Rattenbach vs. Richardson

 

En el marco de la política exterior de “occidentalización dogmática” del gobierno argentino, el Presidente Javier Milei y su ministro de Defensa, el radical Luis Petri, carentes de todo control inhibitorio, han desplegado sin restricciones su compulsiva obsecuencia a Washington.

Partiendo de la sutileza de aceptar la llegada de la generala Laura Richardson el 2 de abril –Día del Veterano, Veterana y de los Caídos en la Guerra de Malvinas–, la administración Milei ha sobreactuado en cada movimiento su condescendencia con el gobierno estadounidense. Así como el Presidente liberal-libertario se ufana de llevar adelante un ajuste mayor que el exigido por el FMI, los gestos diplomáticos desplegados por Milei y sus ministros superan con creces lo esperado por la Casa Blanca. Desde la insólita decisión de viajar a Ushuaia para entrevistarse con la generala –ni siquiera el Presidente Macri se rebajó a tanto desde el punto de vista protocolar–, hasta la aceptación a pies juntillas de cada aspecto de la agenda militar estadounidense, lo sucedido esta semana resulta trascendental desde el punto de vista geopolítico.

 

 

El medio con mejor acceso a la embajada estadounidense, Infobae, sintetizaba horas antes del encuentro –con una línea editorial tan aquiescente como la política exterior de Milei– los aspectos más relevantes de la visita: “La presencia de la general[a] Richardson expondrá la preocupación de Washington en el avance de China en la región y, más precisamente, en dos enclaves que gravitaron en las noticias de las últimas horas: Neuquén y la base científico-militar que opera China, y Ushuaia, donde el gobernador Gustavo Melella está interesado en permitir una inversión del gigante asiático en el desarrollo de un puerto de aguas profundas que sería el más austral del planeta”.

La obsesión de Washington con la proyección china en América Latina –en una suerte de aggiornada Guerra Fría que muy documentadamente ha descrito Juan Tokatlian en Cenital– ha sido, además, el tema preponderante de las conversaciones de Richardson en la Casa Rosada con el jefe del Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Defensa Petri, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac y los titulares de las tres fuerzas. A estos temas se debe sumar la vocación estadounidense por convertir a las Fuerzas Armadas argentinas en una guardia constabularia con funciones antidrogas y antiterroristas.

Respecto de este último asunto, el gesto esperado de Milei se consumó en el anticipo de la segunda parte de la entrevista que el mandatario concedió a Andrés Oppenheimer para CNN en Español. Allí volvió a insistir en que enviará un proyecto al Congreso para ampliar la participación de la Fuerzas Armadas en la lucha contra el narco-terrorismo.

Además del fracaso que la militarización de la seguridad ha experimentado en países como México y Colombia, se pierde de vista que la Argentina dispone de una cantidad más que razonable de policías y fuerzas de seguridad para afrontar el delito: según el Observatorio Interamericano de Seguridad de la OEA, nuestro país se encuentra casi al tope entre las 34 naciones del organismo, con 806,27 policías cada 100.000 habitantes, sólo por detrás de Uruguay (886,81), Saint Kitts y Nevis (917,02) y San Vicente y las Granadinas (967,62).

Por su parte, Petri –apuntalado por su viceministro, el general de la UCEMA, Claudio Pascualini– abraza el proyecto policializador de las Fuerzas Armadas. El ajuste fiscal se impone al profesionalismo militar en la primera plana del Ministerio de Defensa, ganando terreno la idea de que financiar una Guardia Nacional es menos oneroso que alistar, adiestrar y sostener medios militares. Así se pronunció el ministro el 2 de abril: “Reafirmamos que las Fuerzas Armadas son un orgullo para nuestra Nación. Tenemos la firme convicción de fortalecer nuestro compromiso con la defensa de nuestra soberanía y el reconocimiento pleno a quienes la protegen”. Le faltó agregar: “Por ello, pensamos convertirlos en policías y enviarlos a Rosario a realizar tareas operativas”. Desde luego, sin efectivizar las cuotas restantes de jerarquización y equiparación salarial con las fuerzas de seguridad fijadas por el gobierno anterior.

Mientras el gobierno se subordina al mensaje policializador que baja Washington a través del Comando Sur, el mundo experimenta desde hace un lustro el resurgimiento de los conflictos convencionales. Lo sorprendente es que en la administración Milei ni siquiera leen con atención los reportes que producen las propias agencias norteamericanas. Una rápida lectura de los documentos estratégicos que elaboran diversos organismos estadounidenses da cuenta de la pervivencia de los conflictos militares entre Estados. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), en su informe Global Trends 2035, ya advertía en 2018 que “los próximos cinco años serán de crecientes tensiones entre países (…) Una confianza excesiva en que la fuerza material puede controlar la intensificación aumentará los riesgos de conflictos interestatales a niveles no vistos desde la Guerra Fría”. El conflicto entre Rusia y Ucrania, desatado en febrero de 2022, es un crudo recordatorio de que las guerras interestatales están lejos de extinguirse.

