Una foto llena de provocaciones

 

En la última semana, el gobierno de la provincia de Santa Fe divulgó imágenes tomadas en el complejo penal de Piñero. Allí vemos a presos descalzos, con el torso desnudo, sentados en el piso, con la cabeza gacha y las manos precintadas en la espalda. Están custodiados por varios policías penitenciarios pertenecientes a grupos de elite, todos encapuchados, con chalecos y casco, portando armas largas, dueños de una contextura física entrenada en algún gimnasio. La situación es humillante y denigra a los presos y a sus familiares. La imagen no es espontánea ni azarosa, sino producto de los cálculos de una política tomada por la ciencia ficción y los efectos especiales. El operativo fue realizado después de que dos micros que trasladaban personal del Servicio Penitenciario desde Rosario a la ciudad de Santa Fe fuera atacado a balazos. Una balacera, dicho sea de paso, que tuvo lugar al día siguiente de que el Presidente, Javier Milei, en el discurso de apertura a las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, dedicara a la ciudad de Rosario un párrafo corto, pero contundente, donde celebraba la disminución de los homicidios producto del despliegue de fuerzas de seguridad con el Operativo Bandera y la implementación de un programa de tratamiento especial para los presos con perfil de alto riesgo.

 

Bukele en Santa Fe

Las fotografías divulgadas por el gobierno de la provincia no son inéditas, sino un calco de las que fueron tomadas en las cárceles de El Salvador. Las imágenes nos remiten enseguida a las escenas espectaculares que vimos por televisión y circularon hasta el cansancio por las redes sociales. Allí, el Presidente Bukele implementó una política de mano dura contra las pandillas, las que fueron detenidas en redadas continuas y encerradas sin juicio previo, para ser sometidas a un tratamiento humillante en establecimientos penales especiales de máxima seguridad. Según los propios dichos del Presidente, son 70.000 los pandilleros que fueron apresados y encerrados.

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, haciéndose eco de la habitual pirotecnia verbal de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y buscando diferenciarse de las gestiones anteriores, sigue el mismo derrotero. No interesa que Santa Fe no se parezca en nada a El Salvador, y tampoco que la violencia en ese país sea muy distinta, tenga otras causas y dinámicas a las violencias altamente lesivas que circulan en algunos barrios de la ciudad de Rosario. Lo importante es engancharse en la estela punitiva del Presidente Bukele que tanto eco tuvo entre los candidatos a Presidente y algunos gobernadores en este país en las últimas elecciones.

Por eso, el gobernador Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, en sus respectivas cuentas de Instagram, cuando difundieron las fotografías, lo hicieron acompañándolas con el siguiente mensaje: “Cada vez la van a pasar peor”.

 

 

Pullaro sabe que Bukele se ganó el consenso de muchos salvadoreños, y está atento a las señales que llegan desde el gobierno nacional (recordemos la visita de Bullrich a Bukele) y se presta a jugar un juego que puede costarle otra vez muy caro a los rosarinos.

 

Fulbito para la hinchada

Ya se sabe que una consigna puede compensar la carencia de un diagnóstico, y una foto vale más que una política pública. Después del fracaso de las políticas criminales ensayadas en los últimos años por distintas gestiones en esa provincia, el flamante gobernador se presta a subir la apuesta, apelando a una gestualidad institucional que contrasta con el rostro con el que se pasea en el espacio público. La sobreactuación no hace juego con la animia del gobernador. Hay que mandar mensajes y hacerlo rápidamente y de manera efectiva, sin medir las consecuencias o sus efectos colaterales. En ese sentido, el gobernador se sube al estilo que impuso el Presidente de la nación.

La urgencia es la manera de estar en la política hoy día. No hay políticas de largo aliento cuando los diálogos entre las distintas fuerzas políticas están llenos de chicanas y a los actores principales no se les caen muchas ideas.

Decime cuál es la tapa de los diarios y te diré en qué consistirá la próxima pantomima. Esa es una de las máximas que organiza la gestión de la seguridad actual, en la nación y en muchas provincias. Cuando la inseguridad les pisa los talones a los funcionarios, las respuestas suelen estar hechas de la misma velocidad. No importa que las medidas tengan fecha de vencimiento, lo importante es mandar un mensaje rápido al electorado, ser contundente y remar la coyuntura. Después vemos.

Desde el momento en el que la seguridad se convirtió en una de las vidrieras principales de la política, los funcionarios se la pasan jugando con la desgracia ajena, manipulando el dolor de las víctimas, y prometiendo más policías, más armas, más fiscalías y más cárceles a cambio de votos, haciendo anuncios rimbombantes para retener los votos que supieron captar en las elecciones anteriores y conservar la “imagen positiva” o, por lo menos, que la imagen negativa no sea tan alta.

Lo hacen sin medir las consecuencias, perdiendo de vista que un asesinato puede licuar gran parte del capital político acumulado en menos de 24 horas. Y acá fueron cuatro asesinatos a taxistas en menos de un mes. Los últimos dos tuvieron lugar con una diferencia de 30 horas y el mismo modus operandi: más o menos a la misma hora, un auto se acerca a un taxi, y uno de los ocupantes del otro vehículo, usando la misma pistola provista con balas que utilizan las fuerzas de seguridad, abre una cantidad tiros hacia el taxi que termina con la vida de su conductor. Hay otros dos datos llamativos: los investigadores encontraron una zapatilla en lugares cercanos a ambos hechos, y uno de esos asesinatos tuvo lugar a metros de la casa donde vive el jefe de la Policía, Luis Maldonado.

