Necesario y urgente

 

Con el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2023), el Presidente Javier Milei se pone fuera del marco de la Constitución nacional que está obligado a observar. Las facultades legislativas le están vedadas al Poder Ejecutivo Nacional; sólo cuando es imposible tramitar las leyes en el Congreso, puede dictar una norma de emergencia, que nunca debe afectar derechos y garantías de la Constitución, como sucede en este caso.

Lo hace tras una mega-devaluación que licua salarios, jubilaciones y ahorros, imponiendo un brutal ajuste económico contra los ingresos de las familias trabajadoras, de jubiladas y jubilados, en perjuicio del mercado interno, de decenas de miles de pequeños y medianos empresarios. Siempre en favor de los grandes formadores de precios y los acreedores externos como el Fondo Monetario.

Inicia así un golpe de Estado, usurpando funciones del Congreso de la Nación, profundizando el ajuste sobre la mayoría de las argentinas y los argentinos, afectando sus derechos, patrimonio y propiedad.

El Presidente Javier Milei hace todo lo contrario a lo que se comprometió estentóreamente: ahorrar, reduciendo los costos de lo que denomina “la casta”.

No son casta los trabajadores que, por este DNU, pueden sufrir la caída de sus convenios colectivos de trabajo, pues se afecta el principio de ultra-actividad, la reducción de sus indemnizaciones, el cobro de horas extras, la extensión del período de prueba para pasar a planta de tres a ocho meses.

No son casta la inmensa mayoría de las familias que sufrirá las consecuencias de la liberación de los precios sin freno. Ni los inquilinos que quedan expuestos a condiciones sin límite por la derogación de la Ley de Alquileres.

No son casta los consumidores y los comerciantes a los que se les encarecerán los costos por el uso de tarjetas de crédito. Ni las pymes que ya no tendrán ingreso a las grandes cadenas comerciales por la Ley de Góndolas que deroga, ni los clientes a los que así se les niegan opciones.

Estos son sólo ejemplos de quienes serán perjudicados por este DNU inconstitucional que impone: 

• La apertura irrestricta de las importaciones, la eliminación de cupos de exportación, la libre entrada y salida de capitales que ponen en jaque la industria nacional. La desregulación de mercados monopólicos, consolidando una estructura económica dirigida por exportadores de bienes primarios y del sector financiero transnacional.
• Un nuevo proceso de concentración y centralización de la economía. Y alienta su extranjerización derogando o modificando legislación que preserva el dominio nacional, como la Ley de Tierras, la Ley Argentina Digital, el Sistema Nacional de Comercio Minero, el Banco Nacional de Información Minera, la Ley 27.113, suprimiendo la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, el Código Aeronáutico, o habilitando pactar contratos, como los de alquiler, en divisas. Atenta así contra nuestra soberanía e integridad territorial. 
• Un nuevo proceso de privatizaciones de sociedades y empresas con participación estatal que son estratégicas para el desarrollo nacional. 
• Dinamita el régimen del derecho laboral derogando leyes que tienen como finalidad equilibrar la relación de desigualdad de trabajador en relación con el empleador. Y promueve un nuevo ciclo de desregulación del mercado de trabajo y la reducción de los mal llamados costos laborales, como ser las indemnizaciones, en favor del sector empresario. Impone cambios que abarcan las relaciones individuales, como en el caso de la Ley de Contrato de Trabajo, las colectivas, como sucede con la Ley 14250 (negociación colectiva) y la Ley 23551 (asociaciones sindicales), así como la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, restringiendo el derecho de huelga.
• La derogación de leyes que tienen como objetivo equilibrar relaciones desiguales, avasallando derechos sociales y económicos de una inmensa mayoría de la sociedad, como en los casos de la Ley de Abastecimiento o la Ley de Alquileres, afectando los derechos de los consumidores.
• Una liberalización aduanera y del movimiento de capitales que facilita delitos de evasión fiscal, lavado de dinero, narcotráfico y otros de “guante blanco”.

Estas y otras medidas que contiene el decreto no solamente son inconstitucionales e injustas, sino que son innecesarias y criminales. Como también lo son otras que hoy está impulsando el gobierno, como ser la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria, para dejar la actualización de los haberes previsionales al capricho de un decreto o para restituir el impuesto a las ganancias sobre ingresos de carácter alimentario.

Es mentira que con ellas se devolverá poder adquisitivo y empleo a las familias trabajadoras o servirán para retomar una senda de crecimiento económico. Por el contrario, de prosperar se llevará la actual crisis a una situación de catástrofe. 

Por ello, sí es de necesidad y urgencia derogar el DNU 70/2023, devastador en lo económico y en lo social, disociador en lo político y perverso en sus oscuros objetivos crematísticos: maximizar ganancias para pocos, no importa a qué costo.

El Presidente puede aún hacerlo. La Justicia debe declarar su nulidad. El Congreso debe rechazarlo.

Por lo mismo, repudiando la ilegal criminalización de la protesta social, nos sumamos a quienes haciendo necesarios esfuerzos de unidad promueven la masiva movilización del movimiento sindical, las organizaciones sociales y los sectores productivos nacionales para lograrlo.

 

 

 

* El Foro Economía y Trabajo es conformado por economistas y especialistas propuestos por las organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las PyMEs, cooperativas y a la economía popular. Los autores del documento son Ricardo Aronskind, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, José Sbatella, Nahuel Silva y Andrés Wainer. Su coordinador es el dirigente de la Asociación Bancaria Eduardo Berrozpe.

 

 

 

 

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