de las empresas BRD S.A.I.C.F.I. y DAKOTA S.A. Dakota operaba de Viamonte hacia el norte y BRD de Viamonte hacia el sur.

El decreto, además, dispuso que el servicio sería prestado por el GCBA a través de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

Larreta firmó un acuerdo con Moyano, en septiembre de 2022, y los trabajadores de las grúas pasaron a la órbita de SBASE y se le pagó una indemnización de cuatro millones de pesos a cada trabajador.

7. El 28 de julio de 2022, Larreta firmó el Decreto N.º 251/2022 por el cual aprobó los pliegos de la Licitación Pública Nacional 7323-1117-LPU22 “Servicio de Grúas para Acarreo de Vehículos” para concesionar el servicio por diez años.

Los Pliegos de Bases y Condiciones son la estructura jurídica que garantizaba el gran negocio a las empresas. Por este motivo, es inevitable que la denuncia de Jorge Macri no manche a Larreta, quien puso su firma y aprobó este esquema de concesión.

Los pliegos estipulaban fases de implementación: Fase preparatoria (cinco meses, anticipo financiero), Fase 1 (12 meses) y Fase 2 (108 meses).

Este anticipo financiero, ocho millones de dólares según lo informado por Jorge Macri, estaría destinado a proveer los fondos para la ejecución de las tareas inherentes a la Fase Preparatoria, período durante el cual se deberán hacer las inversiones más importantes: la adquisición del material rodante (grúas) y la ejecución de las tareas de readecuación y mejora de las playas de remisión de vehículos.

En los pliegos, se modificó el sistema de pago a las concesionarias. Antes la concesionaria pagaba un canon al GCBA y se quedaba con el dinero de los acarreos. Ahora el GCBA le paga a la concesionaria un monto por mes asegurando la ganancia de las empresas.

En los pliegos se indicaba, por ejemplo, que, en la zona oeste, el GCBA pagaría mensualmente $109.744.865 en la fase N.º 1 y exigiría apenas 3.782 acarreos por mes. Es decir, cada acarreo saldría $29.017 al GCBA, cuando las concesionarias, por entonces, cobraban $6.525 a la ciudadanía. Así, el GCBA garantizaba a las concesionarias en los pliegos, por el mismo servicio, una ganancia casi cinco veces mayor.

Solicitamos los datos actuales que derivan de las ofertas de las empresas, pero el secretario de Transporte, Jorge Horacio Kogan, el 5 de julio denegó la información pública sosteniendo que “la Licitación Pública N.º 7323-1117-LPU22 se encuentra en evaluación, por ello no está adjudicada; motivo por el cual, a criterio de esta Administración, no resulta oportuno ni conveniente remitir la documentación requerida. Ello, en pos de garantizar el resguardo de la etapa de evaluación de ofertas, la cual finaliza con la adjudicación del proceso”.

 

 

El secretario fue más celoso que el dueño en custodiar este gran negociado que fue ventilado tres semanas después por su jefe de Gobierno, al denunciar que estaban en juego unos 360 millones de dólares que iban a otorgarse a tres empresas por cumplir el servicio de grúas en la ciudad durante diez años, al tiempo que advirtió que, de haberse adjudicado la licitación el costo de acarreo se hubiera multiplicado por siete.

8. El 25 de julio de 2024, el Ministro de Infraestructura, Bereciartua, dictó la Resolución N.º 404/2024, por la cual se dejó sin efecto la Licitación Pública.

En la Resolución no se brinda mayor argumento que la referencia a la potestad estatal de “dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes” (art. 76, Ley N.º 2.095).

 

 

 

Enorme triunfo de la ciudadanía porteña

Jorge Macri, en este marco de ataques a la gestión de Larreta, también anunció que no se venderán los terrenos de Costa Salguero y que allí tampoco se realizará un emprendimiento inmobiliario.

