Otra forma de Estado presente

“Seguridad productiva”, una nueva definición más vieja que la injusticia

Por Diego Kenis

 

El mismo día en que su creación se plasmó en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich presentó ante empresarios su nueva Unidad de Seguridad Productiva, anuncio que no tuvo un tratamiento mediático equivalente a lo que podrían ser sus derivaciones en un plazo casi inmediato.

Más por las expresiones públicas de Bullrich y las congratulaciones empresarias que por la escueta resolución ministerial, el nuevo programa parece direccionado a impedir protestas sindicales, sociales o ambientales en cercanías de establecimientos de producción o comercialización. “No vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas para impedirles producir”, dijo Bullrich en la presentación y repitió en sus redes sociales, donde también explicitó como objetivo final que en las actividades “el costo argentino baje”. Las patronales suelen incluir en ese ítem los salarios y lo que el vocabulario colectivo ha consentido en definir como “cargas sociales”.

 

 

La nueva dependencia tendrá como responsable a Martín Culatto, estrecho colaborador de Bullrich e integrante de la asociación civil bautizada como Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, que ella preside. Culatto figura como revisor de cuentas del Instituto, que a mediados del año pasado fue intervenido por el gobierno de entonces, luego de que la Inspección General de Justicia acusó que el crecimiento de sus ingresos y egresos hallaba vinculación con la campaña proselitista que tenía a la ahora ministra como precandidata a la Presidencia.

 

 

A sola firma

En cuanto a las funciones de la nueva Unidad de Seguridad Productiva, Bullrich brindó más precisiones que la vaga resolución que firmó. El documento sólo:

  • encomienda a la nueva dependencia el análisis de situaciones de inseguridad que “presentan o pueden previsiblemente presentar” actores de la economía;
  • discriminando al interior del empresariado, define a los posibles receptores de protección por “su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos”;
  • faculta “exclusivamente” a la cartera o las órdenes emanadas del Ejecutivo a determinar los sectores o empresas a ser protegidos;
  • establece que el Estado podría ofrecerles “un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías”; y
  • coloca a las eventuales acciones de seguridad, que no enumera ni describe, bajo el “exclusivo criterio del Ministerio” nacional.

Las variables para la selección —agrega la resolución— serán los propios análisis de la Unidad o “la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional (sic) y en la opinión pública”. Tampoco en este plano se detalla cómo se deberán valorar tales factores, que de ese modo configuran una facultad discrecional elástica.

La resolución únicamente se ocupa de dejar en claro, para la tranquilidad minuciosa del precario superávit fiscal, que la Unidad que crea “no implica erogación presupuestaria alguna”. Culatto ya oficia como responsable de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, por lo que es comprensible que no se le establezcan nuevas asignaciones. Pero si los pedidos de protección son tantos como indicó el Ministerio en la presentación de la Unidad, no resulta claro cómo podrían traducirse en acciones sin desatender otras funciones de la Dirección, a cargo de fiscalizar el desempeño operativo de fuerzas policiales y de seguridad del ámbito federal.

 

 

Ante la ley

Desde hace más de medio siglo, una orden judicial es la única herramienta que habilita a fuerzas federales a actuar fuera de sus jurisdicciones, con la sola excepción de la Gendarmería. También puede ocurrir ante situaciones extraordinarias de desastre natural, peligro colectivo sobre una región determinada o riesgo de la vigencia de derechos y garantías, pero para ello se requiere una solicitud de la autoridad provincial y la constitución de un Comité de Crisis en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior.

Ninguno de esos mecanismos y órganos es mencionado en la resolución firmada por Bullrich. Tampoco es citada, siquiera en los vistos, la Ley de Seguridad Interior que los establece. Esa normativa regula la protección de “la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones”, que la ministra busca proteger de acuerdo al segundo de los considerandos que enumeró.

En cambio, en dos oportunidades dentro de su escueta redacción, el Ministerio de Seguridad reserva a su propio ámbito la decisión sobre las situaciones a intervenir, sin aguardar orden del Poder Judicial o pedido de las autoridades locales. Sólo señala que las acciones que decida se efectuarán “en consenso con las jurisdicciones provinciales”, lo que invierte la dirección de la decisión, en un escenario presupuestario en que los estados subnacionales se encuentran sumamente condicionados.

Por otra parte, la misma Ley de Seguridad Interior encomienda a una comisión bicameral permanente del Congreso “la supervisión y control de los organismos y órganos de seguridad interior actualmente existentes, de los creados por la presente ley y de todos los que se creen en el futuro”. No existen menciones a tal ente parlamentario dentro de la resolución emitida por el Ministerio a cargo de Bullrich.

 

 

A régimen

En la presentación pública de la Unidad, Bullrich clarificó hacia dónde se direccionaría la selección que se reserva y la vinculación con el programa económico que el gobierno busca que avale el Congreso. “Estamos pensando un apoyo específico para las áreas de capital, que de acuerdo al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, tienen un tiempo de maduración y de obra”, indicó.

Es más que dudoso que el RIGI promueva un aluvión de inversiones productivas, pero —como demostró Martín Piqué— las condiciones que ofrece permiten concluir que las que ya estaban acordadas obtendrán nuevos beneficios por tres décadas. Entre esos proyectos se encuentra la planta de procesamiento y exportación de gas natural licuado que YPF y la malaya Petronas ya habían decidido instalar en la bonaerense Bahía Blanca, hasta que la expectativa por nuevas concesiones estatales hizo aparecer súbitamente una inconducente alternativa rionegrina, que demora la concreción mientras el Congreso debate el RIGI. Invertir antes o después de su sanción, si se diera, significaría adherir a distintas cuantías de generosidad estatal.

En el plano específico de la seguridad, la Unidad que presentó Bullrich parece enfocarse en los riesgos de protestas sociales o ambientales. Resulta coherente con lo propuesto originalmente por el gobierno en la entonces proyectada como Ley Ómnibus: pretendía convertir en causas legítimas de despidos las ocupaciones o bloqueos de plantas por parte de personal en protesta y descontar del salario el proporcional a las horas de huelga, entre otras limitantes de la acción sindical.

La ministra anticipó que se enviará a Neuquén una dotación de Gendarmería para operar en la zona de Vaca Muerta y se proyecta para toda la región minera la implementación de sistemas electrónicos que lleguen a las empresas.

Por otra parte, advirtió que se estructurarían contactos en red con los jefes de seguridad de los supermercados de todo el país, “con el objetivo de protegerlos de aprietes”, como eligió llamar a las demandas de artículos de primera necesidad por parte de sectores empobrecidos. Como es previsible que el contexto económico los reproduzca, señaló que en tal caso la distribución se canalizaría a través de los municipios. Los antecedentes del Ministerio de Capital Humano en la materia no acercan las mejores expectativas.

 

 

 

 

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