“Se dan el lujo de cagar con la puerta abierta, ni siquiera se preocupan en cerrarla. Te estafan y te dicen ‘no sé qué pasó con la plata y ni sé dónde está’”, dice a cámara Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. Una serie de recortes periodísticos muestran que en un contexto de pobreza en crecimiento, empresas han tenido récords de ganancia en los últimos años. Vicentin no ha sido la excepción. “Una burguesía con olor a bosta, predominantemente rentista”, define el periodista Alejandro Bercovich. “La concentración en el campo continúa siendo bestial”, enfatiza Pedro Peretti, chacarero y ex dirigente de la Federación Agraria Argentina. Y en los nombres de los vinos de Vicentin, que de máxima productora de granos expandió sus inversiones a todo tipo de mercancías, se refleja la ironía: el tramposo, el canalla, el contrabandista.
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La de Vicentin parece una historia perdida. Perdida, corrupta y en quiebra. El gigante empresarial, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior con una facturación de 4.000 millones de dólares, ocupando el puesto 29 entre las 50 mayores riquezas del país y siendo la firma que más creció durante el macrismo, yacía hasta hace poco con sus bienes embargados e inhibidos y con sus directivos sin poder salir del país, sospechados de millonarias estafas. Hasta los acreedores privados, en un hecho inédito en lo financiero, creían que el salvataje del Estado era urgente y necesario para que Vicentin no terminara en manos extranjeras. Sin embargo, nada puede normalizarse si los investigadores judiciales no despejan primero el enigma: dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan de su magnánima deuda.
La caída fue en picada. Hasta no hace mucho, los trabajadores de la empresa estaban en estado de asamblea y el gremio aceitero santafesino entró en alerta por la situación de la agroexportadora y su dilatado concurso de acreedores. A su cesación de pagos declarada en 2019 —que la situó al borde de la quiebra— se le sumaron permanentes conflictos laborales, multas por desobediencia judicial, un directorio sospechado por estafas millonarias y un concurso de acreedores en el que se encuentra desde febrero de 2020, sin solución de continuidad.
¿Cómo filmar una de las grandes estafas económicas de los últimos tiempos? ¿Cómo traducir a una narrativa ágil, entendible y dinámica aquellas estadísticas y voces técnicas, aquellas tramas engorrosas que forman las piezas del rompecabezas Vicentin? ¿Cómo contar, en definitiva, el denso concurso de acreedores y la fallida expropiación de la cerealera?
Cuellos blancos, el caso Vicentin lo logra. Es de esos documentales con investigación y rigor, con paciencia y una equilibrada suma de voces, pero, sobre todo, con una mirada: sin un punto de vista que interprete la información, que haga fluir los ejes del conflicto en un ritmo atrapante, todo el telón de fondo de la trama de delitos financieros ejecutados con la complicidad del poder político y Judicial, y que dejó al borde de la quiebra a una de las empresas nacionales más importantes del país, hubiera permanecido en una abstracción digna para especialistas y expertos en el tema. Cuellos blancos apunta al espectador medio que apenas si escuchó alguna vez sobre el tema. Por eso arranca con el ex Presidente Alberto Fernández y su fallido intento por intervenirla. Desde allí permanecen varios interrogantes abiertos. ¿Es posible aún una expropiación desde el Estado con el gobierno de Javier Milei? ¿O todos los caminos, que en un principio llevaban a una empresa mixta, ahora volvieron a foja cero?
Con dirección y guion de Andrés Cedrón, director de la premiada La Caracas (2012), la película ya se estrenó en Santa Fe y Rosario, epicentro del caso, y está anunciado su debut porteño en el cine Gaumont para el 22 de agosto. La fortaleza narrativa, en rigor, está en el “cómo” y no en el “qué”, semejante a documentales como Responsabilidad empresarial (2020), de Jonathan Perel, donde se ponía en primer plano la complicidad de las fábricas y los complejos industriales que hoy continúan en plena actividad y que entre 1976 y 1983 actuaron como centros clandestinos de represión, secuestro, tortura, desaparición forzada y muerte. En cómo explorar y desplegar los pliegues ocultos —pero visibles— del poder económico, principal protagonista del capitalismo reinante.
El rodaje de Cuellos blancos se realizó entre 2022 y 2023 en locaciones de Rosario, Avellaneda, Reconquista y Santa Fe capital; y otra parte en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Cedrón repasa con bisturí la historia de los Vicentin, nacida de la leyenda rosa de los inmigrantes y de un almacén de ramos generales que se convirtió en financiera y que fue posterior apropiadora de campos en la próspera Pampa Húmeda. El director habla con claridad de las acusaciones de fraude, evasión, fuga de capitales y los beneficios otorgados por las políticas neoliberales de gobiernos militares y de Carlos Menem. Se explica, además, el modo en que la empresa cambió su matriz productiva por la especulación financiera y la diversificación de negocios, a tono con la época.
“Vicentin es un reflejo de la historia política y económica reciente de la Argentina”, explica el cineasta, que muestra por primera vez los puertos privados del complejo oleaginoso de Santa Fe, los que comercializan la mitad de las exportaciones totales del país. El gigante Vicentin niega que lo controlen: se resguarda en su fortaleza. “Mientras las deudas de Vicentin se licuan con el paso del tiempo, la sociedad argentina no condena la responsabilidad empresarial, ni discute las leyes que benefician a los poderes económicos. No son señalados como delincuentes ni por los medios hegemónicos ni por la opinión pública debido a los lazos sociales entre los poderes existentes. Fácilmente, los ubica como víctimas de las garras del Estado o de un atentado contra la propiedad privada”, remarca Cedrón.
