La máquina del fango

 

España acaba de vivir una suerte de cimbronazo institucional con el sorpresivo anuncio del Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el que sugería la posibilidad de renunciar a su cargo. El pasado 24 de abril Sánchez difundió, a través de las redes sociales, una “carta a la ciudadanía”, en la que denunciaba una maniobra de la derecha y la ultraderecha contra su esposa y en la que se daba cuatro días para reflexionar sobre su futuro inmediato. Sánchez acusaba al Partido Popular (PP) y a Vox de poner en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó “la máquina del fango”: “Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas”. Consideraba a ambos partidos “colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista” en la política de acoso y derribo a la que se veía sometido su gobierno y que había dado lugar a una denuncia penal contra su esposa por supuesto tráfico de influencias. La carta resultó creíble para la militancia socialista que se movilizó para tratar de convencer a Sánchez que debía permanecer en el gobierno. Los partidos de la derecha tampoco descartaron la posibilidad de un quiebre del Presidente del gobierno. Algunos rumores señalaban que existían datos delicados capturados por los servicios israelíes que habían hackeado los teléfonos del Presidente y de algunos ministros a través del programa Pegasus. Finalmente, Sánchez anunció el día 29 que había decidido seguir en el cargo en una declaración que pronunció en solitario desde el Palacio de la Moncloa. En esa alocución mencionó que se hace un daño enorme a la democracia si se consiente que los bulos deliberados dirijan el debate político y se confunde la libertad de expresión con la libertad de difamación. Consecuentemente, asumía el compromiso de “trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia”.

 

La querella contra Begoña Gómez

Antes de analizar la decisión de Pedro Sánchez resulta de interés conocer los motivos que han dado lugar a la presentación penal contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno de España. La querella se basa en algunos recortes periodísticos presentados por el denominado “Sindicato Manos Limpias”, que es una pseudo organización sindical fundada por Miguel Bernard, ex secretario del Frente Nacional, partido franquista sucesor de Fuerza Nueva de Blas Piñar. Bernard no tiene las manos demasiado limpias puesto que pasó ocho meses en prisión condenado por la Audiencia Nacional por un delito de extorsión a empresas bancarias a cambio de no llevarlas a los tribunales. Recientemente esa sentencia fue anulada por la sala conservador del Tribunal Supremo.

Según las informaciones de las publicaciones ultraderechistas utilizadas para confeccionar la querella, Begoña Gómez habría incurrido en un delito de tráfico de influencias, pero como se comprobará tras la lectura de los hechos, la interpretación es muy forzada. Begoña Gómez es licenciada en marketing y trabajaba en una universidad privada experta en crowfunding antes de que Sánchez fuera Presidente. En agosto de 2018, cuando Sánchez ya estaba en La Moncloa, Begoña fichó por el Instituto de Empresa para dirigir el IE África Center, que se creó con el objetivo de promover la innovación y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano. El IE África Center firmó un preacuerdo con Globalia, propietaria de la compañía Air Europa, para sufragar unas becas y vuelos a África por un importe de 40.000 euros. Esto fue antes de la pandemia y el proyecto nunca se puso en marcha por el cambio de circunstancias. Luego, también debido a la pandemia, que frenó el comercio aéreo, Air Europa recibió cientos de millones de euros en préstamos del gobierno para evitar la quiebra, al igual que otras compañías. Considerar que esas ayudas públicas, que fueron rescates apoyados por el Partido Popular, han sido consecuencia de la “influencia” de Begoña Gómez, parece una idea disparatada.

La otra acusación se basa en una publicación de El Confidencial dando cuenta que Begoña Gómez, en representación del IE África Center, había firmado en 2020 una carta para apoyar una unión transitoria de empresas (UTE) que daban cursos de formación para jóvenes en una licitación del Ministerio de Economía. Las empresas, cuando se presentan a licitaciones, acompañan como antecedentes unas cartas proforma que piden sean firmadas a las empresas y organismos con los que han contratado a lo largo de su actividad. Estas cartas son irrelevantes en el puntaje para asignar la licitación. Como ejemplo ilustrativo, la carta que firmó Begoña es exactamente igual a otra que firmó el gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid dirigido por el Partido Popular.

Ahora bien, es llamativo que el juez, con la oposición del Ministerio Fiscal, haya abierto diligencias de investigación en base a pruebas tan irrelevantes. Tal vez los lectores puedan relacionarlo con el hecho de que el juez de la causa, Juan Carlos Peinado, tenga el mérito de tener una hija concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid).