 

 

En diciembre de 2019, se aprobó la Ley N.º 6289 que transformó la autorización para concesionar el predio de Costa Salguero en una autorización para venderlo, es decir, privatizarlo definitivamente. Esto dio lugar al movimiento ciudadano socio-ambiental más importante de los últimos 25 años con relación a problemáticas urbanas con el objeto de recuperar la costanera para convertirla en un gran parque público.

1. Se inició una campaña de concientización y búsqueda de firmas que terminó con varias bicicleteadas al predio de Costa Salguero.
2. La Audiencia Pública convocada por el GCBA fue la más larga (dos meses) y la más numerosa de la ciudad (7.000 personas inscriptas y 2.081 personas que tomaron la palabra). El 98% de los participantes manifestaron su rechazo al proyecto del GCBA y de toda privatización transitoria o definitiva de este predio, y pidieron que se respetara la Constitución, para que la totalidad del predio de Costa Salguero sea transformado en un parque público, de acceso libre y gratuito.
3. Desde la coordinadora “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, que aglutinó a más de 100 espacios colectivos, se presentó el Proyecto de Ley N.º 2596-P-2020 de “Creación del Parque público Nuestro Río y la desprivatización de la Costanera Norte” como alternativa al proyecto del GCBA. Este proyecto y otros en el mismo sentido no fueron tratados por la Legislatura.
4. Por ese motivo, se inició el trámite de iniciativa popular el 17 marzo de 2021 (Expte. N.º 722/2021) para obligar a la Legislatura a tratar un proyecto de ley que tenía como principal finalidad que se estableciera normativamente que los predios conocidos como Punta Carrasco y Costa Salguero, ubicados en la Costanera Norte con una superficie de 32 hectáreas, fueran destinados en su totalidad a espacios verdes públicos, de uso común y de acceso gratuito e irrestricto.

Luego de 25 años, la ciudadanía porteña, por primera vez desde la sanción de su constitución (1996), se organizó y logró presentar 53.000 firmas para que su propuesta fuera categorizada como iniciativa popular.

El proyecto llegó al recinto y fue rechazado por el oficialismo y aliados. La votación finalizó con 37 votos negativos (bloques del PRO, La Libertad Avanza, Evolución, Coalición Cívica y Partido Socialista) y 20 votos positivos (Frente de Todos y FIT).

5. A nivel judicial, con un amparo (Expte. N.º 429-2020/0) presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Fundación Ciudad y Gabriela Cerruti, se logró frenar a través de una medida cautelar la venta del predio. En la misma causa se lograron sentencias de fondo en 1.ª y en 2.ª instancias donde se declaró la inconstitucionalidad de la Ley N.º 6.289, que había autorizado la venta del predio de Costa Salguero para emprendimientos inmobiliarios, por ser contraria a los artículos N.º 63, N.º 89, incisos 4 y 6, y N.º 90 de la Constitución de la Ciudad (no respetó el procedimiento constitucional de sanción de leyes). Hasta ahora, la causa judicial se encontraba en el Tribunal Superior de Justicia, que debía resolver el recurso presentado por el GCBA en los próximos meses.

Toda esta presión ciudadana fue parte de la decisión de Jorge Macri de desarmar este gran negocio inmobiliario estructurado por Larreta y sus aliados.

Jorge Macri informó que allí seguirá funcionando el actual centro de convenciones “porque la ciudad solo tiene el de La Rural”. Se nota que Jorge recién habita la ciudad y que aún no conoce todos los negocios armados por la gestión anterior. La ciudad tiene un centro de convenciones y exposiciones propio al lado de la Facultad de Derecho que fue concesionado. Allí, el GCBA nuevamente puso la tierra, costeó el edificio y lo concesionó llave en mano.

Este negociado quedará para otra historia. Por ahora, la ciudadanía porteña que está convencida de que la forma de gobierno es la democracia participativa ambiental festeja y se organiza para continuar solicitando que la totalidad del predio sea 100% verde y público.

 

 

 

 

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