Muerte, asedio y destrucción

 

El 13 de enero, bajo el título La mentira del ‘genocidio’ israelí, el diario Clarín publicó una columna de John Carlin en la que cuestionaba el uso de la palabra genocidio para caracterizar la acción militar que lleva a cabo Israel en la franja de Gaza. En opinión del periodista hispano-británico, que inició su carrera profesional en el Buenos Aires Herald, genocidio no es lo que los israelíes están haciendo en Gaza: “Llámenlo carnicería, si quieren. Llámenlo baño de sangre, o masacre de inocentes, o crimen de guerra. Nada que discutir. Pero genocidio –palabra aplicable al crimen masivo alemán de los años ‘40 o al de Ruanda en 1994– no”. El autor de la nota no desconocía que el 29 de diciembre último Sudáfrica había presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya una acusación contra el Estado israelí por estar llevando a cabo un genocidio en territorio palestino. Pero Carlin no hace la menor referencia al contenido jurídico de esa denuncia y simplemente utiliza un argumento semántico, basado en la etimología de la palabra genocidio. El vocablo “genocidio” fue creado por el jurista polaco de origen judío Raphael Lemkin, entendiendo por tal el asesinato masivo de un pueblo o de un grupo étnico. El neologismo surge de la palabra griega genos, que puede significar raza, tribu o etnia y el vocablo latino cide, matar o asesinar. La polémica sobre el uso de esta expresión es comprensible. No es grato para el gobierno de Israel que su accionar en Gaza sea equiparado con el genocidio cometido contra los judíos, gitanos y eslavos por la Alemania nazi. Pero la Convención sobre Genocidio menciona los actos dirigidos a “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Y esta labor se puede hacer sin utilizar cámaras de gas, como lo prueba lo que acontece en Gaza.

 

La Convención sobre Genocidio

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 diciembre 1948 recoge la definición de genocidio, entendido como “cualquier acto, de los mencionados a continuación, perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: a) Matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. En el artículo III señala que serán castigados tanto el genocidio como la instigación directa y pública a cometer genocidio; la tentativa de genocidio y la complicidad en el genocidio. Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la Corte Penal Internacional que sea competente. Finalmente, el artículo IX permite que las cuestiones relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio pueden ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes contratantes. En esta disposición se basó Sudáfrica para interponer su denuncia y solicitar medidas preventivas para impedir la continuidad de actos que puedan ser considerados materialización de un genocidio.

Como el tipo penal menciona “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, algunas opiniones jurídicas consideran que es “un crimen tan difícil de probar como de cometer” aunque no niegan que puedan existir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el curso de la operación militar en Gaza. Sin embargo, no se debe otorgar a la intencionalidad un valor superior al que tiene en cualquier delito. La pura subjetividad es siempre inaccesible, pero los jueces pueden acudir a presunciones basadas en una serie de indicios que llevan a producir la convicción unívoca y razonada sobre la intencionalidad de un hecho. Las 84 páginas de la demanda de Sudáfrica es una recopilación completa y acabada de los cientos de indicios que marcan la intención genocida. Pero antes de su lectura, cualquier observador imparcial podría atender simplemente a ciertas peculiaridades de esta “guerra”. Aquí no asistimos a la lucha entre dos ejércitos sino ante un Estado dotado de un enorme poderío militar que se dedica a bombardear sistemáticamente a un territorio colonial ocupado por una población indefensa, destruyendo con fruición todas las viviendas civiles que carecen de valor militar, incluyendo los edificios de bibliotecas, universidades, mezquitas, hospitales, etc. El ejército ocupante ha detonado con cargas colocadas desde tierra edificios civiles que albergaban instituciones como el edificio del Parlamento o el edificio del Palacio de Justicia.

 

 

Israel ha atacado a cada una de las cuatro universidades de Gaza, incluida la Universidad Islámica de Gaza, la institución de educación superior más antigua del territorio, que ha formado a generaciones de médicos e ingenieros, entre otros, destruyendo el campus para la educación de las futuras generaciones de palestinos en Gaza. Israel ha dañado o destruido aproximadamente 318 sitios religiosos musulmanes y cristianos, demoliendo los lugares donde los palestinos han rezado durante generaciones. Estos incluyen la Gran Mezquita Omari, originalmente una iglesia bizantina del siglo V, un hito icónico de la historia, la arquitectura y el patrimonio cultural de Gaza. ¿Hubieran actuado de la misma manera para reducir un grupo guerrillero situado en su propio territorio? ¿No llama la atención que integrantes del gabinete de ministros, representativos de partidos ultra-religiosos que proclaman abiertamente el derecho de Israel a anexar los territorios de Judea y Samaria (Gaza y Cisjordania) porque están convencidos de que Dios le prometió a Abraham la posesión eterna de la tierra de Canaán (actual Palestina), demanden la salida “voluntaria” de los palestinos? ¿No ha ofrecido Estados Unidos cancelar la deuda de Egipto a cambio de que acoja a los palestinos expulsados de Gaza? El pasado domingo 28 de enero miembros del Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, y otros 11 ministros de extrema derecha, participaron en una manifestación reclamando la reinstalación de colonias en la Franja de Gaza. “Ya llegó el tiempo de volver a Gush Katif y animar la emigración voluntaria”, declaró el ministro de la Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en referencia al grupo de colonias israelíes que antes estuvieron instaladas en Gaza. ¿Cómo instalar nuevas colonias sin desplazar a los anteriores habitantes?

