Bases para la regresión

 

El jueves 25 de abril se llevó adelante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados que obtuvo dictamen de mayoría para el nuevo proyecto de ley —versión reducida del fracasado proyecto de ley Ómnibus— que el oficialismo intenta que se trate con éxito mañana, cuando se vote en el recinto. En diálogo con El Cohete a la Luna, el diputado nacional Hugo Yasky aseguró que el bloque de Unión por la Patria “va a rechazar la propuesta de reforma laboral contenida en la llamada ley Bases” y que van a presentar su propio dictamen.

Yasky explica que su bloque señaló “los graves vicios de procedimiento en el tratamiento legislativo del proyecto de ley, dado que en ningún momento se trató en la comisión que corresponde, que es la de Trabajo”. Lo que existió “fue un tratamiento por fuera del ámbito institucional, en reuniones donde no participaron varios de los bloques de la oposición”.

Con respecto al contenido, Yasky precisó que “el primer punto —y es muy evidente— es que viola el principio de progresividad y no regresividad, establecido en la Constitución nacional”. Ese principio establece que todas las leyes deben responder al principio “de la progresividad en términos del avance de los derechos sociales”. De ninguna manera, dice el diputado, con toda una experiencia y conocimiento sobre materia laboral por ser secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), “puede haber leyes que signifiquen retroceso respecto a conquistas logradas en el ámbito legal, tanto de la Constitución como de las leyes que eventualmente se aprueban en el Congreso”.

Yasky indica además que el proyecto presentado “es violatorio, en prácticamente todo su contenido, del artículo 14 bis de la Constitución nacional”. Para el diputado resulta “absolutamente inaceptable una ley que claramente viola el precepto establecido por ese artículo de nuestra ley magna que establece que ‘el trabajo y el trabajador gozará de la protección de las leyes’. Alcanza con leer el 14 bis en todos sus términos para ver que se trata de una violación desde principio al fin de ese artículo de la Constitución nacional”, destaca.

Para el bloque de Unión por la Patria, por el que habla Hugo Yasky, existe otro elemento por el que resulta inaceptable el proyecto resumido de ese primero que enviara Milei al Congreso y que, al sufrir el rechazo en el recinto de la Cámara de Diputados, volvió a comisión y fue reconvertido, pero con la misma idea de barrer derechos y atacar conquistas laborales. El proyecto es también rechazable por su “violación al derecho de huelga. Principio que tiene rango constitucional y que está además estipulado en otro convenio internacional suscito por nuestro país, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde el respeto al derecho de huelga forma parte de la base primordial de los principios que protegen la libertad de acción sindical”, subraya el legislador.

En el proyecto del oficialismo existe el intento de legislar con carácter sancionatorio el ejercicio del derecho de huelga. Hay “una visión punitivista que pretende criminalizar el ejercicio de un derecho constitucional reconocido por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también de distintas instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, resalta Yasky.

Para el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en definitiva “se trata de un proyecto regresivo que elimina de manera absoluta la protección de los trabajadores frente a las represalias patronales, ante una demanda o el ejercicio del derecho de huelga. Por otra parte, exime a las patronales de las sanciones que hoy son contempladas en el marco legal vigente, cuando se trata de una registración violatoria de las normas legales, cuando se trata de no reconocimiento de años trabajados”, ejemplifica.

El legislador explica que el proyecto mantiene la huelga como justa causa de despido. Al igual que el DNU, mantiene lo que luego suspendió la Justicia Laboral. Plantea que en ciertas circunstancias puede ser un delito penal, con penas de prisión. Establece que la realización de asambleas, en tanto interrumpan el ritmo de trabajo, también se considera un delito.

Y, en ese sentido, Yasky enumera que la ilegalidad establecida en el proyecto con respecto a lo laboral está en no respetar “la protección frente al derecho a no ser despedido arbitrariamente; en lo que corresponde también a la obligación de la patronal de extender el certificado de trabajo a requerimiento del empleado; en la eximición del pago de multas cuando hay retención indebida de haberes, cuando se retienen, por ejemplo, los haberes que corresponden a los aportes jubilatorios y estos quedan en manos de la patronal; en la eximición de multas por falsa registración; en la eximición de multas por contratación informal”.

El diputado expresa que podría seguir detallando punto por punto la ilegalidad del proyecto con respecto a las conquistas laborales que forman parte de nuestra Constitución y que son derechos a los que Milei, con la compañía de los amigables, parece intentar barrer. Pero señala que debe entenderse —la sociedad debe tener en claro— que el proyecto tiene “un contenido absolutamente regresivo, una ley pensada en clave de revanchismo patronal contra el trabajador. Y una ley que, de ser aprobada, va a significar una regresión al siglo XIX en términos de pérdida de derechos laborales”.

Consultado acerca de si el oficialismo cuenta con los números para que se aprueben las bases regresivas que pretende convertir en ley, Yasky responde: “Hoy se mostraron en racimos [por el día jueves]. El bloque de [Miguel Ángel] Pichetto, los radicales. Es probable que haya disidencia al interior de esos bloques, pero todo indicaría que tienen el número. De todas formas, queda todavía abierta la posibilidad de que se le desate el paquete y se lleven otra sorpresa, como fue con el proyecto de ley Ómnibus”, opinó.

 

 

 

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