Trabajo, producción y soberanía

 

Este trabajo es el producto resultante del Tercer Encuentro para la Construcción de Políticas Soberanas, enfocado en la construcción de una política industrial nacional y federal. El evento fue organizado por las comisiones de Ambiente, de Defensa, de Desarrollo productivo, de Economía, de Energía y de Federalismo y desarrollo local del Instituto Patria y se realizó el 10 de junio de 2024. Contó con la participación como oradores de la ex ministra de economía, Felisa Miceli y del diputado nacional y secretario adjunto de SMATA Mario Paco Manrique. El encuentro congregó en modalidades presencial y virtual a 62 participantes, miembros de las comisiones organizadoras e invitados especiales pertenecientes a organizaciones del sector productivo, quienes, después de las presentaciones de Oscar Parrili, de Miceli y de Manrique, intercambiaron sus aportes, pareceres y dudas sobre el tema.

 

 

El encuentro fue convocado con el convencimiento de que para hacer frente al actual gobierno neoliberal no alcanza con la mera protesta ni con la denuncia de las acciones o de los resultados del gobierno; sino que es necesario oponer propuestas concretas y realistas con capacidad de volver a enamorar a las grandes mayorías.

En otras palabras, necesitamos demostrar a nuestro pueblo que existen otras alternativas a las políticas anti industriales que viene desarrollando el gobierno neoliberal, que actualmente se limitan a lograr un equilibrio fiscal basado en la supresión de los deberes de la Administración pública establecidos en la Constitución nacional en lo que refiere a garantizar la vida digna sobre los ejes de la salud pública, la educación, el acceso a un ambiente sano como derecho humano y el trabajo, priorizando su distribución equitativa.

También demostrar que esas alternativas han sido exitosas, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y que nuestra propuesta está destinada a convocar sin exclusiones a todos los argentinos a ser partícipes de un desarrollo industrial que contribuya al bien común de todos y de cada uno de los argentinos, sin excepciones de ningún tipo.

 

 

Premisas para una política industrial nacional y federal

Nuestra política industrial se asienta sobre el trípode trabajo, producción y soberanía; los conceptos de trabajo y producción son suficientemente conocidos, más allá de la necesidad de profundizar su significación, como lo haremos a continuación.

El concepto de soberanía necesita ser explicado para que se entienda como la capacidad que, en cada momento, tiene cada uno de los poderes del Estado nacional para incidir sobre la calidad de vida de nuestro pueblo; para definir cuánto se destinará al pago de la deuda y cuánto al crecimiento argentino; cuánto se destinará a la educación y a la salud o cuánto cuestan nuestros alimentos y cuánto ganan los que exportan. Al igual que con los conceptos de trabajo y producción, la significación de la soberanía será profundizada a lo largo del texto.

Otra premisa para el éxito de nuestras propuestas de política industrial es la necesidad de lograr o de ir avanzando en simultáneo hacia una mínima estabilidad macroeconómica, de modo tal que el futuro sea percibido por parte de los actores económicos, sean familias, el Estado o las empresas, como algo suficientemente estable, de manera que no se reviertan las bases que dan sustento a las decisiones del consumo y de las inversiones.

Entre los problemas principales que habría que resolver para avanzar hacia la estabilidad macroeconómica se encuentra el de un endeudamiento externo incompatible con nuestro saldo de balanza comercial. Esta cuestión debe ser resuelta para asegurar que parte de las divisas generadas por dicho saldo puedan ser libremente aplicadas para cubrir las necesidades del desarrollo argentino, incluyendo el mantenimiento de la salud pública, la educación y las políticas de industria nacional y federal.

Entendemos que el Estado debe garantizar en condiciones competitivas y sustentables el autoabastecimiento energético, como un vector fundamental de desarrollo productivo y de generación de empleo. El interés nacional no puede estar nunca subordinado a los privilegios de unos pocos. 

