Dilemas de la cúpula castrense

 

Existe desde hace años una peculiar combinación argentina que podría sintetizarse en el tándem militarización discursiva/desmilitarización efectiva. El ex Presidente Mauricio Macri –por medio de la planilla de cálculo de su entonces secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui– aplicaba un ajuste feroz sobre el presupuesto de Defensa. Todavía el directorio ejecutivo del FMI no había aprobado el acuerdo stand-by por 50.000 millones de dólares –que terminaría por generar una deuda insostenible– y, sin embargo, las Fuerzas Armadas ya se encontraban atravesando una situación de evidente menesterosidad.

Unos pocos datos ayudan a refrescar la memoria. La retórica militarizante de la seguridad pública se había inaugurado con el rimbombante anuncio del decreto 228/2016 (“Emergencia de Seguridad Pública”), que había instruido patrullajes operativos del Ejército en la lucha contra el narcotráfico a través del Operativo Fronteras. Un año después se conocía que –producto del ajuste fiscal– el Ministerio de Defensa había redesplegado a 1.800 efectivos asignados a dicho operativo en la frontera norte del país, porque no podía pagar los viáticos de los uniformados. Buscando hacer de la debilidad virtud, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), teniente general Bari del Valle Sosa, informaba al Presidente Macri que 160 millones de pesos habían sido ahorrados, principalmente en concepto de viáticos. La austeridad fiscal se anteponía al apoyo militar en la lucha contra el narcotráfico.

La parálisis operativa llegó a niveles sin precedentes en 2019, durante el último año del gobierno de Macri. Para entonces, el presupuesto nacional, en su acápite “Metas, Producción Bruta e Indicadores” de cada fuerza, establecía un recorte atroz. En el Ejército se implementaba una poda del 60% en los fondos destinados al “adiestramiento operacional en campaña”; las horas de vuelo de la Fuerza Aérea experimentaban una merma del 67%; y la Armada –ni más ni menos que a un año del hundimiento del submarino ARA San Juan– no preveía metas operacionales planificadas, ya se tratara de días de navegación de sus buques u horas de vuelo de sus aviones. La decadencia era absoluta.

Tras esta etapa de ajuste fiscal llegaron, de la mano de una firme conducción política, años de recuperación presupuestaria –pandemia y crisis de deuda mediante– que ni el más optimista de los militares hubiera imaginado. El reconocimiento unánime del alto mando castrense al impacto generado por el Fondo de la Defensa Nacional (FONDEF) –la despedida con aplausos a Agustín Rossi cuando renunció al cargo de ministro es posiblemente la imagen simbólica más fuerte en este sentido– es el dato más relevante en materia de medios militares desde 1983. Hasta el diario La Nación, insospechado de afinidad alguna con cualquier variante del peronismo, publicó en marzo de 2022 una nota titulada “Giro sorpresivo: el Gobierno invirtió en las Fuerzas Armadas más que en cualquier otro sector”.

 

 

A ello, como advierten con ecuanimidad autoridades militares en artículos de opinión, se suma una miríada de logros que sería imposible resumir en esta nota [1]. Por lo pronto, vale la pena señalar in extenso dos ejemplos más, que sin dudas buena parte del sector castrense hubiera preferido que fuesen consumados por un gobierno de derecha y no por un gobierno peronista:

• El blanqueo de la totalidad del salario militar, que impactó en forma directa sobre el personal en actividad y en situación de retiro, dando por finalizadas las demandas judiciales al Estado Nacional y permitiendo incrementar sensiblemente la capacidad recaudatoria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) –que se encontraba al borde de su liquidación–, su saneamiento financiero y el pago de las deudas generadas por los juicios contra el fisco.
• El Plan de Jerarquización instrumentado por el ex ministro Jorge Taiana, destinado a equiparar la diferencia salarial existente desde hacía más de tres décadas con las fuerzas de seguridad. El 12 de diciembre de 2023, a dos días de la asunción de Javier Milei como Presidente, el teniente general Juan Martín Paleo, todavía jefe del EMCO, afirmaba: “Cumplido en su mayor parte, quedan pendientes dos cuotas finales a concretarse con los haberes de enero y abril de 2024. Este último aspecto es, sin duda, el principal DEBE que enfrentará el nuevo gobierno para solucionar este problema que afecta al personal militar desde hace años”.