Por su parte, la Estrategia de Defensa Nacional 2018 del Pentágono sentenciaba: “Enfrentamos un creciente desorden global (…) la competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación de seguridad nacional de los Estados Unidos”. Los ministros Bullrich y Petri, obsesionados con que los militares asuman misiones anti-terroristas, harían bien en contemplar esta información o en revisar el Worldwide Threat Assessment de 2023, producido por la comunidad de inteligencia de Washington, en donde no se identifica a América Latina como un área principal del terrorismo transnacional ni hay una sola mención a nuestro país en relación con el tema.

Sólo la desmesura y la incapacidad para identificar dónde residen los intereses vitales de la Nación –los imprudentes posicionamientos de Milei en relación con una potencial visita a Ucrania en plena guerra con Rusia y el eventual traslado de la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén son buenos ejemplos– podrían activar un asunto del que nos hemos mantenido al margen desde 1994. Como afirma Tokatlian, al ser consultado respecto de similitudes con el gobierno de Carlos Menem tras la primera guerra del Golfo de 1991: “Después de eso tuvimos dos atentados terroristas feroces y que fueron los más grandes en la historia del continente hasta el del 11 de septiembre. Quisimos hacer algo que buscaba asociarse con nuestros aliados de Occidente, pero el costo lo pagamos nosotros porque no controlamos las variables principales de lo que pasa en esos conflictos. No tenemos intereses vitales, control relativo o una capacidad de formar coaliciones que resuelvan los problemas. Este ejemplo me parece muy problemático y está acompañado del hecho de que ni Milei, ni Mondino, ni Petri aclaran por qué eso le sirve al interés nacional argentino”.

Por otra parte, en 2020 el Ejército estadounidense anunció que pondría fin a dos unidades claves de la “guerra contra el terrorismo”: el Grupo de Guerra Asimétrica y la Fuerza de Equipamiento Rápido. Esta decisión respondía a un cambio en la planificación estratégica, que abandonó el énfasis en las operaciones de contrainsurgencia para poner el foco en las operaciones de combate interestatales de gran escala y en “dominios múltiples”.

El conjunto de apreciaciones planteadas nos lleva –como hemos advertido en otras oportunidades, aunque sin profundizar– a un tema que parece lejano: el legado de la guerra del Atlántico Sur (1982). El 42° aniversario del conflicto de Malvinas resulta una oportunidad propicia para reiterar que militarizar la seguridad pública implica desatender las enseñanzas estratégico-nacionales, estratégico-operacionales y tácticas de aquel conflicto, materializadas en el célebre Informe Rattenbach [1].

La Argentina fue el único Estado latinoamericano que durante el siglo XX enfrentó a una gran potencia con capacidad nuclear en una guerra convencional. El conflicto del Atlántico Sur exhibió hasta qué punto la desprofesionalización castrense [2] resultante de la politización de los organismos militares desde 1930 [3], sumada a la desnaturalización del rol principal de las Fuerzas Armadas desde mediados de los años ‘50 como consecuencia de la denominada guerra “antisubversiva”, condujo al fracaso en lo que hace al núcleo duro de la actividad militar. Por lo tanto, interpretar la vigencia del actual entramado normativo –que distingue taxativamente defensa externa de seguridad interior– como resultado de la acción de una dirigencia política atada a supuestas anteojeras ideológicas, o bien como la secuela de una apreciación estratégica demodé incapaz de captar las transformaciones del actual escenario de seguridad global, expresa una llamativa desatención de las enseñanzas de la guerra, quintaesencia de la profesión militar.

El instrumento militar de la nación es una estructura burocrático-profesional que se adiestra para la eventualidad de una guerra en tiempos de paz. Cualquier misión subsidiaria –por ejemplo, la contribución al sistema de seguridad interior en excepcionalísimas circunstancias– debe ser atendida con capacidades remanentes o de uso dual, y no debe atentar contra la misión primaria y esencial que es la preparación para la guerra.

La derrota del Atlántico Sur, según pone en evidencia el Rattenbach –sorprendentemente olvidado en las currículas de estudios de los institutos castrenses [4]–, expresa algunas de las consecuencias más funestas de la desnaturalización que experimentan las Fuerzas Armadas cuando son alejadas de la adecuada preparación para la guerra. Al respecto, podrían arriesgarse interpretaciones acerca de los contenidos del informe, las que seguramente estarían teñidas por la subjetividad de quien esto escribe. Por lo tanto, se considera más atinado reproducir de modo textual algunas de las conclusiones a las que arribó la comisión presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach:

“Resultó inexplicable la premura por la ocupación. En la obsesión de resguardar la sorpresa estratégica, se eligió el peor momento desde el punto de vista de la política internacional”.

