Cientificidio y economías regionales

 

En las etapas recurrentes de ajuste y degradación de las instituciones científicas, las actividades de defensa del sector suelen poner el foco en algunos ejemplos notorios y virtuosos, como las capacidades para el desarrollo de vacunas y medicamentos propios, las industrias satelital y nuclear y las innovaciones en los sectores energético o agro-industrial, entre otros.

No obstante, el doble ataque al entramado productivo y al sistema científico-tecnológico que despliega el gobierno libertario impacta también de manera dramática al nivel de las economías regionales. Un retroceso arduo de visibilizar es la ruptura de los puentes de asociatividad público-privado, que suelen ser difíciles de concretar en las economías en desarrollo y que juegan un papel primario en relación con la incorporación de ciencia y tecnología a las cadenas de valor locales.

Nos interesa presentar dos ejemplos concretos para mostrar que, además de la paralización de los sectores estratégicos citados arriba, el actual gobierno está destruyendo entramados locales, focalizados pero igual de importantes, que retroalimentan a las economías regionales y a las capacidades científicas y tecnológicas instaladas en los territorios. La visibilización de esta perspectiva federal es necesaria y urgente: se trata de entramados productivos, regulatorios y científico-tecnológicos que no han alcanzado masa crítica y que, por lo tanto, resultan más vulnerables al ataque del gobierno central.

 

El complejo yerbatero

Veamos, por ejemplo, el caso de una de las actividades centrales en la economía del noreste argentino: la producción de yerba mate (Ilex paraguariensis). A través del DNU 70/2023, el gobierno libertario decidió desregular el mercado de la yerba a partir del 1 de abril pasado. Tal desregulación se lleva a cabo eliminando la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia. De este modo, miles de cooperativas y pequeños productores yerbateros quedan expuestos a la fijación de valores que impondrán los grandes fabricantes del sector, que concentran el mercado de un producto clave, con capacidad exportadora consolidada, de consumo interno masivo y de fuerte arraigo en nuestra cultura.

Desde el punto de vista del impacto económico en la población, esta medida provocará un encarecimiento de la yerba en góndola. Sumado a este panorama, la apertura de importaciones a la yerba mate envasada desbalancea aún más el panorama en detrimento de los productores locales y del precio en góndola del producto, habilitando el ingreso de yerba proveniente de Brasil y Paraguay. El retroceso del Estado en el sector yerbatero de la economía regional del NEA, a través de la anulación del INYM como órgano regulatorio, sumado a la apertura y estímulos a la importación se agravan con el ajuste al sector científico local.

El INYM, por ejemplo, lleva adelante investigaciones orientadas a optimizar la producción, mejorar la calidad del producto, descubrir nuevas formas de producción, consumo y aprovechamiento de las propiedades de la yerba mate. En este aspecto, la cooperación entre el INYM y el CONICET es notoria e incluye la identificación de temas de interés sectorial y el cofinanciamiento de becas doctorales y posdoctorales. Además, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) junto con la Agencia Ejecutiva de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la provincia de Misiones impulsaron subsidios destinados a “proyectos de investigación y desarrollo en pymes y cooperativas que generen valor agregado en las cadenas productivas de la yerba mate, el té y la foresto-industria que promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo y generen productos o servicios intensivos en conocimiento y tecnología con potencial de comercialización e internacionalización”. La Red de Seguridad Alimentaria del CONICET también ha conformado un grupo de especialistas para determinar la probabilidad de efectos adversos en los consumidores por el contenido de cadmio (Cd) y plomo (Pb) en yerba mate, contribuyendo a la protección de la salud de los consumidores y generando parámetros de referencia para regulaciones fundamentales a la hora de recibir vía importación materia prima (o procesada) de otros países. Todos estos instrumentos de cooperación ciencia-regulación-producción se encuentran sometidos a ajustes presupuestarios, convocatorias congeladas, despidos indiscriminados de personal administrativo y falta de rumbo en las políticas del organismo que conduce el libertario Daniel Salamone.

