Crónica del desguace

El gobierno anunció el cierre del INADI, usina y motor de luchas por la igualdad

Por Paula Carri
Foto: Télam.

 

El cierre del INADI como tal, anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, implica la derogación y/o modificación de leyes de ampliaciones de derechos que garantizaron el mejoramiento de la vida para enormes sectores históricamente vulnerabilizados. Las derogaciones referidas, además, abren un marco de incertidumbre y amenaza sobre los restantes derechos alcanzados a fuerza de lucha y reclamo. En ese sentido, no parece aleatoria ni basada en una cuestión de números la orden de eliminación del INADI, que fuera punta de lanza y motor en el largo el camino hacia la igualdad.

La experta independiente de la ONU Attiya Waris lo había alertado en septiembre de 2023, cuando visitó nuestro país: “La Argentina tiene que maximizar sus recursos para defender los derechos humanos y prevenir los retrocesos”. A contrapelo de un mundo en alerta por el aumento de la discriminación, la xenofobia y el racismo a nivel mundial, en la Argentina la desaparición del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a través de la derogación de la ley 24.515 que lo creara, estuvo presente en el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso de la Nación por el actual gobierno.

Es notorio a la luz de experiencias históricas que los gobiernos de derecha recortan derechos y aumentan las desigualdades. En un mundo especialmente desigual y odiante luego de la pandemia, la advertencia pareciera haberse dirigido hacia allí. Hay cifras: el informe realizado por GEM y Unesco da cuenta de que en siete países de América Latina (entre ellos la Argentina) el sexismo y la homofobia en las escuelas va en aumento. A su vez, el discurso homofóbico ha crecido fuertemente en Europa y Asia central, según informe de ILGA-Europa, a partir del 2020. Otro estudio arroja que en Reino Unido y Estados Unidos el discurso de odio ha aumentado un 20% desde la pandemia, según la organización juvenil Ditch the Label.

En nuestro país, el INADI, que fuera el primero en la lucha contra la discriminación promovido por el Estado en toda América Latina, está en vías de eliminación. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó el jueves que “el INADI es el primer instituto en el que empezamos a llevar adelante su cierre definitivo” y que “estamos dando los primeros pasos para desmantelar diferentes institutos que no sirven para nada”. Previo a ello, el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocido como ley Ómnibus, enviado al Congreso el 27 de diciembre último, enunciaba en su artículo 348 la derogación de la ley 24.515. En las modificaciones enviadas el 23 de enero, la derogación de esa ley pasó a ocupar el artículo 320, pero con el mismo texto. El Instituto no corrió, en ese sentido, la misma suerte que otros organismos sobre los cuales se contemplaron modificaciones, como el Instituto de Cine o el Fondo Nacional de las Artes. Solo se salvó con la caída del proyecto de ley.

El INADI, creado ocho años antes que el prestigioso Conapred de México, es el organismo que fue usina y motor de muchas de las leyes de ampliaciones de derechos sancionadas en el Congreso Nacional y que orgullosamente ostenta la Argentina: Ley de Matrimonio Igualitario; Ley de Acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo; Identidad de Género; Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales; Accesibilidad de la Información en las Páginas Web; Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral; Ley de Contratos de Trabajo; Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”; Ley de Salud Mental, entre otras. En ese sentido, podría decirse que el INADI es el mentor de otros organismos específicos que desde el Estado han garantizado la protección de derechos. Su eliminación implicaría no solamente la desaparición de una entidad clave en la protección contra la discriminación, sino la invisibilización de un legado de avances en derechos humanos. Además de cargarse diversas normativas internacionales que le dan marco y están por encima de las leyes nacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención sobre los Derechos del Niño (CRC); Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas; Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban).

