Terratenientes del microcentro

 

Jorge Macri continúa acomodándose en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y analizando qué negocios de las gestiones anteriores mantiene, interrumpe o renegocia.

No son pocos los negocios, desde lo público, que fueron iniciados en las gestiones previas del PRO y que continúan a toda marcha. Recordemos que se privatizaron más de 500 hectáreas de tierras públicas, se reconcesionaron todos los servicios públicos, se privatizó nuevamente toda la costanera avanzando hasta las reservas, se autorizaron mega emprendimientos inmobiliarios como Costa Urbana en la costanera sur y el Parque de la Innovación en la zona norte, se dio vía libre al festival de la especulación inmobiliaria con la aprobación del nuevo Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación, se permitió la ocupación masiva y gratuita del espacio público por parte de la actividad gastronómica y las tiendas de ropa, y –con la nuestra– se otorgaron gigantescos beneficios fiscales a las empresas de mayor envergadura de la ciudad.

Con respecto a este último tema, hace un par de semanas Macri realizó un anuncio que no tuvo la debida repercusión si se considera lo que está en juego al frenar el “Plan de Transformación y Reconversión del Microcentro porteño”.

A los fines de este Plan, se dispuso que el área céntrica de la ciudad Autónoma de Buenos Aires estará comprendida por las calles Avenida Santa Fe, Crucero General Belgrano, Avenida del Libertador, Avenida Leandro N. Alem, Avenida Paseo Colón, Avenida Belgrano, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini, en ambas aceras.

 

El microcentro en stand by

A través de la resolución conjunta 1.078/2024, los ministros de Desarrollo Económico, de Hacienda y Finanzas, y el secretario de Desarrollo Urbano, a pedido de Jorge Macri, decidieron suspender el régimen creado a través de la ley 6.508.

Esta ley “de Reconversión del Área Céntrica” es un capítulo más de la política de distritos con beneficios fiscales, en este caso orientada al sector inmobiliario.

La ley autorizaba a otorgar, a quienes realicen en el microcentro proyectos de rehabilitación o reconversión de edificios para viviendas o actividades estratégicas, el beneficio fiscal de descontar del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la totalidad de las actividades económicas que desarrollen en la ciudad, un porcentaje del monto invertido en las obras de hasta el 60% para los 15 primeros postulantes, y del 50 %, para los demás.

Lisa y llanamente, el GCBA se hace cargo del 60% de la inversión que impliquen los proyectos de refuncionalización de los edificios de oficinas sin solicitar a cambio ningún tipo de contraprestación ni devolución.

De esta forma, Jorge Macri dispuso la medida, hasta ahora, más rupturista con los lineamientos históricos de política económica y fiscal (y por qué no, de caja política) del PRO en la ciudad, si consideramos que se frena uno de los “distritos”. O con los negocios electorales realizados por su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, si consideramos que esta ley buscaba apoyo electoral para su carrera presidencial, que quedó trunca.

La ley 6.508 no pensó la refuncionalización del microcentro para mitigar la crisis habitacional, sino con el fin de que los grandes bancos o constructoras pudieran reacondicionar sus edificios para destinarlos al alquiler turístico o para vender las nuevas unidades funcionales a una demanda alimentada con créditos especiales otorgados por el Banco Ciudad.

La refuncionalización de un edificio necesita modificar el reglamento de copropiedad con la aprobación unánime de sus propietarios. Esto es sumamente difícil en los plazos de la ley, pero la dificultad desaparece cuando el propietario es dueño de la totalidad del edificio, como en los casos del Banco Hipotecario, el Banco Galicia o Havanna.

Por otra parte, sólo los grandes terratenientes y corporaciones pueden aprovechar los beneficios fiscales porque pueden incorporar las deudas impositivas de todas sus actividades en la ciudad. En definitiva, la ley 6.508 pretendió camuflar la transferencia directa de subsidios mil millonarios a grandes propietarios bajo la necesidad de adoptar medidas frente a la crisis habitacional y dar vida al microcentro.

Apenas llegó Jorge Macri al gobierno, realizó un análisis interno de la situación dejada por el gobierno anterior de Larreta con respecto a este “Plan”. Encontró que se habían aprobado 21 proyectos a los siguientes propietarios y en las siguientes direcciones:

 

 

 

En total, estos 21 proyectos aprobados implican para la ciudad un costo fiscal de unos 215.000 millones de pesos, mientras los privados sólo se hacen cargo de 152.000 millones. Hasta el momento las empresas obtuvieron un beneficio de 1.189 millones.

