Un punto de inflexión

 

El 24 de marzo de 1976 ha sido en nuestra historia un punto de inflexión en muchos sentidos de los que han condicionado el futuro de nuestra nación, pero también de aquellos que marcan el presente. Ante una democracia hoy amenazada en su esencia, es necesario remarcar algunos hechos a fin de esclarecer el debate.

 

El modelo económico

Como ha señalado el historiador y economista Carlos Díaz Alejandro en su libro Ensayos sobre la historia económica argentina, la Argentina ingresó al siglo XX con un debate inconcluso respecto al tema de supuesta dicotomía entre “campo y ciudad”, “economía industrial versus país agroexportador”, una cuestión que en otras latitudes se había zanjado definitivamente durante el siglo XIX. Ni los Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia o Nueva Zelanda –países que poseen abundantes recursos naturales y despegaron hacia el desarrollo sobre esas bases– se les ocurriría hoy volver sobre esa falsa dicotomía. En la Argentina el fenómeno de la industrialización –que ya había despegado tras la crisis de 1930 y tras el desastroso el tratado Roca-Runciman en 1931– despegó hacia 1939, pero sin duda mucho más tras 1945. Ello debido al impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial sobre la dinámica que iniciaba una nueva era en la economía mundial, pero también por la propia aplicación de la doctrina justicialista. Esta última veía al movimiento de trabajadores/as como uno de los ejes del modelo de capitalismo mixto, que tomaba también al Estado como base fundamental de un nuevo orden social equitativo en todos los órdenes. En el plano ideológico, aunque desde los Estados Unidos se lo tenía en la mira por su filo fascismo, filo nazismo, la propia doctrina se caracterizaba por constituirse en una tercera posición frente al capitalismo y frente al comunismo. Entre 1952 y 1955 las fuerzas antiperonistas cometieron una gran cantidad de atentados contra la población civil. El más luctuoso fue sin duda alguna el del 16 de junio de 1955, cuando aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo matando a más de 300 personas e hiriendo a más de 700. Finalmente, la autodenominada Revolución Libertadora derrocó a Perón el 16 de septiembre de ese año y, sin que mediara asamblea legislativa alguna, también derogó la Constitución Nacional de 1949. Comenzó así una feroz persecución contra dirigentes, militares, sindicalistas y funcionarios del gobierno constitucional que había sido elegido tanto en 1946 como en 1951. La censura llegó a prohibir pronunciar el nombre de Perón. El odio era tal que el contraalmirante Arturo Rial dijo a trabajadores municipales: “Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero”.

El ensañamiento con el peronismo no logró sin embargo darlo de baja como movimiento. Proscrito entre 1956 y 1973, durante esas décadas la Argentina tuvo ocho Presidentes distintos, sólo dos surgidos de elecciones con la proscripción del peronismo (Frondizi e Illia). Algunos economistas e historiadores llamaron a ese período el del “empate social”. Sin la necesidad de reivindicar la violencia como método político, ni aquellas aventuras guerrilleras, parte de ella surgió ni más ni menos de ese contexto de proscripción de las enormes mayorías de nuestro pueblo y de un encono y odio hacia todo lo que simbolizaba el peronismo y su doctrina. Si bien es cierto que tras el retorno de Perón a la Argentina el actuar de la guerrilla continuó, Perón pasó de ser el enemigo filo nazi de 1945/1946 a ser el enemigo marxista aún antes de su retorno en 1973. Hay hechos oscuros que tal vez jamás logremos comprender, como el caso del almirante Massera –partícipe de la masacre de 1955, integrante de la Junta Militar de 1976 y responsable de los represores de la ESMA–, quien fue nombrado por el propio Perón, para no mencionar los vínculos con la logia masónica P2, una organización internacional criminal de extrema derecha. Lo cierto es que el modelo de país que deseaba José Alfredo Martínez de Hoz era uno claramente no industrial. Muchos analistas han visto a la aniquilación de la industria lograda mediante instrumentos tan diversos como