Pese a que podría ser eliminado en forma inmediata, en el organismo se sigue trabajando y dando respuesta a casos de discriminación. Durante 2023, el INADI recibió 22.439 llamadas, dio trámite a 1.963 denuncias a partir de la asistencia y el asesoramiento de manera presencial a cerca de 19.000 personas. Dio respuesta y solución a 1.368 expedientes. Hoy está técnicamente en estado de acefalía. Pero en la práctica no es tan así. Desde el 11 de enero, a pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, de cuya cartera depende el organismo, envió a su asesora Ángeles Quiroga como encargada. Desde el miércoles último, oficialmente, interventora del organismo. Por otra parte, según dejaron saber fuentes cercanas al Ministerio, Cúneo Libarona estaría muy entusiasmado en abordar la temática de la discriminación en nuestro país. El 23 de enero, en un hecho del que no se tenía registro anterior, el ministro visitó la sede del INADI y estuvo reunido con Quiroga, tal vez como muestra de respaldo ante la falta de nombramiento oficial. Al día siguiente, se reunió con autoridades de la DAIA. Estuvieron presentes su Presidente, Jorge Knoblovits, y las integrantes de la secretaría jurídica, Silvana Pereplotczyk y Patricia Manusovich. Habrían conversado sobre cómo asistir desde la institución al plan de lucha contra la discriminación que abordaría el Ministerio. Algunos referentes experimentados en estos tejes y manejes políticos temen que se quiera tercerizar al INADI solamente para cuestiones que tengan que ver con el antisemitismo, sin contemplar la discriminación por razones de caracteres físicos, condición social, identidad sexual, sexo, orientación política, xenofobia, entre otros casos de discriminación que gestiona el organismo. Al día siguiente de esa reunión, Cúneo volvió a visitar la sede de INADI en San José y Rivadavia en una dinámica que podría convertirse en habitual, dadas las comodidades del quinto piso del edificio histórico, que fuera reciclado a nuevo antes de ser alquilado para INADI.

Expectantes ante la guillotina o el perdón, sus empleados encararon en la era Milei una campaña de puesta en valor del organismo. A través del usuario en redes sociales unidxsporinadi y con el lema #ElInadiNoSeCierra, postean videos de especialistas y personas públicas que adhieren a la importancia de sostener el organismo. Nina Brugo, Claudio Apice, Nora Cortiñas, Juan Grabois, Itai Hagman y una larga lista han aportado sus videos en apoyo a la lucha de sus trabajadores. Si bien la campaña nació en forma autosugestionada, ATE participó de la creación y dio soporte para reuniones con diputados. Hubo encuentros con las diputadas Mónica Macha y Mónica Chomiack y con el diputado Ariel Rauchenberger, quienes dieron por hecho su voto negativo al proyecto. También mantuvieron reuniones con representantes del bloque de la Unión Cívica Radical y con los diputados socialistas Esteban Paulón y Alejandro Vilca. En ese sentido, desde ATE dicen que “en el marco de las desprolijidades y de lo bochornoso de todo el tratamiento legislativo, hay actores que más allá de la cuestión fiscal, por ejemplo, hay que ver si votan en disidencia y cómo cada bloque va a consolidar o no ese retroceso en materia de derechos humanos”. Como parte de las acciones de los trabajadores y ATE, para mañana a las 9.30 se prevé un abrazo al organismo en su sede de Avenida de Mayo 1401.

 

 

Julieta Calderón es abogada y militante trans. Sabe mirar a los ojos y también tomar con ánimo cualquier noticia. Durante los días de sesión en el Congreso, ante cada postergación en el tratamiento del tema, avisaba: “Chiques, hasta el martes no duermo”. Ella es el alma mater de Unidxsporinadi. Sobre la campaña, cuenta que “Unidxsporinadi nació al enterarnos de la intención del gobierno de eliminar al INADI”. “Fue concebido para encarar la campaña ‘No al cierre’. Nosotros teníamos un grupo interno de apoyo ante lo que podía venirse, esa avanzada de derecha con fuertes cuestionamientos a los organismos de derechos humanos en general. Así la campaña fue tomando forma, un poco atrás de los acontecimientos pero sin duda al frente de las necesidades”, acota.