Otro de los problemas macroeconómicos que hay que resolver es el de las presiones inflacionarias causadas por los abusos de posiciones dominantes ejercidas por oligopolios y monopolios que caracterizan tanto a las producciones de insumos difundidos (acero, aluminio y polímeros en sus formas primarias), con especial impacto sobre la competitividad del resto de las cadenas productivas de la industria nacional, como a las producciones de los alimentos, con especial impacto sobre la capacidad de consumo de los sectores populares menos favorecidos.   

En definitiva, todas estas premisas nos conducen a la primera: la soberanía nacional, sin la cual no es posible avanzar en la resolución de las restantes.

Además de las cuestiones macroeconómicas, para proponer cualquier política industrial, también tenemos que partir de algunas cuestiones fácticas que definen nuestra población, nuestro territorio y los bienes naturales comunes —también llamados recursos naturales— de los que disponemos.

Tenemos una población pequeña respecto a nuestra extensión territorial, un total de 47 millones de habitantes sobre un territorio continental de 2.791.810 km², lo que resulta en una densidad poblacional de 16,83 habitantes por km². El grado de alfabetización informado por la UNESCO alcanza al 98,95% de la población; asimismo, el 25,7% de las mujeres de más de 25 años tiene título universitario, mientras que para los varones ese porcentaje alcanza al 20,2%. En síntesis, tenemos una población con un elevado grado de formación, más allá de que no tenemos que cejar en los esfuerzos para mejorarlo.

Esta cuestión nos lleva también a poner de relieve que la producción agropecuaria, aun siendo la fuente más importante de nuestras exportaciones, no tiene capacidad suficiente para cubrir las necesidades de empleo del total de nuestra población.

Más allá de lo que muestran los promedios nacionales, es necesario explicitar y resolver las inequidades que existen en materia de la distribución territorial en la generación de la riqueza nacional. La constatación de la existencia de provincias ricas y provincias pobres exige que cualquier política industrial que podamos proponer tenga que dar cuenta de ese problema, lo que justifica el término federal que agregamos a la política industrial nacional.

En materia de bienes naturales comunes y diversidad climática, somos un país favorecido con múltiples recursos que incluyen acuíferos, agroforestales, pesqueros y mineros, que se encuentran distribuidos a lo largo y lo ancho de nuestro territorio. Además, disponemos de abundantes combustibles fósiles, vientos, energía solar y biomasa, además del uranio y el litio, que constituyen una variada gama de fuentes primarias de energía, cuya explotación y transformación resulta fundamental para el desarrollo de nuestro potencial productivo.

 

 

Fundamentos para una política industrial nacional y federal

Lo primero es definir hacia dónde queremos llegar para luego definir el cómo y con qué instrumentos vamos a avanzar en el desarrollo de una política industrial.

Para definir las características del modelo industrial al que tenemos que apuntar y considerando que nuestro país importa por un valor promedio de 1.600 dólares por tonelada y exporta por un valor promedio inferior a los 800 dólares por tonelada y tomando también en cuenta nuestra escasa población y su elevado nivel de preparación, cae de maduro que tenemos que apuntar a un modelo de desarrollo industrial sostenible que agregue valor a nuestros bienes naturales comunes, creando oportunidades para el desarrollo tecnológico local y la generación de trabajo de calidad.

Para avanzar en el cómo y con qué instrumentos podremos progresar en nuestras propuestas de política industrial nacional y federal, lo primero es poner de manifiesto experiencias exitosas aplicadas en muchos países desarrollados, como son los casos de Estados Unidos, Alemania, España y Corea, que nosotros hemos ignorado hasta el presente.

Nos referimos en especial a la necesidad de establecer contraprestaciones razonables al esfuerzo que implica la concesión de medidas de promoción industrial, esfuerzo que finalmente recae en las espaldas del conjunto del pueblo y que en la inmensa mayoría de los casos no es debidamente recompensado. Las medidas de promoción deben establecer metas para ser alcanzadas y compromisos en materia de generación de empleo, mejoras de la oferta, tanto en cantidades, calidades y precios, sustitución de importaciones, niveles de exportación deseados, duración de las promociones y cese de estas cuando se hubieran conseguido las metas o cuando se compruebe el incumplimiento de los compromisos asumidos.

