Capitalismo salvaje y de la peor especie

 

Tras dos semanas de gobierno, no queda duda de que, por más que el ahora Presidente de la República diga que las medidas que se imponen no son “business friendly” (favorables a los negocios), sino que son market friendly (amigables con el mercado) y que representan un win-win (ganar-ganar) para todos, salvo para la casta” (recurriendo a que la casta son los políticos), la suma de manifestaciones espontáneas y convocadas por la población, que surgen en todo el país como hongo bajo la lluvia, demuestra que el argumento contrasta con la realidad.

Federico Adolfo Sturzenegger, teóricamente el coordinador de los estudios jurídicos y consultoras de las distintas empresas y sectores beneficiados que redactaron letra por letra el DNU 70/23, que deroga y/o modifica 366 leyes, ante la manifestación en forma inmediata de repudio de la población, con sorna, en un reportaje dijo: “Qué rápido que leyeron”. Y a la vez, ante la pregunta del periodista, dice que enviaron todo junto como DNU porque la idea es “dar la imagen de cambio de régimen”.

Si el régimen que tenemos es formalmente democrático, la única forma de imponer las medidas propiciadas por el gobierno es por la fuerza, que es siempre el “derecho de las bestias”, que es el nuevo régimen que propicia.

Todo el equipo económico, con los socios Luis Caputo y Santiago Bausili como ministro de Economía y presidente del BCRA, respectivamente, Joaquín Cottani, secretario de Finanzas, y Vladimir Werning como vicepresidente de la autoridad monetaria, tiene domicilio legal en Nueva York y oficinas de sus consultoras en Manhattan; los cuatro son contratados por los grandes fondos de cobertura encabezados por BlackRock y por otros que, básicamente son los mismos que se reunieron el 7 y 8 de septiembre de 2023 en Greenwich y Nueva York con Darío Epstein y Juan Ignacio Nápoli (que fueron a la reunión como representantes de Javier Milei) y son los bancos HSBC, UBS y JP Morgan, los fondos BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Allianz SE, FMR, Capital Group, Credit Agricole Group, NN Group, Intesa Sanpaolo, Global Evolution, Ashmore Group, TCW Group, entre otros.

En dos semanas consiguieron sus dos principales objetivos. Primero, una devaluación de más del 100 %, el tipo de cambio oficial pasó de 400 pesos, el 7 de diciembre (último día hábil del gobierno de Alberto Fernández), a 843 pesos el viernes 22 de diciembre 2023, con lo que en divisas pueden comprar activos y trabajo del país por menos de la mitad de su valor. Segundo objetivo, “licuar” los encajes remunerados (pases pasivos, Leliq y Notaliq) que ascendían a 24 billones de pesos el 7 de diciembre (está constituido en pesos, pero con una paridad de 400 pesos era equivalente a 60.000 millones de dólares) y el 20 de diciembre 2023 (último balance publicado por el BCRA) suman 25,9 billones de pesos (equivalente a 30.000 millones de dólares), medida a favor de los bancos, en los que, dentro de las cinco primeras entidades financieras (Bancos Santander, BBVA, Galicia, Macro, y HSBC) tiene fuerte participación accionaria BlackRock.

Obviamente que al devaluar nuestra moneda se encarecen las compras al exterior, pero la propuesta para salvar a los grandes importadores —empresas energéticas y de combustibles, las automotrices, las armadurías de productos electrónicos (principalmente Grupo Newsan, presidido por Rubén Cherñajovsky, y Mirgor SACIFIA, presidida por Nicolás Caputo)— fue estatizar la deuda que generosamente el gobierno anterior había autorizado por compras al exterior, por un monto que no se precisó. El gobierno actual dejó trascender que serían unos 37.000 millones de dólares, pero la Am-Cham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina) sostuvo que supera los 56.000 millones de dólares, suma que acrecienta la deuda externa de la Administración nacional. No se sabe a ciencia cierta qué se importó, a qué precio, a quién se le compró (más del 60 % de dichas importaciones son con sus respectivas casas matrices), si se podía haber sustituido con producción local, etcétera.