El organismo viene de una marcha de desprestigios injustos, donde parecería ser que la revalorización ha quedado infinitamente postergada. Un lugar que debería ser un faro en cuanto a promoción de derechos humanos. “¿Cómo hicieron para sobrellevar períodos donde el organismo recibió tantas críticas por manejos deficientes?” (he dado cuenta de esa situación aquí), le pregunto a un empleado de la primera hora del organismo. “Nosotros tenemos claro que no somos las gestiones políticas que lo han conducido. Aun así, llevamos algunos períodos con tristeza, obviamente. Porque encima de no contar siquiera con los recursos adecuados, hemos tenido que soportar afrentas. Fue duro”, resume.

El INADI, en ese sentido, es a veces un caso para denunciar ante el INADI. La reciente fake news de turno es sobre una cueva financiera en el organismo, antes fue sobre el número de empleados y sus supuestos sueldos millonarios. La información dice que son 390 empleados repartidos en las 34 delegaciones en todo el país (que en general funcionan en edificios de dependencias municipales y demás ámbitos estatales), que el presupuesto se ha ido degradando con los años –actualmente es de 1.150.770.524 anuales– y que no tiene sueldos promedio de un millón y menos aún de dos, sino que casi la mitad de sus empleados cobra sueldos que están en la línea de pobreza. El resto se sitúan directamente en la línea de indigencia.

La respuesta a cómo conservar el entusiasmo frente a condiciones adversas tal vez hay que buscarla en el componente heterogéneo con denominador común de quienes lo componen. El denominador común es que para la mayoría de quienes allí trabajan la discriminación es una causa propia que conocen de primera mano. A ellos nadie les contó cómo fueron las conquistas de derechos en la Argentina. Porque las gestaron, las militaron, las vivieron, las necesitaban como el agua en el desierto. Muchos fueron víctimas de violencia antes de especializarse. Allí, como tantos otros que accedieron a condiciones igualitarias de derechos civiles y sociales, tuvieron otra oportunidad, terminaron el secundario gracias al Plan Fines, alcanzaron estudios universitarios y se perfeccionaron en atención a la ciudadanía, se especializaron en cómo formular una política pública, entre otros saberes. Otros llegaron ya con posgrados y cocardas académicas. Y otros tienen educación básica, pero perciben la discriminación a la legua y no se equivocan en el diagnóstico. Son, paradójicamente, los especialistas más buscados por los empleados de escritorio y títulos para dirimir casos dificultosos. Porque antes de trabajar en el Instituto solían ser víctimas de discriminaciones y violencias reiteradas que duraron demasiados años. Un sistema perverso que, en el mejor de los casos, los metía en un closet y, en el peor, los metía presos. A esa época le puso fin la era de la conquista de derechos.

Cae la tarde del jueves y ya casi no quedan trabajadores saliendo del edificio. Cuenta uno que pudo gestionar un caso de una persona ciega que firmaba su segundo contrato de alquiler y no le habían leído el contrato ni le permitían firmar ni certificar su firma. Van saliendo mirando los celulares. El grupo de mensajería instantánea de la campaña urgente arde ahora con el anuncio del cierre, con las afrentas nuevas y también con las mismas. Una compañera propone, ante la información de que cobraban “sueldazos”, hacer un post con las fotos de las zapatillas que cada uno utiliza para las campañas realizadas. Son calzados viejos que hace rato piden el recambio, que han “pateado” todos los barrios y conocido mil campañas de puestos con bandera y materiales que informan a las personas que absolutamente todos somos sujetos de derechos. Se percibe el nudo en la garganta cuando uno de los “caminadores”, parafraseando a “la patria es el otro”, lema de cabecera durante los años de derechos conquistados, suelta: “La patria es el orco”. Los veo alejarse con la esperanza cascoteada y la empatía intacta. Imposible no parafrasear también. La patria es esa gente.

 

 

 

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