Desfinanciando

 

Si la “Generación de Mayo” luchó por el desarrollo de una educación para el progreso, que formase al ciudadano permitiéndole alcanzar los beneficios de una educación popular, el gobierno nacional actual hace todo lo contrario de lo que planteaban hombres como Manuel Belgrano. Gran pedagogo de la revolución, Belgrano proclamaba la importancia en invertir en formación de escuelas para capacitar a hombres y mujeres. El desfinanciamiento que ejecuta la pareja de hermanos gobernantes es inédito. Un informe del instituto Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) detalla que la estrategia del ajuste consiste en la prórroga del presupuesto 2023, sumando recorte y sub-ejecución del crédito disponible.

Esta estrategia del plan Caputo-Milei, que aplica el artículo 27 de la Ley N.° 24.156 de Administración Financiera, que establece que, “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados”, olvida lo que la misma norma establece: ajustar las partidas presupuestarias a la variación general del nivel de precios. El informe de CTERA precisa que el gobierno está dispuesto a la actualización de los valores de los servicios de la deuda, pero no de los gastos que aseguran la continuidad de servicios básicos que brinda el Estado, como educación y salud.

“A diferencia de la experiencia de López Murphy como ministro de Economía en el gobierno de la Alianza (2000-2001), cuando se intentó bajar el gasto público de manera nominal, ahora Milei quiere aprovechar la ‘ventaja’ de tener una inflación muy alta. Recordemos que fue el mismo gobierno quien buscó incentivar el proceso inflacionario en sus primeros dos meses de gestión (…) con medidas de política económica (devaluación, liberación de precios, aumentos de tarifas”.

El análisis pormenorizado que realiza el Instituto Marina Vilte describe que para educación y cultura el incremento nominal es inferior al 9%, siendo una de las funciones que menos aumentó su presupuesto en el primer trimestre, muy por debajo de los incrementos otorgados a los pagos de servicio de deuda pública (+60%), comunicaciones (59%; destinados a una reserva presupuestaria de más de 100.000 millones de pesos para gastos en propaganda oficial) y judicial (49%), para los gastos de personal del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia. Con el presupuesto de 2023, al no actualizar los montos por inflación, la licuación para educación y cultura alcanzaría el 68,9%.

 

 

 

El instituto Vilte en su informe expone que las reducciones del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) son de “276.262 millones de pesos (-80% del crédito). Dada la intención oficial de ‘eliminar el FONID’, podría suponerse que el 20% de saldo restante (71.088 millones de pesos) se destinará al Fondo de Compensaciones Salariales”, y así también el programa Conectar Igualdad, que presenta “una reducción en 10.311 millones de pesos (-8,9% del crédito)”.

A pesar de que el presupuesto educativo se encuentra totalmente desactualizado frente a la inflación, en partidas destinadas a educación y cultura “sólo se utilizó el 24,3% del crédito, una proporción muy menor a la ejecución de las partidas de pago de servicios de la deuda (que en 90 días ya agotó el 38,8% del crédito anual para ese fin)”, consigna el informe. Pagar la deuda y embrutecer al pueblo desfinanciando la educación es la política que lleva adelante Javier Milei.

 

 

El estudio da cuenta de que el “presupuesto ejecutado durante el primer trimestre de 2024 de la Secretaría de Educación (excluyendo el de las universidades nacionales) fue de 113.961 millones de pesos, lo que representa una caída casi del 28,8% en términos nominales con respecto al mismo período de 2023. En términos reales, la caída fue de 80,9%. Las partidas de infraestructura educativa del Ministerio de Obras Públicas también mostraron una caída, aún más abrupta (97% en términos nominales y 99% en términos reales)”.