Por medio de los comunicados A 7874 y 7877 del BCRA del 26 de octubre de 2023, la autoridad monetaria le permitía a esos grandes importadores suscribir una letra en divisas (LEDIV) en pesos al tipo de cambio oficial (ajustado por dólar linked —que es el precio del dólar oficial—), pero en 10 días hábiles tuvo que suspender dicha instrumentación porque se habían suscripto más de 5.000 millones de dólares.

El gobierno de Milei, mediante el Comunicado A 7918 del BCRA del 11 de diciembre de 2023, creó un bono (BOPREAL —Bono para la Reconstrucción de la Argentina libre) que continúa a la letra LEDIV, pero le pone un plazo hasta el 31 de octubre de 2027, fecha en la que el BCRA se compromete a pagar en dólares dichos bonos.

 

 

DNU 70/23

La Constitución argentina autoriza la emisión de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) para circunstancias excepcionales. Si un DNU deroga y/o modifica 366 leyes, el Poder Ejecutivo Nacional se arroga facultades legislativas vedadas, en un avasallamiento a la división de poderes, por un lado. Por otra parte, el DNU ya estaba preparado en caso de que hubiera ganado las elecciones Juntos por el Cambio. El mismo Sturzenegger, en un video que se viralizó, muestra a “Patricia” la pila de papeles que derogan y modifican las leyes. O sea que Milei hace de mascarón de proa de los sectores dominantes para imponer sus objetivos.

Es amplio el espectro de los temas abarcados, pero podemos agruparlos en a) extranjerización; b) abastecimiento del mercado interno; c) conversión de las sociedades del Estado, incluido el Banco de la Nación Argentina; d) cercenamiento del derecho laboral, y e) desregulación energética.

 

 

Extranjerización

1. Derogar la Ley N.º 26.737, que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector (en su art. 10 expresa que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial y que no pueden poseer tierras en zona de frontera).
2. Modificaciones a la Ley Argentina Digital (Ley N.º 27.078) que indica que “la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre” ; en su discurso, Milei dijo que permite la participación de Elon Musk.
3. Derogar la Ley N.º 24.523, que fue sancionada en 1995 y establecía el Sistema Nacional de Comercio Minero, y derogar la Ley N.º 24.695, que creó en septiembre de 1996 el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos, que funcionaba bajo dependencia de la Secretaría de Minería de la Nación, obviamente en beneficio de los que la redactaron: la Barrick Gold, Glencore y New Co (que es la fusión de Allkem y Livent cuyos principales accionistas son BlackRock, Vanguard, JP Morgan y HSBC).
4. Derogar la Ley N.º 27.113 y suprimir la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos —organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud que tiene el objetivo, entre otros, de promover la investigación y el desarrollo científico, tecnológico e industrial de los laboratorios de producción pública—.
5. Derogar la Ley N.º 19.030, el Decreto-Ley N.º 12.507, para introducir modificaciones en el Código Aeronáutico, con el fin llevar adelante la política de cielo abierto, perdiendo nuestra línea de bandera y el país, la determinación de esta.
6. Que se puedan pactar contratos de alquiler en divisas, tanto rurales como urbanos, tanto comerciales como de vivienda, que es una sustitución de nuestra moneda por la extranjera, cuando los trabajadores y los que venden al mercado interno perciben sus ingresos en pesos, en un marco de devaluación continua para garantizar una deuda que se torna cada vez menos cancelable y que permite a los extranjeros y a los que fugaron divisas, comprar por la mitad lo que vale el doble.

 

 

Abastecimiento

Derogar la ley 20.680, que garantiza la provisión al mercado interno, sumado al cambio de los regímenes de venta de azúcar, yerba mate, vino, olivo, etc., eximiéndoles de cumplir con su mínimo de venta interna, a la vez que se eliminan los cupos de exportación de carnes, es solo para priorizar las ventas al exterior en desmedro del mercado argentino.

El Instituto Promotor de Venta de la Carne Vacuna, que depende de la Bolsa de Comercio de Rosario, demuestra estadísticamente el descenso año tras año de su consumo interno. Porque si es cierto que se faenan 3,3 millones de toneladas de carne vacuna (como declaran los frigoríficos) y el cupo de exportación es un millón, deberían destinarse 2,3 millones en la Argentina (consumo per cápita: 48 kg por año), sin ese cupo van a preferir vender afuera y solo lo harán al mercado interno si se paga el precio internacional que incluso, al devaluar, se torna mucho más caro.

