La urgencia del capital

 

El gobierno de Javier Milei parece marcado por la necesidad de generar conmociones sociales contraproducentes. En el terreno económico encara un ajuste enorme, desproporcionado, y de enorme costo social, en vez de atacar con seriedad y consistencia un conjunto de problemas en diferentes frentes económicos con medidas específicas. Ahora el Presidente y su entorno han decidido conmocionar a la sociedad con un mega decreto de necesidad y urgencia, que abarca la supresión de una enorme cantidad de leyes y la modificación de otro conjunto de disposiciones legales.

¡Cuánto que han estudiado!

El gigantesco cuerpo de disposiciones contenido en el DNU anunciado el miércoles pasado tiene una larga historia. No es fruto precisamente de los equipos técnicos –inexistentes- de La Libertad Avanza, sino de la tarea recopilatoria de otro economista muy conocido por su paso por otras gestiones presidenciales – de De la Rúa y de Macri-, Federico Sturzenegger, que ha venido trabajando desde hace tiempo en coleccionar deseos empresariales. En principio, estaban listos para que Patricia Bullrich los aplicara, pero ella descarrilló en el camino a la presidencia.

Sturzenegger no es un especialista en todo tipo de temas, como los que están contenidos en el mega-DNU, sino un hombre vinculado a diversos intereses privados, que ha oficiado de compilador general de una gran cantidad de propuestas y leyes directamente redactadas por bufetes de abogados vinculados a grandes empresas nacionales y extranjeras.

El DNU es una compilación de demandas empresariales de muy diversa índole, cuyo eje central es obtener algunos negocios, destrabar otros, o generar mayores condiciones de rentabilidad, sacando del camino a todo factor institucional, legal o humano que interfiera en esos objetivos.

Las materias consideradas son sumamente diversas, desde cuestiones casi simbólicas, como la nunca aplicada Ley de Góndolas por el gobierno de Alberto Fernández, hasta la casi nunca aplicada Ley de Abastecimiento, que es un mito de una Argentina controladora que nunca llegó a existir.

Al final de la dictadura militar, en el campo de la política popular se estilaba llamar a los intereses privados más conspicuos con el nombre de “patria”. Así, se mencionada asiduamente a la Patria Contratista (las grandes empresas constructoras que le vendían obras públicas al Estado), la Patria Financiera (el gran conglomerado de financistas que habían florecida bajo la mano visible de Martínez de Hoz). Eran los malos de la película económica dictatorial.

Hoy se podría decir, retomando esa costumbre, que casi todas las patrias empresariales con capacidad de lobby están reflejadas en este DNU de Milei, que es presentado como un canto a la desregulación económica y la libertad de los mercados.

Como característica invariable de estos paquetes neoliberales, se están promoviendo actividades que favorecen la penetración del capital extranjero. La eliminación de la Ley de Tierras es una muestra tenebrosa del espíritu rematador que anima a este gobierno y a los empresarios que lo apoyan. Sorprende que en diversos temas que hacen estrictamente a la seguridad nacional y al ejercicio de la soberanía, sectores que se llaman a sí mismos nacionalistas o patrióticos, no tengan opinión. En la derecha argentina, negocios matan Patria.

No podía faltar en el reparto de leyes la “patria inmobiliaria”, que logró que se derogara a su favor la Ley de Alquileres, norma que trataba de establecer algunos grados de protección para quienes alquilan. Sin embargo, a medida que el gobierno anterior insistía en no ejercer el poder, esa ley se cumplía cada vez menos, crecía la desprotección y los abusos, aunque al mismo tiempo no crecía la oferta de departamentos en alquiler. Ahora, el Estado le transfiere todo el poder a los propietarios, porque dice la teoría que ahora sí van a alquilar a sus departamentos… a quienes puedan pagar los precios absurdos que pretenden.

Muchas de las leyes incluidas tienen grotescamente nombre y apellido, pero la mayor torpeza presidencial fue cuando mencionó directamente a Starlink (de Elon Musk) para otorgarle un negocio específico. Hizo recordar a cuando todo Juntos por el Cambio durante la pandemia del COVID 19, hacía lobby a favor de la multinacional norteamericana Pfizer, sin ningún pudor. Evidentemente es tan baja la conciencia institucional de la derecha política, es tal su sumisión al poder económico multinacional, que nadie le dijo al Presidente que queda mal mostrar para quién se está legislando.