Con respecto al FONID, se explica que fue creado en 1998 a través de la Ley N.º 25.053 y fue pagado por todos los gobiernos. Pero que en enero de este año se devengó la cuota mensual correspondiente a enero, pero la efectivización del pago “quedó retenida en la Tesorería General de la Nación que depende del ministro de Economía Luis Caputo, con la excepción de un pequeño monto que se dirigió a la provincia de Chubut (12 millones). Posteriormente, el gobierno nacional anunció su decisión de no pagar el FONID este año, y le quitó la mayor parte de su presupuesto a través del DNU 280/2024”. Se señala que se redujo el presupuesto del FONID en un 80% y en el detalle del ajuste de ese fondo por provincias, muestra que en “Tucumán y Tierra del Fuego el DNU 280 no disminuyó el presupuesto asignado por la prórroga. En el caso de Santiago del Estero la disminución fue de sólo 2%”. El informe explica que desconoce “si esta discriminación obedece a un problema de carga de datos, trámite puramente administrativo o responde a una intencionalidad política”.

Desde el instituto Vilte puntualizaron que en 2023 se pagaron $66.708 millones destinados a un programa que ejecutó y llevó adelante el ex ministro de Educación Jaime Perczyk para sostener con inversión una hora más de clase y lograr un piso de 25 horas semanales destinadas a ampliar contenidos y conocimientos en Lengua y Matemáticas en el nivel primario. Y que, “después de una discontinuidad en el pago producida en el mes de enero de 2024, durante febrero y marzo se volvió a pagar”. Pero consideran que “existen dudas sobre la continuidad del programa. El crédito anual disponible (y no utilizado) para este programa asciende a 73.966 millones”.

Respecto a Nuestra Escuela, el programa “de formación docente federal, universal y gratuito, aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación (Res. CFE 407/21) y los cinco sindicatos con representación nacional a través del acuerdo paritario del 15 de febrero de 2022”, durante 2023 se pagaron $4.288 millones, pero “a partir de enero de 2024, las transferencias para este programa se discontinuaron. El crédito anual disponible (y no utilizado) para este programa asciende a $5.452 millones”.

Es así, evalúa el trabajo, que “al mismo tiempo que se recortan fondos educativos, se cierran programas y se cancelan transferencias a provincias, el gobierno mantiene la canilla abierta para las transferencias discrecionales, dirigidas a aliados políticos. A la lista que se expone a continuación se destaca la novedad de la incorporación de Entre Ríos, cuyo gobernador se constituyó en el primer apoyo a la convocatoria del ‘Pacto de Mayo’, propuesta por Milei para apoyar su plan de ajuste”. Sequía para educación, canilla abierta para aliados.

 

 

En resumen, el informe del instituto Marina Vilte de CTERA especifica que:

• Las transferencias educativas a las provincias durante los cuatro primeros meses de 2024 fue solamente de 13.967 millones de pesos en concepto de fondos educativos, apenas un 4,6% de lo presupuestado para todo el año (que llega a más de 300.000 millones de pesos, luego del brutal recorte al FONID por 276.000 millones). Sólo dos programas mostraron un nivel de ejecución superior al 10%: Información y Evaluación y Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (una hora más).
• Durante los cuatro primeros meses de 2024, la Nación transfirió 13.967 millones de pesos a las provincias en concepto de fondos educativos, apenas un 21% de lo transferido en el primer cuatrimestre del año pasado. En cambio, distribuyó discrecionalmente$8.800 millones en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), lo que representa 177% más que el mismo período de 2023, siempre hablando en términos nominales.
• Entre las transferencias a provincias pendientes de ejecutar se encuentran las pertenecientes a los siguientes programas educativos: el FONID; Infraestructura y Equipamiento, Comedores Escolares, Cooperadoras, Innovación y Desarrollo de la Formación, etc.
• Los ATN, de uso discrecional, se dirigieron a seis provincias, alineadas políticamente con el gobierno; Corrientes, Tucumán, Chubut (en este caso, la transferencia se realizó antes del conflicto de gran repercusión pública entre esa provincia y el Poder Ejecutivo Nacional), Jujuy, Entre Ríos y Santa Fe.