A eso se le suma la derogación de la Ley de Góndolas, del Observatorio de Precios, de la ley de Compre Nacional (en desmedro de las empresas locales en las compras del Estado), etc.

Se subordina el mercado interno al externo, lo dice claramente Javier Milei: “Queda prohibido prohibir exportaciones” (esto es, prefieren cobrar en divisas, máxime que Diana Mondino asevera que los dólares son de los exportadores y los pueden traer al país si quieren). Solo van a vender al mercado interno si se paga lo mismo que se consigue afuera.

 

 

Privatizaciones

En su afán de conseguir recursos y a la vez dejarle el negocio a grandes sociedades y corporaciones, están dispuestos a vender todas las empresas nacionales (AySA, Astilleros Río Santiago, ARSAT, Aerolíneas Argentina, YPF, Casa de la Moneda, Correo y Telégrafo, FFCC, Nucleoeléctrica Argentina, etc.), incluido el Banco de la Nación Argentina —el DNU 70/23 modifica la ley de carta orgánica del banco y le saca la potestad de recibir los depósitos judiciales e incluso se elimina el artículo por el cual está exceptuado de la declaración de “sujeta a privatización”—.

 

 

Trabajo

Modifica el régimen del derecho laboral, derogando leyes que tienen como finalidad equilibrar la relación de desigualdad del trabajador en relación con el empleador. Promueve un nuevo ciclo de desregulación del mercado de trabajo y la reducción de los mal llamados costos laborales, como ser las indemnizaciones, en favor del sector empresario. Impone cambios que abarcan las relaciones individuales, como en el caso de la Ley de Contrato de Trabajo, las colectivas, como sucede con la Ley 14.250 (negociación colectiva) y la Ley 23.551 (asociaciones sindicales), así como la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, lo que afecta el derecho de huelga.

 

 

Energía

Antes del DNU 70/23, con fecha 19 de diciembre 2023, mediante el DNU 55-2023-APN-PTE declara la emergencia energética e interviene por 180 días los organismos de control (ENRE y ENARGAS). Con el DNU 70 deroga los decretos de hidrocarburos, de energía eléctrica, de transporte de energía eléctrica y de préstamos reintegrables de energía eléctrica, a favor de los prestadores de servicios en un marco de falta de inversión y de mantenimiento, que se agravará a medida que el gobierno reduzca desde febrero de 2024 el subsidio.

 

 

En síntesis

Milei no solamente no respeta la Constitución nacional con el DNU 70/23, sino que en sus declaraciones no respeta las leyes. Por ejemplo, le dijo a los medios, el jueves 21 de diciembre de 2023, que comprar dólar en el mercado negro de divisas no es ilegal. Lo hizo al aclarar que, tras el DNU, hay libertad para comerciar con moneda extranjera. Incumple con la ley 19.359 —Régimen Penal Cambiario por el que solo pueden intermediar, en cambio, las entidades autorizadas expresamente por el BCRA—.

La consultora Ecolatina (que dirige Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de la Nación Argentina, con Duhalde y con Néstor Kirchner) estima que entre 2024 y 2026 el gobierno debe afrontar vencimientos por más de 53.000 millones de dólares (excluyendo letras intransferibles, letras en garantía y avales); es decir, más de 17.800 millones de dólares en promedio por año, montos impagables para el Estado.

A su vez, la República Popular China, el 19 de diciembre de 2023 decidió no ampliar la utilización de los swaps en yuanes por el equivalente a 6.500 millones de dólares

La presión devaluatoria y de liquidación del patrimonio nacional se monta en el pago de una deuda por más de 100.000 millones de dólares, tomada en el gobierno de Cambiemos, que no se investigó, porque si así se hubiera hecho, se demostraría que las mismas empresas que se benefician con el DNU 70/2023, son las que compraron dólares baratos en los años 2016-2019 y pretenden que paguemos esa deuda con los recursos naturales y el patrimonio nacional, a la vez que imponen un modelo servil y funcional al capital extranjero

Lo dijo el embajador Marc Stanley: en la Argentina hay excelentes recursos: el campo, el petróleo, el gas, los minerales que le interesan al mundo (declaraciones en Amcham Summit 2023, 8 de mayo de 2023).

El mundo son ellos.

 

 

 

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