El submarino que desapareció

 

¿Por qué nos están ocultando información? ¿Por qué nos abandonan? ¿Por qué nos espían?

Las preguntas resuenan todavía en la cabeza de los familiares del submarino ARA San Juan, a seis años y medio de su hundimiento, como ecos de una memoria dolorosa en una de las tragedias colectivas más impactantes de la historia argentina. Y así resuenan en los ocho capítulos de la serie ARA San Juan: el submarino que desapareció, en Netflix, documental periodístico dirigido por Mauricio Albornoz Iniesta y uno de los más vistos en el género de no ficción de los últimos tiempos.

Son episodios breves —de entre 30 y 40 minutos— en el formato clásico de investigación que, con buen pulso y bajo el hilo conductor del periodista Julián Maradeo, deja en evidencia la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri —el submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 y “apareció” un año después, en una extraña y sospechosa combinación— en la compleja trama de negligencia, encubrimiento y espionaje.

“Si nos estaban mintiendo desde el día uno, ¿qué podíamos esperar para lo que vendría?”, dice en la serie documental Isabel Polo, hermana de uno de los tripulantes, presagiando el pantano judicial en el que entró la pesquisa con maniobras siniestras como escuchas ilegales a las víctimas.

Todo comenzó cuando el ARA San Juan, solo y perdido, de 65 metros de largo y siete de ancho, con 2.264 toneladas en inmersión y 44 tripulantes a bordo, un submarino de ataque capaz de lanzar hasta 24 torpedos, desapareció frente a las costas del golfo San Jorge, en el Atlántico Sur. “Perdió el plano”, según se dijo en lenguaje naval. Una marea feroz irrumpió en la quietud de la noche. Y la nave no estaba completamente cerrada.

 

 

¿Había entrado agua en la zona de baterías? ¿Cómo había sido posible? ¿Cuál fue el punto exacto en el que se dio el paso en falso?

Incógnitas y dudas se expanden entre los testimonios de familiares, especialistas, abogados y funcionarios que se entreveran en el documental con material de archivo, imágenes inéditas del submarino, mapas y recreaciones ficcionales. Las fundamentales: qué pasó con el submarino, si se pudo haber evitado la tragedia y cómo determinar la cadena de responsabilidades.

Fugado de los radares, el submarino se convirtió en asunto de Estado y derivó en una intensa búsqueda con la colaboración de decenas de países de todo el mundo. La causa por la desaparición del ARA San Juan, a la vez, derivó en dos investigaciones: una sobre el hundimiento y las responsabilidades políticas que hubo detrás; otra, sobre el espionaje ilegal que hizo el gobierno de Mauricio Macri sobre el grupo de familiares que reclamaba justicia. Hasta el momento, y esa es una de las hipótesis directrices del documental, las responsabilidades políticas quedaron en la nada: fueron protegidas por la corporación judicial.

“Perdimos la información porque los medios hegemónicos apagaron la noticia para no salpicar al gobierno macrista —dice Valeria Carreras, abogada querellante, en otro tramo de la serie—. Perdimos la compasión permitiendo que los familiares debieran encadenarse y dejarse maltratar por un ministro de Defensa, sólo por pedir que los busquen seriamente, y no con parapsicólogos o empresas truchas”.

Los submarinos, a diferencia de otros barcos, tienen una ruta prefijada. Es un arma de guerra estratégica, silenciosa y difícil de localizar, y la misión es tan confidencial que se suele dar el rumbo en un sobre cerrado al comandante para que lo abra recién en navegación. El 25 de octubre de 2017, cuando salió de la Base Naval de Mar del Plata hacia Ushuaia, Pedro Fernández, de 45 años, era el comandante del submarino ARA San Juan de la Armada argentina. Veinte días más tarde, la travesía parecía transcurrir sin mayores sobresaltos después de haber participado en la Flota de Mar, el mayor ejercicio naval desde la vuelta a la democracia en 1983.

La serie gana en complejidad y suspenso sobre el fatal desenlace. “Baterías de proa fuera de servicio, al momento en inmersión, propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, es el último mensaje de Fernández al capitán de navío Claudio Villamide —su principal en tierra de la Fuerza de Submarinos—, sin jamás sospechar que, horas más tarde, el San Juan sería el primer submarino hundido en la historia argentina. Según Villamide, le ordena al comandante cancelar la misión y retornar de forma inmediata a Mar del Plata. Ninguna de esas comunicaciones quedó grabada por tratarse de llamadas satelitales. En los submarinos, además, no existe una caja negra.