 

 

Las reacciones

Las reacciones de los partidos de derecha ante el anuncio de Sánchez no se hicieron esperar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó con dureza la decisión de Pedro Sánchez de mantenerse al frente de la presidencia, afirmando que el líder del Ejecutivo, durante estos cinco días de reflexión, había “sometido a toda la nación a su estrategia personalista”. Calificaba de “completo esperpento” lo sucedido y aseguraba que Sánchez “ha dimitido durante cinco días por pura estrategia electoral, judicial o ambas”. Concluía diciendo que “el Presidente del gobierno ha preferido huir hacia delante a dimitir”. El ex Presidente José María Aznar también criticó la actuación de Pedro Sánchez: “Hemos visto vaciarse la presidencia del gobierno de contenido institucional para ser suplantada por una comedia de caudillismo lacrimógeno”. Continuaba asegurando que había sido un “melodrama epistolar” al “más puro estilo peronista” en los que “se hace pasar la apertura de unas meras diligencias judiciales” —en referencia a la denuncia que afectaba a Begoña Gómez, la esposa del Presidente— “como detonante de una crisis sistémica”. Desde el periodismo independiente también se deslizaron críticas a lo que se consideraba un “golpe de efecto dirigido a recabar adhesiones personales” provocando un innecesario estrés institucional. En esa crítica se señalaba que hubiera sido más coherente si Sánchez hubiera promovido una moción de confianza ante el Parlamento para anunciar allí el programa de regeneración democrática que había anunciado. En opinión de Ignacio Sánchez-Cuenca: “Si el propósito último era abrir un gran debate sobre el funcionamiento de nuestra democracia, había formas menos tortuosas de hacerlo”. No obstante, desde otras posiciones de izquierda se consideraba que Sánchez abría una nueva etapa política. En opinión de Ignacio Escolar, director de eldiario.es, “el debate sobre la regeneración democrática no es algo etéreo: es muy concreto. Tiene que ver con la desinformación, con el secuestro del Consejo General del Poder Judicial y con el uso del acoso judicial contra la izquierda”.

 

 

El asedio a la democracia

Con independencia de la posición que se adopte frente al acting de Pedro Sánchez, lo cierto es que se verifican una serie de fenómenos que afectan a la mayoría de las democracias en forma similar a la española. La polarización afectiva, que es un rasgo predominante en la política actual, ha provocado que los ciudadanos estén más crispados y las sociedades más divididas políticamente. Ha aumentado el número de ciudadanos que se identifican con posiciones ideológicas afines a las derechas extremas, lo que tiene reflejo en el voto donde los partidos de ultraderecha han aumentado significativamente su caudal electoral. Al mismo tiempo, se ha producido un desplazamiento de las derechas conservadoras de estirpe liberal, que antes ocupaban el espacio de centro-derecha, hacia las posiciones de ultraderecha, al punto que se hace cada vez más difícil diferenciarlas. En la Argentina, el partido de Macri aparece, en los hechos, entremezclado con la ultraderecha de Milei. En España los discursos del Partido Popular no difieren de las diatribas de Vox, que acuden a todo tipo de hipérboles para negar carácter democrático a la coalición que lidera Pedro Sánchez, acudiendo al uso de expresiones como “dictadura personalista” o “gobierno golpista”. El líder de Vox, Santiago Abascal, que espera recibir a mediados de mayo la visita de Javier Milei, en una entrevista con Clarín dijo que al Presidente del gobierno español “habrá un momento que el pueblo querrá colgarlo por los pies”. En la Argentina, Javier Milei ha introducido el lenguaje vulgar y agresivo de la ultra-derecha, aunque los medios tradicionales todavía se resistan a usar esa etiqueta para caracterizar su estilo.

Tanto en España como en la Argentina o Brasil, se registra un mismo patrón de conducta cuando gobierna la izquierda. Se produce una alianza de algunos grupos mediáticos que alientan la acción de jueces conservadores que se prestan a las estrategias de demonización e incluso encarcelamiento de los líderes de izquierda. Aunque estos medios niegan la existencia del lawfare en su propio espacio de influencia, sin embargo, lo reconocen en otras latitudes. No hace falta adherir a ninguna tesis conspirativa, pero cuando uno observa que un grupo de fiscales y jueces que dirigieron investigaciones contra Cristina Kirchner son invitados a vacacionar en el Lago Escondido por el multimedio más importante de la Argentina, que todavía sostiene la tesis del “asesinato” de Nisman, resulta imposible no relacionar estos hechos. En el caso de Brasil han sido los jueces del Tribunal Supremo los que han terminado con la patraña tejida alrededor de Lula da Silva. En España, la denominada “policía patriótica”, conformada por policías de los servicios de información durante el gobierno de Mariano Rajoy, han llevado a cabo una profusa labor de inteligencia y hackeo de teléfono de líderes independentistas en Cataluña; de dirigentes de Podemos y sobre familiares de Pedro Sánchez para hacer llegar esa información a medios afines y una vez difundidos posibilitar la presentación de denuncias penales. Son todos hechos que han quedado perfectamente establecidos en los procesos penales que aún siguen abiertos, de modo que no estamos haciendo referencia a hechos ambiguos.

