Los culatas del RIGI

Al cuidado de la entrega del país

Por Sebastián Fernández
Fotografía de la Gendarmería Volante.

 

En 1906, nacía The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, más conocida como La Forestal, empresa de origen inglés cuyo radio de acción comprendió el sur del Chaco y el norte de Santa Fe. Su origen remonta a unas décadas antes, cuando, con el objetivo de impulsar la explotación del bosque de quebracho colorado, el gobierno provincial contrató un empréstito con una firma londinense, Murrieta & Co., cuyo apoderado era el argentino Lucas González. El empréstito no fue pagado y, luego de largas negociaciones, una ley oportuna estableció una forma de pago con algunas ventajas para la compañía. Como relata la escritora Teresa Arijón, “la ley (que era una trampa) fue votada ese mismo año y facultó a González —como apoderado de la firma londinense— para vender 668 leguas cuadradas. Y efectivamente las vendió a Murrieta & Co. Dos millones de hectáreas tapizadas de quebrachos —la mayor reserva de tanino del mundo— pasaron así a manos inglesas (y también alemanas y francesas)”.

Hasta que cerró su última fábrica, a principios de la década del ‘60, la empresa funcionó como un Estado dentro del Estado. Contaba con una moneda propia, que usaba para pagar a sus trabajadores, quienes sólo podían utilizarla en las proveedurías pertenecientes a la empresa. Fuera de los gerentes de la compañía, las condiciones de vida eran muy precarias. La mayoría de los trabajadores y sus familias vivían en los “benditos”, fosas cubiertas con enramadas para protegerse de la intemperie.

La empresa también contaba con su propia fuerza de seguridad, la “Gendarmería Volante”, creada por decreto del gobernador radical Enrique Mosca en respuesta a las huelgas de 1919. Según el diario socialista La Vanguardia, esa fuerza fue responsable del asesinato y tortura de centenares de trabajadores. Mosca fue luego abogado de La Forestal y, accesoriamente, candidato a Vicepresidente por la Unión Democrática en 1946, elección que perdió Braden y ganó Perón.

La Forestal se benefició de amplias exenciones impositivas, “para incentivar las inversiones”. La paradoja resultante fue que la empresa pagaba muchos más impuestos en el Reino Unido, donde estaba su casa matriz, que en la Argentina, donde se encontraba su unidad productiva. De esa manera, con los impuestos generados por trabajo argentino durante décadas se construyeron escuelas y rutas en Manchester y Southampton.

La lógica de la empresa nunca respondió a una idea de desarrollo del país, sino a los designios de los accionistas instalados en Londres. Como escribió Alejandro Jasinski en El Cohete a la Luna: “Desde Londres, el holding que controlaba a la empresa La Forestal Argentina S. A. venía impulsando desde hacía tres décadas la industria de la mimosa en Sudáfrica y luego en Kenia y Rodhesia (Zimbabue). Aquel desarrollo se había venido haciendo con la acumulación nacida del esfuerzo de miles de trabajadores del monte y de los pueblos fabriles, de la venta de importantes estancias adquiridas a través de un negocio espurio producido a fines de siglo XIX, de la devastación de buena parte de los montes y bosques de quebracho y de la permanente práctica de elusión de impuestos que contrariaba todo principio de legalidad”.

La herencia fue devastadora. Según un informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación del año 2004, los bosques y montes naturales de la provincia de Santa Fe apenas representan el 14% de los existentes en 1935.

Hace unos días, el presidente de YPF, Horacio Marín, le advirtió al gobernador Axel Kicillof que si la provincia de Buenos Aires no adhería al Régimen de Incentivos a los Grandes Inversores (RIGI), la planta de GNL que YPF proyecta construir junto a la petrolera malaya Petronas se instalaría en Río Negro. Recordemos que la Ley Pasta Base, de la que forma parte el RIGI, todavía no fue sancionada por el Congreso, pero sus entusiastas ya la invocan como amenaza. Como señaló El Bosnio, integrante de La Radio MAK, el presidente de YPF “no entiende que ese apriete es una gran crítica al RIGI al fortalecer la capacidad de cada inversor a poner a las provincias unas contra otros a ver quién entrega el interés de su pueblo antes y más”.