En el listado de beneficiarios, hay proyectos de edificios no construidos, por ejemplo el de Alsina 730. Según lo declarado por la propietaria, María Susana Álvarez, al momento de realizar la propuesta el edificio se encontraba en la etapa de construcción del subsuelo. La sociedad porteña costearía el 60% de los 26 pisos. No se comprende en este caso dónde estaría la “rehabilitación” o “refuncionalización” de un edificio que aún no existe.

 

 

 

Algunas empresas y bancos tienen varios proyectos aprobados, como Havanna S.A., con tres, o el Banco Galicia, con dos.

En el contexto de extrema crisis económica, social y alimentaria, no tiene ningún asidero destinar cientos de miles de millones de pesos del presupuesto porteño para beneficiar a grandes bancos o grandes empresas que son las terratenientes del microcentro.

Con esos montos, el GCBA podría comprarle una vivienda a cada persona en situación de calle en vez de estar depositándolas en dispositivos de encierro (paradores, centros de inclusión social, hospitales psiquiátricos, cárceles modulares, etc.)

O podría iniciar un programa de alquiler social con 4.000 a 5.000 viviendas compradas por el GCBA a tales fines. Este número podría incrementarse exponencialmente si el programa de alquiler social consistiera, en parte, en que el GCBA alquilara viviendas a privados para sub-alquilarlas.

Este escandaloso “Plan de Reconversión del Microcentro” también fue aprobado inconstitucionalmente porque no se respetó el procedimiento de doble lectura al momento de su aprobación. Es decir, no convocaron a la ciudadanía para que en audiencia pública evalúe los privilegios millonarios que esta ley otorga a grandes empresas y bancos. La Justicia, por este mismo motivo, ya declaró inconstitucional la ley que creó el Distrito del Vino.

El camino que debería seguir a la suspensión del Plan es su derogación o la nulidad de la ley por inconstitucional. Quedará esperar si éste es el camino que adopte Jorge Macri o el freno a esta política sólo implica renegociar, con las empresas beneficiarias, los acuerdos que realizaron con Larreta.

 

Paraísos fiscales llamados distritos económicos

El Plan de Renovación del Microcentro es sólo uno de los ocho distritos económicos que existen en la ciudad. Además, están el Distrito Tecnológico, Distrito de las Artes, Distrito del Diseño, Distrito del Deporte, Distrito del Vino, Distrito Audiovisual y de las Artes, y el Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares.

Los distritos son polígonos donde el GCBA subsidia con créditos fiscales hasta un 70%, en algunos casos, de lo que las empresas invierten. Con la nuestra, grandes empresas hacen negocios casi totalmente gratis.

Según datos propios extraídos del Presupuesto 2024 (ya que no obtuvimos respuesta a nuestro pedido de información pública), con esta política de distritos económicos, este año el GCBA va a dejar de percibir 54.366 millones de pesos por recursos fiscales que se resignan en solo tres de los ocho distritos. Hagan sus propios cálculos.

Por otra parte, ninguno de estos distritos cumplió con las instancias de participación ciudadana que establece la Constitución de la Ciudad. Las políticas de privilegios se aprueban en un completo oscurantismo en la Legislatura.

 

Brutos ingresos para las corporaciones

En plena campaña electoral el año pasado, Larreta redujo impuestos al núcleo más concentrado del empresariado. Mediante la ley 6.655 se dispuso la reducción de las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos para las siguientes actividades:

—Industria manufacturera: del 1,5% al 1%.

—Construcción: del 2,5% al 2%.

—Actividades primarias (agricultura, ganadería, caza, silvicultura, extracción de hidrocarburos y minería): del 0,75% al 0%.

El costo fiscal de esta medida –que ni siquiera obliga a las empresas beneficiarias a trasladar parte de lo que se ahorran a una rebaja de precios– fue de aproximadamente 38.000 millones de pesos para 2023.

Larreta, ya sabemos, no fue Presidente. Sin embargo, estos beneficios fiscales fueron sostenidos en la ley 6.711, “Ley Tarifaria para el año 2024”.

Cuando consultamos al Ministerio de Hacienda y Finanzas el monto estimado de ingresos que el fisco dejará de percibir en 2024 por los beneficios fiscales otorgados a las actividades de Producción Primaria y Minera, nos respondieron que “no ha realizado estimación alguna”.

