Urgencias educativas

 

La matrícula educativa para el nivel primario en la Ciudad de Buenos alcanza a casi 300.000 niñas y niños repartidos prácticamente en partes iguales entre las escuelas de gestión pública y gestión privada (el 52% en las escuelas públicas y el 48% en las de gestión privada).

Esto no fue siempre así. En el año 2006, con una matrícula similar para el nivel primario, aproximadamente el 60% correspondía a la gestión pública y el 40% a la gestión privada.

En el sur de la ciudad, en las comunas 4 y 8, el 70% de las niñas y niños concurren a escuela pública y sólo el 30% concurre a escuelas de gestión privada. Sin embargo, estos porcentajes se invierten en el norte de la Ciudad donde el 70% concurre en el nivel primario a escuelas de gestión privada y solo el 30% a escuelas de gestión pública.

Por lo tanto, el incremento de las cuotas en las escuelas privadas alcanza casi a la mitad de los hogares porteños. En este contexto de alarmante incremento del costo de vida de las familias, con relación a la gestión privada del servicio público de educación, surgen muchos interrogantes.

¿Qué sucede con los subsidios que recibe la educación privada? ¿Cómo se asignan? ¿Cómo impactan en las cuotas que pagan las familias? ¿El Estado subsidia y exige compensaciones? ¿Quién controla?

 

 

Subsidios estatales a la educación privada

Siete de cada diez escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires están subsidiadas y el número va en aumento. Los subsidios son tanto para escuelas de nivel inicial, primario o secundario. El monto destinado a financiarlas representó en 2023 más de 90.000 millones de pesos, presupuesto nueve veces mayor al destinado a Infraestructura de las escuelas públicas, y en enero de 2024, el subsidio aumentó y llegó a 14.000 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, muchos colegios beneficiados cobran cuotas mensuales que el año pasado iban de los 60.000 a los 120.000 pesos mensuales, y ahora ya anunciaron aumentos de más del 60%.

Esta poca transparencia de criterios permite que un colegio como el Instituto River Plate, club que en el 2023 presentó el “mejor balance económico de su historia”, tenga un subsidio del 60%, por el cual recibió más de 75 millones de pesos sólo por el mes de enero 2024.

El colegio Santa Catalina, de Constitución, tiene un subsidio del 80%. Sin embargo, pasó de tener una cuota de 57.000 en noviembre a pagar una matrícula para este año de más de 100.000 pesos. Este colegio recibió, de parte del GCBA, 47 millones de pesos correspondientes al mes de enero de 2024.

El colegio Esteban Echeverría (que es parte de la UAI – Universidad Abierta Interamericana) tuvo una cuota en noviembre de 2023 de 120.000 pesos y ahora ya anunciaron que en febrero será de 190.000. Sin embargo, tiene una subvención del 60%. En enero de 2024, el Estado porteño le giró 60 millones de pesos para el nivel inicial, primario y secundario.

El colegio Sagrado Corazón, en la comuna 4, recibe 100% de subvención. Esto representó, solo en enero de 2024, más de 71 millones de pesos. En el mes de diciembre de 2023, para el nivel primario la cuota era de 44.351 pesos.

La lista es larga e incluye a colegios como el Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Las Cañitas; el Hans Christian Andersen, al exclusivo colegio Guadalupe, ubicado en el corazón de Palermo, que tiene subsidio estatal del 40% o el colegio Oxford. Todos ellos con cuotas mensuales superiores a los 100.000 pesos.

Para las escuelas privadas que no reciben ningún tipo de subsidio, el Decreto N° 2417 del 19 de noviembre de 1993, dispone que para establecer los aranceles educativos deben contar con la conformidad “individual y expresa” de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento; y que en el caso de no tener la conformidad requerida deberán mantenerse los valores correspondientes al 30 de noviembre del año anterior. El 23 de noviembre de 2023, se aprobó la Disposición 112/2023 que emitió una opinión consultiva sobre los criterios interpretativos a aplicarse a este procedimiento. Esta disposición fue derogada por la Resolución N.º 51/2024, durante el gobierno de Milei.

 

  

25 años sin Ley de Educación y sin Ley de Financiamiento a escuelas privadas.

A pesar de que el art. 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que debe sancionarse una Ley de Educación para la ciudad, hace 25 años que la Legislatura no la aprueba. Quizás una de las razones es porque se debe asegurar “la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones”.

Pero, además, con relación a los aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, el art. 25 de la Constitución autoriza al GCBA a subsidiar siempre y cuando se establezca una ley que fije los criterios luego de un debate democrático, dando prioridad a las instituciones que reciban a alumnos/as de menores recursos. Esta ley tampoco fue aprobada por la Legislatura. Sin embargo, la ausencia de esta ley no ha sido obstáculo para que el GCBA transfiera miles de millones de pesos por mes a la gestión privada sin marco legal, de forma arbitraria y poco transparente.