En definitiva, las medidas de promoción deben establecer modalidades contractuales entre el Estado y cada uno de los beneficiarios, sean estos de carácter sectorial o individual, y su continuidad debe estar sujeta a la evolución de los resultados. Esto debería ser válido para cualquier política promocional, incluido el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), recientemente aprobado por el Congreso Nacional, y que deberá ser derogado por un futuro gobierno nacional y popular. El otorgamiento de beneficios promocionales deberá estar sujeto a la correlación costo-beneficio de cada uno de los proyectos que se presenten, incluyendo en primer lugar los empleos generados por cada millón que se propone invertir y, en segundo lugar, el mantenimiento de una política de precios internos compatibles con los internacionales.

Nuestra política debe dar respuesta al problema de la falta de empleo que venimos padeciendo y que con las políticas actuales corre el riesgo de aumentar exponencialmente. Considerando que la pequeña y mediana industria exhibe el mayor potencial de creación de puestos de trabajo, ese sector debe ser privilegiado, aunque siempre sobre la base de los compromisos contractuales que nombramos anteriormente. Como también mencionamos, será necesario modificar la lógica con que en el presente se establecen los precios, incluyendo los energéticos, cambiando el mecanismo actual de referenciar los precios domésticos con los internacionales para pasar a utilizar mecanismos de precios basados en los costos locales más un margen razonable de beneficios, inclusive para bienes caracterizados por una oferta monopólica u oligopólica.    

Resulta imprescindible el desarrollo de un plan energético insertado en un proyecto de país, con protagonismo de la industria nacional en la configuración de su economía, con mayor inclusión laboral de calidad y ampliación del consumo popular, que contribuya a una mejor distribución del ingreso, con una mayor articulación entre nuestro sistema educativo y nuestro sistema de ciencia y tecnología con los diversos ámbitos productivos y del trabajo, con criterio federal, que integre las economías regionales.

Otra cuestión de la que debe dar cuenta nuestra política industrial es de la necesidad de territorializar la industrialización, tomando en cuenta los recursos disponibles en cada provincia, los requerimientos de infraestructura que potencien esas posibilidades de desarrollo, así como de la necesidad de fomentar la federalización otorgando prioridad a las provincias con menor desarrollo productivo.

Nuestra política de industrialización no puede ignorar y debe dar respuestas a las necesidades de desarrollo de las cooperativas y de los actores de la economía popular; no se trata de consolidar una industria de segunda categoría que alimente una economía para pobres; por el contrario, se trata de generar senderos de desarrollo productivo que, sobre la base de la capacitación y el apoyo del sector científico y tecnológico, integren a las cooperativas y a los trabajadores de la economía popular a la corriente principal del desarrollo industrial.

Queda claro que nuestra capacidad para avanzar en la instrumentación de estas bases para el desarrollo industrial está sujeta a la mejora de la correlación de fuerzas que necesitamos para ejercer con plenitud la soberanía nacional, tal como se mencionó en el primer párrafo de las premisas para una política industrial nacional y federal. 

 

 

Algunos instrumentos propuestos para nuestra política industrial

Si bien podría ser prematuro tratar los instrumentos de política industrial más frecuentemente utilizados sin haber consensuado previamente las premisas y las bases para nuestra propia política, parece conveniente enumerar los que se consideran más importantes y describir brevemente los alcances y condicionalidades de cada uno de ellos.