 

La demanda de Sudáfrica

Sudáfrica explica en su demanda que los actos y las omisiones de Israel son genocidas porque tienen la finalidad específica de destruir a una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico de Palestina. Los actos se concretan en los tres primeros supuestos de la Convención, es decir, en la matanza de los palestinos de Gaza, en causar lesiones graves a su integridad física y mental, y en someterlos intencionalmente a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física. Según Sudáfrica, Israel ha fracasado no sólo en la prevención del genocidio, sino que lo está cometiendo en manifiesta violación de la Convención con la intención de causar la destrucción física de una parcialidad del pueblo palestino residente en Gaza. La denuncia se basa en numerosos videos que muestran la destrucción provocada por los bombardeos en barrios enteros de viviendas, hospitales, mezquitas, centros de refugiados, etcétera, que han dejado un saldo de 29.000 civiles muertos –de los cuales un 40 % son niños–, lesiones a un número indeterminado de civiles, traslados forzados de población, corte de los suministros de agua, energía eléctrica y combustibles, y el impedimento del acceso de ayuda humanitaria. La denuncia reproduce las declaraciones de numerosos organismos de Naciones Unidas que han venido formulando advertencias sobre actuaciones de Israel susceptibles de ser considerados actos de genocidio. Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe a los palestinos en Gaza como “viviendo en una situación de horror” mientras “continúan siendo bombardeados implacablemente por Israel… sufriendo muerte, asedio, destrucción y la privación de las necesidades humanas más esenciales, como alimentos, agua, suministros médicos vitales y otros elementos esenciales a gran escala”: es “apocalíptico”.

 

La incitación al genocidio

Sudáfrica también aduce en su demanda que Israel está violando otras obligaciones como la sanción por la incitación pública y directa al genocidio cometida por ministros y oficiales israelíes. Como prueba de la intención de causar la destrucción física del pueblo palestino se presentan declaraciones del Presidente de Israel, del primer ministro Benjamín Netanyahu, de otros integrantes del gabinete ministerial y las arengas de mandos militares clamando venganza y negando la neutralidad de los civiles, o deshumanizando a los palestinos. Netanyahu pronunció el 16 de octubre de 2023 un discurso formal ante la Knesset israelí, en el que describió la situación como “una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la selva”. El 28 de octubre, mientras las fuerzas israelíes preparaban su invasión terrestre de Gaza, el primer ministro invocó la historia bíblica de la destrucción total de Amalek por los israelitas y afirmó: “Debes recordar lo que Amalek te ha hecho, dice nuestra Santa Biblia. Y lo recordamos”. El 12 de octubre, el Presidente Isaac Herzog dejó claro que Israel no hacía distinción entre militantes y civiles en Gaza, afirmando en una conferencia de prensa a medios extranjeros que “es toda una nación la que es responsable. No es cierta esa retórica de que los civiles no eran conscientes y no estaban involucrados. Es absolutamente falso… y lucharemos hasta romperles la columna vertebral”. El 9 de octubre, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en una “actualización de la situación” del ejército informó que Israel estaba “imponiendo un asedio completo a Gaza. Sin electricidad, sin comida, sin agua, sin combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y estamos actuando en consecuencia”. El 10 de noviembre, Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad, aclaró la posición del gobierno en un discurso televisado, afirmando: “[Para] Ser claros, cuando decimos que Hamás debe ser destruido, también nos referimos a quienes celebran, quienes apoyan y los que reparten dulces, son todos terroristas y también deberían ser destruidos”. En un tuit del 13 de octubre, Israel Katz, ministro de Energía, declaró: “Se ordena a toda la población civil de Gaza que abandone inmediatamente. Ganaremos. No recibirán ni una gota de agua ni una sola batería hasta que abandonen el mundo”. En un vídeo filmado en Beit Lahia, una de las zonas de Gaza que parece haber sufrido niveles de destrucción particularmente graves, y transmitido por la televisión israelí el 4 de noviembre, el coronel Yogev Bar-Sheshet declaró: “Quien regrese aquí, si regresa aquí después, encontrará tierra arrasada. Ni casas, ni agricultura, ni nada. No tienen futuro”. Otro coronel del Ejército, Erez Eshel, grabado en el mismo vídeo, comentó que “la venganza es un gran valor. Hay venganza por lo que nos hicieron… Este lugar será una tierra en barbecho. No podrán vivir aquí”. Según la denuncia, una retórica genocida similar también es común en la sociedad civil israelí, y los medios de comunicación israelíes transmiten mensajes genocidas de manera rutinaria, sin censura ni sanción.