La sociedad argentina, sus sectores pensantes, la intelectualidad portadora de la memoria y la auto-conciencia del país, parecen estar groguis en más de un sentido.

 

 

Un DNU de lucha de clases

Contrariamente a lo que declara el peronismo, la clase empresarial argentina hace lucha de clases en forma permanente, abierta y descaradamente, para debilitar los intereses y recortar los derechos de la clase trabajadora. El DNU es un muestrario de lo que vienen pidiendo en materia laboral, y que Milei ha decidido hacer avanzar a gran velocidad. Hay que decir que buena parte de la patronal argentina viene reclamando distintos tipos de medidas para bajar sus “costos laborales”, cosa que vienen logrando pero aún en forma insuficiente, según su concepción retrógrada de cómo se debe encarar la relación entre capital y trabajo. Ellos también comparten la “visión” de Milei de que en el siglo XIX estábamos mejor.

Entre las medidas, figura también la incorporación de la medicina prepaga al sistema de obras sociales, regulación seguramente destinada a debilitar la presencia de los sindicatos en ese rubro e incrementar el de las empresas de salud en la gestión de la salud de los trabajadores.

La ambición de contar con un régimen laboral más precario, flexible, y amoldado exclusivamente a las necesidades empresariales está plenamente representado en el DNU de Milei, que ataca con evidente fruición y apuesta a debilitar a la “casta” de los trabajadores.

Los consumidores son un tigre de papel

Una notable derogación que contradice profundamente lo mejor del pensamiento liberal clásico, que valoraba fuertemente la competencia al punto de considerarla un eficaz mecanismo disciplinador de la codicia privada, es la eliminación de la Ley de Góndolas, diseñada para defender en alguna medida a los consumidores y pequeñas empresas, para incrementar la visibilidad de productos variados en góndolas que eran monopolizadas por las grandes firmas debido a su poder de mercado. Al erradicar esa ley, que ya no se cumplía bajo la gestión de Alberto Fernández, se consagra la concentración del mercado a favor de las grandes empresas y marcas. Se restaura sin cortapisas el poder de los poderosos.

También se deroga la Ley de Abastecimiento, escasísimamente utilizada a lo largo de 50 años, y que le confiere a las autoridades poderes importantes para atacar diverso tipo de maniobras especulativas irregulares contra los consumidores. El mensaje es claro a favor de la libertad de las corporaciones para hacer lo que quieran en el mercado, lo que según la teoría económica que anima al gobierno de Milei, redundaría en mayor prosperidad generalizada.

Es una constante del liberalismo argentino, desde la revolución menemista: los derechos de consumidores y usuarios son un cuento para tontos que creen que están en el Primer Mundo. Acá gobiernan los monopolios, y no hay por qué disimularlo.

Combatiendo para el capital

El DNU muestra también otro aspecto político característico de los regímenes neoliberales, de Martínez de Hoz en adelante. Se llega al aparato del Estado para servir al sector privado más concentrado, y se usa ese aparato contra los intereses de los otros actores sociales y también contra el propio Estado, que debe ser reducido a la insignificancia.

La búsqueda dogmática de la privatización y venta de empresas estatales no puede explicarse sólo desde una motivación exclusivamente económica, sino que forma parte de la estrategia de entregar al sector privado, nacional o extranjero, cualquier actividad atractiva. En ese camino unidimensional del incremento de la tasa de ganancia del capital, se pasa por encima de otros objetivos extra capitalistas, pero de enorme relevancia social y de interés nacional fundamental.

Evidentemente estamos en manos de un conjunto de grupos económicos a los cuales no les interesa la Argentina como entidad nacional, sino como lugar donde maximizar ganancias, independientemente de lo que ocurra con su sociedad.

Al despojar al Estado nacional de todo tipo de instrumentos de control, al poner en manos de los actores privados que debieran ser controlados, mecanismos como la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, el Banco Central y otros organismos centrales, lo que se está haciendo es destruir la soberanía del Estado Nacional y cediendo las palancas y la información fundamental a los privados. No se puede esperar de esto sino mayor corrupción, más evasión, más fuga de capitales, ya que se elimina algo elemental, como es la oposición de intereses entre diversos actores del sistema para evitar que las leyes que salvaguardan el interés público sean burladas.

