Golpe bajo

 

El discurso de asunción a la Presidencia de Javier Milei estuvo lejos de contener un análisis económico serio. Sólo fue propaganda para justificar el ajuste –que ya está ejecutando– supuestamente “para evitar la hiperinflación”.

Dos días después, su ministro de Economía, Luis Caputo, instrumentó una devaluación del 100% que consolida el alza de los precios, así como la transferencia de ingresos hacia el sector financiero y los formadores de precios.

Estamos frente a un ajuste económico que excede lo fiscal y por ende afecta al conjunto de los sectores populares, con independencia de que se ocupen en el sector privado o público. Hunde la economía por el efecto combinado de alzas desproporcionadas de precios y tarifas, que destruyen el bolsillo popular, con el corte del gasto público de efecto multiplicador.

Milei, tras asociarse electoralmente con Mauricio Macri, justifica estas decisiones en la “pesada herencia” recibida “solo” del gobierno saliente. Obvia el quebranto del precedente gobierno macrista con su brutal endeudamiento, caída de los salarios y jubilaciones, cierre de miles de pymes, pérdida de puestos de trabajo. En verdad, el gobierno saliente –a pesar de la pandemia, la inflación derivada de la guerra y la sequía– tuvo grados de recuperación de la actividad y el empleo, abatidos, eso sí, por el inflacionario acuerdo con el FMI, las prácticas especulativas de grandes sectores empresarios, la voracidad de los formadores de precios y la mala administración de las divisas por el Banco Central, como lo hemos señalado en su momento.

Parecería ser que los acuerdos con los bancos extranjeros, y con el FMI, suscriptos ilegalmente por Macri y este mismo Luis Caputo, supuestamente “no existieron”. Tampoco la fuga de capitales al exterior protagonizada por grandes corporaciones, que es la verdadera causa del endeudamiento externo y por consiguiente de que “no hay plata”, como dice el gobierno.

No es ocioso recordar que la denuncia sobre ese endeudamiento criminal no se ha investigado como corresponde para dirimir responsabilidades y resarcir daños. Duerme en los cajones de la jueza María Eugenia Capuchetti. No es de extrañar pues que el FMI respalde fervorosamente los anuncios del ministro Caputo.

El ajuste fiscal recae sobre la obra pública, las y los trabajadores en general, jubiladas y jubilados, titulares de programas sociales. Recorta transferencias a las provincias. Constituye un fenomenal golpe contra el mercado interno que afecta a todo el entramado socio productivo, en especial el industrial.

Implica ceses de contrataciones y despidos masivos en el Estado, el propósito de reemplazar la fórmula de movilidad jubilatoria por aumentos por decreto, quita de subsidios al transporte y la energía, una propuesta de regresión tributaria como en el caso del impuesto a las ganancias, el congelamiento del salario social complementario dentro de la pauta del devaluado presupuesto 2023, con el que se trataría de gobernar.

El ajuste cuasi fiscal se encamina a incrementar el endeudamiento externo y cargar al Estado con una deuda pública en dólares astronómica, a la que jamás se menciona como causante de problemas presupuestarios y que consolida un modelo rentista financiero en detrimento del trabajo argentino.

No hay ninguna medida para la recomposición de niveles de competitividad, ni para la defensa de la actividad del mercado interno. Se lo castiga a la par que se naturaliza el predominio monopólico imperante.

La desregulación y el corrimiento del rol del Estado apuntan a destruir capacidades de fiscalización y articulación con el sector productivo en beneficio de los grandes oligopolios. Es muy posible que frene inversiones en sectores como el de la energía eléctrica, agravando situaciones ya críticas.

A su vez, se presiona por la privatización de empresas públicas como el Banco Nación, ARSAT, Aerolíneas y la liquidación del control accionario de YPF. De concretarse, supondrán un empobrecimiento del patrimonio nacional, y mayor debilidad de las capacidades estatales frente a los sectores más concentrados de la economía.

Por último, se invoca la necesidad de reducir el déficit fiscal pero no hay ninguna medida destinada a reducir la fenomenal evasión y elusión impositiva que protagonizan las grandes empresas, los contribuyentes más ricos.

La deriva de los acontecimientos hace más evidente la crisis de representación, y su origen en el incumplimiento de compromisos electorales básicos por parte del gobierno saliente. Pero el nuevo gobierno usa esa disconformidad convirtiendo al sistema político en chivo expiatorio de los problemas económicos. En tanto, se consolida la estrecha asociación entre quienes fueron elegidos por no pertenecer a la clase política, con los políticos neoliberales vinculados a las grandes corporaciones empresarias.

Se creó la falsa sensación de que la “gente de bien” no sería perjudicada por el grave recorte del Estado. Las medidas demuestran que no es así. Se pretende ignorar que el hundimiento de la demanda agregada golpeará a casi toda la población, pues no hay tal separación absoluta entre “público” y “privado”. El ajuste afecta derechos, la propiedad privada y el patrimonio de la inmensa mayoría, en beneficio de los actores económicos más poderosos.

Luego de esta brutal contracción, el gobierno presupone –sin plazo y garantía– que el ritmo inflacionario se reducirá, eso sí, a costa de salarios, jubilaciones (en extremo peores que los actuales), mayor desempleo, la ruina de decenas de miles de empresas. Las propias medidas del gobierno podrían llevar a la hiperinflación, y no cabe desechar en el verano otra devaluación de gran magnitud.

Se trata de un paquete de medidas cuya única coherencia es la destrucción de la actividad económica interna, en pos de un gran superávit comercial externo, para generar reservas en función de nuevas aventuras financieras, con el señalado beneplácito del co-gobernante Fondo Monetario Internacional.

El contexto de terror económico existente configura un conflicto social de dimensiones catastróficas y crítico derrotero.

Una vez más reiteramos: no hay salida de la grave crisis que atravesamos sin una renegociación integral de la deuda con el FMI, sin la debida investigación sobre a dónde fue la deuda tomada durante 2015-2019, sin una reforma y simplificación tributaria en la que paguen más quienes más ganan, sin quebrar la inercia inflacionaria aplicando con todo rigor la legislación aún vigente, sin un programa industrializador con justa redistribución del ingreso, sin una alianza asentada en acuerdos básicos que integre a las mayorías del trabajo y la producción nacionales.

 

* El Foro Economía y Trabajo es conformado por economistas y especialistas propuestos por las organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las PyMEs, cooperativas y a la economía popular. Los autores del documento son Ricardo Aronskind, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, José Sbatella, Nahuel Silva y Andrés Wainer. Su coordinador es el dirigente de la Asociación Bancaria Eduardo Berrozpe.

 

 

 

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