 

El complejo pesquero

Poniendo rumbo al sur, la industria pesquera es tradicionalmente un interlocutor fluido del sector científico instalado en el territorio. A través de su relación con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), los centros del CONICET emplazados en las provincias con litoral atlántico, el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino (OSPA) de la UNPSJB, el SENASA y las universidades nacionales patagónicas, el sector encuentra allí capacidades de contralor e investigación en diferentes agendas relacionadas con la sustentabilidad del recurso, la planificación a largo plazo del sector, el cambio climático y sus efectos, y la gestión ambiental de los parques industriales pesqueros, entre otros aspectos.

Las ciencias sociales, usualmente denigradas por el aparato de trolls/mediático de Milei, cumplen un rol clave de monitoreo de la dinámica económica y laboral de un sector caracterizado por la complejidad de su estructura empresarial y la naturaleza estacional de la actividad. Notablemente, el sector científico acumula décadas de investigación y desarrollos orientados no sólo hacia la pesca industrial de altura, sino también hacia pesquerías artesanales de tipo cooperativo o de nivel pyme, que no sólo motorizan la economía de varias localidades costeras sino que consolidan la cultura gastronómica y turística de la Patagonia.

En Chubut, por ejemplo, ya en la década del ‘70 el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) aportaba recomendaciones al gobierno provincial como la eliminación de la pesca de arrastre para preservar el recurso pesquero (mariscos bivalvos), marcando el inicio de una relación ininterrumpida y virtuosa (con altibajos naturales) entre el sector productivo (pescadores artesanales organizados), el gobierno provincial como órgano regulatorio de la actividad y contralor ambiental, y el sector científico.

Hace pocos días, el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable emitió un comunicado manifestando su preocupación por las políticas libertarias y su impacto en el sector. Específicamente, ven con preocupación el intento de reformar el Régimen Federal de Pesca mediante la ley Ómnibus, que podría afectar negativamente a los derechos vigentes, así como dudas sobre los mecanismos de contralor y sanción que está implementando el gobierno.

El intento de reformar la Ley Federal de Pesca generó incertidumbre y temor en la industria, a lo que se suma el total congelamiento del Consejo Federal Pesquero, órgano clave para la toma de decisiones sectoriales en distintas pesquerías y para la obtención de certificaciones internacionales de pesca sustentable. La preocupación empresarial se completa con la afectación del sector científico: los despidos en el INIDEP y la Subsecretaría de Pesca, el ahogo financiero que sufren esas instituciones al igual que los institutos del CONICET, lo que detiene el accionar de grupos de excelencia y peso internacional dedicados a la investigación y desarrollo pesquero y del mar en general (similar preocupación manifestó el OSPA, alertando por la pérdida de profesionales formados a través de años de inversión pública, necesarios para potenciar la actividad pesquera), así como el congelamiento del programa Pampa Azul, ambiciosa estrategia de articulación interministerial que optimiza los recursos materiales y humanos de investigación sobre el Mar Argentino.

 

El triángulo de Sabato en clave federal

El retroceso del Estado como ordenador en los tres vértices del triángulo de Sabato (el sector productivo propiamente dicho, los órganos regulatorios asociados y el sector científico emplazado localmente) da la pauta del grado de destrucción de las capacidades que nuestro país supo consolidar en aquellos períodos donde, al compás del crecimiento económico, el sector científico tecnológico orientado a la investigación de procesos y a la regulación de actividades recibió financiamiento y apoyo institucional (2003-2015, 2019-2023). Pero también donde se avanzó en el análisis y la prospectiva para reforzar más aún la vinculación virtuosa entre ciencia y producción.