 

• Defensa de la industria nacional
  Trata del establecimiento de impuestos a las importaciones de carácter temporario y compatible con las necesidades de desarrollo industrial y con la flexibilidad necesaria para evitar perjuicios a nuestros consumidores, en especial a los sectores de menores ingresos 
• No discriminación
  Trata de evitar que cualquier promoción atente contra el desarrollo de actividades industriales existentes, con especial atención al RIGI.
• Defensa de la competencia
  Trata de impedir el abuso de posiciones dominantes que afecten al desarrollo de las cadenas productivas u otras actividades industriales, en especial de las MiPyMEs y los actores de la economía social
• Fijación de precios en el mercado doméstico
  Trata de alentar a la industria a adoptar mecanismos de fijación de precios basados en su estructura de costos locales, con un margen razonable de beneficios; estos mecanismos pueden llegar a la obligatoriedad en el supuesto de insumos difundidos, en caso de ser necesarios.
• Sustitución de importaciones
  Trata de alentar al reemplazo de bienes importados por nacionales con la finalidad de mejorar el balance de divisas de nuestro comercio exterior, con especial foco en las PyMEs.
• Agregado de valor de los bienes comunes en el territorio nacional
  Trata de alentar el agregado de valor en el territorio nacional y de desalentar exportaciones de muy bajo valor agregado.
• Financiamiento para el desarrollo
  Trata de la creación de un Banco Nacional de Desarrollo y de modificar la ley de entidades financieras de la dictadura cívico militar.
• Integración a los avances científicos y tecnológicos
  Trata de facilitar la absorción de los avances científicos y tecnológicos por la industria nacional, en especial los adelantos generados por nuestro propio sector científico y tecnológico
• Desarrollo del transporte y de las vías navegables
  Trata de impulsar el desarrollo de infraestructura que reduzca costos de transporte y de recuperar la soberanía sobre nuestras vías navegables.
• Desarrollo de una política hidrocarburífera federal
  Trata de alcanzar un sólido consenso interjurisdiccional entre Estado, empresas y trabajadores, que garantice el autoabastecimiento con precios domésticos competitivos para el desarrollo de nuestras industrias, nuestros servicios y nuestro comercio.
• Desarrollo industrial sostenible
  Trata de desarrollar y aprobar una legislación que establezca las normas de protección ambiental y conservación de los ecosistemas que se aplicarán a distintas inversiones, y obligaciones de remediar los pasivos ambientales al cese de las operaciones, permitiendo el uso y aprovechamiento de los beneficios en el largo plazo.
• Desarrollo PyME
  Trata de establecer una ley específica para las empresas MiPYMEs y para los actores de la economía social que recopile los instrumentos y las facilidades anteriormente mencionadas 
• Participación de la industria en la definición de sus políticas
  Trata de establecer mecanismos de consulta que equilibren las representaciones de la gran industria y del sector MiPyME y cooperativo, que hoy se encuentra ausente en estas consultas.
• Planificación quinquenal
  Trata de crear y promover, con participación de la industria, sus sectores y actores regionales, el establecimiento de planes indicativos que sean de utilidad para anticipar las necesidades futuras de la industria y de nuestra población.

 

 

A modo de conclusión provisoria

Las premisas, las bases y los instrumentos propuestos en este trabajo para definir una política industrial nacional y federal no son de carácter definitivo, en tanto necesitan incorporar otras miradas, otras propuestas y resolver las dudas que se presenten, para lo cual rogamos comunicarlas al correo [email protected].

Todo ello con la finalidad de generar los consensos más amplios que sean posibles para permitir que nuestras propuestas se opongan en modo eficaz a las propuestas del actual gobierno, que hasta el momento sólo se limitan al RIGI, el cual debería ser eliminado en tanto discrimina al conjunto de la industria nacional existente.

Más allá de que todavía no sabemos cuándo podremos recuperar el ejercicio del gobierno ni en qué estado encontraremos a la industria nacional, estas propuestas se presentan con el convencimiento de que sólo una política industrial nacional y federal basada en el trípode trabajo, producción y soberanía tiene la capacidad para dar respuesta a las necesidades de generación de empleo y de mejora del bienestar y la calidad de vida de todos los argentinos, de modo de ir avanzando hacia nuestro objetivo permanente de lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.

 

 

* Suscripto por las siguientes Comisiones del Instituto Patria: Ambiente, Defensa, Desarrollo productivo, Economía, Energía y Federalismo y desarrollo local.

 

 

 

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