La casta y la calle

La crueldad social disfrazada de valentía política falló sistemáticamente en la Argentina

Por Sebastián Fernández
Las cacerolas se hicieron oír tras el mega-decreto de Milei. Foto: Luis Angeletti.

 

Hace 22 años, el 19 de diciembre del 2001, Fernando De la Rúa dio su anteúltima cadena nacional. Sus jóvenes asesores –entre los cuales se encontraban sus propios hijos, tan expertos en comunicación como quienes asesoran hoy a Javier Milei– lo convencieron de dar un golpe de efecto magistral para retomar la iniciativa política. Esa noche, el Presidente decretó el estado de sitio: “Compatriotas, culmina un día difícil, han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes, y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional”.

 

 

Inmediatamente, miles de ciudadanos hicieron tronar si no el escarmiento al menos sus cacerolas en todo el país. Algunos manifestantes se dirigieron a la Plaza de Mayo, mientras que otros optaron por la residencia de Olivos. Un grupo más reducido focalizó su encono frente al departamento de Domingo Cavallo, el hasta entonces todopoderoso ministro de Economía, cuya soberbia inútil es comparable a la del actual funcionario sin nombramiento Federico Sturzenegger. Recuerdo que esa noche pasé frente a un patrullero estacionado en la esquina de Scalabrini Ortiz y Córdoba, desde el que un oficial de policía –con los codos apoyados en el techo del vehículo y gesto cansino– miraba pasar a la muchedumbre. Le pregunté por el estado de sitio y su respuesta fue el resumen de esa jornada: “¿Qué estado de sitio?”

La poca legitimidad institucional que aún le quedaba a De la Rúa se evaporó en ese gesto vano. En la madrugada aceptó la renuncia de Cavallo y el 20 de diciembre, en lo que fue su última cadena nacional, convocó a la oposición peronista a un ya ilusorio “gobierno de unidad nacional”, evocó la posibilidad de una reforma constitucional y negó rotundamente que fuera a presentar su renuncia, lo que hizo finalmente unas pocas horas después.

 

 

El Presidente del gesto viril y de notable astucia comunicacional escapó de la Casa Rosada en helicóptero, una imagen que resumiría para siempre su mandato, dejando un país en llamas y 39 muertos, víctimas de una represión tan feroz como inútil.

El miércoles pasado, en su primera cadena nacional, Javier Milei decidió mostrarse firme eliminando derechos y libertades. Lo hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) extravagante que presentó como un instrumento “de desregulación de la economía” en el que derogó o reformó más de 300 leyes.

Unas horas antes, en un gesto calculado como prólogo al anuncio del DNU, la Ministra Pum Pum inauguró el novedoso protocolo anti-piquete contra la marcha convocada, como cada año, en conmemoración de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. El objetivo del nuevo sistema era despejar las calles de manifestantes, pero en realidad las llenó de fuerzas de seguridad, bloqueando así el tránsito que buscaba liberar. Como si fuera un capítulo de 1984 de George Orwell, los altoparlantes de las estaciones de tren recordaron a los ciudadanos que participar de la marcha conllevaba el riesgo de perder los eventuales planes sociales que pudieran percibir, mientras que algunos policías requisaban vagones y colectivos y filmaban a quienes viajaban en ellos para detectar “posibles manifestantes”.

 

La reacción popular no se hizo esperar. Apenas diez días después de haber asumido, Milei recibió una ruidosa respuesta de parte de miles de ciudadanos que se burlaron ostensiblemente del protocolo anti-piquete y salieron a manifestar el miércoles por la noche y los días siguientes en varias ciudades del país. Además, la iniciativa oficialista consiguió sacar del letargo a la oposición y a las organizaciones sindicales, que empezaron a debatir la posibilidad de un paro nacional.

Por si quedara alguna duda sobre los sectores favorecidos por el DNU, Milei recibió el apoyo entusiasta de la casta empresarial argentina, desde la Unión Industrial Argentina (UIA), con algún matiz, hasta la Asociación Empresarial Argentina (AEA), la Sociedad Rural (SRA) o incluso el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Que las prepagas puedan aumentar sin regulación estatal alguna, que el precio de los alimentos sea establecido por las dos o tres empresas que cartelizan el mercado o que estas mismas empresas puedan despedir empleados sin pagar indemnización serían algunas de las soluciones que el gobierno de la motosierra propone para los dramas de nuestro país. Así, llegaremos algún día a ser como Alemania o Francia, transitando un camino que ni Francia ni Alemania eligieron transitar.

En realidad, no se trata de desregular la economía, como anunció el Presidente, sino de regularla a favor de los sectores más concentrados y en detrimento de quienes perciben un ingreso fijo, como asalariados, jubilados o pensionados. Al final, la casta a combatir eran las mayorías.

Por su parte, la casta empresarial argentina vuelve a ilusionarse con una salida autoritaria, que descargue sobre los trabajadores el peso de la crisis. Pese a que el futuro del DNU es absolutamente incierto, aun en el caso de que lograra superar el filtro del Congreso Nacional –nada es imposible en ese sentido, pese a que Milei cuenta con una tropa propia acotada en ambas cámaras–, quedará por supuesto la instancia judicial, donde la catarata de amparos ya empezó a llegar a la Justicia. Aunque cabe recordar que, en el mundo de ensueño de nuestros jueces, ningún fallo es imposible, como lo demostró Sebastián Ramos, quien falló a favor de la alegre cofradía de jueces, fiscales y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires que gozó de unos días de ensueño en la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, financiada por el Grupo Clarín. El magistrado sobreseyó a todos los imputados por el delito de dádivas ya que consideró, con candor, que se trata de “acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”.

En todo caso, la pregunta que deberían hacerse los exultantes accionistas de las grandes empresas beneficiadas por un decreto escrito por sus propios bufetes de abogados es si luego de ocho años de pérdida sostenida de poder adquisitivo las mayorías aceptarán o simplemente podrán afrontar los aumentos ya anunciados en alimentos, combustibles, servicios, transporte, alquileres e incluso en la medicina prepaga, que penaliza de forma directa a la clase media.

El ejemplo de De la Rúa nos recuerda que cuando la legitimidad política se evapora no hay vuelta atrás, y que la crueldad social disfrazada de valentía política puede fallar, como falló cada vez que se aplicó en nuestro país.

 

 

 

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