El consumo de la escasez

 

La audiencia pública del 29 de febrero sobre los nuevos esquemas de subsidios y, por ende, sobre las tarifas que finalmente pagarán los usuarios del país comenzó con una introducción a cargo de la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky. La presentación se extendió con varias mesas de diversos funcionarios durante tres horas, que reiteraron las propuestas sobre la necesidad de acotar los subsidios, pero no lograron superar las incertidumbres en torno a los valores de estos para el gas y la electricidad, pues no se cerró ningún número porque no se sabía a ciencia cierta cuál era la propuesta final y cómo serían los subsidios en el futuro cercano. Se explicitaron esquemas de evaluación (y a veces de detección) de los ingresos nominales o reales de los usuarios como única referencia para el nivel de subsidios que se mantendría. La idea era lograr que los usuarios paguen la tarifa plena, sin subsidios, en función de la suma de ingresos (sueldos y changas), la luz y el gas. El nuevo camino emprendido de mantenimiento de los subsidios era el de determinar los ingresos de las familias y, en función de eso, disponer la quita o sostenimiento de estos. Es una función loable de que pague el que más tiene.

La idea de subsidiar a aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable es un objetivo meritorio que se comparte. Pero cualquier familia que posee medicina prepaga, o un autito de los últimos cinco años, o viajó una vez hace años a Miami, todos ellos, ¡fuera! Fuera de los subsidios, dado que, si no son “potentados” ahora, lo fueron en el quinquenio pasado.

La funcionaria expresó que en “el caso específico de la Argentina, el consumo de los hogares figura entre los más altos de la región” y ello justifica la necesidad de aplicar el recorte o el corte de los subsidios, por el evidente derroche que causan. Esta visión de la funcionaria es la manifestación de que un país de una región como América Latina, supuestamente, no puede consumir un monto más alto que el resto. Sin embargo, la funcionaria no tuvo en cuenta que Brasil consume una media de 270 kWh/mes cuando la Argentina no llega a unos 200 kWh/mes. Miremos un país desarrollado al cual muchos argentinos no solo admiran, sino al que quieren parecerse en este contexto, a Estados Unidos, donde se consumen unos 900 kWh/mes (fuente EIA.gov).

La mirada de la licenciada Beljansky no explicita dónde está el derroche del consumo argentino. En Estados Unidos, el consumo per cápita es superior a cuatro veces más que el de la Argentina y no le aplica ningún epíteto de país derrochador.

Esta posición significa nivelar el servicio para abajo con el resto de los países latinoamericanos. No hay en la región posibilidades de un consumo de bienestar. Es decir, significa ir a consumos de escasez. No mira el consumo deseable, sino el consumo de la pobreza. La Argentina ha logrado sostener un consumo para nada derrochable (el per cápita de 200 KWh/mes lo demuestra) y está claro que la energía, como bien esencial de las sociedades con progresos, al ser subsidiada razonablemente, es una bendición para la comunidad. Lo mismo que el transporte, donde el subsidio permite el acceso de la población a un trabajo sustentable. La teoría de la economicista liberal aplasta las posibilidades de poder leer de noche, refrescarse en verano y calefaccionarse adecuadamente en invierno.

La cuestión de costos es una relación donde todo el mundo tiene derecho a vivir adecuadamente y ello produce la necesidad de conformar un esquema de equilibrio entre la generación eléctrica y los consumos habituales.

A modo de ejemplo, que alguien tenga medicina prepaga es un elemento de presunción para la determinación de ingresos holgados. Hoy resulta razonable pensar que son quienes pueden pagar los servicios de energía y gas natural a su real costo. Es decir, un subsidio implicaría que también las familias puedan pagar un servicio de salud mejor. ¿Cuál es el sentido humano social de este esquema que trata de ubicar un metro energético exprimidor? Subir la tarifa a los usuarios que la puedan pagar es, sin considerar costos reales de gas y electricidad, una transferencia capitalista feroz hacia las corporaciones.

Dada la disponibilidad potencial del gas (Vaca Muerta), resulta posible y necesario regular su precio (PIST) para el mercado interno en condiciones de competitividad de su uso. En el cuadro que expuso la Secretaría de Energía para esta audiencia pública de los precios PIST de 2024, observamos que estos no se comportan con relación a los intereses de la población. Se estructuran precios a la oferta en invierno a niveles prohibitivos para los ciudadanos y las pymes. En momentos en que el país atraviesa una emergencia socioeconómica que conforma una reducción de la demanda, se ubican precios PIST de invierno de 4,57 U$/MMBTU (cuadro de estimacion de precios PIST Plan GasAr - demanda prioritaria). En el ínterin, en el resto del año, se hallan por debajo de 2,9 U$/MMBTU. Resulta necesario accionar entonces para equilibrar esta distorsión. El gasoducto Néstor Kirchner tiene la posibilidad de incrementar el consumo en 11 millones de m³/d y, a mediados del 2024, llegar a duplicar esa ampliación de flujos.   