Pero hay más, el jueves le pegaron un tiro a un chofer de la Línea K que está gravemente herido, incendiaron intencionadamente un taxi que estaba estacionado en la zona oeste de la ciudad y balearon la Comisaria 15 de Rosario.  

 

Puesta en valor

Como señala Gustavo González, docente de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Programa Delito y Sociedad, “la indignación moral constituye un medio para, por un lado, degradar y destruir a los sujetos objetos del encierro, y, por el otro, sirve para reforzar la solidaridad del grupo que reacciona ante la degradación”. En otras palabras, las ceremonias de degradación moral, que en este caso pretenden reforzarse con el endurecimiento de las condiciones de detención, tienen una contracara que no debería perderse de vista. En efecto, para González, el plus de degradación agregado a los presos de alto perfil “no solo debe ser leído como un mensaje simbólico de las instituciones o sus funcionarios para tramitar las emociones de indignación pública y de paso ir en búsqueda de legitimidad social, sino que debemos pensarlo como un factor que crea condiciones de posibilidad para que esos ‘sujetos ritualizados’ se identifiquen y reconozcan entre sus pares degradados como un colectivo social sometido, agredido y vapuleado que los habilita a reaccionar contra el tratamiento degradante que puede materializarse a través de distintos actos violentos por manifestar su indignación”.

Esto no quiere decir que haya que justificar los “actos de venganza”, pero los funcionarios deberían ser más prudentes y responsables a la hora comunicar y, sobre todo, a la hora de buscar y proponer medidas consensuadas para hacer frente a las violencias sociales.

Es cierto que uno de los problemas que existen en Santa Fe es que los presos comunes, por delitos menores, conviven con presos narcos que están por homicidios u otros delitos que persigue la Justicia ordinaria. Además, la violencia expresiva y emotiva asociada a los delitos predatorios puede ser identificada por estos pequeños empresarios de las economías ilegales como un recurso productivo y puesta a producir el día de mañana. A diferencia de los “narcos”, que están con varias perpetuas acumuladas, los presos que llegaron a la cárcel por un juicio abreviado (por un robo) están dos o tres años y se van. De esta manera, los narcos pueden captar la violencia emotiva y expresiva agregada a los delitos callejeros y transformarla en violencia instrumental (balaceras, sicariatos, extorsiones, etc.) para disputar y controlar el territorio o las plazas del mercado.

Acá las agencias que componen del sistema penal tienen mucho por revisar. Insisto, es una tarea que incumbe no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial de esa provincia. El sistema penal en general ya no es la respuesta al delito, sino parte del problema. No solo les permite a los presos más jóvenes vincularse con otros actores (acumular capital social), sino poner en valor el cartel con el que llegaron (acumular capital simbólico). Dicho en otras palabras: el sistema penal contribuye a subirle el precio a los delitos y, de esa manera, a recrear las condiciones para que se sigan expandiendo las violencias en los barrios plebeyos.

 

Escaladas

Ya hace varias semanas que en los penales de Santa Fe cortaron los talleres, las requisas sorpresivas y violentas realizadas por los Grupos Tácticos Especiales se volvieron periódicas, y a los familiares que van a visitar a los presos les está sacando todo.

La militarización del conflicto social en la ciudad de Rosario, “la guerra al narcotráfico”, esto es, el tratamiento ultrapolicializado de la violencia social, puede agravar el contexto. Como dice el refrán, la violencia suele generar más violencia, no solo porque puede derramarse, de manera horizontal o vertical, sino porque las violencias interpersonales, expresivas y emotivas, pueden ser captadas y volverse violencias instrumentales y crueles.

Surgen muchas dudas sobre la capacidad de la violencia (del Estado) para detener la violencia, sobre todo cuando viene con humillación hacia los presos y sus familiares. Y sobre todo cuando los operativos de saturación se traducen en un mayor hostigamiento hacia los jóvenes en general que viven en los barrios plebeyos.

No se sabe nada de las personas tiradas en el piso tomadas por la foto que propalaron las autoridades, se dice que son “peligrosos delincuentes”, “con frondoso prontuario” o “presos de alto perfil”. Es sabido que las organizaciones criminales en esa ciudad están compuestas por actores muy rústicos, que usan la violencia de manera instrumental, pero con mucha crueldad (para mandar mensajes cifrados y generar miedo), es conocido que estos actores permearon las filas de la fuerza de seguridad de esa provincia, una policía, dicho sea de paso, atravesada por múltiples y recurrentes internas, y también que la expansión de las economías de drogas ilegalizadas tienen un telón de fondo que involucra a los desarrolladores inmobiliarios, financieras, concesionarias de autos, a las barras de los clubes más importantes, dirigentes políticos, a los puertos privados con controles rápidos, a las cerealeras y aceiteras, y, por su puesto, al tráfico ilegal de granos en toda la región. Poner el ojo en la violencia en los barrios es fundamental, pero cuando se lo hace focalizando en ellos, sigue siendo una forma de desviar parte de la atención, de cuidar a las fuerzas vivas de la región, que financian gran parte de la política y la gestión en esa provincia.

Es lógico sospechar, entonces, que las respuestas espasmódicas y espectaculares ensayadas por las actuales autoridades encontrarán dificultades para encuadrar el conflicto y disminuir la violencia. Lejos de llevar tranquilidad a los vecinos de las ciudades de Rosario o Santa Fe puede contribuir a escalar los conflictos hacia los extremos.

 

 

* Esteban Rodríguez Alzueta es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de Sociología del Delito en la especialización y maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Temor y control; La máquina de la inseguridad; Vecinocracia: olfato social y linchamientos,Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil,Prudencialismo: el gobierno de la prevención; La vejez oculta y Desarmar al pibe chorro.

 

 

 

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