En este marco, el gobierno libertario iniciaba su mandato –a pesar de la mencionada “reparación histórica peronista” en materia salarial y presupuestaria– con un fuerte respaldo del voto castrense y con una Vicepresidenta, Victoria Villarruel, que prometía a la familia militar “elevar la moral” y “sumar recursos”. La Libertad Avanza (LLA), con Villarruel como vocera, proponía, entre otras cosas, “llevar a un 2% el presupuesto nacional para la Defensa en un plan progresivo que se completaría en ocho años” y culminar la “equiparación de salarios con los miembros de las Fuerzas de Seguridad”.

Desde luego, la lógica más elemental tornaba incompatibles esas promesas con la obsesión presidencial de bajar el gasto público en 15 puntos del PBI. Una mirada retrospectiva al periodo 2015-2019 ya mostraba qué podía esperar el sector Defensa si nuevamente primase una lógica centrada en la restricción fiscal y presupuestaria. La potenciación del FONDEF requiere de una economía en crecimiento y con perfil industrializador, dada la centralidad que implican para sus proyectos los ingresos corrientes del Estado y el papel de la industria nacional.

El desconocimiento del ministro Petri sobre los temas de defensa –no compensado por su anterior participación como miembro de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados ni por su inclinación cinematográfica al estilo Top Gun– no ha sido atemperado por los expertos que lo acompañan en la gestión. El secretario de Estrategia y Asuntos Militares, virtual viceministro, es el teniente general (R) Claudio Pascualini, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del CEMA (OSYD-UCEMA). Su gestión al frente del Ejército Argentino coincidió con el piso histórico en materia operativa descrito párrafos arriba. Está claro que el ex jefe de Estado Mayor General del Ejército antepuso, en su gestión al frente de la fuerza, la mirada macroeconómica del CEMA a las necesidades operativas del Ejército. En los economistas de esa casa de estudios prima una mirada crítica de las tres experiencias neoliberales de la democracia argentina (Menem, De la Rúa y Macri) y se estudia con embelesamiento el neoliberalismo chileno implementado bajo la dictadura de Pinochet.

Por su parte, el secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa Juan Battaleme –quien fuera “analista” de la Armada Argentina, coordinador titular de la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la UCEMA [2] y participante de los brainstorming que nutren intelectualmente a la canciller y profesora de la UCEMA, Diana Mondino– expresó visionariamente que “no hay por donde ajustar en las Fuerzas Armadas”. También le auguró larga vida al FONDEF, señalando que dicho fondo “es sostenible porque el PBI de la República Argentina, con las reformas que se están haciendo, tiene que crecer”. Finalmente, con la firmeza de quien se sabe en una encrucijada histórica, sentenció: “La fortaleza de la actual administración es que [está dispuesta] a cambiar años y años de una defensa de papel (…) la prioridad de esta administración es empezar a poner los puntos sobre las íes en la recuperación de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentina de manera sostenida, sistémica y que se note en un plazo relativamente corto”. En cualquier momento Battaleme nos anuncia el relanzamiento del “Pentágono argentino”, que no pudieron cumplir el ex Presidente Menem y su ministro Jorge Topadora Domínguez.

En cualquier caso, y más allá de lo disparatadas que puedan parecer algunas afirmaciones de funcionarios de segunda línea, hemos visto cosas realmente preocupantes en los últimos días en el sector Defensa. En el transcurso de la última semana, el radical Petri no se privó de nada: se sacó fotos con Cecilia Pando y esposas de militares condenados por crímenes de lesa humanidad; y comparó el combate al narcotráfico en Rosario con la represión ilegal de la última dictadura militar. Sobre este último asunto, además, el propio Presidente Milei anticipó que promoverá –a partir de una propuesta que le elevarán los ministros Patricia Bullrich y el propio Petri– una reforma en la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas tengan facultades adicionales. Se trata de un recurso meramente demagógico para causar efecto en la opinión pública –tremendamente afectada por el desmadre en materia de seguridad pública en Rosario–, pero que no encontrará soluciones prácticas con el empleo operativo de las Fuerzas Armadas.