Nos referimos por ejemplo al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Dicho plan, convertido en la ley 27.738 por el Congreso de la Nación a finales de 2023, representó un esfuerzo de diálogo intersectorial marcadamente federal que permitió la identificación de agendas territoriales. El camino hacia la elaboración del Plan y su discusión y aprobación legislativa incorporó información y demandas provenientes de gobiernos provinciales, centrales obreras, organizaciones de la economía popular, cámaras industriales y de la mediana y pequeña empresa, actores del sector científico y tecnológico, entre otras. El Plan marca las pautas necesarias para la orientación de políticas, estrategias e instrumentos para todos los actores y agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

En clave futura, y como mencionamos al comienzo de esta columna, el desmantelamiento que implementa el gobierno anarco-capitalista y neo-colonial de Milei deja al desnudo los dos proyectos de país que hoy se despliegan en la Argentina. Por un lado, el de expolio y entrega de recursos que se consolida a partir del desmantelamiento de las capacidades industriales y del conocimiento que algunas economías regionales supieron construir, aún con innumerables obstáculos.

La formación de recursos humanos que nutren de profesionales calificados a los tres sectores también se ve amenazada, tal como se evidencia en las declaraciones de rectores y rectoras de universidades nacionales, que hacen públicos los inconcebibles recortes que retrotraen el presupuesto universitario no sólo a valores relativos, sino nominales en relación al presupuesto 2023. A cuatro meses de gobierno, ha quedado claro que Milei, a través de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, procede a un encarnizado vaciamiento y asfixia de la ciencia nacional: el presupuesto ejecutado a la fecha sufre una subejecución notoria, sólo registrándose actividad ejecutoria en la función pago de salarios.

 

Ejecución presupuestaria de @CONICETDialoga según la Oficina Nacional de Presupuesto.
El incremento de febrero en Gastos en Personal y Becas concuerda con el incremento del 12% para la Administración Pública Nacional.

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— Jorge Aliaga (@jorgeluisaliaga) March 12, 2024

 

Esto encierra una gravedad estructural, pues el desequilibrio territorial, como rasgo estructural de nuestro país, se amplifica en la marcada desigualdad de las capacidades productivas, regulatorias y científico-tecnológicas. Es decir, el daño será mayor. Véase la siguiente figura, por ejemplo, donde se advierte el retraso del NEA y Patagonia, los escenarios donde transcurren los dos ejemplos que hemos elegido, en comparación con las zonas centrales.

 

 

 

Como contrapunto con este proceso de desmantelamiento, la inversión en ciencia argentina presupone un modelo antagónico, basado en la industrialización y la incorporación de valor agregado a nuestros recursos naturales, la innovación permanente y la presencia de organismos de regulación robustos, con estándares internacionales y funcionando en base a objetivos de independencia económica.

En conclusión, es necesario ser conscientes de que el cientificidio que implementa Milei no sólo se percibe a nivel de los grandes proyectos, que reciben atención mediática y cuentan con mayor conocimiento en la población, sino que también está ocurriendo a un nivel más capilar, en cadenas de valor en los territorios, allí donde alguna vez gobernantes, empresarios y científicos se sentaron en mesas de trabajo conjuntas. Aquí hemos presentado sólo dos ejemplos, pero la misma lógica destructiva se observa en el resto de los entramados productivos regionales.

Esa presencia territorial profunda plasmada en experiencias de aprendizaje colectivo y acumulación de conocimiento, que comienza muchas veces con prácticas productivas ancestrales y que se potencia a través de estrategias de planeamiento a largo plazo como el Plan 2030, es también un valor a defender.

Ante la destrucción de estas redes que nos permiten pensar un futuro diferente, debemos rebelarnos.

 

 

 

* Rolando González-José es doctor en biología (Univ. Barcelona), investigador del CONICET, Coordinador del Programa de Referencia Genómica y Biobanco de la Población Argentina, y ex Director del CCT CONICET CENPAT. Redes: @RoloGonzalezOK

** Diego Hurtado es doctor en física (UBA), profesor e investigador UNSAM-CONICET, ex secretario de Planeamiento y Políticas de CTI, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y ex vicepresidente de CNEA. Redes: @dhurtado171045

 

 

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