El proyecto de dolarización va en ese mismo sentido, la destrucción de la moneda nacional y la eliminación de la posibilidad de hacer política monetaria independiente. De hecho en el DNU se abren ya posibilidades de usar moneda extranjera en diversas transacciones. No sorprende: el mileísmo es completamente ajeno a la idea de Nación, y por lo tanto de soberanía nacional.

Una máquina ciega

Es típico del neoliberalismo local concebir a estos episodios económicos como piñatas de negocios que no apuntan a ninguna parte: sirven para que acumulen privadamente unos cuantos grupos empresariales, y el resto que se joda. No interesa.

En este tramo de la gestión mileísta nadie con poder en el gobierno se ocupa de dos cuestiones centrales, que hacen a la gobernabilidad política y económica:

1. la consistencia macroeconómica –para que la economía no vuele por el aire en algún tiempo cercano- y
2. los equilibrios sociales elementales, básicos para que no se termine generando un cuadro de levantamiento generalizado contra la política económica liberal.

Confían en la persistencia de un alto grado de alienación social –el que llevó a que 55,7% de los votantes eligieran a Milei—, y que esa alienación blinde a esa mayoría de personas de los efectos del ajuste, la recesión y el estancamiento con alto desempleo que se viene.

Esta suposición es completamente errada, ya que ese 55,7% no es homogéneo, y tuvo un componente significativo de voto volátil y coyuntural. Un cuadro macroeconómico que asfixie al 70% de la población no tiene viabilidad política. Y esta gente le reza al dios mercado y a las fuerzas del cielo.

En una concepción digna del siglo XIX, confían en que el Estado que quede —luego del proceso de debilitamiento y desmembramiento a la que lo están sometiendo—, sea lo suficientemente fuerte para conectarse con la sociedad a través de sus órganos de represión.

De la alienación se ocuparán los medios de la derecha y las redes, en el contexto de la ausencia de un trabajo político-cultural alternativo eficaz de las fuerzas políticas que impugnan este rumbo

La deglución del DNU

El DNU como tal es inconstitucional, lo que en un país con un sistema judicial sesgado hacia los poderes fácticos y la derecha, no es suficiente para que vaya a ser frenado cómo y dónde corresponde, inmediatamente.

Lo cierto es que el DNU va a encontrar una resistencia política y social que hoy no podemos precisar, pero que se retroalimentará con el deterioro del cuadro económico y social.

El verdadero poder, el poder económico local e internacional, espera que las medidas salgan, ya que todas implican incrementar ganancias, acrecentar el poder en los mercados, desguarnecer a los consumidores o al cuidado de la naturaleza, aunque eso implique quitarle viabilidad a la Argentina como proyecto histórico.

No cabe duda que el DNU mileísta constituye un nuevo envión hacia la derecha para la sociedad argentina. Si se lograra enviarlo hacia carriles parlamentarios, seguramente un porcentaje de sus disposiciones a medida de diversos lobbys serían aprobado por los legisladores. Si se pudieran morigerar parte de las barbaridades contenidas e incluso bloquear algunas de las disposiciones más dañinas, lo viviríamos como un triunfo.

Pero debemos tomar nota que el rumbo iniciado por la dictadura hacia un país más chico y más pobre continúa, hoy de la mano de Javier Milei. Es decir, la derecha sigue corriendo el eje de discusión de los grandes temas nacionales y jibarizando el país.

Si el DNU anti-nacional y anti-popular pasara, serían responsables los empresarios, los jueces y los políticos involucrados en la maniobra de darle aceptabilidad a una piñata de negocios contra la sociedad.

Constituiría una degradación democrática más en la canalización institucional de la voluntad popular. Se votó a Milei, un poco en chiste y un poco en serio, sin comprender que ese voto sería interpretado como un cheque en blanco, que autorizaría a las grandes empresas a saquear los bolsillos de la población y ahondar la miseria popular.

El nuevo régimen político que surge de la actual dinámica es: el Pueblo no delibera, ni gobierna, ni su voto sirve, ya que sus representantes pueden ser ignorados por el Poder Ejecutivo.

Sería un paso más en el camino de una derecha cuya Constitución real consta de un único artículo: "Sólo existe la propiedad privada y las ganancias que de ella se derivan".

 

 

 

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