 

 

Aquí, nuevamente, el GCBA resigna recaudar miles de millones de pesos para que se los queden las empresas mineras, ganaderas, y de hidrocarburos, que han multiplicado su riqueza desde que asumió Milei.

En vez de realizar el ajuste en políticas sociales, el GCBA podría volver a las alícuotas previas de los ingresos brutos para las grandes corporaciones.

 

Apropiación privada de la plusvalía urbana

Otra de las medidas de Larreta en su búsqueda de “apoyos” electorales fue la reducción del monto a pagar por el “Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable”, denominado coloquialmente el impuesto a la plusvalía.

La ley 6.641 eximió del 80% de este pago a los desarrollos inmobiliarios localizados en los barrios de Constitución, Barracas, San Cristóbal, La Boca, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya, Flores, Floresta, Vélez Sársfield, Villa Luro, Parque Avellaneda, Villa Soldati, Versalles, Liniers, Mataderos, Villa Lugano y Villa Riachuelo.

Jorge Macri anunció, en su discurso de inicio de las sesiones ordinarias en la Legislatura, la reforma del actual Código Urbanístico y la puesta en marcha de la Mesa de Desarrollo del Sur. Se prepara para generar plusvalía en el sur de la ciudad, que luego captarán las corporaciones privadas.

El proyecto de modificación del Código Urbanístico continúa sin aparecer, mientras tanto las empresas inmobiliarias de forma constante se apropian de la plusvalía generada por la aprobación del Código Urbanístico de 2018. De la destrucción de la ciudad por la sobreconstrucción descontrolada no nos quedan ni monedas. Esto es parte de lo que se suele llamar extractivismo urbano, o menos académicamente, un saqueo.

 

Espacios públicos gastronómicos

Por la crisis que generó la pandemia y las medidas de aislamiento y distanciamiento en el sector gastronómico, el GCBA decidió no cobrar ni un peso por la ocupación del espacio público que efectivizan con mesas y sillas miles de locales gastronómicos en toda la ciudad a través de lo que se denominan “áreas gastronómicas”.

Esta ayuda estatal en situación de emergencia resultaba razonable, pero se transformó, terminadas las medidas de restricción de la pandemia, en una privatización del espacio público generalizada y masiva en toda la ciudad, que en muchos casos dio origen a polos gastronómicos a cielo abierto, con sus problemas ambientales y sociales, de higiene, de contaminación acústica y de accesibilidad.

Los negocios gastronómicos continúan hoy en día sin pagar un peso por la ocupación de cientos de miles de metros cuadrados de espacio público que usufructúan diariamente, en muchos casos incluso en lugares prohibidos, mientras en la ciudad crece la indigencia y las personas que no tienen un techo son “limpiadas” por las fuerzas de seguridad porque consideran que ocupan “ilegalmente” el espacio público.

Jorge Macri anunció que la gratuidad de la ocupación del espacio público por áreas gastronómicas no debería continuar, pero hasta ahora no se avanzó en nada concreto.

¿Otro amague de frenar un negocio con lo público para afirmar quién es ahora el garante del negocio?

 

La utopía

Cientos de miles de millones de pesos podrían incorporarse a los recursos estatales si Jorge Macri decidiera poner en “crisis” estos exorbitantes privilegios otorgados a las corporaciones con recursos públicos. ¿Por qué la ciudadanía porteña debe continuar sosteniendo los privilegios de estas empresas, mientras la ciudad –por poner sólo un ejemplo– ni siquiera garantiza la gratuidad de los comedores escolares para quienes asisten a las escuelas públicas de CABA?

Mientras tanto, la ciudad vive una catástrofe social: el 57% de la población porteña se encuentra en condiciones de indigencia, pobreza, vulnerabilidad o fragilidad en el distrito más rico del país. Del 2015 a la fecha, la indigencia se triplicó, alcanzando en la actualidad al 15% de las y los porteños. En 2015, el sector de clase media alcanzaba al 53,2%, mientras que actualmente comprende sólo al 37% de la población porteña.

La gravísima situación económica de inflación, recesión y caída de la actividad hace desplomar la recaudación, como admitió el propio Macri (cuando decidió suspender el plan microcentro).

¿Qué bolsillos va a rascar Jorge? ¿El de los comerciantes y pymes? ¿El de los porteños a través del aumento del ABL y los tarifazos como el subte y los peajes? ¿O el de un puñado de empresarios prebendarios que viven de hacer grandes negocios con nuestros bienes comunes y con nuestros recursos públicos?

 

 

 

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