Soberanía sobre los recursos

 

La palabra soberanía nos remite a ideas o conceptos como potestades, capacidades, poderes, auto-determinación, autonomía, dignidad, independencia, etc. Ahora bien, en lo relacionado con la vida política, todo aquello vinculado con la polis, sólo se me ocurre otro concepto: patria.

Es por ello que insisto en la soberanía como un ideal, un eje convocante para un programa que pueda enamorar, con visión de futuro, profundamente relacionado con el contexto actual y seductor para todo ciudadano con sentimientos, con emoción, con opiniones. Válido, por lo tanto, para un programa del movimiento nacional y popular. Por lo menos para su debate.

La dificultad reside en su amplitud: es unívoco, pero al mismo tiempo permite abarcar múltiples campos de aplicación, de traslación. En mi anterior nota me refería a este aspecto en relación con la soberanía territorial.

Es por ello que hablar de cualquier soberanía es aplicable de alguna manera a todas las demás, las que se entrelazan entre sí en una trama virtuosa.

En cuanto a la soberanía aplicable a los “recursos naturales”, que es el tema del presente, podríamos considerar entonces que se liga naturalmente con la territorial, con la del ambiente, pero también con la energética y la económica, aunque no podemos obviar la que se debe practicar en las relaciones internacionales. De todas ellas hablaremos en próximas notas, hoy quiero dedicarle estos apuntes a una cuestión central de la vida argentina actual.

En anteriores artículos me he referido aquí a la categoría jurídica que enmarca a los recursos naturales. Pero en este caso sólo quiero referirme a la que debiera ser la potestad (¿la soberanía?) para cuidar nuestros recursos, primera obligación, y también para su eventual explotación cuando sea necesario y conveniente, y qué recaudos son necesarios tomar para ello. También quiénes están autorizados para esto último y qué normas pueden aplicarse y cuáles no.

La regla principal en el tema es el art. 41 de la Constitución nacional que otorga a la Nación la facultad de fijar los presupuestos mínimos de protección de esos recursos, es decir, para cuidar su uso racional, que sus actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras. Y, vinculado a ello, preservando el derecho de los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Pero también destaca ese artículo que las provincias mantienen sus jurisdicciones locales en relación con ese cuidado de los recursos naturales, facultad que se concreta con el art. 124 que les otorga el “dominio originario”, que se expresa en la capacidad de cada provincia para “administrar” los recursos existentes en su territorio.

Esa prerrogativa les permite equilibrar las potestades de la Nación, aunque siempre a favor del ambiente y del uso racional de los recursos en el caso de su explotación. Esto último implica una gran responsabilidad, que supone, por ejemplo, evitar que la Nación las obligue a un extractivismo de los recursos con sede en sus territorios, para abonar una política nacional que no las beneficia y que incumple con la Constitución nacional.

Y cuando hablo de beneficios provinciales, no me refiero a las regalías o cánones que percibe el tesoro de cada una, sino a la posibilidad del crecimiento industrial y del empleo que se derive de las eventuales explotaciones, agregándoles valor en sus propios territorios. De lo contrario, la renta de esas explotaciones será solamente para las empresas privadas, aunque alguna limosna quedará en las arcas provinciales y sus dirigentes. Es lo que promete el famoso RIGI, proyecto que no puede imponerse a las provincias sin su consentimiento.

Ocurre, sin embargo, que hay provincias cuyos dirigentes consideran, en su desesperación, que cualquier inversión es buena en este momento de recesión, por poco que deje y a pesar de los habituales estragos ambientales que produzcan.

Ya está ocurriendo con el litio. A diferencia de lo que ocurre con dos países limítrofes que participan del “triángulo del litio”, las tres provincias con esas riquezas se reúnen para mantener la ley menemista de minería que les otorga solamente el 3% de regalías y amplísimas excepciones de todo orden. Ese sistema ha permitido la instalación de varias multinacionales que vulneran estándares ambientales, que sólo explotan los salares y se llevan la materia prima, el carbonato de litio, a veces con declaraciones falsas de producción. De valor agregado local, nada.