“La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo”. La frase de Mariano Moreno ilumina el trasfondo de los testimonios, fuentes y documentos que pasan la hora y media de metraje, una síntesis de los 93 años de Vicentin. Así se llega hasta el momento de develación: el engaño de un balance contable. Se pasa de las marchas a favor y en contra de la empresa a cómo esta anuncia su estrés financiero, pese a tener un récord de producción y ventas al exterior. En el documental se turnan la palabra delegados sindicales, abogados y economistas, periodistas y empresarios, investigadores académicos y legisladores, y se revelan documentos internos de la empresa, tanto como la voz de algunos directivos.
Ningún detalle parece en vano cuando se pone en foco a una zona agroexportadora por excelencia. La trama judicial se entrecruza con los debates políticos, la explotación laboral y la connivencia de la empresa con la burocracia sindical, la persecución y razzia de los sindicalistas clasistas de los ‘70, la migración rural después del modelo de sojización —que configuró la realidad actual: el país como exportador de alimentos para cerdos y aves asiáticas— con homenaje a imágenes tomadas por Pino Solanas en sus documentales. Entonces irrumpe Cavallo. Llega la estatización de las deudas privadas, con el Banco Nación como principal cómplice —que le otorga créditos a Vicentin cuando acumulaba deudas millonarias—, y se deja de lado el control de los organismos públicos: pleitesía a la libertad de mercado, a las inversiones, a las triangulaciones financieras con la banca internacional; la misma melodía del presente.
“El desprecio de Vicentin por las víctimas es total”, lanza el fiscal Miguel Moreno. El grupo atiende en los dos lados del mostrador: se vende y se compra a sí misma yendo de una empresa a otra del holding, manipulando los precios de transferencia. Algunas especialistas explican el delito de cuello blanco, concepto del sociólogo Juan Pegoraro en su clásica investigación sobre crimen económico y orden social. En los pueblos santafesinos, Vicentin es dueño y señor, articula el lazo social: los empresarios nunca son percibidos como delincuentes, sino como hombres de bien, responsables de dar trabajo y prosperidad. A eso se suma la solidaridad de clase de los dueños de los medios de comunicación, que crean un muro casi indestructible.
¿Quiénes están detrás de las transacciones? ¿Qué patrón de conducta se esconde detrás de las ficciones legales que amparan a Vicentin y sus sociedades anónimas? Eugenio Zaffaroni dice que la clave no está en el derecho penal, sino en la coautoría de los bancos centrales y de todos los aparatos de control y regulación de los Estados. “¿Son difíciles de probar estos delitos de cuello blanco?”, pregunta Daniel Tognetti. “Con un par de abogados entusiastas y una serie de contadores lo podemos probar tranquilamente. Vicentin ha dejado pistas por todos lados, expuso su nombre una y otra vez”, responde Javier Ortega, doctor en Derecho Público, que ha localizado en Nueva York una secuencia de reclamos judiciales relacionados con Vicentin.
El vaciamiento resulta obsceno, tanto como sus deudas pesificadas. “Con lo fugado, debería alcanzar con pagar la deuda y a la vez hacerse cargo del capital de trabajo”, dice el diputado Carlos Del Frade a un ejecutivo de la empresa en una audiencia legislativa. Tras el estreno del documental, el proceso concursal de la empresa sigue sin resolución y con una maraña de impugnaciones. En paralelo hay sendas causas penales por estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y encubrimiento. La más avanzada es la que encabeza la fiscalía de Delito Económico en Rosario, con pedido de elevación a juicio oral incluido.
En el epílogo, con letras blancas y fondo negro, el caso Vicentin brota como reflejo de la tragedia argentina: de cómo persiste a través del río Paraná el saqueo de sus riquezas; de la evasión y la fuga hacia paraísos fiscales; de cómo se perpetúa la extranjerización de la economía; de cómo se sigue apostando a la rentabilidad de la soja, en un modelo agrotóxico que enferma y mata; de cómo no se asegura la soberanía alimentaria del pueblo, con más de un 40% de la población bajo la línea de pobreza.
A fines de mayo de este año, en una de las últimas novedades, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de Estado argentino en una causa promovida por la AFIP contra la cerealera. Vicentin, de forma sucesiva, continúa acumulando favores judiciales. Además del millonario préstamo que brindó la gestión de Mauricio Macri poco tiempo antes de decretar la bancarrota, el año pasado la mano vino de la Cámara de Apelaciones de Reconquista, Santa Fe, con el juez Fabián Lorenzini —amigo de la empresa— a la cabeza, quien ordenó suspender el proceso de salvataje o cramdown en el concurso. Los trabajadores temen que, a la corta o la larga, Lorenzini avale el achicamiento y desguace de Vicentin. “El objetivo es dilatar la situación y posibilitar que se consume un fraude monumental sobre el Banco Nación y el conjunto de los argentinos”, advirtió Claudio Lozano, quien auditó la deuda de Vicentin cuando fue director de la entidad oficial.
Así, los cuellos blancos sólo siguen perpetuando un goce: el de la impunidad. Contra los blindajes del poder, el documental persigue una épica “walshiana”. Que el crimen algún día se pague.
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