 

 

 

Luche que se escuche

El martes 21 de mayo, todos los sindicatos docentes nacionales y representantes de las tres centrales obreras realizaron una conferencia de prensa para explicitar las demandas del sector y anunciaron el paro nacional que se llevó adelante el jueves 23 de mayo con alto acatamiento.

Fue inédito y abarcó todos los sectores. “Hoy 23 de mayo, día del trabajador de la educación y además un día histórico para CTERA porque se conmemora la gran Marcha Blanca de 1988, hay un paro nacional de todos los sectores de educación, de las distintas centrales, tanto de la CGT como de la CTA. Este paro abarca desde el nivel inicial hasta la universidad, pasando por cada uno de los niveles educativos”, precisó en diálogo con El Cohete, el jueves, la titular de CTERA Sonia Alesso.

En referencia a las demandas, Alesso explicó: “Es un paro por presupuesto educativo. Es un paro que reclama los fondos nacionales que corresponden a los docentes o las provincias, el FONID; el Fondo Compensador; el Fortalecimiento de Jardines de Infantes; infraestructura y equipamiento escolar; mejoramiento de la calidad educativa y formación docente, todos ítems que están sub-ejecutados aun en el presupuesto prorrogado del 2023 y ni siquiera están actualizados”.

 

 

Sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) expresó que “si se tuviera que actualizar de acuerdo con la inflación —si se toman en cuenta solamente estos tres meses— debería ser de 72.600 pesos y el actual FONID que el gobierno paga es de 28.700 pesos. Y está con demora para pagarlo porque tiene deuda. Eso significaría un aumento importante en el salario docente porque se paga hasta dos cargos”, señaló y añadió que “si se paga anualmente, teniendo en cuenta la devaluación del 118% que hizo Milei ni bien asumió el gobierno, sería de 92.500 pesos. Eso resolvería muchos de los problemas educativos, ni hablar de la actualización del Fondo Compensador que se envía a las provincias o de comedor o copa de leche que desde diciembre del 2023 hasta el presente no se está enviando a las escuelas”, dijo Alesso.

En la enumeración del incumplimiento del gobierno de Milei, también Alesso explicó que en “infraestructura y equipamiento escolar no se está enviando o está subejecutada la partida”. Y agregó: “Estamos hablando de partidas que tienen una sub-ejecución en un presupuesto prorrogado que va entre un 77 y un 96 %, todos estos motivos hacen que tengamos este paro nacional que tiene un cumplimiento altísimo en todo el país. El gobierno nacional está incumpliendo con la Ley de Financiamiento Educativo, con la Ley Nacional de Educación y con la Ley de Educación Técnica Profesional. Estamos en una situación grave. Lo que estamos viendo en Misiones se puede trasladar a otras provincias que están en una situación muy compleja, porque el gobierno nacional no está enviando los fondos que mencioné a las provincias y a los maestros”.

Alesso también se refirió a los avances conseguidos en el Poder Legislativo para intentar revertir la falta de cumplimiento con las leyes que generan un desfinanciamiento de la Educación en desmedro de toda la sociedad y de las y los trabajadores: “Hoy (jueves) hay una sesión conjunta de presupuesto y Educación para tratar dos temas: el universitario y el FONID. El martes sesionó la Cámara de Diputados, que con 152 diputados incluyó estos dos temas para el tratamiento, ojalá la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le exijan al gobierno nacional el cumplimiento de las leyes que rigen la educación. Estamos esperando que el gobierno convoque a paritarias y resuelva cada uno de estos temas que hemos detallado en el informe”.

El informe del instituto Marina Vilte también descubre cómo el gobierno de Javier Milei utiliza los ATN en forma escandalosa como toma y daca para las provincias “aliadas”, lo que explica también el sostenimiento político del libertario, que lleva adelante un ajuste tan brutal como sus alaridos, al que medios complacientes llamaron canto.

 

 

 

 

 

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