Aprovechados

 

Mientras en la Cámara de Diputados el lunes se trataba el proyecto de ley Bases para la regresión, que obtuvo media sanción, el ministro de Economía, Luis Caputo, disertaba en un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ante el establishment, confesó que había que aprovechar el ajuste que se lleva adelante porque la sociedad lo soporta y apoya. Si en 123 años —como marcó el ministro— nadie planteó un retroceso en materia laboral como el que se impulsa, es porque no se pretendió nunca —hasta el momento— volver a esa Argentina de 1901, donde todavía ni existía la primera ley obrera que aprobó el Senado de la Nación recién en 1905, de descanso dominical, que regía sólo para Capital Federal.

“Es un momento para ponerse muy positivo. Porque fíjense que la sociedad también está aguantando esto. La sociedad está soportando esto, dice: ‘estamos por el camino correcto’”, expresó el ministro de Economía ante empresarios. “Cuántos pensaban hace cuatro meses que (…) que era supuestamente imposible ajustar dos puntos en el año porque la política no te dejaba; hemos ajustado cinco en un mes, cuántos hubieran imaginado que esto no iba a causar algún tipo de desaprobación social”, esgrimió.

Para Caputo, ese pronóstico de desaprobación social fracasó porque “el Presidente mantiene su popularidad o la sube”. Reclamó atención al empresariado, avivándolo al decir: “Esas son cosas que no les debieran pasar desapercibidas a ustedes, para entender que estamos frente a un cambio, esta vez mucho más profundo que cualquier otro que hayamos ensayado en el pasado. No es fácil hacer las cosas que se están haciendo […] Si fuera fácil, en 123 años se hubiera hecho y no se hizo. Hay un Presidente con el coraje para hacerlo. La sociedad está soportando eso, apoyando eso, aprovechémoslo”, recomendó.

En ese aprovechamiento estaba el tratamiento del proyecto de ley Bases, cuyo capítulo laboral, sus articulados, fueron analizados por la diputada Vanesa Siley, quien detalló la regresión que implica:

• La creación de trabajadores independientes con colaboradores, una máscara que permite diluir responsabilidades del jefe o patrón empresario.
• El fondo del cese laboral, que rompe con el principio de progresividad establecido en la Constitución, en su artículo 14 bis.
• La modificación del Estatuto del Peón Rural —sector de la economía que tiene un 60% de trabajo no registrado—, que quita la responsabilidad de recurrir a la Bolsa de Trabajo para la incorporación de trabajadores y trabajadoras.
• El proyecto aprobado habilitó el período de prueba para los trabajadores rurales, que va de tres meses y puede llegar a un año. Libertad “de pruebe y explote” sin registro para el patrón. Vanesa Siley explicó que, como el trabajador rural realiza su labor en períodos cortos —porque son trabajos de estación—, actualmente no se permite período de prueba, ya que puede abarcar el comienzo y fin del contrato por temporada. 
• Pero la regresión no terminó ahí. También se eliminan las multas asociadas con la falta de registro laboral, alentando el trabajo informal. Y la licencia de maternidad pre-parto se reduce de 45 a 10 días, lo que implica avasallar los derechos laborales para mujeres embarazadas.

 

 

Es el modelo, estúpido

La diputada Siley — que el 19 de agosto cumplirá 40 años— es abogada, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y consejera de la Magistratura de la Nación. El haber nacido en democracia, en 1984, y la experiencia propia en su seno familiar le permiten ver políticas que ya fracasaron y que vuelven a implementarse con el gobierno de Milei. En diálogo con El Cohete, rechaza la idea hegemónicamente instalada sobre que la falta de empleo se debe a una necesidad de reforma laboral. Recuerda que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner los que fortalecieron el sistema de seguridad social, generando más empleo, más clase media y mejor condición de vida de las y los argentinos. Todo se hizo con esas leyes laborales que ahora la pareja de hermanos gobernantes Milei intenta barrer. 

“Néstor y Cristina nos dejaron en la Argentina con la jubilación en dólares más alta de la región; el salario mínimo más alto en dólares de la región, y con la creación de seis millones de nuevos puestos de trabajo y toda una generación —la de 2001—, que es la mía, nacidos en democracia, que habíamos visto en los años ‘80 cómo nuestros viejos perdían el empleo que era regulado, en blanco, con convenio colectivo, con organización sindical y que en los ‘90 se hicieron cuentapropistas”, recuerda Siley.

En ese sentido, refiere: “Esto del cuentapropismo es muy noventoso. Nuestros padres —los padres de mi generación—, con las indemnizaciones de los despidos o retiros voluntarios, que vuelven a aparecer, se pusieron una carnicería, un kiosco, un almacén, y les iba mal, nos fue mal y todo explotó en 2001. Y Néstor (Kirchner) reconstruyó eso, instalando nuevamente las paritarias y volviendo a tener una apuesta de un modelo económico de valorización de la producción, del trabajo y la industria”.

“Lo que destruye el empleo es el modelo económico. Las normas laborales, el rol que vienen a cumplir, es hacer que ese trabajo no sea esclavitud, sino que se realice en condiciones de dignidad, en condiciones de justicia social. Partiendo de la base de que las políticas públicas deben colocar al ser humano como prioridad y no a la rentabilidad”, manifiesta Siley. Y vuelve a rememorar aquellos pasos que se dieron para salir del infierno: “Néstor (Kirchner) asume con pobreza del 60%, con desocupación del 22,5 y con trabajo no registrado de 50%: Todos esos índices bajaron a niveles inusitados en 2015. La desocupación terminó siendo de un 5,9% cuando Cristina (Fernández de Kirchner) deja el gobierno en 2015 y el trabajo no registrado, un 32%”.