Respecto del plano normativo, no se necesita ninguna reforma de las leyes. El andamiaje jurídico de la democracia argentina (Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior, Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y Ley de Inteligencia Nacional), sancionado a través de amplios consensos multipartidarios, es muy claro en cuanto a las responsabilidades de las Fuerzas Armadas. En particular, la Ley de Seguridad Interior restringe en forma taxativa el empleo de las Fuerzas Armadas fuera de su misión principal (que es la de “conjurar y repeler agresiones estatales militares externas”). Sólo pueden actuar en seguridad interior en los siguientes casos:

• a) dentro de la propia “jurisdicción militar” en caso de una agresión armada,
• b) prestando apoyo logístico, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa, y
• c) con unidades de combate, y previa declaración presidencial del estado de sitio con respaldo del Parlamento, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior.

La normativa también señala que el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”. En consecuencia, si el trío Milei-Bullrich-Petri decidiera involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate directo contra el narcotráfico, las leyes lo habilitarían. Para ello, el primer mandatario debería declarar el Estado de Sitio y asumir las previsibles consecuencias de esa decisión. El resto es espuma para la tribuna.

Por fuera de lo estrictamente normativo, hay fundadas razones técnico-profesionales que desaconsejan el empleo de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico [3]. Quienes propugnan la militarización de la seguridad pública parten de una apreciación incorrecta de la evolución del fenómeno del narcotráfico. La sofisticación de este delito complejo resulta aún rudimentaria —aunque creciente— en nuestro país. Las organizaciones narco-criminales no disponen de sistemas de armas mayores ni despliegan tácticas militares. Y aún en el caso de que esto sucediera, el gobierno contaría para lidiar con ello con fuerzas militarizadas o intermedias como la Gendarmería Nacional (GNA), inexistentes en otros países de América Latina. De hecho, la GNA cuenta con más de la mitad del número de efectivos (alrededor de 45.000) de la totalidad de las Fuerzas Armadas.

En las circunstancias actuales se requiere, ante todo, capacidad de inteligencia criminal, investigación criminal y expertise en materia de asistencia a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal para desarticular estructuras delictivas complejas. Un análisis serio exhibe que lavado de activos y narcotráfico marchan en tándem. Ningún programa de estudio de las Fuerzas Armadas ni ninguna Escuela de Guerra contempla estas cuestiones, lo que demuestra la total desvinculación entre la formación de quienes se preparan para el uso del máximo poder de fuego del Estado en una guerra y la de quienes luchan contra la criminalidad a partir de una concepción gradual y diferenciada del empleo de la fuerza y de conocimientos en materia de delitos económicos.

Finalmente, un asunto que parece lejano: el legado de la guerra del Atlántico Sur (1982). Militarizar la seguridad pública implica desatender las enseñanzas estratégico-nacionales, estratégico-operacionales y tácticas de aquel conflicto, materializadas en el célebre Informe Rattenbach. En Malvinas quedó claro el resultado esperable con Fuerzas Armadas politizadas y adiestradas para misiones de naturaleza no militar. Policialización y desprofesionalización son el anverso y el reverso de una misma moneda.

Dicho todo esto, cabe preguntarse qué estarán evaluando los propios altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Mantendrán la confianza y se sentirán respaldados —en la aventura militarizadora de la seguridad pública— por parte de un gobierno que les prometió “el oro y el moro” y que en sólo tres meses incumplió todas y cada una de las promesas efectuadas? De hecho, ni siquiera pudo cumplir con las cuotas faltantes del proceso de jerarquización salarial del personal militar instrumentado por el gobierno anterior.