 

El contexto

Sudáfrica considera en su demanda que los actos de genocidio forman parte de un continuo, tal como señaló Raphael Lemkin cuando acuñó el término. Por esta razón afirma que los actuales actos de genocidio deben ubicarse en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus 75 años de apartheid, sus 56 años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza que dura ya 16 años, incluidas las violaciones graves y continuas del derecho internacional asociadas a ellas, es decir violaciones graves del Cuarto Convenio de Ginebra y otros crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Antes del 7 de octubre de 2023, aproximadamente 7.569 palestinos, incluidos 1.699 niños, murieron como consecuencia de “cuatro guerras altamente asimétricas” libradas por Israel en Gaza. El argumento de Sudáfrica es que esos actos y omisiones son genocidas en carácter, ya que se cometen con la intención específica requerida (dolus specialis) de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico más amplio. El texto oficial de la denuncia en el idioma inglés puede consultarse en la página oficial de la CIJ y en internet circula una aceptable traducción al castellano. De modo que cualquier ciudadano que quiera opinar sobre la acusación de Sudáfrica está honradamente obligado a leer el texto completo de esa acusación.

 

Las medidas preventivas adoptadas por la CIJ

La Corte Internacional de Justicia ha considerado “plausible” la demanda de Sudáfrica y ha ordenado el pasado 26 de enero una serie de “medidas provisionales” que Israel debe tomar para prevenir actos de genocidio en Gaza. La adopción de estas medidas no tiene el valor de una sentencia definitiva, que recién se conocerá dentro de algunos años, una vez estudiadas las pruebas aportadas por Sudáfrica. No obstante, la presidenta de la CIJ, Joan E. Donaghue, al presentar la decisión tomada por el panel de 17 jueces, declaró que “el tribunal es muy consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano”. Según la decisión del tribunal, Israel debe tomar todas las medidas necesarias para impedir cualquier acto que pueda considerarse genocida: matar a miembros de un grupo, causar daños corporales, imponer condiciones destinadas a provocar la destrucción de un grupo o impedir nacimientos. Israel debe garantizar también que su ejército no cometa ningún acto genocida y debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza. Debe tomar medidas inmediatas para garantizar el acceso humanitario y debe impedir cualquier destrucción de pruebas que puedan utilizarse en un caso de genocidio. Se establece la obligación de Israel de presentar un informe al tribunal en el plazo de un mes desde el dictado de esta orden. El tribunal también expresó su grave preocupación por la suerte de los rehenes retenidos por Hamás y pidió su liberación inmediata. La respuesta de Israel consistió en acudir a la habitual acusación de antisemitismo. El ministro del Interior, Itamar Ben Gvir, declaró que “la decisión del tribunal antisemita de La Haya demuestra lo que ya sabíamos: que este tribunal no busca la justicia sino la persecución del pueblo judío”.

 

La cuestión de fondo

Determinar si Israel ha venido cometiendo actos de genocidio en Gaza es la cuestión de fondo que deberá decidir la CIJ cuando haya examinado toda la prueba. Como acontece con un tema de violación extrema de derechos humanos, es perfectamente legítimo que los expertos y los ciudadanos anticipen una opinión a la espera de una decisión que demorará años. El profesor judeo-norteamericano John Mearsheimer, reconocido experto en relaciones internacionales, relata en una nota de opinión que creía que Israel era culpable de graves crímenes de guerra pero no de genocidio durante los dos primeros meses de la guerra. Sin embargo, luego del final de la breve tregua de noviembre llegó al convencimiento de que “los dirigentes israelíes estaban de hecho intentando destruir físicamente a una parte sustancial de la población palestina de Gaza”. Mearsheimer termina su nota haciendo una recriminación a los intelectuales norteamericanos que suelen alzar la voz cuando los países que no son aliados de los Estados Unidos cometen crímenes de guerra. Considera que “en el caso del genocidio israelí, la mayoría de los expertos en derechos humanos de la corriente liberal dominante han dicho muy poco sobre las salvajes acciones de Israel en Gaza o sobre la retórica genocida de sus dirigentes”. Y termina con una afirmación que podemos hacer extensiva a todos los intelectuales del mundo, no sólo a los norteamericanos. “En cualquier caso, la historia no será amable con ellos, ya que apenas dijeron una palabra mientras su país (Estados Unidos) era cómplice de un crimen horrible, perpetrado a la vista de todos”.

 

 

 

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