En esa cuenta, la diputada Siley también enumera la “cantidad de derechos nuevos que se incorporaron a la Ley de Contrato de Trabajo, como el Estatuto del Peón Rural, el Estatuto de Trabajadoras de Casas Particulares, que también afecta la Ley Bases, como así también toda una apuesta al empleo joven. Todo se realizó sin tocar las contribuciones particulares, muy por el contrario, se fortaleció y fortificó el sistema de seguridad social (sistema previsional argentino). No solamente porque había más gente aportando, sino además porque se eliminaron las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, un sistema de estafa del sector privado), que nacieron cuando se realizó la privatización del sistema”.

 

 

Un elefante debajo de la alfombra

En este contexto de ajuste “comienzan a instalar toda esta idea de que la culpa del desempleo, la culpa de que no hay nuevos puestos de trabajo registrado, la culpa de la desocupación, obedece a que un trabajador sale caro y que las contribuciones patronales entonces son un impuesto y no un salario diferido que vos percibís a futuro”, explica Siley. “Y partiendo desde esa lógica de que las contribuciones patronales son un impuesto, las colocan en la generalidad de la presión tributaria en la Argentina, diciendo que si bajan los impuestos se liberaliza el mercado, va a haber más inversión y más trabajo en blanco”, señala sobre la treta libertaria que no es nueva. Ya había ocurrido en el gobierno de Macri, “donde bajaron los impuestos, donde hicieron blanqueos y no se repatriaron los capitales. Lo que terminó habiendo no fue más trabajo, fue más fuga y mayor incremento de la rentabilidad en una porción más pequeña de la población”, precisa y desmitifica Siley.

 

 

La diputada propone: “[Hay que] clarificar la problemática que es el modelo económico y la gran economía no registrada que hay en el país que viene creciendo desde hace muchos años. Muchas veces no hay mediciones de la economía no registrada porque está fuera de todo parámetro, además de ser y constituirse en un delito. Nosotros decimos que cuando analizamos los blanqueos de capitales, analicemos el blanqueo del personal que también tienen estos sectores”. Siley hace referencia al “índice que utiliza la AFIP, que fue implementado en el año 2005 por Néstor Kirchner, que se llama IMT (Indicador Mínimo de Trabajadores), que es una medición que hace el Estado de presunción de cantidad de trabajadores basándose en parámetros objetivos y que arroja un dato de lo que se presume deben tener de trabajadores registrados”.

Como es una presunción, admite prueba en contrario. “El empleador puede decir ‘no, no tengo tanta cantidad porque tengo esta tecnología o por equis motivo’”, explica Siley, advirtiendo que “si no puede demostrar lo contrario debe registrar a los trabajadores que tiene. Es un mecanismo de inspección muy bueno que se vincula directamente en que hay una ganancia que no está siendo declarada, entonces el fisco encontró otra manera de presumir la cantidad de trabajadores, no con los declarados, sino con lo que se presume y existe, que no está declarado”. La diputada propone que “cuando hay un blanqueo de capitales sería bueno aplicar este índice como requisito para los que desean blanquear”.

En esa línea de establecer que el problema está en la economía informal, que es la que hay que erradicar, Siley señala que “hay inspecciones que se han realizado donde se descubren que hay facturación no declarada y, a la vez, se descubren trabajadores en infracción con la ley laboral, trabajadores no registrados para sus establecimientos o registrados para media jornada y trabajan jornada completa”. Por eso recomienda: “[Se debe] desmitificar poco a poco, pero con mucha firmeza y constancia, que el trabajador y su registración son un costo laboral y que ese costo laboral está elevado y que bajándolo se solucionan los problemas. Acá hay que hablar de modelo económico y hay que hablar de qué pasa con toda la economía no declarada que tenemos que es uno de los grandes delitos de guante blanco que tenemos bajo la alfombra”. El problema está en que “ya se está convirtiendo en un elefante abajo de la alfombra”, sostiene.

 

 

De resistir a proponer

La diputada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales explica: “Es responsabilidad de la dirigencia sindical analizar —y es la parte que a nosotros nos toca— cuál es la propuesta de reforma laboral que podemos hacer para que mejore la vida de los trabajadores y el trabajo sea realizado con justicia social. Y dentro de esas normas nosotros entendemos que debe estar la reducción de jornada laboral; la regulación del algoritmo en las relaciones laborales; la presencia de la inteligencia artificial; la capacitación de las y los trabajadores para posibilitar una red de reconversión que mejore y no precarice más su vida”.

Vanesa Siley remarca que “la presencia de tecnología en el mundo del trabajo tiene que venir a mejorar las condiciones de trabajo, no a precarizarlas aún más”. Y agrega: “Ahí entendemos que debe aplicarse la desconexión digital. Entendemos que debemos hablar de los cuidados, que son los trabajos del futuro, realizados principalmente por mujeres. Esa es nuestra propuesta”, expresa Siley. 

Al final de la conversación con El Cohete, la diputada Siley explica que no se puede pensar la economía en compartimentos estancos, aisladamente. “No se puede decir ‘hay una economía informal’, por un lado, y ‘hay una economía formal’, por otro”. Y explica: “[Ese modo de pensar] Nos fragmenta socialmente y enfrenta a los que tienen un trabajo registrado con el que tiene el salario social complementario, el que tiene el convenio colectivo con el que no lo tiene. Me parece que son horas de hermanarnos como argentinos y argentinas socialmente”.

 

 

 

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