1. la reforma financiera de 1978 y el nacimiento de la “especulación financiera”;
2. la privatización de gran parte de los activos de las empresas públicas;
3. el endeudamiento de dichas empresas a través de obligarlas a endeudarse en dólares como forma de obtener rendimientos en pesos a partir de dicha especulación financiera y
4. la apertura de importaciones de bienes industriales en simultaneidad con la apertura financiera y con una brusca caída del salario real (determinante a su vez de la estrepitosa caída de la demanda interna de bienes industriales),

como el método más eficaz de acabar con esa situación de “empate social” que caracterizó a las dos décadas del llamado post-peronismo, en aquella Argentina previa al golpe de 1976. “Muerta la industria nacional, muerta también la base obrera y el poder de los sindicatos” que habían logrado mantener una resistencia en medio de cambios, represión e inestabilidad, garantizando un nivel de salarios muy por encima del de los años de advenimiento del peronismo hasta aquel entonces. La contrastación entre 1949 y 1977 es también la de dos imaginarios de “país normal”, configurada luego por las mismas fuerzas en contextos muy disímiles.

 

 

 

El resultado del “contra salariazo” de Perón de 1949 fue seguido de una fuerte contracción del PBI por habitante después de la última dictadura cívico-militar.

Por su parte, el resultado del modelo de “la tablita”, donde se publicaba el valor esperado del dólar y las tasas de interés en pesos, junto al ritmo de la inflación, permitía obtener elevadas tasas de interés en dólares, en tanto el ritmo anunciado de la devaluación era muy inferior al de la inflación. Como resultado, la deuda externa creció de solo 8.085 millones dólares en 1975 a 43.634 millones en 1982. Al mismo tiempo se implementó la denominada “cláusula Martínez de Hoz” que, mediante la modificación del Código de Procedimientos Civil y Comercial, posibilitó que todos los contratos de la deuda externa argentina fueran sometidos a la ley y jurisdicción del estado de Nueva York.

Quienes aún recuerdan algo de nuestra historia, en la causa “Olmos Alejandro s/ Denuncia”, iniciada en octubre de 1982 y cerrada en 2000, se reúnen decenas de investigaciones, millares de fojas, informes periciales, recortes de diarios, declaraciones de ex funcionarios, todos datos que durante 18 años fueron recopilándose y que desentrañan los mecanismos utilizados para estafar al país [1]. Claro que, aunque el juez Jorge Ballestero falló a favor de Olmos, lo hizo cuando la causa ya había prescripto.

Por años, y a pesar de los vaivenes ideológicos y electorales, la deuda fue un severo condicionante. No importa que entre 2004 y 2015 el país no volviera a tomar deuda, pues bastaría un fallo oportuno de algún juez o jueza en Nueva York para que una deuda de dudosa legalidad y moralidad en manos de fondos buitres pusiera en jaque a cualquier gobierno, en especial si son favorables a la mayoría de los argentinos y argentinas. Tanto más en el contexto de una nueva Guerra Fría, de poli-crisis mundial y resurgimiento de ultraderechas.

Aunque es indiscutible que el mundo ha cambiado junto a las estrategias de crecimiento y concepciones acerca del desarrollo –y ello ha influenciado en la marcha de nuestra economía y los modos en los cuales nos insertamos en el mundo–, es poco discutible que estos cambios en nuestro país han sido traumáticos. Muy poco favorables a las mayorías, salvo en aquellos intervalos en los cuales se logró un cierto grado de autonomía en lo externo con el predominio de fuerzas políticas que intentaron reindustrializar en algún grado el país. No obstante, los sueños de un país industrial próspero quedaron a un lado. A pesar de ello. la Argentina logró un crecimiento extraordinario durante el período 2003-2011. Aún en 2023 el PBI por habitante, aunque alejado del nivel de 2011, continuaba siendo más elevado que en cualquier período anterior. Desde 2011 a 2015 esa tendencia cambió, en base a la acumulación de desequilibrios, pero nunca del orden de los que dejó la dañina nueva deuda externa gestionada por el gobierno de Macri entre 2016 y 2019, período que repitió los enormes procesos de fuga de divisas ocurridos también en 1981 y 2001. Una evidencia de la herencia que dejó aquel fatídico 24 de marzo de 1976 fue la pobreza, que comenzó a hacerse carne en nuestra sociedad, agravándose con cada gran ajuste.