 

 

Subsidios en números

En el año 2023 se destinaron 90.000 millones a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. En cambio, para infraestructura escolar sólo se destinaron 10.000 millones (9 veces menos). En enero de 2024 se destinaron 14.000 millones para subsidiar la educación privada en CABA.

El financiamiento a las escuelas privadas no fue de la mano con la absorción de matrícula. En 2015, 789 establecimientos subsidiados contaban con una matrícula aproximada de 360.000 alumnos. En 2020, 1002 establecimientos tenían una matrícula de 365.000 estudiantes.

 

 

¿Con qué criterio se reparten los subsidios?

La Dirección General de Educación de Gestión Privada de la CABA (DGEGP) asegura que el principal criterio para definir a qué escuela otorgar aporte y decidir el porcentaje este refiere a las características de la población atendida.

Al acceder a este beneficio para el pago de salarios y aportes, las escuelas privadas aceptan ciertas regulaciones estatales, como el tope máximo de cuota que pueden cobrar.

Sin embargo, además de los aranceles programáticos —que sería el monto regulado por el Estado—, los institutos son autorizados a cobrar a las familias aranceles extra-programáticos: cuotas de mantenimiento y equipamiento, material didáctico y otros servicios como transporte, servicio médico y seguridad.

 

 

Ausencia de control

Esta discrecionalidad en el reparto de subsidios motivó un informe de la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, donde advierte sobre el escaso o nulo control sobre el destino de esos millonarios fondos. “Se verifica ausencia de control oportuno y eficaz por parte de la DGEGP sobre las rendiciones mensuales de aplicación de fondos públicos efectuadas por los colegios privados”, asegura el informe, que analiza la Asistencia Financiera a la Educación de Nivel Medio realizado en 2021.

Ese año, la mitad de los institutos secundarios analizados por la auditoría no habían sido supervisados por el organismo estatal, y los institutos que fueron supervisados, lo fueron por única vez, mientras que los aranceles tuvieron cuatro valores diferentes estipulados a lo largo del año. Tampoco se verificó que la cuota de mantenimiento, que también reciben como aporte estatal, haya sido debidamente utilizada.

La opacidad que reviste todo el sistema de subsidios quedó demostrada en que ni siquiera la propia auditoría de la Ciudad pudo acceder al monto neto efectivo percibido en el año por cada establecimiento subvencionado.

En 2022 volvieron a auditar las escuelas de gestión privada, pero de nivel inicial. Detectaron los mismos problemas y advirtieron sobre un hecho puntual: “En el 50% de los casos analizados se transfirió un monto superior al validado”.

Crece el presupuesto para escuelas privadas y se achica para las públicas.

A diferencia de lo que sucede con el presupuesto educativo, que en la última década perdió 10 puntos —pasó del 27,8% al 17,2%— los montos destinados a solventar las escuelas privadas crecen año tras año. En 2015, representaba el 16,2% del gasto total del Ministerio de Educación y en 2023 llegó al 17,5%. No sólo se ejecuta en un 100%, sino que hasta se suele incrementar.

El trato preferencial que recibe la educación privada en la ciudad quedó reflejado de manera explícita en enero de 2021, cuando el GCBA recortó 371 millones de pesos que estaban destinados al Plan Sarmiento —programa que provee de dispositivos tecnológicos a los estudiantes de escuelas estatales— para transferir ese dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada.

 

 

Conclusiones

La educación es un servicio público que se operativiza a través de una gestión pública y de una gestión privada. Las escuelas privadas al ser parte de la gestión privada de un servicio público deben ser reguladas por el GCBA, más aún si reciben financiamiento del presupuesto de la ciudad.

En este contexto de profunda crisis, el GCBA debe garantizar la continuidad pedagógica y socio-afectiva de las niñas y niños para que no se vea interrumpida por la capacidad de pago de sus familias regulando los criterios de incremento de las cuotas a cambio de subsidios estatales, impidiendo que enmascarado en otros rubros se eleven las cuotas y exigiendo a los establecimientos alternativas para los hogares que no puedan sostener en esta coyuntura el pago de la matrícula o cuota de sus hijos.

Por otra parte, nos preguntamos cuáles son las previsiones del jefe porteño ante esta situación. ¿Mejorará la infraestructura escolar pública previendo una mayor demanda en la matrícula? ¿Regulará el aumento de las cuotas de las escuelas privadas que reciben a estudiantes de menores recursos? ¿Pondrá en debate la Ley de Educación y la Ley de Financiamiento a la gestión privada que nos debemos hace décadas? ¿Realizará la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes?

Una canasta básica de útiles cuesta 38.000 pesos, si a eso le sumamos el costo de un guardapolvo, una familia con dos hijos en edad escolar necesita más de 100.000 pesos para el inicio de clases.

Derrumbes, falta de luz, inundaciones y emergencia educativa, por un lado, y un jefe de Gobierno de vacaciones y de viaje, por otro, son las postales porteñas de estas últimas semanas.

 

 

 

 

 

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