¿Se puede decir que defienden los intereses provinciales? ¿O esa importante riqueza les deja algún porcentaje menor que disminuye la recesión y la ausencia de otro recurso? ¿Les interesa realmente industrializar el mineral y el trabajo que significa negociar con las multinacionales? ¿Le interesa al gobierno nacional esa puja con las empresas? ¿O sólo mira su balance de exportaciones, aunque al final de la película sólo quede pobreza en esa región, como señala la historia en las explotaciones “modo factoría”?

El método RIGI de la ley de Bases les ofrece a dichas provincias, que han apoyado la ley, una oportunidad para enriquecer a sus elites: resuelve aquellas incógnitas a favor de las empresas, muy poco para las arcas nacionales y casi nada para el pueblo de sus territorios. Nos queda la cuestión pendiente respecto de lo sustancial: ¿por qué apoyaron?

Peor todavía, esas explotaciones, tienen un importante grado de contaminación ambiental, especialmente respecto del uso del agua, y en el caso de Jujuy, pero no sólo, un avasallamiento a los pueblos originarios y a la Constitución nacional.

Con este caso de explotación de nuestros recursos naturales, que se repite de diversas maneras en los otros que iremos desarrollando, enfrentamos una muestra de las posibilidades de ejercer algún grado de soberanía sobre ellos. Son territorios de la Nación, y a veces nos preguntamos si existe conciencia nacional de que ellos son parte de nuestra patria y de que su destino nos concierne a todos.

Otro ejemplo de la evolución de este tema se verifica en la explotación de los hidrocarburos, una variante de la minería, que expone la existencia de una riqueza extraordinaria, al mismo tiempo que una avidez inmensa de los centros del poder mundial.

Como la cuestión es de una enorme complejidad, sólo me referiré a su condición de recurso natural: más que nunca la soberanía sobre esos bienes está controvertida. Las mismas preguntas que me hice sobre el litio son aplicables aquí. Y las respuestas también son iguales. Salvo alguna excepción, los gobiernos provinciales imaginan un vendaval de inversiones, sabiendo que la mayoría son de multinacionales, pero no se preguntan qué riquezas quedarán en sus territorios. En el sistema RIGI todo está armado para que no quede prácticamente nada en las economías locales, menos aún en las nacionales. Por 30 años se llevarán nuestros recursos al exterior sin dejar las divisas en el país, y sin pagar ningún tipo de impuestos. Usarán la mayoría de su equipamiento de todo orden, importado, y sin pagar aranceles. ¿Puede entenderse algo más perverso para la economía nacional y para nuestra soberanía? ¿Pueden los argentinos admitir esta inmensa traición a los intereses nacionales? ¿Qué argumentos tendrán los gobiernos provinciales para justificar su apoyo a este modo factoría de sus recursos? ¿Qué dirán sus pueblos que ya verifican lo que ocurre hoy con sus condiciones de vida, en la explotación de estos recursos, y ven cómo las rentas, la riqueza, quedan mayormente en las empresas privadas, locales e internacionales?

Este sistema de explotación asegura las exportaciones por sobre el abastecimiento a precios razonables a la demanda nacional. Por lo cual los argentinos verán solamente pasar esas riquezas. Tanto regalo extremo nos hace pensar que será imposible que el empresariado arriesgue sus dineros en algo no sustentable. Ya que cualquier cambio de signo en un próximo gobierno derogará una entrega tan infame. Aun sabiendo que puedan existir demandas. Las multinacionales buscan naturalmente ganancias, especialmente si son extraordinarias. Pero no se comprometen en aventuras destinadas naturalmente desde el inicio al litigio de final dudoso.

De la misma manera podemos analizar lo que se pretende realizar respecto de las hidroeléctricas del Comahue y, en general, de la cordillera: el uso del agua de esos territorios sin consulta previa a las respectivas provincias respecto de sus derechos. ¿Qué pueden decir los gobiernos provinciales involucrados que apoyaron las normas que permiten ese avasallamiento inconstitucional?

Podríamos continuar con otros recursos a punto de ser entregados a la explotación fácil y gratuita. Sólo damos los ejemplos principales y nos preguntamos qué soberanía puede existir sobre nuestros recursos naturales en el camino que hemos señalado. Sabiendo que existen excepciones que nos dan la esperanza de otras posibilidades de futuro para la patria, otras provincias que levantan la voz de la dignidad, nos preguntamos también si no ha vuelto a sonar la “hora de los pueblos” por sobre las castas que los gobiernan en todos los niveles institucionales.

 

 

 

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