Pero para evitar lecturas subjetivas propias de quienes asumimos posiciones políticas, conviene remitirse a un periodista como Martín Dinatale, insospechado de afinidad con el peronismo. En una nota del 19 de marzo para El Cronista, afirmaba: “Lejos de los deseos del Presidente Javier Milei para que las Fuerzas Armadas participen activamente en la lucha contra el narcotráfico, entre los militares hay fuertes reparos de carácter técnico, presupuestario y legal (…) ‘No es lo mismo preparar a un soldado para un enfrentamiento en un escenario de combate abierto en una frontera que llevarlo a una villa miseria donde debe enfrentarse a los tiros con grupos narcos’, explicó a El Cronista un destacado funcionario del gobierno que conoce de cerca a la cúpula militar (…) A la vez, en las Fuerzas Armadas destacan que actualmente sólo en una situación de ‘estado de sitio’ los altos mandos estarían dispuestos a enviar uniformados a la zona caliente del narcotráfico como Rosario (…) Hay otro tema que no es menor en cuanto a la posibilidad de que los militares puedan involucrarse de lleno en la lucha contra el narcotráfico y es el respaldo presupuestario (…) Según confiaron a El Cronista fuentes calificadas del gobierno, en las Fuerzas Armadas hoy sólo hay presupuesto disponible para el pago de salarios y movilidades hasta junio (…) sin tener en cuenta el incremento que había dispuesto la administración de Alberto Fernández por jerarquización de las fuerzas y que el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás (…) En esta misma línea de escasez de fondos se ubica la falta de dinero correspondiente al FONDEF (…) Según se pudo saber, el FONDEF disponible para ahora será de no más de $ 60.000 millones aunque el monto global de ese fondo correspondía para este año a un total de $ 450.000 millones. Por el momento no hay posibilidad alguna de que lleguen esos fondos”.

El panorama trazado por Dinatale habla por sí solo. A la militarización discursiva de ministros exhibidos en plena acción en emotivos videos de YouTube, le corresponde una desoladora realidad de desmilitarización efectiva. “No hay plata”, suele decir el Presidente anarco-capitalista. Las Fuerzas Armadas, en virtual estado de parálisis operativa, ya lo empiezan a experimentar. Y para colmo de males, se las busca comprometer en una aventura de destino incierto, tanto en lo profesional como en lo judicial.

 

 

 

* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Ex director nacional de Planeamiento y Estrategia (Ministerio de Defensa).

 

[1] Entre ellos: 1) la aprobación del Plan de Adquisición de Munición Plurianual, que determina que se debe asignar el 10% del FONDEF durante 10 años para adquirir: munición de diferentes calibres y poder de fuego, sistemas de alto impacto y avance tecnológico con misiles, municiones merodeadoras, torpedos y bombas inteligentes, etc.; 2) la adquisición del Sistema de Defensa Antiaéreo MisilísticoRBS-70 NG y los simuladores necesarios para el adiestramiento del personal de las tres fuerzas, lo que permitió recuperar una capacidad que estaba perdida; 3) la renovación de la línea de helicópteros de montaña para el Ejército y la Fuerza Aérea; 4) la organización a nivel jurisdiccional de la “mesa de satélites”, en el marco de la cual se resolvió unificar los proyectos de las fuerzas y avanzar con un sistema de comunicaciones de la defensa, basado en un satélite a ser diseñado y fabricado por INVAP; 5) la reapertura de la Base Conjunta Petrel, que representa un punto de inflexión en la proyección de nuestro país sobre el Atlántico Sur y la Antártida; 6) la conformación de la Guarnición Militar Conjunta en la Isla Grande de Tierra del Fuego, con la creación de una unidad del Ejército en Tolhuin, reforzada con el puente aéreo entre Río Gallegos-Río Grande-Ushuaia con aeronaves de la Fuerza Aérea, la reapertura de la Brigada Aérea X en Río Gallegos, el inicio de la Base Naval integrada en Ushuaia y los radares (RPA) para control aéreo en Río Grande y Trelew. Para más detalles, ver aquí.

[2] En esa condición transmitió en septiembre de 2022 un conmovedor mensaje expresando “sus condolencias a la ciudadanía y autoridades del RUGBIN, por el fallecimiento de la Reina Isabel II (Elizabeth Alexandra Mary) 1926-2022”.

[3] Un extendido análisis de las razones de la inconveniencia de involucrar a los militares en tareas de seguridad pública puede encontrarse aquí.

 

 

 

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