“También debe imputársele una errónea evaluación sobre la actitud que asumiría Estados Unidos en caso de conflicto, a la luz de los intereses políticos en juego”.

“La participación de asesores del Ejército Argentino en Centro América y nuestra posible influencia en Bolivia, fueron factores que el gobierno apreció erróneamente, ya que supuso que tales acciones tendrían tal importancia para los Estados Unidos que su gobierno estaría comprometido a mantenerse equidistante en caso de conflicto con Gran Bretaña”.

“Se sabía que Gran Bretaña y Estados Unidos tenían fuertes intereses comunes en la OTAN y que, en caso de conflicto, este último país apoyaría en forma ostensible al Reino Unido”.

“El procedimiento adoptado por la Junta Militar para preparar la Nación para la guerra contradijo las más elementales normas de planificación vigentes en las Fuerzas Armadas y en el Sistema Nacional de Planeamiento”.

“El planeamiento estratégico no se basó en capacidades del enemigo correctamente elaboradas”.

“La actividad prioritaria, que era la defensa de las islas contra una reacción militar británica de magnitud, solamente había sido tratada como eventualidad en el marco de la DEMIL [5] N° 1/82 (…) NO EXISTÍA EN CONCRETO UN PLAN PARA SU DEFENSA, EN EL CASO DE QUE GRAN BRETAÑA DECIDIERA RECUPERARLAS (…) GRAN BRETAÑA INICIÓ LA RECUPERACIÓN ANTES DE QUE ARGENTINA HUBIERA PREVISTO CÓMO DEFENDER LAS ISLAS” [6].

“En la concepción de la orgánica operacional y por fundamentos no estrictamente militares, se crearon dos comandos estratégicos operacionales (TOM y TOAS [7]), uno para la conquista y otro para la defensa de un mismo objetivo, creando serias dificultades a la conducción”.

“El COMIL [8], como órgano supremo de la conducción de la guerra, debió instalarse en un lugar fijo durante las 24 horas del día, es decir, establecer un cuartel general donde se debía concentrar la información tanto política como militar, para asegurar su oportuna evaluación y asegurar la rápida y eficaz emisión de órdenes. Esto no ocurrió”.

“Inteligencia Estratégica Nacional (…) No se tuvo un conocimiento suficiente de los ambientes geográficos de interés, lo cual se tradujo en un empleo inconveniente de los medios”.

“Inteligencia Estratégica Militar (…) Los EMG [9] de las Fuerzas Armadas aportaron toda la IEM [10] disponible aunque parcializada según su especialidad. El órgano de Inteligencia Estratégica Militar conjunto –la Jefatura 2, Inteligencia del Estado Mayor Conjunto– no estuvo preparado para la eventualidad”.

“Logística (…) Resulta evidente la inferioridad técnica de nuestras tropas con respecto al enemigo. Gran parte de ella podría haberse disminuido, de haberse efectuado una preparación consciente y oportuna para el conflicto (…) EN EL CAMPO LOGÍSTICO NO PUEDE IMPROVISARSE. En esta circunstancia se procedió así y de allí las consecuencias”.

“Los errores originados en la máxima conducción político y militar del país se fueron transmitiendo de esta manera en la cadena de mando en sentido descendente, y produjeron una planificación contribuyente defectuosa, lo que se tradujo en una acción improvisada por parte de nuestras Fuerzas Armadas”.

“SE ADELANTÓ INDEBIDAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA ‘OPERACIÓN AZUL’, cuando el planeamiento y las necesarias previsiones concurrentes no se hallaban todavía completas, ni las Fuerzas Armadas preparadas para un conflicto de características y magnitud tales”.

“Se dio lugar, por la falta de planificación de la fase post-ocupación y del mantenimiento de las islas, a que LAS OPERACIONES POSTERIORES SE FUERAN IMPROVISANDO Y ORDENANDO ‘SOBRE LA MARCHA’”.

“La carencia de un adecuado adiestramiento para la acción conjunta se tradujo en la falta de la necesaria unidad de comando y de la imprescindible coherencia de las operaciones inter-fuerzas, actuándose prácticamente en compartimentos estancos, sin la debida integración y convergencia de esfuerzos”.

“Se eligió el peor momento del año en cuanto a sus condiciones climáticas, ya que las tropas propias no estaban debidamente equipadas ni adiestradas para soportar un asedio prolongado en las islas. Era también la peor estación para permitir operar adecuadamente a la Fuerza Aérea (pocas horas de luz diurna, techos bajos, nieblas, lluvias, etc.)”.