En la siguiente figura se muestra la evolución de la riqueza promedio a través de la trayectoria del PBI por habitante entre 1916 y 2023, y del valor de la deuda por persona en dólares corrientes. De su lectura es muy sencillo extraer conclusiones acerca de cuáles políticas nos han empobrecido en lo material.

 

 

 

El modelo político cultural y la represión

El golpe del 24 de marzo de 1976 significó para la Argentina la instalación del miedo profundo en la sociedad. Las desapariciones forzadas de personas y familias no se remitieron sólo a los grupos armados, ni siquiera a sus bases de posible apoyo logístico. Si, como se desea afirmar hoy, “el país estaba en guerra”, pues se hubiese podido aplicar la Ley Marcial. Los que sostienen todavía hoy la llamada “teoría de los dos demonios” no pueden desconocer la asimetría que implica el terrorismo de Estado respecto a una violencia política guerrillera identificable. Entre los 30.000 desaparecidos había mucha gente inocente, sin militancia política alguna vinculada a movimientos armados. Sacerdotes, abogados, líderes sindicales, trabajadoras y trabajadores, gente de familias acomodadas y de las más diversas clases sociales, ciudadanos comunes y sobre todo una cantidad de jóvenes menores de 18 años, fueron muertos antes de ser torturados, violadas las jóvenes, robados sus bebés. Gran parte también sufrió exilios, desarraigos, pérdidas materiales. La indiferencia de buena parte de la sociedad con frases como “por algo habrá sido” repitió la de la propia historia trágica vivida en un clima de desconocimiento cívico de que grandes mayorías habían sido proscriptas de la vida institucional del país durante los años del “empate social”. Una monstruosidad que merece ser recordada como una de nuestras peores tragedias. Las generaciones que crecieron en democracia sólo creyeron posible expresar su disconformidad a través de la cultura, de un rompan todo simbólico. También la política se fue degradando al punto que parece más importante ganar la batalla cultural que resolver el gran problema de la pobreza y, de un modo paradójico, sostener que poner un límite a las ganancias de grandes corporaciones sería la causante de nuestros males.

Rememorar aquel 24 de marzo no es sólo un acto de Memoria, Verdad y Justicia sino una invitación a reflexionar sobre el modelo de país deseable y posible, que no vamos a lograr con represión, falta de diálogo o destruyendo los trozos de nuestra historia que generan malestar. También será imposible mientras el Poder Judicial continúe actuando como brazo funcional –y absolutamente discrecional– del poder económico.

La patria está nuevamente en peligro, tanto como la paz social. El mundo se ha deshumanizado a un punto que provoca náuseas, pero también se vislumbra un clamor de cambio, de justicia, de razón, de esperanza. Tal vez aún estemos a tiempo.

 

 

 

[1] La investigación judicial, que contó con numerosos peritos de organismos oficiales y privados, locales y extranjeros, comprometió seriamente a las autoridades civiles y militares de entonces, entre ellas, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha Guillermo Walter Klein (h), quien tuvo a cargo la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y a los distintos presidentes del Banco Central. Pero si éstos fueron los responsables políticos, los beneficiarios fueron algunos grupos económicos ligados a los centros financieros internacionales, como Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, los que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio. Alejandro Olmos concluyó: “Primero se modificó la ley, después se hipotecó al país”. Cuando no alcanzó, se recurrió simplemente a la trasgresión de las normativas vigentes. ¿Cómo se llevó a cabo el endeudamiento del país? Mediante el endeudamiento de las empresas públicas en el exterior para conseguir dólares que no utilizaban y beneficiando a empresas privadas con esos dólares a través del Banco Central, con posterior estatización de las deudas privadas.

 

 

 

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