Las críticas que desde la derecha se han lanzado contra los excesos retóricos del “populismo de izquierda” pueden encontrar alguna justificación. Pero cuando hablamos de lawfare estamos mencionando algo más grave que el mero uso de una dialéctica inadecuada. Se trata de una estrategia de persecución judicial utilizando a jueces politizados que han perdido la imparcialidad y que se prestan a incoar causas penales sin pruebas, para conseguir llevar a la cárcel a determinados líderes o conseguir desprestigiar a los partidos que dirigen. Esta colusión mediática-judicial resulta letal para la democracia porque está dirigida a manipular la voluntad de los ciudadanos que se expresa en las urnas. Es más sutil que las burdas estrategias que se ensayan en Venezuela y Nicaragua para torcer la voluntad popular, pero son semejantes porque están alentadas por el mismo espíritu antidemocrático de evitar la alternancia.

 

 

Medidas a adoptar

El problema que enfrentan las democracias asediadas por “la máquina del fango” es la dificultad que supone adoptar medidas legislativas que permitan poner una barrera consistente a los métodos anti-democráticos sin vulnerar el principio de división de poderes y la libertad de expresión. En teoría, deberían ser los Consejos de la Magistratura los que sancionaran a los jueces que prevarican por razones políticas, pero la propia politización de estas instituciones traba en la práctica su funcionamiento. Tal vez deberían mejorarse los procesos de selección de los jueces, evitando que sean interferidos por la política, para que predominen los jueces más preparados y conscientes del importante rol que cumplen en la democracia como árbitros independientes. Y es evidente también que los esfuerzos por mejorar la calidad de la Justicia debieran provenir de los propios jueces conscientes del daño global a la institución que causan los prevaricadores.

En cuanto a los medios de comunicación, es muy difícil legislar sin poner en riesgo el principio de la libertad de prensa, pero —como en toda sociedad moderna— nadie puede hacer uso abusivo de sus derechos. Aquí se hace presente el eterno problema de la necesidad de una regulación para limitar la arbitrariedad de los poderes privados, denominados por Luigi Ferrajoli los “poderes salvajes” de nuestras democracias. Varios estados de la Unión Europea contemplan la existencia de un órgano regulador independiente con facultades para salir en defensa de los derechos fundamentales de terceros frente a los criterios de las corporaciones periodísticas. Los Consejos Audiovisuales están dotados de facultades para que los contenidos que emitan los periódicos, las radios y las televisiones respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. En esta materia deberían establecerse criterios específicos para defender el principio de presunción de inocencia en los procesos penales que en ocasiones son vulnerados por los juicios paralelos que se instruyen desde algunos medios. En relación con las redes sociales y la estrategia de lanzar bulos que se viralizan, se debería legislar de un modo que permitiera, al menos, la sanción económica de los responsables. Obviamente, la adopción de estas medidas demanda abrir un debate reposado y exhaustivo que evite que el remedio sea peor que la enfermedad.

Como señalan Antonio Garrigues Walker y Luis González de la Garza en El derecho a no ser engañado (Ed. Aranzadi), la protección del derecho a la información veraz se ha convertido en la lucha más importante que se libra actualmente en las democracias. La falsificación de hechos y la explotación consciente de los sesgos cognitivos de los seres humanos son patologías informacionales que dañan gravemente la democracia. En general, las sociedades se han protegido contra la publicidad comercial engañosa, con regulaciones que van dirigidas a la defensa de los consumidores y sus derechos a no ser engañados. Pero en materia política, donde las consecuencias son más graves, no hemos sabido construir mecanismos jurídicos que garanticen esos derechos. Como señalan los autores citados, podemos aceptar que cada persona pueda tener su “propia opinión” sobre cualquier tema, pero resulta más difícil aceptar que cada persona tenga sus “propios” hechos sobre tales temas.

 

 

 

 

 

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