“Al realizar el análisis y evaluación de lo actuado en el Conflicto del Atlántico Sur, esta Comisión ha advertido y comprobado una serie de circunstancias y hechos que constituyen importantes experiencias de naturaleza política y militar. Una vez elaboradas, podrán proporcionar valiosas enseñanzas, las que contribuirán a perfeccionar la organización integral de la Nación para el logro de sus objetivos políticos en situaciones de conflicto, actualizarán nuestra doctrina para el empleo del potencial de guerra y del poder militar, mejorarán los conocimientos y procedimientos de empleo de medios modernos en el combate y acrecentarán la aptitud profesional de los mandos, como así también de las tropas de nuestras Fuerzas Armadas”.

“Este ha sido el único conflicto bélico de la Nación en lo que va del siglo. Si bien la paz es un objetivo nacional permanente de cualquier comunidad civilizada, ella se logra mediante una adecuada preparación para disuadir a los enemigos potenciales de emplear la fuerza en contra propia”.

En conclusión, la guerra exhibió crudamente el destino en el teatro de operaciones de unas Fuerzas Armadas que, al calor de la Guerra Fría y de la Doctrina de Seguridad Nacional, se habían convertido en “superpolicías de Estado”. Los fragmentos extraídos del más importante documento de análisis estratégico producido a lo largo de la historia argentina resultan un material imprescindible para cualquier estudioso de los temas militares.

Preconizar a la guerra convencional como la misión principal de las Fuerzas Armadas no implica desatender otras variedades de conflictos que pueden existir, aunque es importante que esas variantes no se conviertan en el eje estructurante del diseño de fuerzas. Máxime cuando la historia nos revela que el conflicto clásico en algún momento puede regresar. Esto es de crucial importancia para un país como la Argentina, que tiene una parte de su territorio ocupado por una potencia militar extranjera. Esta cuestión –tratada con indolencia por el gobierno nacional– detenta una importancia fundamental en un mundo cada vez más pugnante, atravesado por la competencia estratégica entre los Estados Unidos y la República Popular China, y por la creciente importancia de los recursos del Atlántico Sur y su proyección antártica.

Como sostiene Jorge Battaglino: “Las Fuerzas Armadas están pensadas, organizadas, entrenadas, desplegadas y deberían contar con el equipo necesario para enfrentar a adversarios equivalentes”. Convertirlas en policías, como anhela el trío Milei-Bullrich-Petri, no pareciera conducente.

 

 

 

* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Profesor de Relaciones Internacionales (UBA,
UTDT, UNDEF, UNQ, UNSAM).

 

 

[1] Se conoce como Informe Rattenbach al documento elaborado por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur, creada bajo el gobierno de facto del general Reynaldo Bignone (1982-83) con el fin de analizar y evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas argentinas durante la Guerra de Malvinas.

[2] Referir a la desprofesionalización castrense exhibida en la guerra de Malvinas no significa desconocer la destreza y el desempeño de muchos integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas en el campo de batalla. Como describe el Informe Rattenbach en sus apartados 882 y 883: “Existen numerosos actos de valor extraordinario, producidos en todas las FF.AA (Fuerzas Armadas) y FF.SS (Fuerzas de Seguridad) en el teatro de operaciones, por quienes, sirviendo a su deber, acreditaron la vigencia de nuestras mejores tradiciones castrenses”.

[3] Hablar de “politización” de los organismos militares desde 1930 supone ceñir esta caracterización a su proyección sobre el sistema político a partir del primer golpe de estado del siglo XX (el del 6 de septiembre de 1930 que derrocó al presidente radical Hipólito Yrigoyen).

[4] Una investigación inédita de Sergio Eissa y Sol Gastaldi revela que sólo un curso –entre los 44 que se dictan en el Colegio Militar, la Escuela Naval Militar, la Escuela de Aviación Militar, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, la Escuela de Suboficiales de Córdoba, la Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina, el Instituto de Formación Ezeiza, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Guerra Aérea, la Escuela de Guerra Naval y la Escuela Superior de Guerra Conjunta– incorpora como material obligatorio de estudio al Informe Rattenbach.

[5] Las siglas refieren a Directiva Estratégica Militar.

[6] Se respetan las mayúsculas del texto original.

[7] Las siglas refieren a Teatro Operacional Malvinas y Teatro Operacional Atlántico Sur.

[8] La sigla refiere a Comité Militar.

[9] La sigla refiere a Estados Mayores Generales.

[10] La sigla refiere a Inteligencia Estratégica Militar.

 

 

 

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