Aquella noche nadie sabía dónde estaba ni qué había pasado con él. Se conoció tiempo después que había implosionado por la enorme violencia de la presión del agua y se había convertido en una lata de gaseosa estrujada. Así lo encontró el buque norteamericano Ocean Infinity —contratado por el Estado argentino— un año más tarde, a 900 metros de profundidad.

¿Por qué no lo encontraron antes? En la serie se suceden imágenes del cinismo de las autoridades —el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, pica en punta con sus infames declaraciones—; la subtrama de Malvinas; el contrapunto entre el personal de la Armada, que termina en sanciones y condenas para algunos mandos; el accionar del Congreso en la investigación de la verdad; la larga reparación de media vida entre 2007 y 2014 en un astillero de Buenos Aires —que los especialistas acreditan como certera y eficiente—; y la misión del submarino, que consistía en el patrullaje del mar argentino: encontrar pesqueros ilegales y destruir buques que se hallaran en su zona de operación en caso de guerra.

¿Estaba la tripulación preparada para las vicisitudes del submarino? ¿La nave estaba en condiciones para semejante ejercicio naval? ¿Qué había pasado con un accidente previo que develó graves deficiencias? “Era una nave costosa”, enfatiza el historiador de submarinos Ricardo Burzaco, y de su razonamiento se desprende que un país que actualmente tiene a más de la mitad de la población en la pobreza difícilmente pueda hacerse cargo de tal máquina de guerra.

Con una rigurosa investigación y un ritmo argumental a tono con la narrativa audiovisual de las series documentales argentinas —de la muerte del fiscal Nisman a María Marta García Belsunce, del asesinato de José Luis Cabezas a Carlos Menem Jr.—, hay algunas omisiones sorprendentes, como la pública división de los familiares en torno a los reclamos y a su visión de la Armada como institución, a la vez que la ausencia en el relato de Eliana María Krawczyk, primera mujer oficial submarinista de la Argentina y Latinoamérica.

“No se ahogaron ni experimentaron dolor”, dice, en un informe seco y final, el vocero de la Armada. Fue lapidario: dijo que en el hundimiento del submarino se había registrado “un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión”. Un vacío emocional envuelve a los familiares, que nunca tuvieron respeto y contención del gobierno macrista.

 

 

¿Existió un encubrimiento político que permitió esconder información y ganar tiempo ante la opinión pública?

Lo más asombroso, de todas maneras, fue el espionaje del aparato de inteligencia del Estado que tuvo como blanco a las familias de los tripulantes. La lucha de los familiares para que la búsqueda no naufragara se convirtió en un símbolo nacional. Lo que nadie se imaginó, en el medio de sus reclamos, fue el espionaje ilegal. Las viudas del ARA San Juan y sus hijos e hijas fueron el blanco de la Agencia Federal de Investigación (AFI), al menos entre fines de 2017 y a lo largo de 2018. Las primeras denuncias se realizaron en abril de 2018, cuando las víctimas notaron que sus celulares experimentaban llamativas irregularidades. Los espías anticipaban a Macri todos los reclamos que planeaban hacer los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos. Sabían quiénes serían las viudas que hablarían en las reuniones con funcionarios y hasta qué petitorios iban a presentar.

La impunidad, entonces, sobrevuela en la trama. Más allá de la abrumadora prueba en su contra, a fines del año pasado Mauricio Macri y los jerarcas de la ex SIDE fueron favorecidos por los camaristas Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky —el mismo que tenía relación con el ex Presidente porque lo visitaba en Olivos para jugar al tenis—, quienes justificaron el espionaje diciendo que era una tarea especial para proteger al mandatario “porque su seguridad estaba en riesgo”. Lo hicieron pese a la disidencia de la jueza Ángela Ledesma, quien manifestó que los familiares “no sólo se vieron en la situación de reclamar para saber qué había sucedido, sino que luego fueron perseguidos, espiados y tratados como ‘peligrosos’”.

En el capítulo judicial del ARA San Juan, Macri contó nuevamente con la ayudita de sus amigos de Comodoro Py, que dieron vía libre a los servicios de inteligencia. Del otro lado, los familiares y los tripulantes, aún en la espera de revertir un oscuro día de justicia.

 

 

 

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