RECORTES PARA (CASI) TODOS

El memorándum firmado entre el FMI y la Argentina se parece mucho a un listado de rubros por donde pasará la tijera en los años venideros.

Desde CEPA realizamos una estimación del nivel de ajuste que se requiere este año y el siguiente para cumplir con 2,7% y 1,3% de déficit sobre PBI, respectivamente. No sólo el método será a través de recortes de gastos sin nuevas fuentes de ingresos, sino que los ingresos sufrirán una caída por las reformas impositivas de 2016 y 2017.

La meta del déficit fiscal del Presupuesto original de 2018 era del 3,2% del PBI, lo que significaba un déficit primario de 395.612 millones de pesos y financiero de 681.803 millones. La nueva meta de 2,7% implicaría que en 2018 el resultado fiscal primario deba ajustarse en 61.800 millones de pesos.

Para 2019, la meta es de 1,3%. Suponiendo que el crecimiento de la economía fuera del 2% y la inflación llegara al 24%, el recorte fiscal debería ascender a 425.000 millones, donde 125.000 millones (equivalente al 30%) corresponden a la necesidad de compensar la reducción de ingresos por retenciones a la soja (que cerrarán en 28% a diciembre 2018), impuesto a las ganancias a las sociedades (que bajaron de 35% a 25%), la resignación de contribuciones patronales a la seguridad social (aplicadas en 2019 por segundo año consecutivo) y la cuasi licuación de bienes personales que se votó con la llamada Reparación Histórica que habilitó el blanqueo, y permitió que se reduzca hasta 0,25% a 2019.

El punto de partida para el análisis fiscal es mirar la composición del gasto, considerando el último presupuesto votado por el Congreso en 2017.

 

Gastos primarios del Sector Público No Financiero,

Mensaje de Presupuesto 2018.

 

Fuente, CEPA sobre el Informe mensual de ingresos y gastos del sector público nacional no financiero
base caja (IMIG SPNNF BC)

 

El 52% de los gastos del Estado corresponden a prestaciones sociales (y allí dentro, el 75% son jubilaciones y pensiones), lo que convierte a este rubro en una fuerte tentación para la tijera. El 17% son gastos de funcionamiento y otros, donde se encuentra el gasto en personal estatal, los intereses son el 9,5%, el 8% son gastos de capital, los subsidios económicos – gas, luz y transporte, fundamentalmente— son el 7%, el 5% son otros gastos corrientes, de los cuales la gran mayoría (70%) corresponde al presupuesto de las universidades públicas y el restante 30% a los gastos vinculados a las empresas estatales. Por último, el 2,5% son transferencias a provincias. Cabe aclarar que los intereses de deuda no incluyen 122.551 millones Intra Sector Público Nacional, ya que Cambiemos realizó dos modificaciones en la presentación de los resultados fiscales con la clara intencionalidad de netear el peso creciente de los intereses por endeudamiento y mostrar un mejor resultado fiscal mediante el denominado Gasto Primario.

 

¿De dónde salen los recursos?

2018: El gobierno avanzó con dos anuncios –en el marco de la corrida cambiaria— para cubrir gran parte de la meta: 30.000 millones menos para obras públicas y 20.400 millones que se ajustarán eliminando contrataciones en el Estado y convenios de asistencia técnica con Universidades. Resta cubrir un ajuste de otros 10.000 millones, que cuenta con la ayuda de la paritaria de UPCN, que garantiza licuación salarial del 15% frente a una inflación del doble.

2019: La sideral cifra de 425.000 millones tiene varias fuentes posibles:

* Recorte de subsidios económicos, se implementará indefectiblemente. En el caso de la energía, el Memorándum menciona el compromiso de reducir la cobertura vía subsidio del 80% en 2017 al 90% en 2020 en gas y de 60% a 90% en el mismo periodo en electricidad. Esto representa unos 56.250 millones de recorte en 2019 y otros 30.000 millones en Transporte.

* Con el eufemismo de “eliminación de posiciones redundantes”, el Memorándum estima una reducción de lo destinado a personal estatal sobre PBI de 3,2 a 2,7%: son recortes de masa salarial de 78.000 millones para 2019. Se congelan ingresos al Estado y no se renovarán contratos. Además, se reducen compras y servicios de la administración pública “un 15 por ciento en términos reales durante 2018 en relación con 2017”, con el compromiso de continuar con este proceso en 2019.

* Respecto de las empresas públicas: “Reduciremos las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1 por ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021”. Esto implica unos 6.120 millones  cada año.

* Recorte a las provincias, a través de dos vías. En educación, salud y otros probablemente cerca de 45.000 millones, un 30% de lo que reciben actualmente. En gastos de capital (inversiones) en energía, transporte educación, vivienda y agua potable el recorte asciende a 9.000 millones.

* Es de esperar un recorte en los recursos de las Universidades, estimado en 20.000 millones para 2019.

* En gastos de capital invertidos directamente por Nación, que el Gobierno pretende compensar impulsando los PPP, se estima un recorte de más de 30.000 millones para 2019, cifra equivalente a la ajustada en 2018.

 

Recortes en rubros del gasto primario, 2019. En millones de pesos.

Fuente: CEPA

 

Hasta aquí se detalló el posible contenido de los recortes suponiendo ingresos creciendo al ritmo de 2% PBI y 24% de inflación. Sin embargo, y dada la reducción de ingresos por las concesiones impositivas mencionadas, el ajuste deberá ser mayor para cumplir la meta de 1,3%.

En ese caso, el eventual recorte de asignaciones familiares de los trabajadores registrados (congelando la actualización del rango de ingresos para percibir la asignación familiar) o en las Pensiones No Contributivas (PNC),  hoy son simples hipótesis cuya confirmación no parece improbable.

El único rubro del gasto que zafará de la tijera es justamente el  que la impulsa, los intereses de deuda.

 

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