Un nuevo sueño

La victoria parcial del viernes puede ser igual de pírrica que la de la reforma previsional de 2017

Por Sebastián Fernández
Foto: Luis Angeletti.

 

El 19 de diciembre de 2017, de madrugada y luego de una sesión maratónica, el oficialismo de Cambiemos logró convertir en ley la reforma previsional, una iniciativa impulsada con ahínco por el entonces Presidente Mauricio Macri. Apenas dos meses antes, el partido gobernante había ganado las elecciones de medio término, “resonante victoria” que le valió a Macri ser comparado por Eduardo Fidanza –director de Poliarquía– con “Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y los Kirchner”, e incluso ser considerado, ya en pleno frenesí, como “un líder de otra galaxia que constituye una completa novedad”.

En un inicio, el oficialismo no logró el quorum necesario para sesionar y tuvo que esperar unos días para conseguirlo, con el apoyo del interbloque Argentina Federal y previo pacto con los gobernadores. Afuera del Congreso se desató una feroz represión contra los manifestantes que marcharon contra la reforma, convocados, entre otros, por las dos CTA y la Corriente Federal, con la adhesión de la CGT. Todavía no existía la alucinación llamada protocolo anti-piquete de la ya por entonces Ministra Pum Pum, pero el resultado fue el mismo: la Gendarmería y la Policía Federal reprimieron a todos –manifestantes y simples transeúntes, jóvenes y viejos– sin discriminación alguna. La orden era clara: no dejar que los manifestantes llegaran frente al Palacio del Congreso.

La denuncia del gobierno sobre las “14 toneladas de piedras” que habrían recibido estoicamente las fuerzas de seguridad –un número tan contundente como imaginario, retomado por todos los denominados “medios serios”– no logró atenuar la impresión general de una victoria pírrica. De hecho, Macri no pudo avanzar con la reforma laboral, su otro proyecto emblemático. Apenas unos meses más tarde, tuvo que pedir la ayuda urgente del FMI para que la Argentina no cayera en default después de dos años de endeudamiento ludópata. Del líder de otra galaxia ya no quedaba mucho, lo que se vio reflejado en las elecciones del 2019, que perdió en primera vuelta.

Durante la última campaña electoral, el radical Luis Petri, actual ministro de Defensa y por entonces candidato a vice de Patricia Bullrich, afirmó que “en la Argentina necesitamos más Bukele, el Presidente de El Salvador, y menos Zaffaroni (...) O estamos del lado de las víctimas y de los ciudadanos del bien o estamos del lado de los delincuentes”. Se trata de otra Rogel de asombros de la que cuesta elegir por qué capa empezar. Por un lado, debemos recordar que la UCR solía ser el partido de la defensa de las instituciones republicanas. “Mi programa es la Constitución Nacional”, afirmaba Hipólito Yrigoyen, programa que defendió a los tiros en cada nueva revolución, legándonos nada menos que el sufragio universal. Por el otro, queda saber qué entiende Petri por “más Bukele”, quien goza de una muy buena imagen en su país y dentro de los círculos de la derecha regional, y probablemente gane su reelección este domingo. Como escribió Jordana Timerman, “bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, el gobierno de Bukele arrestó a unas 64.000 personas –según su discurso, todos pandilleros– disminuyendo los altos niveles de violencia de ese país”. Más allá de que el sistema propuesto por Bukele sea efectivamente eficaz en el tiempo, cuando las demandas ciudadanas trasciendan la urgencia de seguridad, e incluso con la furia que potencian en nuestro país todos los días tanto los medios como las redes sociales, ¿la opinión pública argentina aceptaría que el gobierno ordenara la detención del 1% de la población (en nuestro caso, casi medio millón de personas) como hizo el referente Bukele? ¿La Argentina necesita suspender garantías constitucionales para luchar contra el crimen organizado?