 

 

Las amenazas de matón de barrio del presidente de YPF al gobernador de una provincia que representa más del tercio del producto interno bruto y de las exportaciones totales nacionales, además de explicar casi la mitad de la actividad industrial del país, ilustran el colosal empoderamiento que la nueva norma le otorga a las grandes empresas globales. Por otro lado, no deja de ser paradójico que, mientras el Presidente de los Pies de Ninfa promete vender las acciones de YPF porque el Estado no debe ocuparse de esas cuestiones, también se vanagloria por las inversiones de Petronas, una empresa perteneciente al Estado malayo. Se ve que los malayos, a diferencia nuestra, sí pueden tener una empresa nacional.

Por otro lado, como explicó Hernán Letcher, Petronas ya había dado su acuerdo para invertir en el país bajo las condiciones del régimen vigente, que le otorga solo el 50% de libre disponibilidad de divisas contra el 100% que le cede el RIGI (en otras palabras: bajo el RIGI no quedará un solo dólar en el país fruto de las exportaciones de materia prima). ¿Cuál es la ventaja para los argentinos de entregarle a una empresa más de lo que ya había aceptado?

Leemos, además, que “el gobierno nacional conformó una Unidad de Seguridad Productiva dependiente del Ministerio de Seguridad con el objetivo de aumentar el despliegue de las fuerzas de seguridad en las provincias y así blindar a las actividades mineras y petrolíferas de los reclamos y las resistencias ciudadanas”. Con honestidad brutal, el gobierno que impulsa el RIGI se adelante a sus devastadoras consecuencias sociales y antes incluso de que esa norma entre en vigencia, ya prepara una nueva Gendarmería Volante, para ocuparse de las “resistencias ciudadanas”. Los integrantes de estas fuerzas de seguridad patronales serán los culatas del RIGI, como hace cien años lo fueron de La Forestal.

Con humor involuntario, Ezequiel Atauche, senador de La Libertad Avanza, afirmó: “El RIGI es el corazón de esta ley. Ahora, con las inversiones, cada argentino va a ser más rico”. Nada de eso ocurrirá. El RIGI es la reedición de La Forestal en clave de litio y petróleo: además de significar una transferencia colosal de recursos de abajo hacia arriba y la pérdida de ingresos fiscales, también implica la cesión de poder de decisión desde la política electoral hacia los accionistas de empresas lejanas, que responden a lógicas ajenas al desarrollo del país y dejarán, como dejó La Forestal, un país devastado. Sin recursos naturales pero tampoco dólares en el Banco Central.

Frente a una economía cada vez más globalizada y concentrada, la respuesta del gobierno y de su oposición imaginaria —que vota los proyectos del oficialismo, pero lamenta sus consecuencias— es fragmentar la Argentina, provincializarla. El objetivo es destruir el Estado federal, que podría atenuar, al menos en parte, la voracidad de los grandes conglomerados financieros.

Es inevitable recordar la Ley Banelco, sancionada durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Como ocurre hoy con la Ley Pasta Base, ninguno de quienes votaron dicha ley en el año 2000 podía señalarle alguna virtud. Lo mismo ocurrió con la reforma laboral de Cambiemos, mucho menos agresiva que la actual. Fue una victoria pírrica que también generó una brutal represión en la Plaza del Congreso y marcó el principio del fin de la presidencia de Mauricio Macri.

Es también inevitable sentir un gran desaliento frente a lo que parece una derrota irreversible. Podemos, sin embargo, sacar al menos dos conclusiones: la primera es que la única oposición real es Unión por la Patria. (Recordemos que el “peronismo posta post, libre de gluten y de kirchnerismo” era representado hasta no hace mucho por Daniel Scioli, actual funcionario nacional que, exultante, se felicitó por la votación de la ley.) La segunda conclusión es que la calle vuelve a ser, como en 2017, el lugar de reclamo popular por antonomasia. Con eso deberemos empezar a construir.

O, más bien dicho, a reconstruir.

 

 

 

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