 

 

Actualmente, hay una sobreoferta del gas producido en Vaca Muerta y es la primera vez desde hace años que se regula y disminuye el envío de gas al mercado. Esto quiere decir que es posible incrementar el consumo mediante un recurso que funcione como tal y no como lo que ocurre hoy, donde el oligopolio de productores no permite bajar los precios PIST, a pesar de que las reglas del mercado así lo indicarían.

Cabe rememorar los costos de extracción. Un pozo horizontal de 3.000 metros no sale más de 12 millones de dólares, y de un EUR (Estimated Ultimate Recovery) de extracción del 95% de la franja, con fracking asociado, se obtienen algo más de 500 millones de metros cúbicos. El costo directo de perforación y extracción es de 24 dólares por metro cúbico o de 0,65 dólares por MMBTU, y con costos indirectos y regalías, se llega al precio de equilibrio que plantea la consultora McKinsey de 1,65 U$/MMBTU.

El precio medio en Vaca Muerta lo sostiene el Plan Gas.Ar (que debería superarse). Es posible bajar este enorme precio del PIST. De hecho, en Estados Unidos, en Henry Hub, el gas se comercializa en torno a 2,60 U$/MMBTU (en los últimos 10 años entre 2,30 y 2,9 dólares).

El precio del gas natural en los países es de una importancia central. Es el combustible de la transición hacia el año 2050/2060; prácticamente el referente del resto de las energías renovables y no renovables. Es la base sobre la cual se construye toda la pirámide de productos claves, desde los combustibles hasta los productos petroquímicos sustanciales y condiciona cada vez más fuertemente en el mundo el precio de la generación termoeléctrica.

El precio en Henry Hub es una referencia mundial del gas natural. Es por ello por lo que, si la Argentina quiere exportar y fuera competitiva, su precio PIST no puede estar por encima de 2,50. La sobre oferta que hoy posee la Argentina con el gas de Vaca Muerta le indica claramente el “export parity” como tope para el precio interno. Dada la buena estructura geológica con rindes de la roca madre por encima de los shale gas de Estados Unidos, que posee costos integrales de 1,65 U$/MMBTU y un 40% de beneficios razonables, resulta conveniente y posible disminuir los precios actuales del mercado interno. Es un momento en el que es necesario sostener un mayor consumo en las usinas, en la industria y en los hogares. En resumen, la propuesta para el 2024 es un PIST de 2,50 U$/MMBTU, a cambio oficial, 2.192 $/MMBTU y equivalente a 80,9 $/m³.

Hoy con ese precio es posible presentar inversiones de exportación de GNL con barcos con licuefacción (FLNG) alquilados. Atendiendo a la magnitud de las reservas hidrocarburíferas no convencionales que posee la Argentina, es de suma importancia contar con un marco económico de largo plazo que devendría en la baja del PIST, el transporte y la distribución, fomentando así la inversión necesaria, como vector de reactivación económica y crecimiento. La actividad de transporte con GNC y camiones, trenes y barcazas a GNL podrá jugar un rol preponderante en el desarrollo energético, priorizando el gas como recurso propio del país, con especial promoción de venta del GNC y del GNL. Cabe en esto fijar un precio del GNC del 30% del valor de la nafta súper.

La entrada en el 2024 de las dos plantas compresoras (Tratayen y Salliqueló) del gasoducto Néstor Kirchner (que dará un plus de capacidad de 11 millones de metros cúbicos) permitirá a su vez duplicar dicha capacidad extra. Con ello se tendrán disponibilidades de gas natural para el mercado interno pleno y saldos exportables sustanciosos. Asimismo, la ventana del gas seco total que estimó EIA de 193 Tcf es pasible de ser consumida en 30 años. Se podrá con ello satisfacer el consumo interno de 250 millones de m³/d. Se evalúa que es factible exportar otro tanto en un escenario donde se necesitarán refuerzos del sistema y nuevos ductos hacia el mar. Un devenir así puede animar inversiones y obtener tarifas justas y razonables en los términos del art. 38 de la Ley N.º 24.076, con el objeto de estimular la confianza de los inversores en la estabilidad en la que se presta el servicio público. Ello implica que se deba garantizar el desenvolvimiento de la actividad a cargo de las prestatarias, que es de interés, como se indica, de toda la sociedad

Cabe en esto el precio PIST en VM, que debería ser —por la madurez productiva— de un valor de equilibrio de 2,50 U$/MMBU (-32%). Dicho precio rinde una TIR del orden de 80% y determina una razonable renta a los productores. Es un valor que posibilita una cadena del precio del gas atractiva para clientes pymes, de generación e industrias. Con ello, las generadoras eléctricas también podrán asumir un precio mayorista que no supere los 45/50 U$/MWh (38 $/kWh), que garantice el equilibrio de intereses. Consensuar con las provincias la capacidad de producir gas convencional como política energética y conformar una reactivación de la Argentina y la región sobre la base de la soberanía y la unidad nacional, para que los recursos naturales, la energía y los servicios públicos como derechos humanos estén al servicio del pueblo argentino con el juramento de que la patria no se vende ni se resquebraja.

 

 

 

 

*Andrés Repar es integrante de IESO (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz) y ex vicepresidente del ENARG.

 

 

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