En la marcha contra la ley Ómnibus, las fuerzas de Seguridad detuvieron, entre otros manifestantes, a cuatro mujeres que sentadas en el piso cantaban el himno frente al Congreso, una actitud sin duda sospechosa. Una de ellas, la militante radical Ivana Bunge, contó que “nos agarraron de los pies y nos arrastraron una cuadra y de ahí nos levantaron y nos llevaron al camión”, y denunció que quienes las detuvieron “no nos querían informar por qué ni a dónde nos iban a llevar”.

Los diputados radicales se indignaron con una detención que consideraron ilegal. Martín Lousteau, presidente de la UCR, escribió:

 

 

El incansable Rodrigo de Loredo, por el mismo medio, denunció al día siguiente:

 

 

Y como los reclamos pacíficos no pueden dar lugar a intervenciones desmedidas y abusivas, el diputado De Loredo y el resto de la bancada radical (salvo Facundo Manes y Pablo Juliano) votaron la ley Ómnibus enviada por el gobierno, que dio lugar a esas intervenciones desmedidas y abusivas. El martes, la Cámara de Diputados votará cada artículo en particular y allí veremos si los tan vilipendiados diputados le otorgarán las tan ansiadas facultades delegadas al Presidente de los Pies de Ninfa. El Congreso pasó de ser una escribanía, como sostenía la oposición a CFK, a ser un estorbo que el Poder Ejecutivo busca apartar para que los ciudadanos seamos más libres. Se ve que es un tema complejo.

Una Argentina con menos Zaffaroni, para retomar la expresión de deseo del correligionario Luis Petri, es una Argentina en la que las fuerzas de seguridad pueden detener a quienes marchan de forma pacífica sin dar explicaciones, e incluso hacerlo frente a las cámaras de televisión. Es también una Argentina en la que esas mismas fuerzas pueden dispararle balas de goma a una veintena de periodistas sin que la Ministra Pum Pum, a cargo del operativo, considere necesario emitir una disculpa. Al contrario, la culpa sería de dichos periodistas, que no se habrían identificado como tales. Es decir que el ciudadano que no tome la precaución de trabajar para un medio puede ser baleado sin restricción alguna.

En ese sentido, Bullrich tuvo suerte de no estar a cargo de la Seguridad durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando convocaba a “la lucha callejera” y cortaba calles en plena pandemia. Hubiera corrido el riesgo de ser detenida o baleada.

 

 

Otorgarle facultades delegadas a un Presidente autoritario y con poca resistencia a la frustración implica algo más que un debate erudito sobre garantías individuales: equivale a empeorar la vida de las mayorías, otorgándole más poder discrecional a las grandes corporaciones, formadoras de precios y destinatarias naturales de la privatización de las empresas públicas y la eliminación de regulaciones estatales. Implica pagar más por los alimentos, más por el transporte público e incluso más por los servicios públicos y la salud y educación privadas, en el caso de aquellos que todavía puedan solventarlas.

Menos Zaffaroni significa desamparar a quienes poco y nada tienen y empoderar al 1% más rico. Es un sistema que, al menos hasta hoy, no ha podido implementarse plenamente en nuestro país dentro de los límites de la democracia electoral. La tarea de Unión por la Patria, la única oposición real frente al avance autoritario de los mandantes de Javier Milei y los socios de Mauricio Macri, es, en este contexto, explicitar los riesgos concretos que implican estas medidas para el bienestar de las mayorías. Bajar a tierra las consecuencias de las modificaciones urgentes reclamadas por el oficialismo. Hasta ahora, el debate parece más relacionado a la defensa de un statu quo deficiente, al que el ciudadano de a pie mira con indiferencia, que a un debate sobre su vida diaria.

Los resultados alarmantes que se reflejan en la caída del consumo y la actividad sólo empeorarán en los próximos meses. En eso, el modelo neoliberal ofrece una previsibilidad casi helvética: ha fallado cada vez que fue implementado en el país. La victoria parcial aplaudida el viernes puede ser igual de pírrica que la de la reforma previsional del 2017. Cuando eso ocurra, Unión por la Patria debe tener un proyecto alternativo que vaya más allá de la denuncia de la barbarie libertaria o la defensa de las instituciones. Estamos obligados a tener un nuevo sueño.

 

 

 

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